#NoalTTIP

El 11 de Octubre se llevarán a cabo movilizaciones en toda Europa para pedir la paralización del TTIP. ¿Por qué? ¿Qué es el TTIP?

La “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) es un tratado que se está negociando en estos momentos entre la Unión Europea y EEUU que podría poner en riesgo, entre otros derechos, la atención sanitaria pública. Los días 29 de septiembre a 3 de octubre se llevará a cabo la séptima ronda de negociaciones en Washington y se espera concluir en los próximos meses.

Portavoces de la Comisión Europea y del Gobierno de los EEUU han destacado los objetivos declarados del acuerdo: disminuir las barreras al comercio de bienes y servicios, aumentar la actividad económica, crear empleo, disminuir costes, etc.

Llama la atención que teniendo objetivos aparentemente tan positivos las negociaciones sean secretas. Esta opacidad, y los antecedentes de otros tratados similares, explican que para muchos analistas el tratado pueda suponer justo lo contrario, pérdida de empleo, destrucción de empresas y un importante retroceso en derechos sociales.

John Hilary, director de la organización War on Want, defiende este punto de vista de forma detallada y rotunda en el documento: “El TTIP, una Carta para la Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia”

http://rosalux-europa.info/news/TTIP/

También Jeffrey Sachs ha señalado los riesgos del TTIP para la igualdad económica y el medio ambiente, al no incluir medidas políticas para garantizar que este acuerdo se oriente en beneficio de las poblaciones y no de los lobbies y del capitalismo financiero.

https://docs.google.com/file/d/0B2SPjZn4wtosM3FCU2t0UUZpU2s/edit?pli=1

¿Cómo podría afectar a la sanidad? ¿En qué aspectos podría impactar negativamente a la salud? Señalo algunos:

-Menor control de riesgos para la salud pública

-Privatización irreversible de servicios sanitarios, con fragmentación del sistema y aumento de costes (y/o pérdida de calidad)  para la ciudadanía que, al no poder pagar, recibiría peor o ninguna atención

-Penalización a los Estados (es decir, a la ciudadanía y los contribuyentes) si se “perjudica” a los inversores, con normativas o decisiones que “disminuyan sus beneficios”. Resolución del litigio sin someterse a los tribunales (Investor-State Dispute Settlement). Este mecanismo supondría “de facto” un blindaje de las privatizaciones.

-Posible reducción de garantías en seguridad alimentaria y protección ambiental (al homologar normativas a los estándares más “flexibles” de EEUU). Eliminación del principio de precaución.

En un reciente artículo publicado en Lancet, Neil Bennet explicaba la preocupación por las implicaciones para la salud del citado acuerdo (The Lancet, September 6 2014; Vol 384: 843-844).

Portavoces de la Comisión aseguran que los servicios sanitarios no se verán afectados, pero, como señala Martin McKee, profesor en la London School of Higiene & Tropical Medicine, las incertidumbres sobre el proceso y el resultado final de la negociación son muy grandes. Por su parte Kenneth Haar, del Corporate Europe Observatory, afirma que la UE sí incluyó en un documento de la negociación los Servicios Sanitarios. A aclarar esta confusión no contribuye en absoluto el hecho de que, como se ha señalado, las negociaciones sean secretas y la documentación estrictamente confidencial.

De ahí que el Presidente de la British Medical Association, Mark Porter, reclame a su gobierno garantías para que el TTIP no afecte negativamente al Servicio Nacional de Salud.

Ante estas incertidumbres, y teniendo en cuenta la dinámica de las negociaciones, McKee concluye que “todo el proceso conduce a un común denominador de mínimos en términos de protección de la salud pública”.

De momento sería bueno mantenernos informados de esta importante cuestión y debatir también sobre la misma en los foros profesionales y sanitarios. 

http://noalttip.blogspot.com.es/

¿Que no se está privatizando la sanidad?

  

El Gobierno dice que no está privatizando la sanidad. Sin embargo, en los datos publicados hace unos días por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad constatamos que sí: en 2012 disminuyó el dinero destinado a sanidad pública en un 5,38% respecto al año anterior (un recorte de 3.903 millones €) (1).

Al mismo tiempo los pagos directos de los hogares en gastos sanitarios aumentaron fuertemente, un 4,27%. Dicho de otra forma, los pacientes tuvieron que pagar de su bolsillo 855 millones € más en 2012 respecto al año anterior. Y esto gastaron los que pudieron pagarlo; muchas personas que no pudieron pagar los aumentos de re.pagos, las pruebas o las consultas (como consecuencia del aumento de las listas de espera) no tuvieron la atención necesaria.

Cuando se dice “hemos ahorrado” o “el Estado ha ahorrado tanto y cuanto” lo que se está diciendo es que el Gobierno no ha sido capaz o no ha querido cobrar impuestos justos (progresivos) a las personas de rentas altas y a los defraudadores, y ha reducido los servicios públicos (que son los que utiliza la mayoría de la gente), obligando a pagar a los pacientes de su bolsillo una cantidad cada vez mayor: privatizando la financiación. Se está privatizando (haciendo menos solidaria) la financiación.

Sabemos que la disminución de gasto en algunas partidas puede ser positiva (menores precios de medicamentos a igual principio activo, menores precios de otros productos a igual calidad, indicaciones más apropiadas, etc.), pero esas cantidades deben revertir en otros servicios sanitarios muy necesarios. Y, desde luego, no se debe recortar cobertura poblacional, plantillas, inversión, medios para atender a los pacientes, etc.

Se produce así un trasvase de rentas de los que más lo necesitan (los pacientes) a los que no pagan impuestos de forma proporcional a su renta, los más acomodados, beneficiados por una política fiscal regresiva e injusta. El dato que refleja esta distribución injusta de los recursos es que el porcentaje de gasto sanitario público sobre el gasto sanitario total baja de 73,37% en 2011 a 71,7% en 2012. Es un retroceso importante que afecta a los valores clave del sistema sanitario público: universalidad, equidad, acceso a servicios de calidad y solidaridad, como analizamos en el documento Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud) (2).

Privatización de la provisión: 446 millones de euros más para la sanidad privada.

Pero no solo se privatiza la financiación. Al mismo tiempo que se reduce el presupuesto sanitario público también se apuesta por un aumento de la provisión privada de la sanidad. Así, en 2012 los centros sanitarios privados prestaron servicios por valor de 29.689 millones €, con un aumento de 446 millones respecto a 2011. Mientras tanto, el gasto para la provisión de servicios en centros de titularidad pública se redujo en 2.026 millones (se incluyen aquí hospitales, establecimientos de atención medicalizada residencial, atención ambulatoria, programas de salud pública y administración general; no se incluyen minoristas y otros proveedores, donde se contabilizan las farmacias).

Este proceso paralelo de privatización de la provisión sanitaria debilita más la sanidad pública, haciéndole perder calidad y eficiencia.  

Como muestran los datos, este proceso de privatización sanitaria afecta tanto a la financiación (quién paga) como a la provisión (quién presta los servicios). Por desgracia, después del RD 16/1012 la sanidad española es menos universal, menos solidaria, menos equitativa y de menos calidad.

El problema se agrava cuando conocemos que la previsión del Gobierno del Sr Rajoy es reducir todavía más el gasto sanitario público, y con ello la calidad de este importante servicio. En la actualización del Programa de Estabilidad, Reino de España, 2014-2017, pág 42, se lee un objetivo de reducción de otros 0,9 puntos de PIB, un 13,3% sobre 2012, es decir otros 9.000 millones de euros de recortes, hasta reducirlo a un 5,3% del PIB, un retroceso de más de 20 años (3). Para garantizar un buen servicio sanitario público en España, con una renta per capita por encima de los 20.000 euros, deberíamos tener un gasto sanitario público de 7,5% del PIB. 

La sanidad pública de calidad es un derecho de todos, pero la garantía de ese derecho exige financiación suficiente. Además, conviene insistir una vez más en que el gasto en sanidad pública no es una “pérdida” sino una verdadera inversión que genera salud, cohesión social, estabilidad y riqueza. Por eso es importante que, entre todos, paremos este proceso de privatización sanitaria.

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(1) Sistema de Cuentas de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tablas 3 y 4.

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/SCSdatosEstadisticos.pdf

(2) Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)

http://www.bubok.es/libros/235021/Crisis-esta-crisis-y-Salud-nuestra-saluden

(3) Ministerio de Economía y Competitividad

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Estabilidad_2014_2017.pdf

La sanidad y la salud en España están en peligro

Manuel Oñorbe y yo, con la colaboración de varios amigos, hemos escrito un documento sobre la crisis económica, sus causas, su gestión y sus consecuencias en la sanidad y los servicios sanitarios.

Los datos muestran que la sanidad pública sí es sostenible, que no es cara, que sí es (era) eficiente, que sí hay recursos en España para financiar una buena sanidad, y que esos recursos, el dinero de todos, se lo están llevando otros, los que más tienen.

(Se puede descargar en la dirección

http://www.bubok.es/libros/235021/Crisis-esta-crisis-y-Salud-nuestra-salud

en donde también se puede adquirir en papel, si se desea).

El texto, los dibujos y los comentarios que componen el documento contienen tres análisis (sanitario, económico y político) y algunas propuestas.

La idea surgió inicialmente de la preocupación sobre los efectos de la crisis en la salud y la atención sanitaria que un grupo de profesionales amigos discutíamos en reuniones y tertulias. A partir del conocimiento de casos de personas concretas y de la información estadística publicada constatamos el deterioro de los servicios sanitarios públicos y de la salud debido a los recortes y las privatizaciones. Si, además, se cumplen las previsiones del gobierno de España de seguir recortando las políticas sociales y reduciendo el gasto sanitario público al 5,3% del PIB las consecuencias serán muy graves. Podemos afirmar que la sanidad y la salud de los españoles están en peligro.

Al cuestionar los recortes escuchamos que la razón esgrimida por el gobierno de España para defender sus medidas es el déficit público. A partir de ahí estudiamos este argumento, el origen del déficit, la caída de ingresos fiscales, las ayudas a las entidades financieras, etc. Este análisis nos llevó a buscar las causas de la crisis y nos encontramos con la desregulación financiera...

El análisis político intenta ir un poco más allá, explorando los cambios que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX y los inicios del siglo XXI: la nueva lucha de clases, en la que, como señaló un multimillonario norteamericano, están ganando los ricos; la fragmentación de la conciencia social de las “nuevas clases”; la insuficiencia de los medios de presión sindicales y de la acción política de ámbito nacional, frente al nuevo capitalismo financiero global.

En definitiva, recogemos datos, argumentos y propuestas, con la intención de entender lo que está pasando, y de contribuir a recuperar la iniciativa y la fuerza de cambio de la mayoría social; esa mayoría social que ahora está sufriendo los hachazos de una crisis cuyas causas siguen sin corregirse.

Desconfianza

Hace pocos días José Juan Toharia mostraba los datos del Barómetro de Confianza Institucional de los españoles (El País 24 de agosto 2014, pág 16).  En un solo año, entre julio de 2013 y julio de 2014, la confianza en la sanidad pública, se ha desplomado, pasando de un 73% a un 49% de aprobación. Una caída de 24 puntos, tremendo.

El deterioro de la sanidad es objetivo y la gente lo percibe (menor cobertura, aumento del tiempo de espera, desplazamiento a centros concertados en otras áreas, pérdida de personal y tiempo de atención, peores materiales de cura, repagos en medicamentos, cierre de plantas, camas en los pasillos, etc.). Este deterioro es consecuencia de los recortes y la pérdida de apoyo del gobierno de España y de algunos gobiernos autonómicos, y se traduce en preocupación (como refleja el Barómetro del CIS, comentado en otro post), y en peor valoración. Las previsiones del gobierno de recortar aún más los presupuestos sanitarios públicos (otros 10.000 millones de euros, hasta reducirlo al 5,3% del PIB en 2017) hacen presagiar un desastre (si se acabaran cumpliendo).

Estas políticas se intentan justificar con el discurso de la “insostenibilidad” del sistema, de la ineficiencia de lo público y erosionan un día sí y otro no la confianza de la sociedad. Frente a ello puede haber dos reacciones. Una,  la falta de aprecio, el rechazo a la sanidad pública y la búsqueda de alternativas privadas (el sálvese quien pueda). Pero también puede traducirse en una reacción social, ciudadana y de los profesionales sanitarios en defensa de la sanidad pública. Depende de cada uno de nosotros.