[Texto utilizado para la conferencia impartida en el Máster de Derecho Sanitario y Bioética, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 11-5-2022]
Antes de comenzar con la charla quiero aclarar que no estoy en contra de las empresas farmacéuticas, ni de sus trabajadores, ni de sus investigadores, ni de sus representantes comerciales, ni tampoco de los profesionales que trabajan en las oficinas de farmacia. Todas ellas y todos ellos hacen un trabajo necesario, un trabajo importante. Lo que sí estoy en contra es de las decisiones de algunos directivos de empresas farmacéuticas que, abusando de la posición dominante que les da el monopolio, fijan precios abusivos y limitan el acceso de millones de personas a medicamentos necesarios. Mi opinión es que el monopolio en medicamentos es un cáncer que mata y que tenemos que extirpar.
En esta conferencia hablaré de ética en el acceso a medicamentos, al hilo de la desigualdad en el acceso a las vacunas en la pandemia COVID. Primero haré algunos comentarios sobre la ética y el derecho; después abordaré la desigualdad en el acceso a los medicamentos; señalaré la causa de la falta de acceso, los monopolios y las patentes; mostraré la desigualdad en el acceso a las vacunas COVID; discutiré algunas enseñanzas positivas y negativas en la gestión de las vacunas y la pandemia; y, finalmente me preguntaré si ¿es posible otro modelo de financiar la investigación en medicamentos?
1.Acerca de la ética y el derecho.
El pasado 11 de marzo, en una carta encabezada por el Presidente de Tanzania, y suscrita también por Ban Ki-moon, Ex SG de Naciones Unidas, y por más de 100 premios Nobel, artistas, líderes religiosos, economistas, expresidentes de gobierno y personalidades de todo el mundo, se denuncia que, dos años después de iniciada la pandemia de la COVID-19: “el enfoque actual es inmoral, autodestructivo y supone un fracaso ético, económico y epidemiológico”. Los firmantes piden a los gobiernos de EEUU, la UE, Reino Unido, Suiza y otros que se “maximice la producción de vacunas y otros productos seguros y eficaces para la COVID, suspendiendo los derechos de propiedad intelectual relevantes y asegurando que se compartan, obligatoriamente, las tecnologías y conocimientos relacionados con la COVID, para que cada país pueda producir o comprar dosis de vacunas y otros productos suficientes y a precio asequible”.
Ban Ki-moon, al presentar esta carta, declaró: “los líderes de los países ricos están protegiendo los monopolios de las empresas farmacéuticas por encima de la salud y las vidas de millones de personas”.
Por su parte, el DG de la OMS, Dr Tedros, en su comparecencia del pasado 5 de mayo, denunciaba una vez más: estamos jugando con fuego que continúa quemándonos, mientras tanto las compañías farmacéuticas registran records de ganancias. La OMS apoya un beneficio justo, pero no podemos aceptar precios que hacen que tratamientos que pueden salvar vidas sean accesibles solo a los ricos y estén fuera del alcance de los pobres. Es una quiebra moral.
Como vemos, la pandemia ha puesto otra vez sobre la mesa los desafíos éticos en relación con el acceso a medicamentos.
A lo largo del tiempo, los pueblos fueron elaborando y aplicando sus leyes, construyendo el derecho moderno. En el Tratado de Derecho Sanitario y Bioética coordinado por Marina Gascón, Mª del Carmen González Carrasco y Josefa Cantero, Luiggi Ferrajoli señala que: “los principios éticos toman forma jurídica, prescribiendo qué acciones están prohibidas por la ley, con la finalidad de prevenir y evitar las ofensas que pueden hacer unas personas a otras, garantizando su vida, su dignidad, su libertad, la igualdad y la convivencia pacífica. Es decir, prohibiendo y sancionando los comportamientos que puedan hacer daño a terceros”.
Cuando hablamos de “principios éticos que toman forma jurídica” es pertinente mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoció la salud como un derecho humano fundamental, indispensable además para el ejercicio de los demás derechos humanos. En su artículo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que le permita vivir dignamente. Es verdad, como recuerda Juan Mª Pemán Gavín en el Tratado antes mencionado, que estos derechos se aplicarán según los recursos disponibles en cada país, y su efectividad se alcanzará gradualmente. Pero también es verdad que “algunas obligaciones son inmediatas, como la garantía de que este derecho, el acceso a lo servicios de salud, será ejercido sin discriminación alguna”. Es decir, con lo que tengamos en cada momento, se debe atender a todos por igual. Así lo entendió el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto y de orientar su aplicación, en su Observación General nº 14, de 11 de agosto de 2000.
En dicha Observación General también se refiere a las obligaciones internacionales. “Los Estados Partes deben velar porque en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales- y añade-. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud”.
Pues bien, siguiendo estas indicaciones, para dar cumplimiento al Pacto, los Estados Parte deberían revisar y modificar el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que comentaremos después, y que está afectando adversamente al derecho a la salud de millones de personas. Y deberían, además, promover un nuevo instrumento legal, un Convenio Internacional, para garantizar el acceso a los medicamentos sin discriminación.
En efecto, durante la pandemia de COVID-19, con los recursos disponibles, podíamos haber vacunado a finales del mes de agosto de 2021 al 70% de los habitantes de todos los países del planeta. Pero las patentes y otras exclusividades incluidas en el ADPIC bloquearon el acceso a millones de personas. La discriminación entre países de bajos ingresos y países ricos, entre Norte y Sur, ha sido mortal, profundamente inmoral y además contraviene el Pacto antes mencionado. Se habrían evitado más de un millón y medio de muertes.
2.Desigualdad en el acceso a medicamentos.
El problema de la falta de acceso a los medicamentos no es nuevo, ni afecta solo a las vacunas COVID.
En efecto, según la OMS cada año mueren 10 millones de personas en el mundo por falta de acceso a los medicamentos que necesitan. Yo me pregunto: ¿es ético que esto ocurra, pudiendo evitarse?
En su resolución de 11 de julio de 2019, meses antes de la COVID, el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentaba la gran cantidad de personas que todavía carecen de acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de calidad, recalcando que un mejor acceso podría salvar millones de vidas cada año. Observaba con profunda preocupación que en todo el mundo 2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Una de cada cuatro personas en el mundo. Casi todos en países pobres. Pero también muchas personas en los países ricos. En España, el año pasado, más de un millón de personas confesaron haber dejado de tomar las medicinas que les habían prescrito en la sanidad pública, por motivos económicos, a causa de los copagos y la desfinanciación pública de medicamentos.
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud, en un documento de 2017 titulado: “Acceso a los medicamentos: hacer que las fuerzas del mercado sirvan a los pobres”, afirmaba que “la falta de acceso a medicamentos causa una cascada de miseria y sufrimiento, y de muertes por enfermedades que podrían ser prevenidas y curadas fácilmente”.
Y añade: “Mejorar el acceso a los medicamentos -continúa- es un imperativo ético. … Los millones de muertes infantiles por enfermedades que podían prevenirse o curarse con medicamentos que existen serían impensables en un mundo justo”.
El mismo documento preguntaba: “¿A qué lado debería darse la prioridad, a los intereses económicos o al interés de la salud pública? Dejar que los intereses comerciales se impongan sobre los intereses de la salud llevará a mayores inequidades en el acceso a medicamentos, con consecuencias desastrosas de vida o muerte”.
Y es que, en no pocos casos, la lógica empresarial hace que la balanza se incline, una y otra vez, hacia los intereses comerciales. Así, hace unos años, en una reunión de accionistas, refiriéndose a un medicamento frente al cáncer, el Consejero Delegado de Bayer reconoció: “Nosotros no desarrollamos este medicamento para los indios, lo hemos desarrollado para los países occidentales que pueden permitírselo”.
Es decir, el acceso a los medicamentos es posible para las personas y países de rentas altas y prohibitivo para las personas y países de rentas bajas. Esto es así en muchos bienes y servicios, pero en medicamentos y vacunas, el Derecho Humano a la Salud, como veíamos en la Observación nº14 del Comité de los DESC debería obligar a los gobiernos a buscar mecanismos para una distribución equitativa y adaptar las legislaciones nacionales e internacionales en esa dirección. Es imperativo hacerlo.
3.La causa de la falta de acceso. El sistema de patentes. Los monopolios.
Las patentes y otras exclusividades crean un monopolio, impidiendo así la competencia y la comercialización de genéricos durante 20 años. Durante ese tiempo, el titular del monopolio puede poner un precio por encima de los costes. Es como un impuesto indirecto sobre el consumo de fármacos, cuyo importe lo determina la empresa, y que recauda directamente la misma empresa. El dinero “extra”, recaudado de los pacientes y los servicios de salud con los sobre-precios, funcionaría como un “incentivo” para que las empresas lo invirtieran en investigación. Parecería razonable. Lamentablemente, y como era previsible, no ha funcionado así.
Conviene saber que las patentes de medicamentos y vacunas no estuvieron permitidas en los países europeos hasta el último tercio del siglo XX (en España hasta 1992) y no se generalizaron a todo el mundo hasta 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. ¿Por qué se prohibían?: Porque se temía que en el sector de la salud la barrera de las patentes podía crear un efecto perverso, un efecto mortal.
En efecto, en otros productos que no sean necesarios para la vida (un coche, una televisión, un viaje de turismo), si el sobre precio que se fija con el monopolio es abusivo, los potenciales clientes pueden decidir no comprarlo. Pero en temas de salud, se trata de la vida o la muerte de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. El empresario sabe que se trata de la bolsa o la vida y que, si podemos pagar, pagaremos lo que sea, y nos endeudaremos, como pacientes, o como servicios de salud. Por eso, el ánimo de lucro empresarial llevará de forma inevitable a fijar el precio más alto que podamos pagar. Ahora bien, muchas personas y países no pueden pagar esos sobre-precios, y, como ya hemos dicho, más de 10 millones de personas mueren cada año en el mundo, 27.000 cada día, por no poder acceder a los medicamentos que necesitan.
Es preciso recordar, para los que afirman que sin patentes no hay investigación, que, cuando no había patentes de medicamentos, sí había investigación. En efecto, antes de generalizar las patentes de medicamentos y vacunas había más innovación que ahora. Y las empresas ganaban dinero. Así, entre 1950 y 1994, las ganancias de las empresas farmacéuticas, en relación con sus ventas, fueron, de forma estable, el doble de la media de las otras industrias. Y cubrían sus gastos de I+D.
Pero los lobbies de las grandes empresas farmacéuticas sabían que con los monopolios podrían ganar mucho más y, en diciembre de 1994, lograron que se generalizara el uso de patentes de medicamentos en todo el mundo, con el acuerdo ADPIC en la Organización Mundial del Comercio.
Como consecuencia, desde entonces, los precios de los medicamentos se dispararon progresivamente, de lo que serían hoy 50 o 100 euros por tratamiento anual, a 1.000, 10.000, 100.000 o 2 millones de euros por tratamiento, por unos productos cuyo coste, incluidos los gastos de investigación, es cien o mil veces menor. La escalada de precios no tiene nada que ver con los costes de fabricación ni con los costes de I+D. La principal razón de los altos precios de los nuevos medicamentos es el abuso de posición dominante de los monopolios: ganar lo máximo posible. Este sistema está produciendo un sobregasto a los servicios de salud y a los pacientes, que, en algunos casos, los lleva a la ruina y que, en todo caso, se detrae de otras necesidades importantes, como personal o equipamiento, deteriorando los servicios y alargando las listas de espera para ser atendido. Paralelamente, las ganancias de las empresas farmacéuticas desde 1995 se dispararon también: seis veces más de beneficio sobre ventas que las otras empresas industriales. Se ha roto un equilibrio en la proporcionalidad entre esfuerzo y ganancia.
Veamos. Según los datos de la patronal farmacéutica, EFPIA, en la Unión Europea-27, las ventas de sus empresas en 2019 ascendieron a 170.000 millones de euros. El coste de fabricación (a precio de genérico) más beneficio industrial se estima en 70.000 M€. Por lo tanto, con sobreprecios, para pagar investigación, dimos a las empresas 100.000 M€. Pero, según las propias empresas, destinaron solamente 25.000 M€ a I+D. El resto, unos 75.000 M€ anuales, fueron beneficios abusivos.
Eso explica que, desde 2009 a 2018, con el exceso de beneficios, las 18 empresas farmacéuticas más grandes destinaran a recompra de acciones más dinero que a I+D, multiplicando las ganancias de accionistas y ejecutivos.
Por otra parte, la industria farmacéutica, como mostró un detallado informe de la Comisión Europea en 2009, utiliza una serie de estrategias para alargar el tiempo de protección de las patentes, con la exclusividad de datos y de comercialización, el reverdecimiento de patentes, las “marañas” de patentes, el pago a empresas de genéricos para retrasar el lanzamiento de sus productos, etc., todo ello con la finalidad de mantener su monopolio y sus ganancias abusivas durante más tiempo. Un editorial del New York Times del pasado 16 de abril, citando el Informe Maloney del Congreso de los EEUU, denunciaba este abuso de las patentes y pedía una reforma del sistema.
4.Desigualdad en el acceso a vacunas COVID
En el ámbito mundial, global, no se ha aplicado el principio de no discriminación en la distribución de vacunas COVID. Mientras que en la Unión Europea hemos puesto 200 dosis / 100 personas, una media de 2 por persona, en países de bajos ingresos se han puesto 23 dosis por cada 100 personas. Es decir, en países ricos, el 100% de la población hemos recibido el equivalente a una pauta completa, y en países de bajos ingresos, menos de un 12% de la población. La vacuna no ha llegado a los brazos de quienes la necesitan de forma equitativa. Y, mientras en los países ricos ya estamos poniendo las terceras y cuartas dosis, en otros países el 90% de la población sigue sin ser vacunada.
La causa principal de esta desigualdad global ha sido la barrera que producen el monopolio de las patentes y otras exclusividades (secretos comerciales, exclusividad de datos, exclusividad de comercialización, etc.), permitiendo precios abusivos y limitaciones a la fabricación y distribución.
La estrategia de vacunas europea, y por tanto la española, fijó su objetivo en la vacunación de las poblaciones de sus Estados Miembros, olvidando que en una pandemia el problema es global. Ese enfoque localista, denominado “nacionalismo vacunal” se tradujo en el acaparamiento de dosis: según la Presidenta de la Comisión se han garantizado 4.600 millones de dosis, diez para cada europeo. No pasaría nada, si se fabricaran suficientes dosis para todos en todo el mundo. Pero no es así. Como veremos, los acuerdos de compra anticipada ceden a las empresas farmacéuticas los derechos de propiedad intelectual, lo que implica que pueden fijar precios altos y limitar la producción según sus objetivos comerciales, y, así, nuestros contratos son causa indirecta de que en los países de rentas bajas las personas no tengan acceso a las vacunas.
Pero, en una pandemia nadie está a salvo mientras todos no estemos a salvo. Mientras no vacunemos a la misma proporción de la población en todo el mundo, equitativamente, el virus seguirá circulando, creando nuevas variantes, y, como consecuencia, seguirá aumentando la muerte y el sufrimiento de miles de personas. También aquí.
5.Enseñanzas positivas y negativas en la gestión de la pandemia.
Inversión pública en investigación.
En la gestión de la pandemia COVID hemos visto aspectos positivos en relación con las vacunas y medicamentos, que nos muestran que las cosas podrían hacerse de otra manera. Uno de ellos es el apoyo a la investigación con Fondos Públicos. El primer paso de la estrategia de vacunas frente a la COVID era descubrir y desarrollar esas vacunas. Para ello, la Comisión Europea, ha invertido en apoyo de la investigación. Lo ha hecho, tanto en centros públicos, como en empresas privadas, mediante tres mecanismos. Primero, más de 2.700 millones de euros a través de proyectos y plataformas de investigación como “Horizonte 2020”, el fondo de Respuesta Global, y otros fondos. Segundo, una cantidad estimada en más de 3.000 millones de euros a través de los pagos adelantados previstos en los Acuerdos de Adquisición Anticipada, que comentaré más adelante. Y tercero, a través de los sobreprecios pactados en dichos acuerdos por encima de los costes de producción. Podemos estimar que la UE, y por tanto también España, ha financiado la Investigación de vacunas COVID con unos 17.700 millones de euros. Además, la inversión en I+D hecha por los gobiernos europeos individualmente, así como por los de EEUU y otros países ricos, más que duplica esa cantidad. Por ello, podemos afirmar que toda la investigación y desarrollo de las vacunas COVID se ha pagado, de forma directa o indirecta, con dinero público.
Esta enorme inversión, y el trabajo de centenares de investigadores, ha permitido que la humanidad disponga de vacunas eficaces y seguras en menos de un año. El problema es que, como vimos, no han podido llegar y no están llegando a los brazos de quienes las necesitan en todo el mundo, porque en las subvenciones y contratos no se establecieron cláusulas que garantizaran licencias no exclusivas y precios justos.
Acuerdos de Compra conjunta y compra anticipada.
Otra decisión positiva en el ámbito de la UE ha sido desarrollar los Acuerdos de Compra Conjunta y la distribución equitativa.
En junio de 2020 la Comisión Europea propuso a los Estados Miembros la posibilidad de negociar la compra conjunta y anticipada de vacunas COVID. Se trataba de lograr mejores precios para todos los países de la UE, y no solo para los que tuvieran más capacidad de pago. Las vacunas se financiaban públicamente, la UE haría un anticipo a las empresas y luego cada país tendría un número equitativo de vacunas, en proporción a su población. Además, como en los primeros meses de 2021 no había vacunas para toda la población europea, se establecieron prioridades en función del riesgo: personal sanitario, personas más mayores, personal de servicios esenciales, etc., hasta llegar a todas las edades. Esto supuso, por una parte, equidad dentro de cada país, ya que la vacuna se financiaba con dinero público y todas las personas podían acceder a ella, en función de criterios de necesidad. Y supuso, por otra parte, equidad dentro de la Unión Europea, ya que países de rentas altas, como Alemania, Francia u Holanda, tenían derecho a la misma proporción de vacunas que países como Bulgaria o Rumanía, con rentas mucho más bajas. Este sí era un comportamiento ético.
El problema fue y es que esta visión ética hacia dentro de la Unión Europea no se tuvo hacia afuera, para el conjunto de la humanidad. Ahí siguió estableciéndose la línea Norte / Sur, ricos y pobres, en un problema que, como la pandemia, nos afecta a todos por igual.
Fijémonos en que estos acuerdos de compra, anticipaban el dinero a las empresas, antes de que se dispusiera de la vacuna. Se trataba de financiación pública para apoyar la investigación y el desarrollo de posibles vacunas (candidatas), garantizando, además, un volumen de compra en caso de lograr resultados favorables. De esta forma, los Estados Miembros quitaban el riesgo que las empresas debían haber asumido con inversiones para la investigación, los ensayos clínicos, la ampliación de instalaciones, la compra de materias primas, envases, etc., y ese riesgo lo asumían los países, es decir, los contribuyentes, haciéndose cargo de esos gastos. Era un paso importante para acelerar el descubrimiento y fabricación de las vacunas. Pero este acuerdo, tan positivo, falló en aspectos fundamentales.
El aspecto más importante, a mi juicio es la cesión de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Como hemos visto, la financiación pública de la I+D, por proyectos, compra anticipada, y precios, es de más del 100 por 100. En justicia, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID debían ser de titularidad pública, es decir, de la gente, como lo fueron los de la vacuna de la polio y otras vacunas. De esa forma, la Comisión y sus EEMM podrían haber cedido licencias no exclusivas a la OMS, transfiriendo la tecnología y el know how a través de la Covid-Technology Access Pool, la C-TAP. De esa forma se hubieran podido fabricar las vacunas en todo el mundo, favoreciendo la producción local, y vendiéndolas a precio de coste, de manera que fueran asequibles a todos los países simultáneamente y de forma equitativa. Pero los negociadores de la Comisión Europea permitieron que las empresas se quedaran con los derechos de propiedad intelectual, y con ellos, la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a quién se vende y a qué precio. Es una gran injusticia, teniendo en cuenta la cantidad de dinero público invertido y la situación de pandemia que requería una solución a nivel mundial.
Si se hubiera cedido la tecnología y el know how a todas las empresas con capacidad de producción en países de bajos y medianos ingresos, se habría duplicado la fabricación, pudiendo cubrir las necesidades mundiales. En efecto, más de 120 empresas en los cinco continentes, según un informe de Médicos Sin Fronteras publicado en British Medical Journal en diciembre pasado, están capacitadas para producir vacunas mRNA.
La otra cuestión importante es el precio. Con monopolio, los precios fijados han sido entre 10 y 20 veces por encima del precio justo (coste de fabricación y de investigación). Con los precios estimados, los países de la UE hemos pagado 20.000 millones de euros más de lo que deberíamos haber pagado. Con ese dinero se podrían haber comprado vacunas, a precio de coste, para todo el planeta.
No solo se ha abusado con los precios de las vacunas, también se está abusando con los de los tratamientos. En algunos casos son medicamentos antiguos que se han reutilizado para la COVID. En otros casos había ya, incluso, medicamentos genéricos del producto. Pero ahora, para la COVID, se piden precios abusivos. Por ejemplo, como denuncia Médicos Sin Fronteras, el genérico de baricitinib cuesta 4,8 €, pero la empresa titular de la patente pide 2.040 €, 400 veces más, para el uso en pacientes COVID.
Como es lógico, al permitir precios altos, las empresas tienden a vender a aquellos que pagan más, dejando a los países de rentas bajas a la cola. Es lo que ha ocurrido.
Por supuesto, alguien sale ganando con este trato. Es importante notar que unas pocas empresas farmacéuticas y sus directivos obtendrán globalmente en 2021, con la venta de vacunas COVID, más de 60.000 millones de euros de beneficio abusivo, por encima de los costes. Y esto, aparte de las importantes ganancias en bolsa, por revalorización de sus acciones.
Ya advierte el Dr Tedros, que “la equidad no puede dejarse a las fuerzas del mercado”.
La pandemia ha causado ya más de 6.250.000 muertes directas y otros 9 millones de muertes por falta de atención de otras enfermedades a causa de la saturación de los servicios. Por otro lado, la pandemia ha causado enormes pérdidas económicas y un lamentable aumento de la desigualdad. Y sigue contagiando cada día a cientos de miles de personas. Sin embargo, no hemos sido capaces de garantizar el acceso a toda la humanidad en condiciones de igualdad (como sí hemos hecho dentro de la UE). Además, hemos de estar seguros que vendrán nuevas variantes de este virus, y vendrán nuevas pandemias que podrían tener una agresividad mayor. El tipo de respuesta que hemos dado hasta ahora no sirve y no servirá para la mayoría de la población. Es insuficiente. Sí sirve, a corto plazo, para los directivos de algunas grandes empresas farmacéuticas y sus accionistas. Pero también para ellos, aunque no sean conscientes, es una carrera hacia el precipicio.
Como señalan Swaminathan y cols. en la revista Nature (10 2 22), el acceso no equitativo a los frutos de la investigación durante la pandemia COVID-19 subraya la urgencia -y viabilidad- de rehacer el sistema de I+D para defender el interés general. Tenemos que cambiar el modelo.
6.Ahora bien, ¿Es posible otro modelo de financiar la investigación? La respuesta es: Sí. En buena medida ya se está haciendo.
La buena noticia es que disponemos de todos los elementos, los recursos económicos y jurídicos necesarios para mejorar la investigación y facilitar el acceso equitativo a medicamentos y vacunas, si somos capaces de utilizarlos de forma integrada y sinérgica en una estrategia mundial. De momento, lo que falta es la voluntad política.
La estrategia más adecuada para impulsar la investigación biomédica y garantizar el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesitan tiene dos componentes: aprobar un Convenio Internacional para el Acceso a los Medicamentos; y modificar el acuerdo ADPIC excluyendo del mismo las patentes de medicamentos.
A)-En primer lugar, los gobiernos de la UE y del mundo deberían promover una estrategia de cambio en el modelo de financiación de la I+D biomédica desligándolo de los precios y los monopolios, mediante una Convención Internacional vinculante para el acceso a los medicamentos y vacunas, que vuelva a prohibir las patentes en estos productos.
Esta propuesta ya fue presentada por un Grupo de Trabajo de Expertos de la OMS en 2012, planteando que la financiación de la I+D de medicamentos se separara de los precios (delinkage). Es decir que no se financiara con los sobre-precios que obtienen los monopolios con las patentes y otras exclusividades. Los países más fuertes presionaron para que no se iniciara la negociación de esta Convención. En 2016, el Panel de Alto Nivel sobre acceso a medicamentos de la Secretaría General de Naciones Unidas, volvió a poner sobre la mesa esta propuesta.
¿En qué consiste? La Convención crearía un modelo con las siguientes características:
1º-Fondo público mundial de I+D: que financiaría premios de investigación, centros públicos de investigación, subvenciones y becas, contratos de investigación (compra-anticipada), etc. Como se ha hecho con la COVID.
2º-Fijación de prioridades de investigación por interés público, según necesidades de salud, y no por intereses comerciales. Los acuerdos de compra anticipada para investigar en vacunas son un ejemplo. El Observatorio Global en I+D de Salud de la OMS recoge información útil para poder analizar necesidades y fijar prioridades.
3º-Investigación ética, cooperativa y abierta. Como el Ensayo Solidarity de la OMS, la Red Europea y de países en desarrollo para Ensayos Clínicos, o la puesta en común de los datos de la secuencia genómica del SARS-CoV-2.
4º-Licencia no exclusiva.
5º-Transferencia de tecnología y know how, a la COVID-Technology Access Pool y a Medicines Patent Pool, como en el caso de la cesión del test-COVID del CSIC. O la cesión de la vacuna Corbevax del Baylor College of Medicine, Texas. Centros de transferencia de tecnología (Transfer Hubs), como el que ha puesto en marcha la OMS en Sudáfrica.
6º-Compensación justa a investigadores y sus entidades.
7º-Aumentar capacidad de producción en todo el planeta. Pública. Privada sin ánimo de lucro. Privada con ánimo de lucro, con beneficio industrial moderado, no especulativo.
8º-Precio de coste. Como en la vacuna AstraZeneca o la vacuna de la Universidad deTexas.
9º-Compra conjunta. Como ha hecho la UE en la COVID.
10º-Distribución equitativa. Mecanismo COVAX modificado, con control público.
Como hemos visto, muchos de los elementos del nuevo modelo ya se han ensayado en diferentes países y regiones del planeta, singularmente en la UE.
[En cuanto al Fondo Público para financiar I+D conviene señalar que, en la UE-27, la financiación pública directa (subvención a proyectos, pago de centros de investigación como los del IS CIII, universidades, premios, etc.), asciende a 20.000 M€ anuales. Supone el 45% de la inversión total en I+D en la UE. Esta inversión pública directa genera el 70% de investigación innovadora.
A su vez, en la UE 27, las empresas gastan 25.000 M€ en I+D. Pero ya vimos que los contribuyentes y los pacientes, con el sobre-precio de las patentes, pagamos 100.000 millones de euros anuales para investigación, cuatro veces esa cantidad. Sería mucho más rentable para la sociedad suspender las patentes y los monopolios, y que los gobiernos destinaran 25.000 millones del sobregasto actual en medicamentos, a gasto público directo en I+D, y el resto a otras políticas sanitarias y sociales.]
B-.En segundo lugar, al mismo tiempo de aprobar la Convención sobre acceso a medicamentos, se debería modificar el acuerdo ADPIC para excluir de dicho acuerdo los medicamentos y vacunas: es decir, suprimir definitivamente las patentes y otras exclusividades aplicables a los medicamentos, eliminando cualquier tipo de monopolio de las empresas farmacéuticas en este campo.
¿Por qué no se hace? Porque este modelo sí es muy rentable para alguna de estas empresas, que, con sus enormes ganancias, destinan una parte importante del beneficio abusivo a marketing para que el modelo no cambie. Destinan mucho más a marketing que a I+D. En la UE27 más de 35.000 M€ anualespara patrocinios, control del discurso, presión sobre parlamentarios y gobiernos, sobre profesionales sanitarios y sociedades científicas, sobre medios de comunicación, cátedras de patrocinio, asociaciones de pacientes, etc., etc., para bloquear cualquier cambio de modelo, y para impulsar nuevas medidas que aumenten sus ganancias, como el pago por valor. Por eso es muy difícil cambiar de modelo. Pero debemos intentarlo.
La COVID ha puesto de manifiesto, una vez más, que es necesario este cambio de modelo hacia un enfoque global, eficaz y justo, porque, querámoslo o no, navegamos todas y todos en el mismo barco. O nos salvamos todos, o nos hundiremos juntos.
Y para ese cambio de rumbo es precisa la toma de conciencia y la movilización de miles de personas en todo el mundo, reclamando a sus gobiernos que cambien las leyes y adopten las medidas necesarias, como las que hemos comentado en esta charla. En definitiva, sí es posible lograr el acceso justo a los medicamentos para todas las personas, como reconoce la Convención de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero hace falta conciencia y movilización social y hace falta voluntad política.
Solo de esta forma se podría lograr que, en esta y en futuras pandemias, las vacunas lleguen a los brazos de las personas que las necesitan, a tiempo, en todo el mundo, y a precios asequibles.
Enlaces
https://peoplesvaccine.org/resources/media-releases/world-leader-2-year-letter/
https://digitallibrary.un.org/record/3834569?ln=es
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00324-y?proof=t
https://www.nytimes.com/2022/04/16/opinion/patents-reform-drug-prices.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://left.eu/content/uploads/2021/07/Advanced-purchase-agreements-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9132
https://pandem-ic.com/vaccine-coverage-of-population-by-country-map-2/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://verfassungsblog.de/not-much-of-a-waiver/
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