En la última oleada del Barómetro Sanitario, realizada por el CIS para el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2022 (1), vemos que, en los últimos 12 meses, un 4,2% de la población dejó de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública, porque no se lo pudo permitir por motivos económicos (pregunta 12). Este porcentaje, referido a la población española (47.615.053, INE, julio 2022), supondría que cerca de 2 millones de personas no pudieron acceder al medicamento que necesitaban por no poder pagarlo.
Dicen que la proporción de gasto farmacéutico que pagamos a través de los copagos es relativamente baja. Pero, aún así, no deja de ser una barrera al acceso en el momento de necesitar ese servicio, y, para miles de personas, es una barrera insuperable. La sanidad pública se debe financiar con impuestos justos, a través de un sistema progresivo en el que cada cual paguemos según nuestro nivel de renta y nuestro patrimonio. En el momento de necesitar un medicamento, éste debe ser gratuito para todas las personas. Si proclamamos que la sanidad es un derecho humano, entonces no hay derecho a que 2 millones de personas no puedan comprar el medicamento necesario.
Es preciso analizar en detalle esta situación y corregirla. Debemos tender a reducir y eliminar los copagos en sanidad, ya que discriminan a las personas más enfermos, a las más mayores, y a la que tienen menos posibilidades económicas. No es justo.
Al mismo tiempo sabemos que estamos pagando un precio abusivo por muchos medicamentos: 10.000, 100.000, 1.000.000 de euros por medicamentos que cuestan 10, 100, 1.000 veces menos. El exceso que pagamos en España por sobre-precios abusivos es de más de 8.000 millones de euros anuales. Ese dinero que damos a algunas empresas farmacéuticas, sin justificación, debería servir para que las personas que necesitan un medicamento no tuvieran que pagar copagos, además de lo que ya pagaron a través de los impuestos. Ese dinero debería ir también a contratar más profesionales sanitarios, garantizar estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, e invertir en prevención y en promoción de la salud. De esa forma se podría reducir el uso de medicamentos y frenar la sangría que supone para el sistema sanitario. En 2022 el gasto farmacéutico está creciendo un 5,17% (datos del Ministerio de Hacienda hasta septiembre) (2); esto supondría unos 1.000 millones de euros más anuales, alcanzando este año los 22.000 millones de euros. Con esos 1.000 millones se podrían haber contratado más de 15.000 profesionales de medicina, enfermería y otros, para recuperar la calidad de la atención sanitaria y evitar la medicamentalización innecesaria.
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