El artículo muestra como en los medicamentos sofosbuvir, imatinib y trastuzumab, las compañías productoras recuperaron los gastos de investigación en menos de 3 años desde el inicio de su venta. Pero tuvieron, o tendrán, 10 años más de monopolio, permitiendo ganancias excesivas a costa del dinero de los pacientes y de los sistemas públicos de salud.
Los autores concluyen que la ampliación de los monopolios retrasa la competición y mantiene los precios elevados que deben pagar pacientes y servicios de salud, de forma injustificada. Esta situación se puede traducir en sufrimiento, retrasando el acceso a medicamentos necesarios a miles de ciudadanos en la Unión Europea, y aumento al mismo tiempo del gasto sanitario ineficiente e innecesario. En efecto, el aumento de gasto en medicamentos por precios abusivos, en un contexto de presupuestos limitados, supone disminuir el gasto en otras partidas, erosionar los sistemas de salud, aumentar las listas de espera, y deteriorar la calidad de los servicios. Así, podemos afirmar que el monopolio de medicamentos perjudica seriamente la salud.
La Unión Europea (UE) estableció el mecanismo de Certificados de Protección Suplementaria (CPS) en 1992 por la presión de las compañías farmacéuticas para aumentar sus ganancias. La misma presión llevó a que la UE apoyara la generalización de las patentes de medicamentos en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994. El CPS concede hasta 5 años más de monopolio una vez caducada la patente (hasta un máximo de 15 años de monopolio desde la autorización de comercialización).
Desde 2010 a 2016 86% de los nuevos medicamentos tienen CPS al menos en un país de la UE.
Pero ¿por qué los gobiernos conceden monopolios a las empresas farmacéuticas en forma de patentes, CPS y otras exclusividades? La justificación oficial es que es para financiar la investigación. Con el monopolio las empresas no tienen competencia y pueden poner precios más altos durante varios años, y ese sobre-precio, ese impuesto sobre el medicamento, financia “teóricamente” la investigación. Para conceder estos ingresos adicionales a las empresas, este “incentivo”, la UE y los gobiernos deberían comprobar si los precios que exigen las empresas son suficientes o son exagerados para recuperar la inversión en I+D. En todo caso, una vez recuperada la inversión, el monopolio se debería retirar. Pero la UE no hace esta comprobación. Y tampoco tiene en cuenta que la mitad de los gastos de investigación actuales son de financiación pública directa y que la investigación con financiación pública y sin ánimo de lucro genera el 75% de la innovación.
En este artículo, los autores muestran cómo en los tres casos estudiados, sofosbuvir, imatinib y trastuzumab, “los ingresos por ventas sobrepasaron la inversión de I+D de las compañías en estos productos antes de tres años desde la comercialización y más de 10 años antes de la finalización de la patente". Conviene señalar que, en el caso de sofosbuvir, si en vez de tener en cuenta la compra especulativa de Pharmaset, se considera el gasto real en I+D que se publicó en el informe Wyden-Grassley del Senado de los EEUU, dicho gasto se hubiera recuperado con creces en los primeros 6 meses de ventas.
La Unión Europea debería suprimir de forma inmediata los Certificados de Protección Suplementaria y otras “exclusividades” (monopolio) que van más allá de los acuerdos de los Aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en los que se generalizó el uso de patentes de medicamentos. Y, a medio plazo, debería apoyar la modificación del acuerdo ADPIC para prohibir el uso de patentes y otras exclusividades de medicamento, estableciendo un mecanismo alternativo para financiar la I+D de medicamentos, en línea con las recomendaciones del Panel de Expertos de la Secretaría General de Naciones Unidas, en su informe de 2016. De esta forma se dispondría de más recursos para destinar a la investigación innovadora en medicamentos, así como en políticas de prevención, promoción de la salud, cuidados, y otras intervenciones sanitarias no medicamentosas, teniendo en cuenta criterios de salud pública y no intereses comerciales. Parte del ahorro logrado se podría destinar a otras políticas sanitarias y sociales prioritarias.
1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario