Buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por invitarme a los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
Por eso es oportuno que hagamos un balance de avances y retrocesos, para fijar objetivos de futuro.
La democracia y la Constitución de 1978 dieron un impulso al reconocimiento de los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental. En 1983 surgió FEAFES, la actual Confederación Salud Mental España. Ese mismo año se constituyó la Comisión para la reforma psiquiátrica, cuyo documento final se publicó en 1985. Un año después se aprobó la Ley General de Sanidad. Fueron pasos importantes. En el artículo 20 de la citada Ley se recoge la plena integración de la atención a la salud mental en el sistema sanitario general, y se define un modelo de salud mental comunitaria.
Poco a poco se crearon centros y equipos de salud mental, así como unidades de psiquiatría en hospitales generales, y se desarrollaron, en colaboración con el movimiento asociativo, centros de rehabilitación, programas de empleo, viviendas tuteladas y otros servicios. De esta forma, muchas personas con problemas importantes de salud mental, pudieron recuperarse y viven hoy con autonomía.
Al mismo tiempo, como resultado de la reforma, se fueron cerrando camas en hospitales psiquiátricos tradicionales: de 43.000 camas en 1978 a 12.000 en 2011, una reducción del 72% en 30 años. Sin embargo, desde 2011 ese número de camas no se ha reducido. En los últimos 10 años la reforma se frenó.
¿Qué estaba pasando? Pasó que, cuando todavía estábamos a mitad de camino en dotación de recursos para desarrollar plenamente los servicios de salud mental comunitaria, en 2008 explotó la burbuja financiera de EEUU iniciando una crisis económica que arrasó el planeta. Las hipotecas basura y los productos financieros tóxicos permitieron ganar enormes sumas de dinero a los ejecutivos de los bancos y los fondos de inversión y arruinaron a millones de familias. Es la nueva economía financiera global. La revolución de los ricos, que había empezado a finales de los años 80, impulsada por el neoliberalismo. La consecuencia fue un freno a la economía real de todos los países, provocando la caída de sus ingresos fiscales. Entonces, en lugar de reformar el sector financiero y controlar los movimientos de capitales, fortaleciendo el sistema fiscal internacional y eliminando los paraísos fiscales, lo que vimos es el refuerzo de los culpables de la catástrofe. Los gobiernos decidieron rescatar a los bancos con el dinero de los contribuyentes, y, al mismo tiempo, acordaron no aumentar la deuda pública. ¿Solución?: recortar el gasto social, y dentro de él, los servicios de salud mental.
Así, entre 2009 y 2018 el Gasto Sanitario Público, ajustado por edad en euros constantes, se redujo en un 20%. En salud mental, la reducción fue todavía mayor.
Además, en 2009 la financiación sanitaria era todavía insuficiente, y no había alcanzado la media de la Unión Europea. Hoy, para poder alcanzar ese gasto deberíamos destinar un 8,3% del PIB, que supondría 100.000 millones de euros anuales, un 29% más que el gasto actual.
¿Y en salud mental? La inversión actual en servicios de salud mental en España puede estimarse en 4.000 M€, solo un 5,16% del gasto sanitario público total. Además, un 42% de ese gasto se destina a medicamentos y un 17% a hospitales psiquiátricos, que son gastos muy ineficientes. Mientras tanto, en Reino Unido, Alemania, Francia o Suecia el gasto en servicios de salud mental es el 10% del gasto sanitario total. Este debe ser nuestro objetivo: el 10% del gasto sanitario público total.
En resumen, después de importantes avances que se impulsaron gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios, de las familias y de las personas con problemas de salud mental, en los últimos diez años estamos viviendo un retroceso. No solo por los recortes y la reducción de recursos, sino también por un cambio de orientación, hacia un enfoque biológico, farmacológico, hospitalocentrista, que es ineficiente y limita la autonomía de la persona y su recuperación integral.
¿Por qué reclamamos mayor inversión en Salud Mental? ¿Es acaso un capricho? ¿Una ocurrencia de gente bienintencionada? Desde luego que no.
Decimos que es justo invertir en salud mental, porque la carga de enfermedad por salud mental supone entre el 10,5% y el 25% de la carga de enfermedad por todas las causas y solamente se le dedica un 5,16% del gasto sanitario público. Menos de la mitad.
Decimos que es necesario invertir en salud mental, porque, según la Encuesta Nacional de Salud, un 10,8% de la población presentaba problemas de salud mental en el último año y solamente la mitad, un 5,4%, habían accedido a la atención sanitaria que precisaban.
Es razonable invertir en salud mental porque el tiempo de espera para consulta en el SNS, en promedio, es de casi 3 meses. Y un 35% esperan más de 6 meses. Si en cualquier problema de salud estas esperas producen incertidumbre y dolor, en Salud Mental, además pueden suponer el abandono, o un agravamiento que hace mucho más difícil la recuperación.
Es preciso invertir en salud mental, porque, por falta de acceso a servicios de salud mental comunitarios y a programas de prevención, la tasa de ingresos hospitalarios ha aumentado un 31% en los últimos 10 años.
Pensamos que es más eficiente invertir en salud mental, porque los estudios muestran que, por cada euro invertido, se recuperan cuatro o cinco en bienestar social y productividad económica.
Es urgente invertir en salud mental porque la esperanza de vida al nacer de las personas con problemas de salud mental es 10 a 20 años menos que la media de la población, debido a su dificultad de acceso a los servicios sanitarios para prevenir o tratar otros problemas de salud.
Nos interesa invertir en salud mental, porque tú o yo, o una persona de nuestra familia padece o va a padecer a lo largo de nuestra vida un problema de salud mental y entonces, quizá, lleguemos tarde.
Y afirmamos que es una exigencia moral invertir en salud mental, porque sabemos que cada día 10 personas deciden quitarse la vida en nuestro país. Cada día. Y en muchos casos, esos suicidios, se podían haber prevenido o evitado disponiendo de los medios adecuados.
¿No les parecen razones suficientes, razones de peso?
Amigas y amigos, la pandemia de la COVID-19 declarada en marzo de este año está suponiendo un nuevo golpe a la humanidad, un tremendo desafío. Más de un millón de muertos, más de 35 millones de personas contagiadas, y un enorme impacto negativo a la economía española e internacional. En esta nueva crisis las personas con problemas de salud mental sufren sus consecuencias de manera más dura: incertidumbre, aislamiento, depresión y ansiedad, nuevos recortes de programas sociales y más retrasos en la atención... No podemos permitir que la pandemia sea una coartada para reducir los derechos humanos y debilitar más la sanidad pública. Por el contrario, debería ser una oportunidad para reforzar los servicios sanitarios públicos, y reforzar la solidaridad, porque solo juntos podremos superar este desafío.
Debemos recuperar y consolidar el SNS y, en ese proceso, es necesario reivindicar que se priorice de forma muy exigente el desarrollo de los servicios de salud mental. Eso significa incrementar el gasto sanitario público en salud mental hasta 8.000-10.000 M€ anuales. Se podrá decir: es mucho, es una utopía. Pero ¿no es acaso lo justo? ¿no vemos que invertimos la mitad que lo que corresponde por carga de enfermedad?, ¿no vemos que la mitad de la gente que lo necesita no puede acceder a los servicios? ¿no vemos que en los países avanzados de la UE gastan el doble en salud mental?
Pero no solo reclamamos más recursos. Reclamamos que se orienten mejor. Reivindicamos programas de prevención, porque más vale prevenir que curar. Reivindicamos el modelo de atención comunitaria, porque es más eficiente. Queremos recibir la formación y apoyo necesarios para gestionar nuestros procesos de salud y enfermedad con autonomía. Es preciso mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, y con los servicios sociales. Garantizar la equidad entre Comunidades Autónomas. Dotar equipos de salud mental y de tratamiento asertivo comunitario completos por cada 40.000 habitantes. Incorporar el enfoque de género. Cerrar definitivamente los hospitales psiquiátricos tradicionales, y erradicar las prácticas de contención involuntaria, aquí y en todo el mundo. Garantizar alojamientos en viviendas o residencias con la dotación adecuada, evitando la re-institucionalización. Dotar servicios y programas comunitarios para rehabilitación, entrenamiento laboral, y apoyo en el empleo. Reducir el gasto en medicamentos un 50%, mediante reducción de los precios abusivos y de prescripciones inadecuadas. Reducir la tasa de ingresos hospitalarios. Y desarrollar programas específicos para las personas recluidas en prisiones, así como para las personas sin techo con problemas de salud mental y elaborar un informe anual para evitar que la vulneración de los derechos humanos de estas personas sea “invisible”.
Nos dirán: todo eso está muy bien, pero, ¿de dónde podemos obtener los recursos para desarrollar estos programas?
La única forma de poder garantizar los derechos humanos, y especialmente los derechos sociales, como la atención sanitaria, son los impuestos justos y progresivos. Es decir, aportar todos en función de nuestra renta, de nuestros ingresos y nuestra riqueza. Lo demás es engañarnos. Sin impuestos justos no hay derechos sociales.
Si comparamos los ingresos públicos anuales de los países de la Unión Europea y de España en 2019, vemos que los países de la Unión Europea recaudaron en promedio el 46,2% del PIB, algunos hasta el 52%. En España solamente recaudamos el 39,1%. Si lo hiciéramos tan bien como la media de los países de la UE, recaudaríamos 7,1 puntos más sobre el PIB, es decir: 89.000 M€. Este es el boquete fiscal. Cuatro veces más de lo que necesitamos para completar los presupuestos de la sanidad pública.
Pero, además, se debería reducir parte del gasto en la deuda pública injusta. La deuda pública española se duplicó desde 2010, por culpa de los rescates bancarios. Y cada año gastamos 100.000 millones de euros para pagar esta deuda. ¿No os parece que debería pactarse una reducción significativa de esta carga inmoral? Al menos deberíamos intentarlo.
Amigas y amigos, en los últimos 10 años hemos vivido un deterioro de los servicios públicos, gota a gota, milímetro a milímetro. Y vamos aguantando creyendo que debe ser así, que no hay otro remedio. Casi-casi volviendo a pedir limosna a los gobiernos y a las grandes corporaciones. La pandemia es otro golpe importante, inesperado. Las grandes fortunas han reaccionado defendiendo sus posiciones, y su riqueza ha aumentado un 27% desde el mes de mayo. Por ejemplo, en las vacunas para la COVID, han logrado forzar a los gobiernos para que concedan patentes, y hagan compras anticipadas, en lugar de una vacuna universal, de todos, sin patente y a precio de coste. Pero nosotros sabemos que sí puede ser de otra manera. Nosotros hemos vivido en primera persona un cambio de la psiquiatría manicomial a la salud mental comunitaria. Es verdad que no está completamente desarrollada, y que en algunos sitios está bastante maltrecha, pero sabemos que es posible. Sabemos también que los recursos están, pero que se los llevan otros, más fuertes.
Tenemos pues que sumar fuerzas, tenemos que agruparnos, cargarnos de razón, e insistir una y otra vez en que es posible una buena atención a la salud mental, y que existen los recursos para ello.
De hecho, gracias a vuestro esfuerzo, en estos años de crisis, aunque con retrocesos, hemos vivido también muchos avances importantes, experiencias que nos animan a seguir adelante. Uno de los aspectos que más valoro es la evolución y el trabajo de la Confederación Salud Mental España y de todas las federaciones autonómicas y asociaciones provinciales. Y para mi tiene especial importancia el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, surgido en 2009. Conocer a estos expertos, personas que han superado su problema de salud mental, y que tienen fuerza para llevar una vida autónoma y liderar un proyecto de cambio en el movimiento asociativo, haber conocido a personas como Luis, Vicente, Basilio, Elena, José Luis y tantas y tantos otros luchando por cambiar las cosas, es la mejor razón para que sienta que podemos, y que vamos a ganar este reto. Porque ellas y ellos tienen dos certezas: primera, la condición humana se adquiere cuando se dignifica la salud mental, nunca antes, y segunda, nuestro mayor enemigo es la inacción.
El cantor Horacio Guaraní escribió estos versos:
Si se calla el cantor calla la vida,
porque la vida, la vida misma es todo un canto
Si se calla el cantor, muere de espanto
la esperanza, la luz y la alegría
...
Qué ha de ser de la vida si el que canta
no levanta su voz en las tribunas
por el que sufre,
por el que no hay ninguna razón
que lo condene a andar sin manta
...
Yo estoy seguro de que la Confederación Salud Mental España seguirá levantando su voz, firme y serena, como lo hizo José María Monge, como lo hace Nel, como lo hacéis todas y todos vosotros defendiendo los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Así que ánimo, a seguir adelante y feliz Día Mundial de la Salud Mental.
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