El Barómetro Sanitario elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vuelve a mostrar en su primera encuesta de 2022 un importante problema de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).
La pregunta 12 dice así:
“En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?”
A esta pregunta responden afirmativamente el 2,4% de las personas encuestadas. Este porcentaje equivale a 1.135.000 personas en toda España (1). Es decir, por dificultades económicas, más de un millón de personas no pudieron tomar las medicinas que, a juicio de sus médicos, necesitaban. No pudieron afrontar el copago, o no pudieron pagar el precio de una medicina a la que se le ha quitado la financiación pública (100% de copago).
Imagínese que fuera usted una de estas personas. ¿Cómo se sentiría? Tener que dejar de tomar su medicina para poder pagar la factura de la luz, o la comida, o el alquiler de la casa, o poder dar una ayuda a sus hijos. No es una situación justa, ya que nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud.
Puede que, a consecuencia de no tomar la medicación necesaria, su salud empeore y su calidad de vida se deteriore. Y, quizá, eso tenga un impacto negativo en el SNS, con un aumento de costes por tener que tratar una enfermedad agravada. Así lo defendieron los responsables sanitarios de Gales, Irlanda del Norte y Escocia, cuando decidieron suprimir los copagos de medicamentos en 2007, 2010 y 2011 respectivamente. La evolución de la tasa de prescripciones y el gasto farmacéutico parece darles la razón (2).
Una cosa está clara: este millón de personas que no pudieron pagar las medicinas no son personas ricas; no les sobra el dinero; son personas de rentas bajas, trabajadores con salarios bajos, o jubilados. Los principios en que se basa nuestro SNS afirman que todas las personas tienen derecho a la atención sanitaria en condiciones de igualdad. Los datos del CIS muestran que no es así.
En España, los copagos en la prestación farmacéutica se recogen en la ley del medicamento, en su artículo 102: “Aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”. Pues bien, en esta legislatura el gobierno tiene previsto actualizar los contenidos de la Ley. Sería bueno que se analizara esta cuestión. Y sería bueno atender el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el 29/7/2020, que en su punto número 55.7 dice: “Eliminación de los copagos”. Y en su punto número 61. dice: “Supresión progresiva de la aportación del paciente (copago) a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. El objetivo estratégico es la supresión de los copagos,...” (3).
Hemos de insistir una vez más. La sanidad pública es un derecho humano. Para hacerla posible, la debemos financiar entre todos, según nuestra capacidad económica, a través de impuestos progresivos, de manera que todos tengamos acceso a una atención de calidad, libre de pago en el momento del uso. Los copagos significan que no financiamos una parte, que es necesaria, entre todos, creando una barrera al acceso para las personas de menos rentas. El copago significa romper el principio de equidad del SNS.
Cuestión aparte, pero relacionada, es recordar que el exceso de gasto farmacéutico público por precios abusivos de los nuevos medicamentos supera los 8.000 millones de euros anuales, cantidad más que suficiente para cubrir el aumento de gasto público que se produciría si se anulan los copagos y para mejorar la dotación de profesionales sanitarios. También es preciso evitar la sobre-prescripción y la prescripción inadecuada, así como un uso más eficiente de todos los recursos. Y eso requiere una plantilla de profesionales suficiente, con tiempo y medios para hacer bien su trabajo. El dinero está, pero está mal repartido.
(1)
(2)
(3)
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-130.PDF
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