Esta mañana, el CSIC ha firmado el acuerdo por el que cede a la COVID-Technology Access Pool (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tecnología para fabricar un test de diagnóstico para identificar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es un test de fácil manejo, que permite saber si la persona ha sido infectada por el virus o si ha sido vacunada.
Este acuerdo reúne unas características muy importantes:
-Está orientado al interés público (acceso de todas las personas)
-Es transparente
-Concede licencia no exclusiva, con lo que evita monopolios
-Es global, permite fabricar a empresas en todo el mundo
-Facilita la transferencia de know how y tecnología, para acelerar la fabricación
-Permite la fabricación en países menos desarrollados
-No cobra royalties a países de medianos y bajos ingresos.
-Permitirá que el test se produzca a precios asequibles, cercanos al coste de fabricación, en todo el mundo, y así se asegurará en los acuerdos con los fabricantes.
El acuerdo se firma con la C-TAP de la OMS, y también con la Medicines Patent Pool, organismo de Naciones Unidas, que será la encargada de gestionar la transmisión de conocimiento a las empresas interesadas en todo el mundo.
El CSIC cumple así su compromiso ético, de tratar de acercar las tecnologías desarrolladas con fondos públicos a todas las personas que las necesiten. La Presidenta del CSIC anunció además que trabajarán para ceder otras tecnologías en el futuro.
Este modelo de actuación debería servir de paradigma. Es un ejemplo de lo que deberían hacer las empresas y los gobiernos. Si los institutos públicos de investigación de los países de la UE hicieran lo mismo, se aceleraría la producción de tecnologías COVID en todo el mundo y a precios asequibles, y se podría superar esta pandemia, y abordar con mayor eficacia y justicia futuras crisis de salud.
Esta licencia voluntaria del CSIC a la C-TAP es un paso muy positivo. Y va en línea con las líneas marcadas por el Presidente Pedro Sánchez en su documento “Vacunas para todos”, de mayo 2021, en el que defendía la necesidad de acelerar el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos COVID, en primer lugar, mediante la suspensión temporal de las patentes y la transferencia de know how y tecnologías, y, entre tanto, con la concesión de licencias voluntarias. Esto es lo que ha hecho el gobierno de España.
La firma de esta mañana es una muy buena noticia. Es un claro ejemplo que muestra que es posible actuar de otra manera, aplicando el dinero público y la voluntad política en beneficio del conjunto de la sociedad. Como ha dicho la Ministra de Ciencia, Diana Morant: la ciencia pública al servicio de las personas.
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