La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis mundial sin precedentes. Por primera vez hemos comprobado cómo un simple virus puede paralizar países enteros. Más de la mitad de la humanidad ha sido confinada simultáneamente durante varias semanas. Millones de personas se han contagiado y cientos de miles han fallecido. Y, en los momentos más agudos, los sistemas sanitarios de algunos países, como España, se vieron desbordados, convirtiendo hospitales generales enteros en “hospitales COVID”, con las UCIs saturadas, el personal sanitario agotado, con muchos profesionales contagiados y muchos fallecidos. El impacto en la economía española y mundial es mayor que el de la crisis financiera de 2009. La retransmisión diaria, en directo, por medios de comunicación y redes sociales, de imágenes y noticias de todo el mundo afectado por la COVID, nos ha hecho sentir unidos frente a la misma adversidad. Vulnerables frente al mismo adversario.
La dimensión del problema sanitario exigió respuestas inmediatas a los profesionales de primera línea. Entre tanto, los investigadores comenzaron a trabajar para encontrar tratamientos eficaces y seguros, y nuevas vacunas, en centros públicos y privados, financiados, en buena parte, con fondos públicos.
Y aquí se plantea un dilema ético a los gobiernos. Si se descubren tratamientos eficaces y seguros, o si se descubre una vacuna efectiva, ¿debe ser para todo el mundo, o debe ser para los más ricos? ¿deben tener precio de coste, o pueden tener sobre-precios, protegidos por patentes y monopolios? ¿debe ser una vacuna de la gente, sin patente, o podemos aceptar que sea de una corporación privada que busque su ganancia habitual?
Hemos leído declaraciones de líderes, como las del Presidente francés, Sr. Macron, defendiendo que la vacuna debe ser un bien público, fuera del mercado.
https://www.abc.es/sociedad/abci-macron-advierte-sanofi-vacuna-contra-coronavirus-sera-bien-publico-fuera-mercado-202005141648_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
O las de Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, compartiendo esa misma opinión.
https://www.moncloa.com/sanidad-vacuna-bien-publico-toda-poblacion/
Conocemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. En su artículo primero, la Declaración señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
La carta fundacional de la OMS, suscrita también por la mayoría de Estados del planeta, establece que todos los países deben ofrecer el más alto nivel de salud como un derecho fundamental de todo ser humano.
Sabemos que, para muchos europeos, su fundamento moral es el humanismo cristiano, que enseña que todos somos hermanos, y que la guía de conducta es amar al prójimo como a uno mismo, mostrándonos magistralmente esta forma ética de actuar en la parábola del buen samaritano.
El 14 de mayo, un grupo de más de 140 líderes de diferentes países, encabezados por los presidentes de Sudáfrica, Pakistán, Ghana y Senegal, reclamaron en una carta abierta, dirigida a todos los gobiernos del mundo que se iban a reunir en la Asamblea Mundial de la OMS, una “vacuna de la gente” para la COVID-19. Una vacuna disponible para todos, en todos los países y libre de pago en el momento del uso. Reclaman que la vacuna esté libre de patente, permitiendo así una producción masiva a precio de coste, para lograr que esté disponible para todos. “No podemos aceptar que los monopolios, la competencia bruta y un nacionalismo miope se interpongan en el camino”.
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/may/20200514_covid19-vaccine-open-letter
Se pide en la carta que se comparta la información científica sobre las tecnologías COVID (pool obligatorio de patentes) para poder fabricar el producto en todas partes a precio de coste. Y es que “nadie debe ser relegado al último puesto de la cola para la vacuna por el lugar donde vive o por lo que gana”, como afirma el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa.
Para enfrentar a esta crisis sin precedentes, insiste Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, “no podemos seguir actuando como siempre” (business as usual). “La salud de cada uno de nosotros depende de la salud de todos nosotros”. La vacuna debe pertenecer a todos. No bastan discursos diplomáticos, necesitamos garantías legales, y las necesitamos ya”.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la crisis, a pesar de que nos afecta a todos y de que solo se resolverá si la afrontamos juntos, a pesar de los derechos humanos y del humanismo cristiano, las cosas se están haciendo de otra manera. Los gobiernos están tomando decisiones que no siguen el criterio ético de que todos tenemos derecho a la salud, sino el de “sálvese quien pueda”.
Así, el 15 de marzo de 2020 se conoció que Trump trataba de comprar, en exclusividad, una vacuna para la COVID 19 de la compañía alemana CureVac. Según el periódico Velt am Sonntag, la oferta era de 912 millones de euros. Poco después, el Ministro alemán de salud, Jens Spahn, afirmó que esta propuesta se había retirado y que CureVac desarrollaría vacunas para todo el mundo.
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1100
La carrera para asegurarse la compra de vacunas había comenzado. Y sigue.
El 20 de mayo, el Departamento de Salud de EEUU anunciaba que habían llegado a un acuerdo con AstraZeneca para recibir 300 millones de dosis de su vacuna AZD1222, y que recibiría las primeras dosis en octubre de 2020. A través de la Autoridad para investigación y desarrollo biomédico avanzado (BARDA), AstraZeneca recibiría 1,200 millones de dólares. El ministro de salud de EEUU decía “Dar la vacuna al público americano tan pronto como sea posible es parte del programa del Presidente Trump”.
https://www.hhs.gov/about/news/2020/05/21/trump-administration-accelerates-astrazeneca-covid-19-vaccine-to-be-available-beginning-in-october.html
La vacuna de AstraZeneca ha sido desarrollada en la Universidad de Oxford, con importantes fondos públicos. También las otras vacunas o medicamentos en estudio han recibido para su investigación cuantiosas ayudas de dinero público de diferentes países.
El 22 de julio, el gobierno de EEUU anunció un contrato de casi 2.000 millones de dólares con Pfizer y BioNTech, una empresa alemana, para acelerar el desarrollo de la vacuna y asegurarse los primeros 100 millones de dosis, que llegarían en diciembre, a 20$ la dosis. Además, adquieren el derecho a comprar otros 500 millones de dosis.
https://www.nytimes.com/2020/07/22/us/politics/pfizer-coronavirus-vaccine.html
Por otro lado, Moderna, otra empresa farmacéutica, recibió 483 millones de dólares del gobierno de EEUU para el desarrollo de su vacuna.
Los países de la Europa rica no se podían quedar atrás en esta carrera.
El 13 de junio, la Alianza para la compra de Vacunas formada por Francia, Alemania, Italia y Holanda, había llegado a otro acuerdo con AstraZeneca para el suministro de 400 millones de dosis de su vacuna. Esta Alianza, se decía en el comunicado, trabajaría con la UE y otros países europeos para asegurar que todos en Europa tengan acceso a la vacuna.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines/astrazeneca-agrees-to-supply-europe-with-400-million-doses-of-covid-19-vaccine-idUSKBN23K0HW
El ministro de sanidad italiano, Roberto Speranza, justificaba su actitud diciendo que “muchos países en el mundo han asegurado ya el suministro de vacunas. Europa todavía no”. Aquí ya no se hablaba de la vacuna como Bien Público, de la vacuna de la gente y para todos. En las declaraciones tampoco se recogía que la posible vacuna debería ser con licencia no exclusiva y a precio de coste.
Pocos días después, el 19 de junio los gobiernos de España y otros países de la UE reaccionan y acuerdan con la Comisión Europea que sea ésta la que negocie la compra anticipada de vacunas frente a la COVID-19 en nombre de todos (los ciudadanos de la UE27; los otros hermanos, ciudadanos del mundo, no figuran en los compromisos).
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/190620-covid-vacunas.aspx
No se conoce que ningún gobierno haya dado instrucciones a la Comisión Europea para garantizar la “no exclusividad” de las licencias, para producir sin limitación genéricos a los precios de coste, pagando aparte los costes de I+D que correspondieran a través del fondo de Respuesta Global de la UE u otros fondos globales creados para la COVID.
Posteriormente, el 28 de julio la Comisión Europea informa de la firma de un contrato con Gilead para asegurar dosis de Veklury (remdesivir). Veklury es el primer medicamento autorizado en el ámbito europeo por la EMA, para el tratamiento de algunos pacientes afectados de síntomas severos de la COVID-19. La Comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, dice en un comunicado que, en las últimas semanas, la Comisión ha estado trabajando sin descanso con Gilead para alcanzar un acuerdo que asegure que stocks de remdesivir se envían a la UE, para miles de pacientes. La Comisión pagará 63 millones de euros para 30.000 tratamientos, a 2.100 euros / tratamiento. Está previsto que se firmen nuevos pedidos.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1416
El precio está muy por encima de los costes (2.100 euros frente a 6 euros, 350 veces más. Es como si nos pidieran 350 euros por un kilo de arroz). Es un precio abusivo. “Business as usual”. Pero, a pesar de eso, teniendo en cuenta el pánico y la presión social, los inversores piensan que todavía podían ponerse precios más altos y, según The Intercept, los banqueros de inversión presionaron a las empresas farmacéuticas para considerar las formas de obtener más ganancias con la crisis de la COVID-19.
https://theintercept.com/2020/03/19/coronavirus-vaccine-medical-supplies-price-gouging/
En una comparecencia ante el Congreso, el ministro de salud norteamericano, Sr Azar, antiguo directivo de una empresa farmacéutica, rechazó la idea de que cualquier vacuna o tratamiento para la COVID-19 debiera tener un precio asequible. “Nosotros querríamos asegurar que trabajamos para hacer los precios asequibles, pero no podemos controlar los precios, porque necesitamos que el sector privado invierta”. Es decir, el precio lo fijan las empresas, independientemente de los costes de los productos y de la investigación. “Business as usual”.
La Comisión anunció en un comunicado el 31 de julio que había concluido conversaciones con Sanofi-GSK para un Acuerdo de compra anticipada de la vacuna que están desarrollando. Se trata de una reserva para que los Estados Miembros puedan comprar hasta 300.000 dosis. La Presidenta de la Comisión, von der Leyen, dice que están en conversaciones avanzadas con otras compañías. No hay mención a que las vacunas sean un Bien Público, a que sean a precio de coste, o a que, en caso contrario, se usarían licencias obligatorias. “Business as usual”.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1439
Para el resto, para los “países más vulnerables”, hay también unas palabras en el Comunicado de la UE. La Presidenta dice que “estamos comprometidos a asegurar el acceso a estos países”. Pero, de momento, la reserva de vacunas es para los países de la UE.
Hay quien pensó que, en esta crisis, al enfrentar esta pandemia, las empresas farmacéuticas actuarían de otra forma, que aceptarían renunciar a la licencia exclusiva y al monopolio de su producto, permitiendo la fabricación de genéricos de forma inmediata. Pero, como se ve, no ha sido así. Era esperable, porque son empresas movidas por el ánimo de lucro y buscan maximizar los beneficios en cualquier circunstancia.
Pero, lo que llama más la atención es que los Gobiernos europeos actúen de la misma manera. A pesar de las declaraciones y de las llamadas de distintos líderes y organismos planteando actuar de otra forma, siguen actuando como siempre: business as usual. Buscan solucionar el problema de cada país o de los 27 países UE, reservando sus vacunas, olvidando exigir un trato igual para todos los países del mundo. No se atreven a no conceder patentes para la COVID-19 o a retirarlas. No plantean el uso de licencias obligatorias. Aceptan pagar precios muy por encima de los costes de fabricación. No exigen condiciones de interés público por las enormes inversiones y ayudas para la investigación realizadas en universidades, institutos de investigación y empresas. Y no hacen transparentes sus acuerdos con las empresas. ¿Por qué?
Se me ocurren tres posibles razones: Porque no saben, no pueden, o no quieren. La primera, no saben, es poco probable. En los equipos de los Gobiernos hay personas que conocen alternativas, porque se han planteado públicamente, como hemos visto y luego comentaré. No pueden. Esta razón es plausible. El equilibrio entre gobiernos y grandes corporaciones se rompió hace tiempo por culpa de los monopolios que crean las patentes. Esos monopolios han permitido que las grandes corporaciones tengan enormes ganancias (muy por encima de la media de otros sectores industriales) lo que facilita cuantiosas inversiones en marketing y acciones de presión en la opinión pública. Los gobiernos pueden pensar que, en momento de crisis, no tienen capacidad de afrontar una tensión con instituciones económicas tan fuertes. La opinión pública, piensan, podría orientarse rápidamente en la dirección de exigir a su gobierno que resuelva los problemas locales a corto plazo, sin importar lo que ocurra en otros países y con otras personas, sin tener en cuenta que así se elevan los gastos injustificadamentes y se pone en riesgo el futuro de la sanidad pública. La oposición política puede presionar en la misma dirección. La actitud de algunos gobiernos, como EEUU, claramente contrario a considerar que cualquier tecnología para la COVID-19 sea un bien público, y decidido a asegurar las vacunas para el pueblo americano, “fuerzan” a la UE a buscar contratos de reserva anticipada de vacunas para los países de la UE. La tercera razón también puede ser: no quiero. Sé como hacerlo. Tendría fuerza y capacidad para hacerlo, ya que existen las herramientas jurídicas y podría lograr el apoyo social para adoptar esas medidas en esta situación excepcional. Pero no quiero. No me interesa abordar este conflicto. Prefiero abordar otros problemas menos complicados. Que lo haga otro primero. Nadie me asegura que salga bien.
Entiendo que sea muy difícil. Pero el dilema ético que afrontamos: vacuna para todos o sálvese quien pueda, debería animarnos a intentarlo.
Una estrategia distinta, que facilitaría el acceso global a todos los países, ricos y pobres, sería que se exigiera que la vacuna tenga licencia no exclusiva, permitiendo la fabricación de genéricos de forma inmediata y a precio de coste. O, en caso contrario, que se aplicara licencia obligatoria por parte la UE y sus países miembros.
Al mismo tiempo, se debería exigir la transparencia en los costes de investigación soportados directamente por las empresas (descontando las inversiones públicas directas e indirectas), para poder establecer un mecanismo de pago justo de esa investigación. Se podría usar un fondo global, como el fondo de Respuesta Global para la COVID de la UE, o el fondo ACT accelerator, en el que participan varios países de la UE, etc.
Esta estrategia estaría en la línea de lo demandado por el documento “Hacer la vacuna frente a la COVID-19 un bien común global”, una petición organizada por Muhammad Yunus y otros 24 Premios Nobel, 38 expresidentes y primeros ministros de países, y más de 100 artistas, activistas sociales, líderes religiosos, académicos y otros.
https://vaccinecommongood.org
Se pide el derecho de todas las personas a acceder a la vacuna de forma gratuita, para garantizar el derecho a la salud. Se plantea una remuneración justa, razonable, de los costes reales de la investigación que hubieran realizado las empresas, para lo que debe haber una información transparente. De esta forma, los resultados de la investigación estarían en el domino público, acelerando la propia investigación, y la fabricación de los productos. Y, en tercer lugar, se pide un mecanismo de gestión, a través de la OMS, con un Plan de Acción.
En la misma dirección, de considerar bien público el tratamiento de la COVID-19, va lo que señala Public Citizen respecto al remdesivir, teniendo en cuenta la inversión pública en la investigación y desarrollo de este medicamento de cara a su utilización en la Covid-19.
https://www.citizen.org/news/remdesivir-should-be-in-the-public-domain-gileads-licensing-deal-picks-winners-and-losers/
Esta puesta en común de las patentes y tecnologías frente a la COVID-19, por parte de países y empresas, encaja en la iniciativa lanzada desde la OMS: COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP). “El conocimiento compartido reforzará nuestros esfuerzos colectivos para acelerar los avances científicos y compartir los beneficios de su desarrollo, basándonos en el derecho a la salud”.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
Otras voces han planteado líneas de acción en el mismo sentido. Así, un grupo de Miembros del Parlamento Europeo, en carta a la Presidenta de la Comisión Europea del pasado 27 de marzo, encabezada por Margrete Auken, muestran su exigencia para que tecnologías cuya investigación y desarrollo han sido financiados con fondos públicos, sean accesibles y asequibles para los ciudadanos de Europa y de más allá, libres de pago en el momento del uso. “Los esfuerzos de la Unión Europea tienen que estar guiados por nuestros valores fundacionales de dignidad humana y solidaridad, dentro de la Unión y con el resto del mundo”.
Los firmantes señalan que la inversión de la UE en proyectos de investigación no está incluyendo requisitos de interés público, para asegurar que los resultados van a quedar en el dominio público y que los productos serán accesibles y asequibles para los pacientes que los requieran. “No debemos permitir que, en esta situación crítica, corporaciones privadas que desarrollan tecnologías médicas con la financiación de la UE pongan la maximización de las ganancias por encima de las consideraciones de salud pública”. “Conceder monopolios u otros derechos de exclusividad a corporaciones privadas puede resultar en precios injustificadamente altos”, y crear dificultades para que las empresas respondan a la demanda de cualquier medicamento desarrollado en la cantidad y con la rapidez necesaria, al formarse embudos en el proceso de fabricación debidos a la exclusividad. “Aplicar un enfoque “business as usual” supone una pérdida de recursos públicos y una negligencia de parte de las instituciones europeas que tienen la responsabilidad de proteger la salud pública y ejercer la solidaridad con sus Estados Miembros y con el resto del mundo”.
Estos parlamentarios europeos piden a la Comisión que tome las medidas oportunas para que se evite la exclusividad y los monopolios en cualquier tecnología frente a la COVID-19. Le exigen transparencia en los procesos de I+D financiados con fondos públicos, garantizando que los productos finales son accesibles y asequibles. Y le urgen a tomar medidas para crear mecanismos de gobernanza global que permitan acceder a las vacunas y los medicamentos necesarios, en cualquier lugar del mundo, en función de la necesidad.
https://haiweb.org/wp-content/uploads/2020/03/MEP-Covid-Letter-March-2020.pdf
En la misma dirección va la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio
Sobre la estrategia de salud pública de la UE después de la COVID-19. La resolución se aprobó por 526 votos a favor, 105 en contra y 50 abstenciones. Entre otras recomendaciones, se pide a la Comisión y a los Estados Miembros que se garantice el acceso asequible en todo el mundo a futuras vacunas y tratamientos. Para lograr ese objetivo se propone apoyar la puesta en común de los conocimientos para el acceso a las tecnologías (es decir, renunciar a las patentes exclusivas o compartirlas), a través del C-TAP de la OMS; fomentar la investigación coordinada, colaborativa y abierta en la UE; incorporar cláusulas de interés público en las inversiones públicas en I+D y otras inversiones públicas (como transparencia, asequibilidad y licencias no exclusivas para los productos finales).
En caso de que no se compartan las vacunas, las terapias o los conocimientos pertinentes, dice la resolución del PE, se debería utilizar la licencia obligatoria. Y, entre tanto, se deberían estudiar alternativas para la financiación de la I+D en salud, distintas de las patentes y desvinculadas de los precios de los medicamentos.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_ES.html
Es decir, otras estrategias distintas al “sálvese quien pueda” que están aplicando los gobiernos, son posibles. La Comisión Europea y los 27 Países Miembros, tienen fuerza bastante para cambiar de dirección y fijar una estrategia que nos garantice el acceso a las vacunas y los medicamentos, ahora y en el futuro, a nosotros y a todas las personas en todo el mundo. Muchas personas e instituciones en EEUU y en otros países apuestan también por este nuevo rumbo.
Pero, para que los gobiernos se muevan en esa dirección y no sigan en la inercia marcada por la industria farmacéutica y para que la presión de los inversores y su interés de ganancia máxima en el corto plazo no sea la que decida quién se vacuna o no y cuánto hemos de sacrificar injustamente en precios abusivos, tenemos que movernos.
¿Y, por qué tengo yo que moverme, por qué tengo que opinar, que decir algo sobre esta cuestión?
Si creemos realmente que todos los seres humanos somos iguales, hermanos, titulares del mismo derecho a la salud y a la vida.
Si queremos poder mirar a los ojos a los niños y las niñas de África, de América Latina, de Asia, de Europa, de Oceanía, a sus madres, y a nuestros hermanos, sin avergonzarnos.
Si nos repugna tener que decir, lo siento mucho, mi gobierno ha protegido mis derechos, yo estoy dentro del barco, tú te quedas fuera esta vez, si puedo te echaré un salvavidas, pero si te ahogas no quiero verlo… lo siento…
Si no es suficiente con que exPresidentes y Premios Nobel firmen manifiestos.
Si nos sentimos corresponsables de una situación que no es justa, que no es ética, que no es humana: yo tengo mi vacuna reservada, lo que a ti te pase no es mi problema.
Podemos decir a nuestro gobierno y al de la UE: O todos o ninguno; queremos una vacuna frente a la COVID sin patente, con licencia no-exclusiva, asequible a todos en todo el mundo. No queremos tickets de primera y de segunda en la cola de la vacuna de la COVID-19. Somos iguales en dignidad y en derechos, y todos debemos poder vacunarnos o recibir tratamiento cuando lo necesitemos. La pandemia afecta a todo el mundo. El derecho a la salud es un derecho humano. ¿Qué criterio ético hay para que yo me salve y mi hermano pueda morir por falta de acceso a la vacuna o el tratamiento?
No debemos quedar indiferentes. Debemos reaccionar ante una injusticia que sí tiene solución. Porque todos cabemos en el barco. Y lo sabemos.
En un reciente artículo publicado en The Lancet, Wendy Rogers, profesora de Ética Clínica, se preguntaba por los límites de la responsabilidad de la profesión médica en cuestiones éticas globales. Pone el ejemplo del tráfico de órganos y del cambio climático. También podemos aplicar esta reflexión al tema de la política farmacéutica en el caso de la COVID-19. Más allá de nuestra responsabilidad en el acto de prescripción, ¿tenemos alguna responsabilidad en el sistema de fijación de precios, o en el sistema de patentes para financiar la investigación, o en que, por efecto de estos sistemas, millones de personas no tengan acceso a reservar vacunas (como sí estamos haciendo en la UE y en EEUU)? ¿Debemos opinar sobre si las vacunas para la COVID tienen que ser un bien público, libre de patente, para que puedan distribuirse a coste de fabricación, a todas las personas, en todo el mundo, remunerando aparte el coste de la investigación desde los fondos globales creados para la COVID? La autora entiende que sí, que los médicos están en una buena posición para poder influir en la opinión pública, en las autoridades, en las corporaciones, presionando para cambiar la legislación y llamando la atención sobre la vulneración de los derechos humanos.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31643-3/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Como mínimo tenemos una obligación de señalar, de denunciar, como sugiere la filósofa Holly Lawford-Smith, citada por Rogers: “En una situación donde la acción del individuo puede parecer fútil o quijotesca, los individuos tienen, al menos, una obligación de señalar”.
Y ¿qué podemos señalar los ciudadanos sobre la vacuna para la COVID-19? Quizá sea útil recordar aquí la respuesta de Jonas Salk cuando le preguntaron de quién era la vacuna frente a la polio: “De la gente, digo yo. ¿Se puede patentar el sol?”.
