Para llevar adelante la privatización y los
recortes de la sanidad pública se utilizan algunas razones como
si fueran verdades comprobadas cuando se trata de opiniones discutibles.
Pondré algunos ejemplos tomados de una declaración de prensa recogida por Europa Press el pasado 9 de
enero:
“Si Madrid no diera 2.700 millones al Fondo de Solidaridad no
tendría que externalizar la sanidad”.
Esa frase incluye dos razones para la
privatización. La primera es que Madrid da dinero a las CCAA pobres; es una
afirmación contraria a la Constitución. En términos constitucionales todos
somos españoles aunque residamos en diferentes pueblos y CCAA. Todos pagamos los
impuestos en función de nuestra renta y nuestro consumo, unos igual que otros.
Por lo tanto no hay un “balance fiscal” entre CCAA. Madrid no da a Andalucía, o
Cataluña no da a Castilla y León. Todos los ciudadanos y las empresas damos
nuestros impuestos a la Hacienda Pública Española y los que cobran más o tienen
más beneficios, residan donde residan, deben pagar más, según los principios de solidaridad y
responsabilidad de la Constitución, y con esos dineros se pagan los servicios
que Gestionan las CCAA, y que deben ser iguales para todos. Es una obligación y
un derecho. No es una limosna.
Al introducir el concepto de región rica/
región pobre, se aplica la lógica de frontera que divide entre CCAA, pero
entonces, ¿no se podría aplicar también a las ciudades?: la capital da a
Coslada, o Pozuelo da a Rivas, o viceversa. Y también dentro de barrios: el
barrio de Salamanca da a Vallecas. No, el barrio de Salamanca no da nada a
Vallecas. Las personas que viven en Vallecas pagan los impuestos que les
corresponden igual (o más, proporcionalmente) que las que viven en el barrio de
Salamanca. Pero siguiendo ese razonamiento, dentro del barrio de Salamanca el
alto ejecutivo que vive en un dúplex daría dinero al que vive en la portería. Y
se plantería la cuestión de fondo: ¿por
qué tengo que dar dinero para que se pague la sanidad o la escuela el hijo del
portero?; que cada cual se pague lo que quiera y lo que pueda; y si necesita
más, que gane más. El Estado no tiene que meterse por medio a “redistribuir”
nada. En todo caso, a los más pobres ya les daremos una limosna, si queremos.
Pero resulta que en 1978 aprobamos una Constitución, un gran acuerdo
que obliga a todos los españoles y que garantiza “un orden económico y social
justo” y “una digna calidad de vida”. Este gran pacto, al mismo tiempo que reconoce el derecho a
la propiedad privada y a la herencia, reconoce el derecho a la educación y a la
atención sanitaria; al mismo tiempo que reconoce la libertad de empresa, se
compromete a promover una distribución de la renta regional y personal más
equitativa y una Seguridad Social para todos los ciudadanos. Y para
garantizarlo establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y
sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y para que
no haya duda añade que “todos los españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Conviene insistir, nadie regala nada a nadie.
La atención sanitaria es un derecho que se financia con impuestos que pagamos
todos los españoles, y que debe garantizar una atención sanitaria igua para
todos, en cualquier lugar del Estado. Si no fuera así, se romperían los otros
acuerdos constitucionales.
La segunda razón, en la misma frase, tiene que
ver con la afirmación implícita de que privatizar (a veces se usa
“externalizar” para que tenga menos rechazo) es más barato, y por eso hay que
hacerlo, porque hay menos dinero.
Pero resulta que la gestión privada de la
sanidad pública es más cara.
El análisis comparado de Sistemas Sanitarios en España, en EEUU y en los países
europeos avanzados, demuestra que los sistemas sanitarios de gestión pública son más
baratos. La sanidad privada con ánimo de lucro, para igual calidad de servicio,
cuesta más cara, porque necesita un margen de beneficio (el lucro) y tiene más
gasto de intermediación y comercialización y porque, además, en caso de quiebra no asume riesgo ya que pasa
nuevamente las obligaciones al sector público que no puede desatender a la
población. La gestión y los beneficios de los seguros privados en España
suponen un 28,3% del total del gasto en seguros privados. En la sanidad pública
los gastos de gestión son un 2,3%. Si se privatizara toda la sanidad nos
costaría 19.400 millones de euros más, o habría que recortar 19.400 millones en
servicios (médicos, enfermeros, medicinas, calidad de atención, etc.).
Analicemos ahora otras razones.
“La Comunidad no toma estas medidas por
capricho, lo hace porque todos los españoles, con el gobierno al frente, hemos
decidido que tenemos que reducir el déficit público y, para eso, hace falta
bajar el gasto público”.
En primer lugar situar la reducción del
déficit como el objetivo principal no lo han decidido todos los españoles.
Parece razonable reducir el déficit, pero muchos pensamos que antes que eso está la creación de
empleo y la atención a las personas en sus necesidades más importantes. Poner
ese objetivo por encima de la lucha contra el desempleo está destruyendo miles
de puestos de trabajo y gran parte de los derechos sociales de los españoles
provocando sufrimiento y desesperación a millones de familias.
En segundo lugar, la reducción del déficit se
debería acometer aumentando los ingresos públicos. El fraude fiscal supera los
80.000 millones de euros al año, más que todo el déficit del Estado, o más que
todo el gasto sanitario público anual. Si pagaran todos los impuestos como
todos los trabajadores, no habría déficit. Hay que acometer una reforma fiscal
en profundidad y una lucha frontal contra el fraude que tape todos los agujeros
por los que se escapa un dinero que es de todos. En esa tarea se deben empeñar
los gobiernos, y no en seguir recortando y privatizando.
Además, en esta crisis, que ha sido causada
por los especuladores financieros, el Estado español ha aprobado ayudas a las
Instituciones Finaniceras de 200.000 millones de euros entre 2009 y 2012. Si
esas ayudas se hubieran dado directamente a las empresas, ahora habría mucho
más empleo. Pero se dieron, por ejemplo, a Bankia más de 20.000 millones. Está
claro que hay que dirigir el crédito a las empresas que generan empleo, justo
lo contrario de lo que se está haciendo. ¡Y mientras se han destruido otros
787.240 empleos en España entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012!.
Otro argumento afirmado como verdad es que “en
muchísimos países extranjeros” la Atención Primaria “tiene una gestión privada
y no pasa nada, funciona admirablemente bien, con la diferencia de que es más
barato”.
La
Atención Primaria en Francia, Alemania u Holanda, con médicos privados que
conciertan con la Seguridad Social, funciona bien. A mi juicio no tan bien como
la española. Pongamos que funciona igual. Pero desde luego es mucho más cara:
la sanidad pública en España cuesta 1.500€/persona y año; en Francia y Alemania
cuesta 1.000€ más por persona, y en Holanda cuesta 2000€ más por persona. Es
decir, si se privatiza la gestión de la sanidad manteniendo la calidad de los
servicios, costará al contribuyente español muchos millones de euros más. Por
lo tanto, si se privatiza ahora solo puede ser recortando prestaciones y
servicios, que es lo que se está haciendo.
También se han utilizado razones para denostar
las huelgas de la gente que “quiere ampararse en los ciudadanos, ya sea en el
Metro o en la Sanidad, para defender algunas cuestiones que puede que les
beneficien a ellos pero que perjudican a los ciudadanos y al déficit”. Con este argumento se denigra a los profesionales que defienden la sanidad pública, a
los que no quieren que se privatice porque saben que es más caro y porque, al
recortar el gasto, supondrá una pérdida de calidad y de servicios (como ya está
ocurriendo). En este momento las protestas de los profesionales están
defendiendo los derechos de los pacientes actuales y futuros.
Frente a discursos que defienden la privatización de la sanidad y los recortes en la cobertura y la calidad de las prestaciones es importante ofrecer otras razones, contrastar y proponer
alternativas. En otros “posts” de este Blog, y en otros textos (tesis doctoral, Manual de Administración Sanitaria, etc.), defiendo que es
posible y deseable consolidar y seguir mejorando el Sistema Nacional de Salud,
universal, financiado con impuestos justos, accesible y de calidad. Sí se puede.
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