El programa de vacunación en España avanza bien, con la administración de más de 600.000 dosis diarias. Muchos dicen “lo peor ha pasado ya”. Y es posible que así sea para los países de altos ingresos, como los de la Unión Europea y EEUU.
Sin embargo, en países pobres, en países de bajos ingresos, lo peor no ha pasado todavía. Mientras en la Unión Europea se ha vacunado ya al 36% de la población y en EUU al 50%, en Argelia, Mauritania, Mali, República Democrática del Congo, Niger, Nigeria, Sudán, Chad, República Centroafricana y otros muchos países, todavía no se ha vacunado ni siquiera al 1% de la población. Cada día se siguen contagiando en el mundo más de 300.000 personas y siguen muriendo más de 8.000. Madres, hermanos, hijos, amigas, compañeros de trabajo, vecinas…
Esta diferencia brutal muestra que un problema global, no se ha tratado como tal. No hemos logrado hacer una distribución equitativa en todo el mundo. La vacuna no se ha tratado como bien público, como decían los discursos, sino como bien privado que se ha vendido al mejor postor.
¿Qué pensaríamos, cómo hubiéramos reaccionado, si hubieran vacunado al 50% de la población en Madrid y Cataluña y al 1% en Andalucía, en Extremadura y en Galicia? ¿Qué diríamos? Seguramente nos parecería mal. Hubiéramos protestado. Porque somos ciudadanos españoles. Todos tenemos derecho al mismo trato. Sin embargo, aunque la pandemia es un problema global no hemos reaccionado así frente a la falta de equidad en la distribución global de vacunas.
La pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Nos ha hecho sentir la fragilidad, la vulnerabilidad y el miedo frente algo que no controlábamos. Nos ha hecho ver las cosas de otra manera, postergar lo que era impostergable, prescindir de lo que era imprescindible, redefinir lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Y nos ha mostrado también que toda la humanidad ha compartido el mismo problema: más de la mitad de la población en el mundo hemos estado confinados simultáneamente. Nos hemos sentido parte de la aldea global. Pero no ha sido suficiente para que nos sintiéramos ciudadanos de ese mundo, hermanos de una misma familia, con los mismos derechos. Todavía no. Por eso no ha habido fuerza bastante para doblegar el enorme poder de la gran industria farmacéutica, suprimiendo los monopolios en vacunas, diagnósticos y tratamientos frente a la COVID-19, para que se tratara la pandemia como un problema global y se adoptaran respuestas equitativas y simultáneas para todas y todos.
Sin embargo, hemos logrado algunas cosas. La pandemia ha mostrado claramente que los monopolios que conceden los gobiernos sobre vacunas y medicamentos producen dos efectos: suben los precios de forma abusiva, y limitan la producción. Si no hubiera habido monopolios de patentes y otras exclusividades se habría evitado la muerte de 1 millón de personas por esta enfermedad. Si cuando las empresas titulares de las patentes empezaban a subcontratar con un número limitado de empresas para producir vacunas, a finales de 2020, se hubiera empezado a distribuir la tecnología y datos de las investigaciones de vacunas a la C-TAP de la OMS, y desde ahí se hubiera transferido ese conocimiento a todas las empresas con capacidad de fabricación, y si se hubiera vendido a precio de coste, a día de hoy estarían vacunados el 40% de la población mundial, y, además, con la cuarta parte de lo que hemos gastado. Las patentes de medicamentos matan porque evitan la difusión del conocimiento que salva vidas.
La pandemia también nos ha enseñado que la inversión principal para investigar y desarrollar las vacunas ha venido de fondos públicos, a la que se añadió la ayuda de compras anticipadas, para que las empresas pudieran completar el desarrollo de las vacunas y comenzar su fabricación. El problema es que no se exigió a las empresas licencias abiertas y transferencia de tecnología, para que se pudieran fabricar en cualquier lugar del mundo, y tampoco se exigió, salvo en un caso, la venta a precio de coste. No está justificado que se concedan patentes y monopolios por 20 años para fijar sobre-precios y lograr un beneficio abusivo adicional. Es inmoral e injusto que las empresas farmacéuticas vayan a facturar en 2021 más de 50.000 millones de euros por unas vacunas que cuestan 5.000 millones. Ese sobre-precio de 45.000 millones que se “justifica” para “incentivar” la investigación es abusivo, ya que la investigación se hizo y se hará con fondos públicos. Si una empresa gastó algo más, y lo puede demostrar, se le podría remunerar ese gasto desde un fondo global común.
Otro acción novedosa e importante fue la compra conjunta para todos los países de la UE, y la distribución equitativa en función de población, con criterios de prioridad (primero sanitarios, personas mayores, personas de servicios esenciales, etc.). Es un gran avance, porque ampliamos la visión nacional a una visión de ciudadanía europea. Nos ha faltado ampliar la visión global al conjunto del planeta. Pero es un paso.
Otro tema importante: el Parlamento Europeo, el pasado 10 de junio, aprobó una resolución en la que pide a la comisión y el Consejo europeos que apoyen la suspensión temporal de patentes para tecnologías COVID en el debate que se está manteniendo en la Organización Mundial del Comercio. La propuesta que iniciaron India y Sudáfrica ya tiene el apoyo de más de 100 países. EEUU, España, Nueva Zelanda y otros más han sumado su respaldo. Es preciso seguir esta discusión y lograr un acuerdo, para esta y para futuras pandemias. Quizá en esta ocasión lleguemos tarde, porque el bloqueo puede durar meses, y entre tanto los países ricos ya habrán vacunado a toda la población y podrán ceder sus excedentes de vacunas y, quizá, las empresas acepten fabricar para los países de bajos ingresos a precios de coste y completar la vacunación mundial en 2022, aunque no es seguro. Pero, aunque así ocurriera (cosa que, con el actual sistema, no dependería de los gobiernos, de la soberanía ciudadana, sino de las empresas, a las que se ha dejado el control), pueden aparecer nuevas variantes que escapen a la inmunidad de las vacunas, o pueden venir nuevas pandemias con mayor letalidad que la actual, y no sería razonable volver a empezar la discusión, porque la nueva pandemia se nos podría llevar por delante.
Es preciso acordar de una vez por todas que, en caso de pandemia, se suspenden automáticamente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, o cualquier mecanismo que genere monopolios de cualquier tecnología destinada a superar ese problema de salud. Se obliga la transferencia de tecnología y conocimiento. Se determinan las necesidades de vacunas u otros productos para toda la población. Se establecen compras anticipadas para estimular la producción en todas las fábricas precisas. Y se fortalecen los mecanismos de distribución, simultánea y equitativa.
En cuanto al fomento de I+D se debe seguir fortaleciendo la creación de fondos públicos globales, o coordinados entre los distintos países, según el modelo desarrollado en esta pandemia, pero quitando la exclusividad de comercialización a unas pocas empresas. A las empresas que investigan se les debe incentivar con mecanismos diferentes a las patentes y los monopolios. Becas, subvenciones, premios, etc., proporcionales a su esfuerzo inversor. Pero no se deben dar monopolios que permiten fijar precios abusivos, que recuperan 10 y 100 veces el gasto total en investigación que han realizado, y que limitan cuánto y dónde se fabrica al criterio de las empresas. Hemos de recordar una y otra vez que los monopolios en medicamentos conducen a un abuso de posición dominante inevitablemente, porque la salud es un asunto de vida o muerte, y las personas dan todo lo que tienen por la esperanza de vivir. Por eso los monopolios estuvieron y deben estar prohibidos en medicamentos. Por eso la suspensión de las patentes de vacunas y medicamentos sigue siendo un objetivo necesario para la humanidad.
En este sentido, sería bueno que el Secretario General de Naciones Unidas, aprovechando las dramáticas enseñanzas de la pandemia, volviera a retomar las conclusiones y propuestas que formuló en 2016 el Panel de Expertos en acceso a medicamentos convocado por su antecesor. Es preciso acordar un modelo de financiación de la investigación de medicamentos desligado de los monopolios y los precios.
Es importante que, en todos los ámbitos, sigamos sumando voces y apoyos para evitar que las patentes sigan siendo una barrera en el acceso a medicamentos necesarios, y para lograr transparencia en los procesos de contratación, subvenciones, etc., que permita lograr acuerdos justos en beneficio de toda la sociedad. La Iniciativa Ciudadana Europea “derecho a tratamiento”, Right2Cure, quiere lograr la modificación de la legislación para lograr estos objetivos. Paso a paso. Si quieres sumarte, firma en la página web y difunde la iniciativa entre tus conocidos.
Que no se sigan lucrando con la pandemia
https://noprofitonpandemic.eu/es/
¡Gracias!
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