En el libro Crisis (esta crisis) y Salud
(nuestra salud) [1] llamábamos la atención sobre la disminución de las
medicinas dispensadas por las farmacias a cargo de la sanidad pública como consecuencia del aumento del pago exigido al paciente en el momento de comprar la medicina (repagos) y por la des-financiación de algunos medicamentos eficaces: un 11,68%
menos entre 2011 y 2013 (113, 6 millones de recetas menos). Es posible que antes parte de las medicinas no estuvieran bien indicadas,
pero seguramente otras eran necesarias. Nosotros nos preguntábamos: “¿Cuántos de esos miles de medicamentos que
dejaron de prescribirse o retirarse de las farmacias eran necesarios pero el
paciente no podía pagarlos?”.
La Cruz Roja nos da la respuesta en su Boletín
nº 9 sobre la Vulnerabilidad Social dado a conocer el jueves 13 de noviembre
[2]. Durante el último año, de las personas atendidas por ellos, 840.000 personas confesaron tener
dificultades económicas para cubrir gastos relacionados con su salud,
principalmente para pagar las medicinas.
A estos hay que añadir aquellos cientos de
miles de personas a los que se les ha quitado la tarjeta sanitaria por ser
extranjeros.
Es una lacra para nuestra conciencia saber que
hay a nuestro lado personas que no pueden pagar las medicinas, cuando la renta
de este país, de más de 1 billón de euros, más de 20.000 euros por persona,
permitiría financiar una sanidad completa y de calidad para todos, y sin
repagos. Ese dinero que se quita a la sanidad, a la educación, a los servicios
sociales, etc., se lo llevan las personas de rentas más altas y las grandes
corporaciones que no pagan impuestos, favorecidos por un sistema fiscal regresivo, donde pagan más los que menos tienen, creando un boquete en los ingresos de
más de 80.000 millones de euros cada año. El dinero para pagar esas medicinas
(y mucho más) está, pero se lo quedan otros. Los más poderosos. Es una injusticia
flagrante que no debemos permitir.
Conviene recordar que la Constitución Española
dice lo siguiente:
Art.128, 1. Toda la riqueza del país en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad está al servicio del interés
general.
Art.31.1. Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Art.43.1. Se reconoce el derecho a la
protección de la salud.
Viendo el informe de la Cruz Roja ¿cree el
Gobierno que estos tres artículos se están cumpliendo? ¿Acaso debería también
aquí el Gobierno ordenar actuar a la fiscalía? Entre tanto, debemos alzar
nuestra voz los ciudadanos, los colegios profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos y los partidos políticos progresistas, porque esta injusticia es intolerable.
Niños que pasan hambre, niños desnutridos, niños que no pueden comprar los libros, niños que no pueden comprar ni los lapiceros. Inmigrantes a los que quitaron la tarjeta sanitaria y ya no reciben atención médica. Familias desahuciadas de sus casas. Familias que pasan frio porque no pueden pagar la calefacción ni la luz. Familias que viven a oscuras. Enfermos que ya no pueden pagar sus medicinas. Abuelos que con su paupérrima pensión alimentan a sus hijos y a sus nietos... y así hasta el infinito de las miserias. Cómo, en tan poco tiempo, se puede hacer un daño tan grande!!!!! Gracias, Fernando, por abrirnos los ojos y por denunciar con valentía esas aberraciones!!!! Abrazo. Rafael C.
ResponderEliminarGracias a ti Rafa, por tu mirada profunda sobre África en vuestra última película "Cine para África", y por tu permanente compromiso sobre nuestro país
ResponderEliminar