DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CASTILLA LA MANCHA
(conferencia en la Jornada de la Fundación CERES, 18 septiembre 2026)
Buenos días. Agradezco a José Manuel Ramírez su invitación a este Seminario, a la Fundación CERES por su organización y su patrocinio, y al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por acogernos en este emblemático municipio, corazón de Castilla La Mancha y territorio de El Quijote, nuestro incansable luchador por la justicia.
LA LUCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES
Empezaré hablando hoy, aquí, de una lucha por la justicia: la lucha por los derechos sociales. En el marco de esa lucha hace 20 años se aprobó en España la llamada Ley de Dependencia. Como dice el tango, 20 años no es nada y, sin embargo, es un mundo. Aquel fue un paso muy significativo. Pero quiero subrayar que ese paso no se dio en el vacío.
En efecto, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se habían ido impulsando diferentes luchas obreras que trataban de conquistar derechos sociales: una jornada más reducida, derecho al descanso semanal, seguridad en el trabajo, mejores salarios, prohibición del trabajo infantil y, después, la Seguridad Social, la Sanidad y la Educación Públicas, construyendo así, paso a paso, tres pilares importantes del llamado Estado del Bienestar. Son conquistas sociales de enorme calado, impulsadas a lo largo de los años por el movimiento obrero y las reivindicaciones ciudadanas. ¿Por qué lo hacían? Por una cuestión de justicia. Se trataba de que, a través del sistema fiscal, el conjunto de la sociedad recuperara parte de la riqueza que, habiendo sido generada entre todos, se apropiaban y se apropian los grandes capitalistas, provocando una enorme desigualdad entre los grandes propietarios y los trabajadores asalariados. Trabajadores que, en España y en todo el mundo, subsistían hace apenas cien años en la mayor de las miserias.
Baste recordar a Miguel Hernández, cuando a principios de 1937 escribió su poema el niño yuntero; algunos de sus versos decían así:
Carne de Yugo ha nacido,
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello,
Nace como la herramienta
a los golpes destinado
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado
Contar sus años no sabe
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador,
Trabaja y mientras trabaja
masculinamente serio
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina
Lo veo arar los rastrojos
y devorar un mendrugo
y preguntar con los ojos
que por qué es carne de yugo
Me da su arado en el pecho
y su yugo en la garganta
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta
Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena
de dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena,
que salga del corazón
de los hombres jornaleros
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
Miguel murió en la prisión, por defender la justicia, y no pudo llegar a verlo, pero, sí, en España y en otros países las mujeres y los hombres jornaleros, los trabajadores, se unieron, se agruparon y lucharon, con huelgas, con manifestaciones, sufriendo despidos, palizas, cárceles, exilio… y de sus corazones salieron las palancas de cambio para quebrar, poco a poco, las cadenas de la insoportable desigualdad y la injusticia.
Y, de esta forma, lograron que los gobiernos aprobaran sistemas fiscales que recuperaran parte de la riqueza que, en justicia, era de los trabajadores y de la que se apropiaban los capitalistas.
Y, gracias a esa renta recuperada fue posible reconocer derechos sociales, que serían cubiertos progresivamente a través de políticas públicas.
Ahora bien, conviene no olvidar que ninguna conquista social es irreversible. Y que, en muchos lugares del planeta, la guerra, la injusticia y la desigualdad siguen matando de hambre a millones de niñas y niños yunteros: en Gaza, en Sudán, Etiopía, en Mali, y en muchos otros países. Y, desde luego, sin perder de vista que también aquí, en España, muchas personas, muchos niños, viven en situación de pobreza y sufren una enorme desigualdad.
Amigas y amigos, el derecho a la pensión, a la baja laboral retribuida, al seguro de paro, a una sanidad pública, a la atención a personas en situación de dependencia, que hoy nos pueden parecer normales, no han existido siempre, ni existen hoy en más de la mitad del planeta. Por eso, la reivindicación y las luchas sociales deben estar presentes día a día si queremos preservar estos derechos. Porque no da lo mismo. El apoyo electoral a las formaciones que defienden estos principios es indispensable si queremos consolidarlos y perfeccionarlos. Y es que, además, el tablero de juego no es neutral. Hay adversarios poderosos, grandes corporaciones económicas que no quieren perder privilegios y se oponen frontalmente a las políticas sociales y a la propia democracia. Y para ello promueven gobiernos ultra liberales. Trump, Milei, y otros gobiernos son un ejemplo: para ellos las políticas sociales son granjas de vagos y maleantes. Hay que erradicarlas. El Estado debe ser la mínima expresión para garantizar la seguridad de los capitalistas. Nada más. Lo demás es comunismo bolchevique y traición a la libertad. La sanidad, la pensión, los servicios sociales, se los debe procurar cada uno, y si no tiene ahorros es que fue un irresponsable y no trabajó lo suficiente. Las grandes corporaciones, el nuevo capitalismo virtual y global, evade sistemáticamente los impuestos con sus equipos de abogados y sus paraísos fiscales y logran modificaciones legales a medida para pagar menos o no pagar. Y, desde luego, tienen mucho dinero para invertir en el desmontaje del Estado de Bienestar. Y lo están haciendo. También en España. Pero, tengámoslo claro: sin impuestos justos no hay derechos sociales. Y esto nos lleva al
ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
En 1978 aprobamos la Constitución Española que consolidaba un Estado Social y Democrático de Derecho (justo lo que quieren deshacer los nuevos tecno oligarcas). Y para gestionar los asuntos públicos, el Estado se estructuró en tres niveles: la Administración General, las Comunidades Autónomas (CCAA), y las entidades locales. El presidente Suárez y la UCD trataban de dar respuesta así al viejo problema territorial de España y a las pulsiones nacionalistas. Y lograron un importante consenso constitucional. Aunque siempre inestable. España inició de esta manera un proceso de descentralización cuasi federal. Nacía así el Estado de las Autonomías.
Años más tarde, el 1 de enero de 1986, España entró formalmente en la Unión Europea, iniciando un proceso de distribución de competencias “hacia arriba”, como la política agraria, o medio ambiental, algunos elementos de política económica y otras.
La idea era situar las diferentes competencias en las estructuras de gestión más apropiadas para cada función, según el principio de subsidiariedad.
Es decir, mientras se integraba en la Unión Europea, el Estado Autonómico español configuraba un sistema político de orientación federal, pero, y esto es clave, sin estructuras de toma de decisión federales. Así mismo, consolidaba dos regímenes económicos distintos, el general y el foral (para Navarra y las tres provincias vascas), dejando en la propia Constitución Española un factor irritativo no menor.
En el régimen general, cuando el Estado negociaba una competencia con la Comunidad Autónoma, ambos definían las obligaciones que asumía la CCAA (servicios, prestaciones) y calculaban y acordaban los recursos necesarios para hacer efectiva la prestación de dichos servicios. Estos acuerdos económicos debían revisarse periódicamente. Las primeras transferencias de competencias y de recursos tenían carácter finalista. Pero, fundamentalmente a partir de 2002 los Acuerdos de Financiación Autonómica definieron cestas de tributos y otros fondos complementarios, que debían ser suficientes para financiar las competencias transferidas (es decir, las necesidades de financiación). Ahora bien, no se obligaba a las CCAA a destinar esas cantidades a cada una de las diferentes competencias: no eran fondos finalistas. El margen de autonomía permitía a las CCAA elaborar sus presupuestos, aumentando o disminuyendo partidas sectoriales. Y, por supuesto, más allá de lo que dijera el presupuesto, se podía ejecutar de forma incompleta una determinada partida y trasladar remanentes entre diferentes sectores. Como consecuencia, se fueron generando importantes desigualdades en la calidad de servicios públicos entre CCAA.
Y llegamos así a la Ley de Dependencia. En Castilla-La Mancha tuvimos no pocas
DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Cuando se aprobó la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, yo era vicepresidente primero en el gobierno de CLM, que entonces presidía José María Barreda. El Consejero de Bienestar Social era Tomás Mañas. Tomás fue un excelente consejero. Impulsó servicios y programas sociales en toda la región. Y fue el encargado de llevar a cabo la implantación de la Ley de Dependencia en sus comienzos.
Esta Ley se definió como el cuarto pilar del Estado de Bienestar. La retórica era muy potente. Pero no era fácil convencer a todos, ya que en el Estado de las Autonomías las competencias de servicios sociales estaban transferidas a las CCAA, como competencias exclusivas. Y en Servicios Sociales, a diferencia de sanidad, no existía previamente un Sistema Nacional de Servicios Sociales, con carácter universal, sino que eran servicios parciales y desiguales.
Hubo, por lo tanto, una primera dificultad para convencer a las CCAA de la necesidad de crear un Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SAAD), que reconociera derechos y prestaciones iguales en todo el territorio. El cambio no era menor. En efecto, la Ley garantizaba el derecho a la protección y asistencia de personas que habían perdido su autonomía personal, y se aprobaba un sistema de financiación para todo el Estado, con participación de la Administración General y las Comunidades Autónomas, además de mantener determinados copagos por parte de los usuarios.
Y aquí venía la segunda dificultad. En efecto, la financiación para dotar la Ley, desde un principio, fue insuficiente y condicionó un arranque lento y una enorme desigualdad en su aplicación, dependiendo de las prioridades fijadas por cada Comunidad y de sus disponibilidades económicas.
En cuanto a la gestión del Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ésta correspondería a las CCAA. Tuvimos que formar y entrenar equipos de valoración, desarrollar metodologías y criterios, y resolver una serie de problemas operativos gracias al compromiso y el ingenio de los funcionarios y el personal de la Consejería.
En definitiva: Se aprobaba un derecho y unas prestaciones mediante Ley de ámbito nacional y, en coherencia con el Estado de las Autonomías, se delegaba la gestión a las CCAA. Sin embargo, el presupuesto aprobado para implantar la ley no cubrió las necesidades de financiación desde el primer momento. En efecto, por un lado, se había calculado a la baja el número de las personas en situación de dependencia y su gravedad, y, por otro lado, la AGE no previó incrementar los recursos públicos en la cuantía necesaria para financiar el coste completo de estas nuevas prestaciones al 100%, sino que decidió financiar solo parcialmente las nuevas prestaciones, presionando a las CCAA para que aumentaran su dotación. Ahora bien, la capacidad de incrementar recursos por vía fiscal en las CCAA es muy reducida, por lo tanto, el desarrollo de la Ley se tuvo que ralentizar, o bien se tuvo que incurrir en déficits. Y entonces llegó la crisis financiera de 2008, que impactó fuertemente en España en 2009 y 2010, con la reducción de ingresos fiscales y la inmediata reducción de los traspasos de recursos desde el Estado a las CCAA, con lo que el desarrollo de la Ley quedó varado. Recordemos que incluso, en 2011, se promovió un cambio de la Constitución Española por vía de urgencia, que modificaba el artículo 135, para obligar a todas las administraciones públicas a mantener el equilibrio en sus cuentas y dar prioridad absoluta al pago de la deuda (deuda que se debía pagar a los bancos, a los que se había pedido dinero para rescatar a esos mismos bancos de su irresponsable bancarrota). Pero, como los ingresos fiscales habían caído al frenarse la economía, para mantener el equilibrio en las cuentas que exigía el artículo 135 de la Constitución, había que reducir gasto público, es decir, servicios públicos, funcionarios, prestaciones sociales, etc., etc., incluyendo el Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
Es decir, teníamos que cumplir la Ley de Dependencia, pero los traspasos de recursos desde el Estado disminuían, las necesidades aumentaban, y las CCAAA no podían endeudarse. Era un círculo vicioso. Entonces atendíamos ya a más de 35.000 beneficiarios, y el déficit que provocaba la Ley era de 200 millones de euros anuales.
A pesar de todo, y después de negociaciones no poco tensas, mantuvimos el desarrollo de la Ley con enormes dificultades, gracias al esfuerzo de miles de profesionales, y gracias al impulso y la habilidad de personas como Javier Pérez y todo el equipo de la Consejería, y al pleno respaldo del gobierno. Y también, gracias al empuje de mucha otra gente, entre las que destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias a todos ellos la Ley de Dependencia siguió viva y con la recuperación económica pudo continuar avanzando.
En término medio, durante estos 20 años las CCAA han venido financiando un 70% de las prestaciones de la Ley. En justicia debería haber sido un 30% como máximo (que es lo que correspondería a la parte de las prestaciones reconocidas en el SAAD que ya estaban cubiertas y financiadas con recursos públicos de Servicios Sociales financiados con transferencias previas).
Así, en 2025, según datos oficiales, el gasto total para mantener el SAAD fue de 13.734 millones de euros, lo que equivale a un 0,8% del PIB. La Administración General del Estado destinó 3.758 millones de euros, mientras que las CCAA aportaron 9.976 millones de euros.
En CLM (en 2025) el gasto total fue de 595,39 millones de euros, de los que la AGE aportó 174,99, un 29,4%, mientras que la CCAA aportó 420,4 millones, un 70,6%.
Además, hay que tener en cuenta los copagos, a través de los que el usuario aporta en torno a un 20% del coste total del SAAD.
CLM hizo, y continúa haciendo, un enorme esfuerzo:
En los primeros tiempos de aplicación de la Ley la puntación obtenida por CLM en el Informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales fue un 6. Costaba arrancar. Pero, gracias a la crítica y el estímulo de la Asociación, cuyos informes leíamos con mucha atención (¿te acuerdas Javier?) tomamos medidas que mejoraron los resultados, hasta una puntuación de 7,5 en 2010. En la rueda de prensa que dimos juntos Javier y yo en 2011, al final de la legislatura, ya encabezamos la puntuación del país.
En los años siguientes, el gobierno PP, dejaría en un segundo plano la aplicación de la LEY y se redujo la valoración de la gestión a 5 puntos. Más adelante, el nuevo gobierno de García Page impulsó la recuperación hasta alcanzar un 8,3.
LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDÓ LA LEY DE DEPENDENCIA PARA CLM: LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES
La Ley de Dependencia nos dio muchos dolores de cabeza. Pero también nos ofreció oportunidades.
Así, en Castilla La Mancha aprovechamos el impulso político que habían supuesto y estaban suponiendo las discusiones para la elaboración y la implantación de la Ley de Dependencia, y con ese impulso diseñamos y aprobamos la nueva Ley de Servicios Sociales y otra serie de proyectos innovadores.
La Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM, de 16 de diciembre, dice en su exposición de motivos:
“Una de las características definitorias de las sociedades democráticas modernas consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que las conforman, así como mejorar las condiciones de vida de todas ellas.
Para ello las administraciones públicas diseñan y ponen en práctica políticas sociales con el objetivo de articular los recursos e instrumentos que permitan orientar las metas de los diferentes sistemas de protección a esos fines primordiales…”
“La presente Ley concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadanía y por ello”, reconoce “el derecho universal a la protección social … en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales” (artítulo 1).
“Asimismo, la autonomía personal y la integración social se constituyen en los elementos vertebradores de la finalidad del sistema. La autonomía personal, como la situación que permite a la persona desenvolverse en los ámbitos sanitarios, económicos, laborales, educativos y sociales, y la integración social, como proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal.”
La citada Ley creaba el Sistema Público de Servicios Sociales de CLM, integrando y coordinando servicios y prestaciones para poder garantizar el derecho a la atención. Servicios de Atención Primaria y Atención Especializada. Participación municipal. Colaboración de entidades privadas. Participación de la sociedad civil, etc.
Así mismo, en su título VII, la Ley integraba en el Sistema Público de Servicios Sociales el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “sumando todo el potencial de recursos con los que el mismo cuenta”, e integrando las prestaciones del SAAD en el Sistema Público de Servicios Sociales, y en sus sistemas de información y de gestión.
Cabe recordar que, en la decisión de promover la Ley de Servicios Sociales de 2010, como en su elaboración, contamos con el consejo y el estímulo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Así mismo, hubo una participación y un debate enriquecedor con numerosos ayuntamientos, profesionales, personas afectadas y familias.
Lamentablemente, cuando en junio de 2011 se constituyó el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, sus decisiones supusieron un freno a la aplicación de la Ley de Servicios Sociales y a la aplicación de la Ley de Dependencia.
Posteriormente, en 2015, el Gobierno socialista de García Page volvería a situar en primer plano los Servicios Sociales.
BALANCE DE LA LEY, Y REFORMA IMPULSADA POR EL GOBIERNO PROGRESISTA
Ahora conviene hacer balance y analizar brevemente la reciente reforma del gobierno de Pedro Sánchez.
Durante estos 20 años, la falta de recursos (escasez de personal y falta de plazas y servicios) se ha traducido en enlentecimiento y desigualdades en el proceso para reconocer el derecho y las prestaciones del SAAD. Así, el tiempo entre la solicitud y la recepción de la prestación (datos de agosto de 2026) es de 302 días, y oscila entre los 111 días de Aragón y los 536 de Murcia. En CLM es de 165 días. Unas cifras que mejoran sobre 2025 pero que no dejan de evitar que en España fallezcan miles de personas a la espera de un servicio o prestación a la que tienen derecho. También es desigual la calidad de las prestaciones y servicios.
Como decía la ADGSS: “los procedimientos burocráticos y las escasas cuantías de las prestaciones junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low costque es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”.
A pesar de todo, podemos considerar que el balance de estos años ha sido positivo: a 31 de agosto de 2026, 1.768.186 personas estaban recibiendo prestaciones en el SAAD. Quedaba mucho por hacer, pero lo más difícil ya se había hecho: la propia aprobación de la ley, la financiación de la primera fase de aplicación, el desarrollo de los instrumentos de evaluación y de los sistemas de información, la creación de los equipos de evaluación y el comienzo del reconocimiento efectivo del derecho y la concesión de prestaciones. Pero debíamos seguir mejorando.
Así, ante las carencias en la Ley de Dependencia de 2006 y en su aplicación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la reforma de la ley que, finalmente, se aprobó el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. La reforma introduce nuevos derechos y nuevas prestaciones: accesibilidad universal; cuidados y apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en la ayuda a domicilio; provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Al mismo tiempo suprime incompatibilidades entre prestaciones, que introdujo el gobierno del PP en 2012 (por ejemplo, centro de día y ayuda a domicilio). Por otra parte, facilita la reducción de la burocracia; pone el acento en la voluntad, deseos y preferencias de los beneficiarios; e introduce otras mejoras. A partir de ahora las CCAA deberán adaptar sus normativas, y habrá que desarrollar diferentes aspectos de la Ley a través de diversos acuerdos en el Consejo Territorial. Aquí será fundamental el sentido de Estado y poner por delante los intereses de las personas afectadas.
Y, al mismo tiempo, en junio pasado se aprobó un aumento significativo de la financiación, con lo que la Administración General del Estado destinará en 2027 el doble de lo que presupuestó en 2025. Ahora bien, lo que no se garantiza es que las Comunidades Autónomas destinen la misma cantidad que destinan ahora, con lo que el gasto total podría no aumentar o hacerlo con menos intensidad.
LOS RETOS PENDIENTES
¿Resuelve la reforma los problemas pendientes? Sin duda es un paso importante y en la buena dirección. Pero yo señalaría dos cuestiones que, a mi juicio, están sin resolver y que la reforma recién aprobada no resuelve tampoco: financiación y gobierno del Sistema.
Primera cuestión. Problema de financiación.
En la UE la atención a la dependencia recibe una financiación pública de 1,8% del PIB, mientras que en España destinamos el 0.8%. El país tiene riqueza bastante para poder destinar un punto más de PIB a la dependencia. Lo que pasa es que se la quedan unos pocos, los más ricos.
Sabemos que las grandes reformas fiscales requerirían un enfoque y una aplicación global, mundial. Pero mientras tanto, el Gobierno de España y el Parlamento de la nación deberían impulsar un modelo fiscal que cumpla con el artículo 31 de la Constitución y que sea progresivo, pagando más quien más tiene. Esto permitiría recaudar 80.000 millones de euros anuales más, para situarnos en la media de los países de la UE más avanzados socialmente. ¿O debemos seguir permitiendo que los que más tienen no paguen impuestos, y se apropien de la riqueza que es de todos?
Una reforma fiscal justa y completa debería permitir destinar 14.000 millones de euros más a la Ley de Dependencia, duplicando la dotación de 2025. De esta forma se podrían financiar adecuadamente los servicios para garantizar el derecho a la atención a la dependencia para todas las personas que lo necesiten, y sin esperas.
(Como hemos dicho, el actual gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un aumento de los recursos de la AGE para el SAAD: 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 millones más en 2027 y sucesivos.
** Este aumento de recursos ya se está notando desde el mes de julio en las liquidaciones mensuales de “nivel mínimo”. Y esto es enormemente positivo. Ayuda a cubrir las prestaciones actuales. Pero la reforma de la Ley crea nuevos derechos y servicios, y la demanda seguirá aumentando por el envejecimiento poblacional.
Es decir, en 2027 la AGE aportaría 7.239 millones de euros, el doble que en 2025 y un 50% del gasto total del SAAD. Estos incrementos están muy bien, pero seguirán siendo insuficientes. Si se quiere mejorar el sistema y que deje de ser un sistema low cost, además del incremento aprobado se necesitarían otros 10.000 millones anuales más.)
Segunda Cuestión. Problema de Gobierno del Sistema: Desigualdades y garantías.
Las desigualdades en la aplicación de la Ley entre CCAA muestran que no se garantiza a todos los españoles el mismo derecho. ¿Es esto justo?
No solo es necesaria una dotación presupuestaria suficiente. Después de 38 años de aprobada la Constitución que creó el Estado de las Autonomías, es preciso reflexionar sobre el modelo de gestión descentralizada en las CCAA y los mecanismos de coordinación, inspección y corrección. No basta aumentar recursos si no se utilizan con eficiencia o no se destinan al fin que justificó el traspaso de esos recursos. Y no basta decir que lo están haciendo mal las CCAA y punto. El artículo 149.1. de la CE exige garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones.
Es cierto que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD aprueba los marcos de cooperación interadministrativa y coordina la implantación de la Ley. Pero, a lo largo de los años hemos venido observando diferencias importantes entre las CCAA. Aquí hay problemas de prioridades y de gestión. En un Estado de las Autonomías las competencias están transferidas, pero el Estado debe ser garante del cumplimiento de las obligaciones, y, si no se cumplen, debería hacer uso de sus competencias de inspección, debería indicar las correcciones precisas y advertir sobre posibles incumplimientos, e incluso, en casos límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución. Si la Ley garantiza un derecho a la ciudadanía, el Estado debe asegurar su cumplimiento. Sin embargo, no se hace, porque se teme “invadir competencias”, o porque se tiene la tentación de “echar la culpa al otro”.
Por eso es preciso avanzar en el desarrollo del Estado Federal, con mecanismos de toma de decisiones vinculantes y ejecutivas conjuntas, mecanismos de supervisión, evaluación, sanción, llegando, en situaciones graves, a la retirada de las competencias, con el respaldo de los órganos Federales. Es evidente que para este desarrollo institucional se precisaría un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, lo cual, hoy en día, parece muy improbable, pero no imposible. Es necesario reforzar la responsabilidad y la solidaridad. Todos somos Estado, la Administración general, las CCAA, los Ayuntamientos, y debemos cooperar mejor. Quizá en algún momento sea precisa una actualización de la Constitución.
Amigas y amigos: haciendo balance de las dificultades y las oportunidades 20 años después de la aplicación de la Ley de dependencia podemos decir que ha merecido la pena. Se han logrado avances muy importantes. Enhorabuena a todos por el esfuerzo y por lo mucho que se ha conseguido. Sin embargo, el SAAD sigue siendo un sistema en construcción, infra-financiado y con un modelo de gestión que no garantiza un desarrollo homogéneo y eficiente en todo el territorio nacional. Así que, a pesar de lo logrado y de la aprobación de la reforma del miércoles pasado, todavía queda mucho por hacer. Y, más aún teniendo presente que hay fuerzas muy poderosas que quieren desmontar cualquier atisbo de políticas sociales.
Por eso, aunque en algunos momentos parezca muy difícil avanzar, tenemos que seguir soñando en un futuro mejor y trabajando por ello.
¿Por qué no puedo yo soñar?
Si volar por el aire
En un pájaro de hierro
Sobre los verdes valles
Y sobre aquellos cerros
No es solo un sueño
¿por qué no puedo yo soñar?
Si hablar contigo desde Sofía
y oír tu voz como si estuvieras a mi lado
No es imposible, como tampoco lo es
tomar el corazón desde el costado
De un hombre fallecido
y plantarlo a que de vida a esta mujer
Que casi ya se moría,
¿por qué no puedo yo soñar?
Si el Moisés de Miguel Ángel,
y el Cristo de Goya, y la Novena sinfonía
No son solo fantasía, sino que de verdad son,
y han nacido de las manos de mujeres y hombres
paridos de madre como tú y como yo
¿por qué no puedo yo soñar, vida mía,
que una mañana, al alumbrar el sol al firmamento
se quedará boquiabierto
Porque ningún niño, ningún viejo ni nadie
ha muerto de hambre en ese día
Por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado
Ningún hombre, ningún muchacho ni ningún soldado
Ha sido clavado de un disparo
Soñar también que ninguna mujer
fue violada en el atardecer
de ese día misterioso.
Soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie
por conseguir un trabajo que le dé de comer.
Por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria
donde todos los pueblos dibujen
de una puñetera vez y para siempre
una paz entera y planetaria
Por qué no puedo yo soñar hoy
si tú me has querido tanto
Siendo yo como soy
Soñaré este sueño porque me da la gana
Y soñaré que un día, gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano
El sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido
Como han sido ya verdad y lo están siendo
Tantas y tantas cosas, vida mía.
Muchas gracias y a seguir luchando como don Quijote por hacer realidad nuestros sueños de justicia e igualdad.
Hasta siempre.
