Por una parte, el sector público paga directamente el 50% del gasto total en investigación biomédica. Así, en la UE-28, el gasto público directo en I+D ascendió a 21.500 millones de euros (centros de investigación públicos, becas, proyectos, universidades, etc.) (1, pág. 37). A esta cantidad se debe añadir la que se aporta a las empresas a través de desgravaciones e incentivos fiscales. De esta forma, el gasto público directo en investigación es igual que lo que se gastan las compañías privadas, una vez descontados los beneficios fiscales.
Lo que no se suele decir es que, por otra parte, el dinero que gastan las empresas privadas en investigación lo pagamos también los servicios sanitarios y los pacientes con los sobre-precios de los medicamentos. Es gasto público indirecto. Y, además, lo pagamos a cuatro veces más de lo que ellas dicen que les cuesta la I+D.
En efecto, a través de los sobre-precios que fijan las empresas pagamos el coste de fabricación y un beneficio industrial, como si fueran medicamentos genéricos; y, además, pagamos los costes de la investigación, con el sobre-precio que ponen las empresas, gracias al monopolio que les de la sociedad con las patentes. Este sobre-precio es una especie de impuesto indirecto que recaudan directamente las compañías cuando pagamos los medicamentos. Pero, el problema del sistema de patentes para medicamentos es que los precios que ponen las empresas son mucho más altos de lo que sería suficiente para recuperar los gastos en investigación, que es para lo que les cedimos este "impuesto".
Veamos. En el caso de la Unión Europea-28, el pago total por los medicamentos a precio de venta de laboratorio fue de 170.535 millones de euros (en 2016). Con precios de genéricos hubiéramos pagado 70.772 millones de euros. Quiere decir que estamos pagando 99.763 millones “extra” para financiar la investigación. Pero de ese dinero las empresas solamente gastaron 26.913 millones en investigación. El resto, 72.850 millones de euros, fueron beneficios extraordinarios (1, pág. 57). Cuando las empresas argumentan que los precios de los nuevos medicamentos son muy altos porque la investigación es muy costosa, es importante que los gobiernos y la ciudadanía tengamos claro que los sistemas públicos de salud y los pacientes estamos pagando para investigación a las empresas farmacéuticas no una, sino 4 veces lo que se gastan realmente para esta finalidad.
Habría que añadir aquí que buena parte de los gastos de las empresas en investigación se destinan a investigación incremental, no innovadora, aumentando sensiblemente los precios de los medicamentos por pequeñas modificaciones que no aportan valor terapéutico añadido.
Evidentemente, el dinero excesivo que pagamos por la investigación y que se desvía a beneficios, marketing, recompra de acciones, compra de empresas, etc., no puede destinarse a otras necesidades de investigación en prevención, cuidados o intervenciones no farmacológicas, así como en desarrollo de medicamentos para problemas de salud no atendidos. Y tampoco puede destinarse a otras finalidades sanitarias y sociales (personal, equipamientos). Por eso, como el dinero no nos sobra, debemos cambiar el sistema de patentes y monopolios para medicamentos, que se justificó con la idea de que financiaría la I+D, y debemos recuperar ese dinero para seguir destinando la misma cantidad a investigación en necesidades de salud, y poder destinar las otras tres cuartas partes a otras intervenciones de prevención, tratamiento y cuidado eficientes y seguras.
1.Gálvez R, Lamata F (2019). Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Laboratorio Fundación Alternativas. Documentos. Nº 202/2019
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