El Gobierno de Pedro Sánchez cumple su palabra y aprueba en tiempo récord una norma que recupera el derecho de todas las personas a la sanidad pública: la universalidad sanitaria.
El 31 de mayo y 1 de junio se
debatió la moción de censura al presidente Rajoy presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. La moción se centraba en la corrupción, y se presentaba a raíz de la
Sentencia 20/2018 de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, dada a conocer
el jueves 24 de mayo, que condenaba, entre otros, al Partido Popular. Aunque
era improbable que la moción fuera aprobada (el PSOE solamente cuenta con 84
diputados de 350), el socialista Pedro Sánchez fue investido presidente del
Gobierno, al lograr el respaldo de 180 diputados (PSOE, Unidos Podemos, ERC,
PNV, Compromís, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias). El 2 de junio de 2018 tomó posesión.
Conviene tener en cuenta que los
apoyos logrados para la moción de censura eran, fundamentalmente, para derribar
a Rajoy. No se apoyaba un proyecto del PSOE con un programa de gobierno
compartido por la mayoría del Congreso. Interesa tenerlo en mente para ponderar la actuación de este Gobierno en diferentes materias, durante el tiempo
que dure la legislatura. Las propuestas del Presidente Sánchez en el debate tenían
un marcado carácter progresista (en materia social, fiscal, territorial, de
derechos humanos). Y la voluntad expresada por el Gobierno es de agotar la
legislatura (las últimas elecciones fueron el 26 de junio de 2016). Pero, ¿qué
parte de esa agenda podría llevar adelante?
Por fortuna, aunque no por casualidad, una de las primeras medidas
adoptadas por el nuevo Gobierno (en menos de dos meses desde su toma de posesión)
ha sido recuperar la universalidad sanitaria, a través del RDL 7/2018, de 27 de
julio.
El objetivo de la norma es
garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a
todas las personas que tengan establecida su residencia en España,
independientemente de su nacionalidad. Así mismo, liga el reconocimiento de
este derecho a la ciudadanía y no al hecho de estar afiliado a la Seguridad
Social. Y, por eso, dicho reconocimiento será realizado por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y no por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, como disponía el 16/2012.
La nueva regulación dice:
“Son titulares del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con
nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su
residencia en territorio español” (artículo primero, uno, modificando el artículo
3.1. de la Ley 16/2003 de 28 de mayo).
El RDL 16/2012 dejaba sin atención
sanitaria a las personas no registradas ni autorizadas a residir en España. Según
el gobierno Rajoy se retiraron alrededor de 800.000 tarjetas sanitarias.
La nueva norma, el RDL 7/2018,
en su artículo primero, tres, modifica el artículo 3 ter de la Ley 16/2003,
para decir:
“Las personas extranjeras no
registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que
las personas con nacionalidad española”.
Se corrige así una injusticia.
Se revierte la involución que supuso el RDL 16/2012 y se vuelve a recuperar la
universalidad sanitaria en España, poniendo por delante los derechos humanos. Esta medida viene bien a los miles de familias que estaban desamparadas, pero nos viene bien a todas y a todos. Porque la universalidad de la atención sanitaria es más eficiente. Porque es más eficaz para afrontar problemas de salud pública. Y porque bloquea la peligrosa tendencia a reducir cobertura sanitaria (población/prestaciones/calidad) iniciada en 2012, que nos afectaría a todos en uno u otro momento.
Es un paso muy significativo. Seguramente se irán dando otros. Pero, a mi juicio, lo más importante que podía hacer este Gobierno en materia sanitaria (teniendo en cuenta las circunstancias) se ha hecho: el
reconocimiento de la atención sanitaria pública a todas las personas que
residan en España. Esta decisión, además del valor que tiene en sí misma, muestra la voluntad de priorizar en la agenda política la defensa de los derechos humanos y de apoyar una sanidad pública para todos y de calidad.
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