AMNISTÍA FISCAL O LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal cuando lo que debería intensificar es la lucha contra el fraude, promoviendo además una reforma fiscal que permita obtener unos ingresos públicos equivalentes a la media de la Unión Europea, para poder financiar los servicios públicos y las políticas de incentivación de la actividad económica.

Los Técnicos de Hacienda asociados en GESTHA advierten que esta medida es muy negativa en plena campaña de la renta 2011, e insisten en que la lucha contra el fraude y otras medidas aplicables de inmediato permitirían recaudar cada año 63.300 millones € más, reduciendo drásticamene el déficit público.

En este momento lo que está pasando en España es un verdadero asalto a las rentas del trabajo. Por un lado a las rentas salariales, bajando los sueldos, aumentando la jornada y empeorando las condiciones de trabajo. Por otro lado, reduciendo la protección social, que es salario social indirecto.

El capital está ganando la partida: quiere pagar menos por la producción, reduciendo los costes salariales, y paga menos impuestos, que eran también salario social. En el reparto de la PlusValía,  del valor añadido, las rentas del capital están obteniendo más proporción cada vez, y los trabajadores menos. Por eso mientras muchos productos de consumo han bajado las ventas, los productos de alta gama se venden más cada día.

Es necesario sigamos insistiendo en lo que es una verdadera emergencia nacional:

-aumentar los ingresos fiscales de las rentas del capital, y

-erradicar el fraude fiscal.

Siempre que se hable de recortes, tendríamos que exigir que no se tome ninguna medida sin que antes se resuelvan estas cuestiones. Si los ricos pagaran impuestos en igual proporción que los trabajadores, no haría falta recortar prestaciones sociales. 

Una y otra vez el Gobierno insiste en la necesidad de reducir el Déficit recortando el Gasto Público. Hay que recortar, se dice, porque gastamos más de lo que ingresamos, generando un déficit y una deuda insoportable.  Lo que no se dice es que el déficit se debe a que los ingresos públicos son muy bajos:  35,1% del PIB, más de 90.000 millones € anuales de diferencia respecto a la media de los países de la UE. En Francia los ingresos ascendieron a 50,7% (15,6 puntos más); en Alemania a 44,7%; en Italia a 46,1%; en Reino Unido a 40,8% (Fuente: Eurostat 2012).

Si España hubiera tenido unos ingresos similares a la UE-27, con el mismo gasto público realizado en nuestro país, habría tenido un superávit de 0,5 puntos en 2011, lo cual hubiera sido bastante razonable. No digamos si el volumen de ingresos sobre el PIB hubiera sido como el de Francia, entonces hubiéramos tenido un superávit de 7,1 puntos, alrededor de 71.000 millones de euros.

No es justo seguir aplicando recortes a la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. Por supuesto que tenemos que mejorar en estos campos. Se deben corregir defectos de funcionamiento. Se debe mejorar el desempeño en todos los servicios públicos. Pero no debemos aceptar la pérdida de derechos sociales o laborales con el argumento de la consolidación fiscal. El equilibrio fiscal se consigue haciendo que  los ricos, las grandes empresas, los grandes capitales, paguen sus impuestos con un esfuerzo proporcional al que hacemos la mayor parte de los contribuyentes. La amnistía fiscal es muy mal ejemplo; es una medida regresiva e injusta que beneficia a los poderosos y perjudica a la gente honrada y normal.