viernes, 26 de diciembre de 2025

El Barómetro Sanitario de Noviembre enciende la luz roja.

 No deberíamos seguir mirando hacia otro lado. La sanidad pública está en peligro y no hay una respuesta contundente ni desde el Gobierno de España ni desde la mayoría de las CCAA.


El Barómetro Sanitario de noviembre, elaborado por el CIS para el Ministerio de Sanidad, muestra algunos datos muy preocupantes y enciende una luz roja: por primera vez, son más los que piensan que el sistema sanitario funciona mal que los que opinan que funciona bien (1). Así, cuando se pregunta a la ciudadanía su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país, más de la mitad, un 50,2%, opina que funciona mal o necesita cambios fundamentales, mientras que solo un 48,5% piensan que funciona bien o bastante bien. En cambio, en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el sistema sanitario. En estos años la valoración positiva ha ido bajando más de 25 puntos. El deterioro es evidente, de tal forma que la sanidad es el tercer asunto que más preocupa personalmente a los españoles (2). Este descrédito tiene mucho que ver con los tiempos de espera para recibir atención sanitaria (diez días en Atención Primaria; cuatro meses en Atención Especializada). Y estos retrasos se traducen en que cada vez son más personas las que acuden a la sanidad privada. En efecto, al haber retrasos en la atención dentro de la sanidad pública, más personas se hacen un seguro privado. En este Barómetro Sanitario un 31% dicen tener este tipo de seguro, cuando en 2010 eran la mitad. Se está privatizando de facto la financiación sanitaria, que descansa cada vez más en el bolsillo de los pacientes.

En este sentido, otro síntoma preocupante recogido en el Barómetro Sanitario, y que muestra las carencias del sistema, es la dificultad que tienen muchas personas para pagar los medicamentos (copagos, medicamentos no financiados): en los últimos doce meses, un 5,6% de la población dejó de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por motivos económicos. Supone unos 2,5 millones de personas. No son pocos. Y esta barrera al acceso a su tratamiento se genera al mismo tiempo que estamos pagando precios exorbitados por los nuevos medicamentos. En efecto, la sanidad pública gasta más de 10.000 millones de euros anuales en precios excesivos de medicamentos: más que de sobra para hacer que nadie quede sin el medicamento que necesita y para mejorar sensiblemente la dotación de profesionales. Además, ese exceso de beneficio de la industria farmacéutica se utiliza en parte para influir en los propios sanitarios presionándoles para que receten más, y medicamentos más caros, lo que, unido a la falta de tiempo para otras intervenciones no farmacológicas, conduce a un consumo innecesario de medicamentos que se estima en un 30%.

Desde los recortes producidos a partir de la crisis financiera de 2008-2010, la sanidad perdió un 20% de sus recursos y mientras tanto la demanda sanitaria ha crecido. Estas carencias producen un deterioro que debe corregirse cuanto antes. Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen la universalidad y la calidad de la atención. Se deben potenciar las capacidades del Ministerio de Sanidad para que pueda ejercer sus funciones, como la Alta Inspección. Se debe mejorar el desempeño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con capacidad de decisión efectiva y estructuras de apoyo para compartir recursos (compras conjuntas, evaluación de servicios, sistemas de información, recursos humanos, etc.). Es preciso fortalecer la Salud Pública, la Atención Primaria y la atención a la Salud Mental. Es necesaria una reformulación completa de la política farmacéutica. Se deben completar las plantillas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a los derechos de los trabajadores, dotar de estabilidad a los profesionales, y ofrecerles condiciones atractivas para su desempeño, incluyendo una formación continuada no ligada al patrocinio de la industria. Y también es necesario evitar la privatización y la fragmentación de la gestión y la provisión de la Atención Sanitaria. Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario, y son perfectamente viables (3).

Es fundamental que el Gobierno de España lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. Sin duda el momento político es muy complicado y puede resultar tentador echarse las culpas unos a otros y centrarse en otros temas. Pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro.

(1) Barómetro Sanitario, tercera oleada 2025. Noviembre. https://www.cis.es/es/estudios/barometro-sanitario-2025-tercera-oleada-?cuestionario=18010&muestra=26369&pregunta=657578&variable=1094813&chartType=bar
(2) Barómetro CIS diciembre 2025. https://www.cis.es/es/w/avance-de-resultados-del-estudio-3536-bar%C3%B3metro-de-diciembre-2025-

(3) Dictamen para la reconstrucción social y económica. https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf




La sanidad pública se deteriora. ¿Puede hacer algo el gobierno de España?

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el Presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que 

“… se sufre a diario. En las listas de espera … y los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Ponía un ejemplo: “Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas…”. Y añadía: “El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo” (1). La pregunta es: ¿el gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del gobierno y del Parlamento de la Nación.

El SNS, después de casi cuarenta años desde su creación, ha rendido un excelente servicio a la sociedad. Ha contribuido a lograr un buen nivel de salud de la población y un alto grado de cohesión social, ofreciendo una cartera de servicios completa, que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medicamentos y otros servicios complementarios. Pero desde 2010 se detecta un deterioro progresivo, con peor valoración de la población, y con aumento del número de personas que debe recurrir a la sanidad privada (un 25,9% de la población ya tiene seguro privado).

Sin duda parte de ese deterioro tiene que ver con las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PP que apuestan por la gestión privada de los servicios sanitarios. Pero la mayor parte de ese deterioro se debe a los recortes que se realizaron en 2010-2014, que no se han recuperado; a un aumento de la demanda por envejecimiento de la población; a un gasto ineficiente en medicamentos por sobre precios abusivos; y a dificultades de coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA, incluyendo la capacidad de control y garantía de calidad para asegurar una atención sanitaria equitativa en todo el SNS. Es decir, la sanidad pública española, además de la orientación privatizadora de gobiernos del PP, tiene problemas de financiación y problemas estructurales (de coordinación y de gobierno), que requieren un replanteamiento a fondo (2). Por tanto, la salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del gobierno de España, asegurando, por un lado, la financiación suficiente en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo una gestión más eficiente con los cambios estructurales precisos.

En cuanto a los recursos necesarios, según el Ministerio de Hacienda, los ha habido: “durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores” (3). Además, el Estado asume una deuda de 83.252 millones que pesaba sobre las CCAA. Esto habría supuesto 54.714 millones de euros anuales más para las mismas. Por otro lado, los recortes de la sanidad pública realizados en 2010 y años siguientes se estiman en 20.000 millones de euros anuales. Quiere decir que, en los últimos años, se han transferido a las CCAA recursos suficientes para haber podido recuperar el gasto sanitario público y responder a las necesidades de atención actuales. Pero, sin embargo, mientras la sanidad pública continuaba su lento proceso de deterioro, esos recursos se han destinado a otros fines. Esta cuestión debería resolverse en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (anunciada por la ministra de Hacienda el pasado 17 de noviembre) (4): el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación deben asegurar que en el nuevo modelo la sanidad recibe los recursos necesarios y equitativos en todas las CCAA (instaurando los mecanismos de reparto, los controles de ejecución y los sistemas de corrección que se precisen).

En lo referido a los cambios estructurales nos referimos a la necesidad de refundar el SNS, dotándole de mayor capacidad de gobierno, reforzando el ministerio de sanidad y convirtiendo el Consejo Interterritorial del SNS en un órgano de carácter federal que pueda adoptar decisiones vinculantes, y se dote de unidades cualificadas (agencias o similares) que le permitan establecer estándares de calidad (incluyendo dotación suficiente de personal y tiempos máximos de espera), así como optimizar los sistemas de compras y fijación de precios (especialmente de medicamentos), los sistemas de información, la coordinación en la prestación de servicios, los sistemas de evaluación, la formación continuada de personal y la exigencia de unos mecanismos de remuneración adecuados. El SNS (gobierno de España y de las CCAA), debe garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad en cualquier lugar del territorio nacional, contemplando la posibilidad de recuperar, de forma excepcional, la gestión de los servicios transferidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de la CCAA, para evitar el deterioro de la sanidad pública y el sufrimiento de los pacientes. Muchas de estas medidas requieren el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos y de los gobiernos nacional y autonómicos. Parece imposible, pero es absolutamente necesario, y cada vez más urgente, si queremos consolidar y mejorar el SNS.


Referencias

(1)

https://www.infolibre.es/politica/sanchez-denuncia-oposicion-destructiva-corrupcion-inmoral-privatizacion-servicios_1_2096337.html

(2)

https://elpais.com/opinion/2023-01-25/el-sistema-nacional-de-salud-necesita-una-refundacion.html

(3)

https://www.hacienda.gob.es/ca-es/prensa/noticias/noticiaspdf//21.pdf#:~:text=De%20hecho%2C%20durante%20los%20siete%20a%C3%B1os%20de,las%20CCAA%20durante%20la%20etapa%20del%20Gobierno

(4)

https://elpais.com/economia/2025-11-17/hacienda-presentara-a-principios-de-2026-una-propuesta-de-reforma-del-sistema-de-financiacion.html






Los que se fueron.

Los que se fueron ¿dónde están?

Estas mujeres, estos hombres tan queridos

que con su sola presencia nos daban alegría.

Sus brazos, sus corazones abiertos

te hacían sentir seguro, como en casa.

Su buen humor, su compromiso solidario,

su amor por la vida 

nos daban aire y luz.

Pero ahora que se han ido

¿dónde están?

¿acaso pueden no estar en ninguna parte?

¿acaso han dejado de ser definitivamente,

y tan solo nos queda la pena

y su recuerdo?


Sin embargo, yo siento su huella en mí.

Su sonrisa me alienta.

Su palabra (imaginada, recreada en mí)

me inspira y me conforta.

Porque lo que ha sido no puede dejar de ser

y seguirá siempre vivo en el amor

(aunque de otra manera).

Al principio el corazón no deja de llorar,

no quiere aceptar la despedida

¡es tan injusta!

Después, de a poco, el alma se sosiega

(cada cual tiene un modo de sentir)

y su presencia nos acompaña de mil formas,

porque, en realidad, no se han ido.


En el silencio

su abrazo nos acoge

nos serena:

tranquilo, que no pasa nada.

Y al día siguiente la vida continúa en mil colores

y nosotros 

seguimos vivos en ellos y con ellos

navegando unidos en el viento.


Un abrazo y mucho ánimo siempre.


Fernando Lamata, diciembre 2025.


SÍ, ES POSIBLE LA PAZ.


No cumplirás más de seis años, Hind Rajab.


He oído tu voz pidiendo ayuda

tu voz de niña inocente

que suplicaba auxilio desde algún lugar

en el norte de Gaza.


Tus tías y tus primos yacían muertos

a tu lado, dentro del coche golpeado por la metralla.

Seguían disparando 

y tú, con tu voz de niña asustada

gritabas pidiendo ayuda:

“¡Me están disparando!”


Después de varias horas

las autoridades israelíes autorizaron el rescate.

La ambulancia estaba ya muy cerca.

Y entonces los soldados dispararon

y os mataron a todos.


Y solo se escuchó el terrible silencio de la muerte.


¿Cómo puede el ser humano matar a sangre fría

a una niña inocente?

¿Acaso suponen que es una futura asesina?

¿O es que creen que no es humana

sino un insecto dañino y peligroso?


Las guerras son injustas siempre:

en cualquier lugar, en cualquier época del tiempo.

El humano se convierte en salvaje sin entrañas

y todo lo arrasa y lo destruye.

Pero el humano también es capaz de construir la paz.

Lo hemos visto aquí, en España:

guerra tras guerra a lo largo de los siglos.

La maldición cainita reclamando muerte,

una y otra vez.

Pero fue posible la paz.

La construimos nosotras y nosotros:

escuchando, cediendo, perdonando

buscando acuerdos justos y enterrando el rencor.

Reconociendo la cara del hermano en cualquier ser humano.

Sabiendo que juntos podemos caminar más lejos.

Defendiendo la alegría y la esperanza

contra viento y marea.

La paz siempre es frágil, pero

sí, sin duda es posible la paz,

siempre que tú y yo nos empeñemos.


SISTEMAS SANITARIOS, MEDICAMENTOS Y PATENTES. (en SIAP)

Buenas tardes. Agradezco a los organizadores su invitación, y especialmente a todos los participantes que dan vida al SIAP.

En el debate virtual hemos intercambiado ideas, análisis, comentarios, y propuestas que nos ayudan a comprender mejor las relaciones entre la Industria Farmacéutica, los profesionales sanitarios y los pacientes. Como dice Juan Gérvas, “lo esencial se ha cocido en el debate virtual”, donde se muestran muchas posibilidades de acciones individuales o asociativas para mejorar la independencia respecto a la IF, la mejora del ejercicio profesional, etc. Ahora bien, también el debate ha subrayado la importancia de los condicionantes legales. Eva García Camacho afirma en su ponencia: “Médicos y pacientes tenemos la obligación moral de reclamar la regulación ética de todos los agentes y la mejora del marco legislativo para garantizar la salud como derecho humano”. Así lo creo yo también. En esta ponencia plantearé una breve reflexión sobre el sistema sanitario y los medicamentos, con especial atención a los monopolios.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población (actuando sobre los determinantes de salud). 

Este derecho incluye la obligación de los Estados de garantizar que todos tengan acceso a medicamentos esenciales asequibles, particularmente aquellos que salvan vidas o son vitales para el bienestar. (1).

Los SISTEMAS SANITARIOS, por su parte, son las organizaciones sociales y las instituciones que tratan de garantizar el derecho a la atención sanitaria.

Definen la cobertura. A qué personas está obligado a atender el Sistema Sanitario. Definen las prestaciones: En Salud Pública, en Atención Primaria, en Hospitalización, etc. Incluyendo la prestación Farmacéutica, y los medicamentos (cuáles y a qué precios). 

Definen la fuente de financiación. Definen la cuantía del gasto sanitario público. Definen la organización y gestión del sistema. En España, por ejemplo, la organización se adapta al modelo autonómico, con algunas competencias estatales (como la política de medicamentos) y otras descentralizadas en las CCAA. La gestión es mayoritariamente pública. 

Establecen y regulan quién y con qué se llevan a cabo los servicios sanitarios: Tipo de profesionales, Tecnologías (incluyendo medicamentos) e Instituciones, incluyendo Centros de Salud, Hospitales y Oficinas de Farmacia.

Y definen los objetivos en resultados en salud y en satisfacción. 

Entre todos estos elementos debe haber un equilibrio, una cierta armonía.

En España los datos sobre el Sistema Sanitario siguen siendo buenos. Pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008-2010: Así, desde 2010 se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. La valoración de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado notablemente, desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien a un 54%. 

Y entretanto el número de personas con seguros sanitarios privados se ha duplicado, llegando ya al 30%.

A pesar del deterioro, los resultados en salud del SNS mantienen un buen nivel. La Esperanza de Vida al Nacer era de 84 años en 2023, la más alta de UE. Por otro lado, cuando accedes al servicio (3) la valoración de la atención recibida es buena o muy buena en 82,4% en AP, 81,7% en consulta de especialista y 81,4% en ingreso hospitalario. Notables y sobresalientes. 

Es decir, el SNS tiene una inercia grande y aguanta. Pero sigue un lento proceso de deterioro que tenemos que revertir. Y aquí es clave la política del medicamento. Las ganancias abusivas de la IF rompen el equilibrio del sistema sanitario, lo parasitan y lo debilitan, condicionando y controlando la orientación del Sistema y de la práctica profesional, de tal manera que, como señalan Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández en la revista AJM, “Las medicinas gobiernan la medicina”.

Porque, además, no estamos en terreno neutral, hay importantes poderes económicos interesados en la quiebra del Sistema Sanitario Público y su sustitución por un Modelo tipo EEUU, con una cobertura pública de menos del 50% y el resto con seguros privados (más o menos subvencionados), de diferentes niveles de calidad y diferentes catálogos de prestaciones, según las primas, y mucho más caro para el contribuyente y el conjunto de la sociedad. 

En el marco los Sistemas Sanitarios, los MEDICAMENTOS forman parte del derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos si se cumple en España el derecho al acceso al medicamento. La respuesta es que en muchos casos NO, como señalan en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granadilla o Luis Gimeno.

-Hay personas que necesitan y no pueden acceder, fundamentalmente por los copagos (un 4,6% de la población dejó de tomar medicamentos recetados en la sanidad pública, por motivos económicos; equivalente a más de 2 millones de personas).

-Pero, sobre todo, hay personas que consumen medicamentos innecesarios y, por lo tanto, perjudiciales (se estima en un 20% o más los medicamentos consumidos innecesariamente). Alrededor de 16.000 personas fallecen anualmente en España, “así como decenas de miles enferman y se hospitalizan”, por reacciones adversas a medicamentos (14). 

Con la tecnología y el desarrollo económico mundial debería poder garantizarse el derecho al acceso al medicamento necesario, en España y en todo el mundo, y con precios justos. Sin embargo, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema y lo debilita, perjudicando a la salud: bien por falta de acceso (a millones en el mundo pobre) o por exceso de medicación en el mundo rico. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica, a quién vende. Define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las Agencias de Autorización y Evaluación, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales y en su prescripción. Influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes… etc. etc.

¿Por qué pueden influir tanto, por qué tienen tanto poder?

Es importante ver la raíz del problema: ¿cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos? La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación, y se determinan en función del máximo que esté dispuesto a pagar el paciente o el Servicio de Salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual: la causa de los altos precios son LOS MONOPOLIOS que conceden las patentes. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años (20 o más) la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que, durante esos años, las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación, y que pagamos nosotros, ciudadanía y sistemas de salud. 

Dicen las empresas que las patentes son la sangre de la innovación. No es cierto; como apunta José Ramón Loayssa, la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa, en centros y laboratorios públicos. Y la Investigación que paga la industria, como veremos, la financiamos varias veces con los sobre precios. 

Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992. Y en el mundo la generalización de las patentes de medicamentos se produjo en 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. Un acuerdo impuesto por las empresas farmacéuticas y los gobiernos de EEUU, Suiza y otros países del Norte. Ahora bien, las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos. Las patentes en medicamentos no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias.

Como era previsible, en el campo del medicamento se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D. Insisto: los precios altos no son para pagar la investigación, son para obtener unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener el modelo actual. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y remuneraciones extraordinarias a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D. 

Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no era la finalidad del supuesto “incentivo” a la investigación, que se ha pervertido progresivamente.

¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes sienten que necesitan ese producto. Les va la vida en ello. En efecto: una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan, endeudándose o dejando de financiar otros servicios. Es la bolsa o la vida, un robo a mano armada. Con la peculiaridad de que, en este caso, la víctima (nosotros) le damos el arma al atracador (con las patentes y los monopolios).

Por su parte, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. ¿Por qué? Como señala Juanjo Rodríguez Sendín: Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios, no mejorar la salud. El medicamento se convierte así en un producto financiero, especulativo, ya que, además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se induce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. Un círculo vicioso perfecto.

Entonces: ¿Por qué los gobiernos no frenan el abuso de patentes y cambian el modelo de financiar la I+D?: porque no saben, porque no quieren o porque no pueden: porque no saben (cortos periodos de gobierno (una ministra/ministro de sanidad cada año y medio); narrativa dominante brutal: “ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, creamos empleo, invertimos en I+D”, etc.), porque no quieren (sensación de impotencia, “no vamos a poder hacer nada”, que lleva a no entrar en el tema y ocuparse de otras cosas; presión mediática; o directamente puertas giratorias y soborno), o porque no pueden (lo intentan pero les frenan: presión diplomática, comercial, industrial, como el Informe Especial 301 de la Oficina de Comercio del Presidente de los EEUU y la imposición de aranceles, la presión de Suiza con Imatinib en Colombia, etc). 

Aunque también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido: por ejemplo, los genéricos para luchar contra el Sida en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela y una gran movilización social, los genéricos de sofosbuvir para la Hepatitis C en Egipto, Licencias Obligatorias de medicamentos contra el Sida y el cáncer en varios países, o el caso Mediator y la Doctora de Brest, Irène Frachon, el caso rofecoxib y el Profesor Laporte, el desarrollo y producción pública de CAR-T en el Clínic o de la terapia celular NC1 en Puerta de Hierro, y otros muchos.

¿Cómo de grande es el abuso de la IF? Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker (10), para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar, en condiciones de competencia real. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos originales que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 12.364 M€ en 2023, y de esa cantidad las empresas destinaron como mucho a I+D 1.500 M€. El resto, 10.864 M€, se lo embolsaron como beneficios abusivos, que destinaron a otros fines. Para hacernos una idea esa cantidad es más de lo que se destinó a pagar a todo el personal de AP en la sanidad pública en España. 

El profesor Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, ha demostrado que los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, pero en España pagamos un precio medio de 20.000 euros por tratamiento para más de 100.000 personas. Pagamos más de 2.000 millones por lo que costaba 30 ¿Por qué? Así ocurre con otros muchos medicamentos, como el recientemente aprobado Lenacapavir, para tratamiento VIH SIDA, que cuesta 30 euros tratamiento y pagamos a 20.000 euros (11, 12). 

El problema de los altos precios de los medicamentos de marca se agrava porque las empresas de genéricos (a veces conectadas accionarialmente con las originarias) en lugar de competir para acercar los precios al coste de fabricación mantienen precios altos, cercanos a los de marca original, con estrategias de cártel que deberían ser vigiladas por el Ministerio de Sanidad y sancionadas por las autoridades de la competencia.

Como resultado, en 2023 el gasto sanitario público total (EGSP) ascendió a 97.661 M€. De esta cantidad, 23.224 M€ se gastaron en medicamentos. 

Es decir, el gasto público en medicamentos supuso cerca un 24% sobre el gasto sanitario público total, casi el doble que en AP. El gasto farmacéutico debería ser, como máximo, la mitad. Y, sin embargo, sigue creciendo.

 Una mala política de medicamentos influye negativamente en el Sistema Sanitario y en la práctica profesional (como se ha visto en el debate virtual de este SIAP) y como señalan es sus comentarios Ana Mª Furio (que habla de “merma”), Paco Abal (que habla de “estrangulamiento”), Antonio Granadilla (apuntando que impide financiar áreas más necesarias como la AP). Pero no solo restan recursos de otras partidas necesarias, lo cual ya es muy grave, sino que, como apuntan Roberto Colino, Joan Ramon Laporte o Luis Gimeno, corrompen el sistema, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la profesionalidad y la ética, y medicamentalizan la atención sanitaria y la sociedad. 

Además, como recuerda José Ramón Loayssa, al exceso de gasto por sobre precios se debe añadir el gasto por sobre prescripción, utilización inadecuada y excesiva, que podemos estimar en otros 6.140 M€ anuales en 2023 (suponiendo que un 20% de los medicamentos totales prescritos son innecesarios).

¿Existen ALTERNATIVAS a esta política de medicamentos?

Hay alternativas. Se pueden y deben poner en marcha iniciativas puntuales (como se ha visto en el debate virtual del SIAP y se verá a lo largo de las sesiones presenciales), y, si es posible se debe elaborar una estrategia a medio y largo plazo, de ámbito nacional o internacional, en la que participen distintas organizaciones. El esquema que propone Mikel Baza, con 5 medidas para mejorar el uso del medicamento, orientadas a cada uno de los colectivos (profesionales, gestores, sociedades científicas, legisladores y gobernantes, asociaciones de pacientes, pacientes y familiares), me parece una muy buena síntesis.

Entre las distintas propuestas planteadas insistiré que considero clave seguir reclamando la supresión de las patentes y los monopolios en medicamentos, porque son las que permiten perpetuar la corrupción del modelo: si no suprimimos los monopolios, la IF seguirá aumentando la munición para sus políticas de marketing y lobby. Para cambiar el modelo de monopolios en medicamentos se precisan cambios en la UE y en organismos internacionales (OMS; OMC). Son decisiones de ámbito global, de medio o largo plazo. Pero son cambios posibles, que deben promover los gobiernos nacionales. Nosotros podemos recordar a nuestro gobierno la necesidad de plantear estas cuestiones, y podemos colaborar creando conciencia y presionando en la medida de nuestras posibilidades, mientras avanzamos en otra serie de medidas concretas y de corto plazo.

El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU (antes de Trump), o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo público de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección. Es un cambio viable que permitiría ahorrar globalmente un billón de dólares anuales en gasto farmacéutico abusivo, y destinar estos recursos a otras finalidades sanitarias, sociales y medioambientales.

En conclusión: Las experiencias compartidas en el debate virtual permiten afirmar que es posible el cambio, como recuerda Sendín: en lo local, en lo concreto y lo cercano, con las decisiones personales de cada una de nosotras y de nosotros, y presionando a nuestras Asociaciones, Sociedades, Colegios, Organizaciones, para que introduzcan cambios en sus comportamientos. Y, en lo global, tratando de concienciar y generar la movilización de la ciudadanía para que presione en los ámbitos de gobierno regional, nacional y global. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen Sistema Sanitario público, con un equilibrio saludable, que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad para todas y todos.

No es nada fácil. Pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, mucho conocimiento, y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más. Y cada vez que una de nosotras y de nosotros toma conciencia, cambia el mundo. Ese es el punto de partida. 

Y cuando vengan mal dadas recordad las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia: nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones.

Así que mucho ánimo, y muchas gracias por vuestra atención.


REFERENCIAS


(1).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 11 de agosto 2000.

https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991


(2). Eurostat Database, Gasto Sanitario Público. Consultada 28 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf__custom_17219070/default/table?lang=en


(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario CIS, 2025 (primera oleada).

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2025/BS_2025_1a_oleada/es3509mar.pdf


(4). Ministerio de Sanidad. Sistema de información sobre listas de espera en el SNS. Diciembre 2024.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_dic2024.pdf


(5).Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Septiembre 2025.

https://www.cis.es/documents/d/cis/es3524vpMT_a


(6).Eurostat Database, Esperanza de Vida al Nacer. Consultada 22 agosto 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor


(7).OECD. Health at a Glance: Europe 2024. Mortalidad prevenible y tratable.

https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html


(8).Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.


(9). Prescrire´s ratings of new drugs in 2022. Prescrire international 2023. https://english.prescrire.org/en/81/168/66185/0/NewsDetails.aspx


(10). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/


(11).Hill A. What is the real price of medicines?, 2019.

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf



(12).Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/


(13).Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 agosto 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx


(14). Laporte JR. Crónica de una sociedad intoxicada. Editorial Península. 2024.


Dictamen: aprobado Pleno del Congreso 22 de julio 2020, mayoría amplia.

https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf


Ley del medicamento

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343


MEDICAMENTOS Y SISTEMAS SANITARIOS. (En Argumentos Progresistas)

 Resumen:

Los monopolios que conceden los gobiernos a las empresas farmacéuticas con la falsa justificación de financiar la I+D se traducen inevitablemente en un aumento excesivo de los precios de los medicamentos. En España el exceso de gasto por precios abusivos de medicamentos en la sanidad pública supera los 10.500 millones € anuales. Estos recursos serían muy necesarios para mejorar la Atención Primaria, la Salud Mental, la Salud Pública, las condiciones del personal, y para reducir las listas de espera.

Medicamentos razonablemente seguros y eficaces, utilizados en las personas que los necesitan, de forma apropiada, pueden salvar una vida o pueden mejorar la calidad de la misma. Pero también pueden producir efectos no deseados. Todo medicamento produce efectos adversos y muchos medicamentos autorizados no son eficaces. Asimismo, el medicamento puede ser eficaz, pero la prescripción puede ser inadecuada (por ejemplo, exceso de neurolépticos en personas mayores). El profesional sanitario debe valorar siempre el balance riesgo / beneficio considerando al paciente y su contexto. 

Para que haya medicamentos eficaces: es importante que exista buena investigación; es necesario que exista una industria que fabrique medicamentos de calidad; es precisa una red de distribución y dispensación eficaz; y es precisa una red sanitaria accesible con buenos profesionales que prescriban bien. Y esas tareas deben remunerarse de forma suficiente y justa. El problema es que, en este momento, la remuneración a la industria es claramente excesiva, desequilibrando el sistema sanitario (1; 2). Este desequilibrio se muestra de diversas maneras. El exceso de precio de los nuevos medicamentos detrae recursos del sistema sanitario, fundamentalmente de personal, que son necesarios para otro tipo de intervenciones: promoción de la salud, prevención, intervenciones sociales, diagnóstico precoz, acompañamiento, intervenciones psicológicas, cuidado, rehabilitación, y otras. Por otra parte, a pesar de que todas las personas en España tienen derecho al medicamento que necesiten, un 4,6% (más de 2 millones de personas) contestaron al Barómetro Sanitario en abril de 2025 que tuvieron que dejar de tomar un medicamento recetado por su médica / médico de la sanidad pública, por motivos económicos, en los últimos doce meses (3). También hay problemas de desabastecimiento. Problemas de retraso en la financiación pública. Problemas en diferencias de requisitos (visados) entre CCAA, etc. Y todo ello debido al exceso de precios. Esto nos lleva al tema de los monopolios.

Las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación. Por eso les llaman “incentivos” para las empresas. En este modelo de monopolios, el poder de la industria decide las prioridades de investigación. Y, desde luego, decide que con ese dinero se investigue solo en medicamentos (no en otras intervenciones en salud).

El problema para la sociedad de los monopolios en medicamentos es que, inevitablemente, se produce un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D que han realizado. De esta forma, obtienen unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener su posición. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y otras fórmulas para remunerar a los accionistas y los ejecutivos (también destinan a estos cometidos más dinero que a I+D). Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no fuera la finalidad del “incentivo”, que se ha pervertido progresivamente.

Siguiendo la metodología del profesor Baker (4), estimamos que en España el sistema sanitario público pagó en sobreprecios de medicamentos más de 12.000 millones € en 2024. El gasto que realizaron las empresas en I+D no alcanzaría los 1.500 millones €. Por lo tanto, hubo un exceso de remuneración a las empresas farmacéuticas de 10.500 millones €. Andrew Hill, profesor de la Universidad de Liverpool, ha realizado varios estudios mostrando el coste de fabricación y los precios de algunos medicamentos (5). Estos y otros estudios (6) muestran que, por culpa de los monopolios, estamos pagando precios de 10.000 o 100.000 € por medicamentos cuyo coste de fabricación y de I+D es cien veces menor.

El gasto farmacéutico público en España sigue creciendo: en 2024 ascendió a 24.921 millones €, un 7,3% más que el año anterior, con 1.697 millones € más (7). Supone un 25% del gasto sanitario público total, cuando debería ser, como máximo, la mitad. El exceso de gasto farmacéutico influye negativamente en el Sistema Sanitario. Mientras aumenta el gasto farmacéutico, la sanidad pública en España se está deteriorando. Ese exceso de gasto farmacéutico, de más de 10.500 M€ anuales, que se desvía a los accionistas de la industria farmacéutica, podría servir para mejorar radicalmente la Salud Pública, la Atención Primaria, la atención en Salud Mental, las condiciones de trabajo de los profesionales, los tiempos de espera y de atención, así como para consolidar los centros públicos de investigación y generar alternativas públicas para la fabricación y desarrollo de medicamentos innovadores y medicamentos esenciales. Para dimensionar el exceso de gasto por abuso de patentes, podemos decir que equivale a poder contratar a más de 100.000 profesionales sanitarios. Además, con ese dinero se podría reforzar el sistema público de investigación, potenciando la investigación en estrategias de prevención y promoción de la salud. A ese exceso de gasto por sobre precios se puede añadir el gasto por sobre prescripción, estimado en unos 5.000 M€ anuales en España, debido a la presión de marketing de la industria.

¿Existen Alternativas para la financiación y el desarrollo de la investigación biomédica que, a su vez, fortalezcan el SNS y beneficien al conjunto de la sociedad? La repuesta es sí. En el ámbito global habría que tomar dos decisiones: La primera decisión es lograr un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio para excluir a los medicamentos y productos sanitarios de la protección de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. La segunda sería aprobar en la OMS un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos, creando un Fondo Global para investigación y desarrollo, financiado por los países con aportaciones proporcionales a su PIB. La investigación, farmacológica y de otras intervenciones en salud, sería abierta y cooperativa, priorizando las necesidades de salud y no los intereses comerciales. Los productos resultantes tendrían precio de coste y serían accesibles para todas las personas en todo el mundo.

Mientras tanto, se pueden y deben impulsar iniciativas en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. En el ámbito europeo: Limitar la duración de los monopolios al tiempo en que se recuperen los gastos de I+D debidamente acreditados. Financiar la I+D realizada por empresas, con contratos de “compra anticipada” o similar, reteniendo los Derechos de Propiedad Intelectual en la titularidad pública, para así poder hacer transferencia de la tecnología y fijar precios en relación con el coste. Fomentar la Investigación y el desarrollo de medicamentos con financiación pública directa con la creación de una Plataforma pública de investigación y desarrollo en la UE. En todos los proyectos, becas, subvenciones, desgravaciones, etc., que tengan financiación pública de la UE fijar condicionalidades para garantizar el acceso, la asequibilidad, la investigación abierta y la transferencia de conocimiento.

En el ámbito nacional: Modificar la Ley Medicamento, para tratar que los precios tiendan a aproximarse a los costes de fabricación y de I+D, negociando precios coste-plus. Potenciar la acción de las Autoridades de la Competencia. Aplicar licencias obligatorias. Consolidar y mejorar la financiación pública directa de la investigación biomédica, a través del ISCIII y sus redes. Desarrollar Empresas Públicas para la fabricación de medicamentos, y potenciar las instituciones públicas para el desarrollo de vacunas y otros productos de diagnóstico y tratamiento. Asegurar la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios, de las Sociedades Científicas y de sus publicaciones, así como de las Asociaciones de pacientes. Desarrollar programas potentes, sin patrocinio privado, de evaluación de efectos adversos de los medicamentos. Impulsar programas de de-prescripción. Asegurar financiación pública, sin patrocinio privado, para todas las guías clínicas que se utilicen por profesionales del SNS. Y realizar campañas de concienciación social sobre el consumo responsable, así como sobre el abuso de las empresas farmacéuticas en los sobre precios. Entre otras muchas.


REFERENCIAS


(1). Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?. Díaz de Santos, Madrid, 2017.

(2). Lamata F, Gálvez R. Los tratamientos oncológicos: sus elevados precios son un grave problema para las y los ciudadanos. Revista AJM, n0 40, julio 2025.

https://accesojustomedicamento.org/los-tratamientos-oncologicos-sus-elevados-precios-son-un-grave-problema-para-las-y-los-ciudadanos/

(3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario, primera oleada 2025.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

(4). Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017

https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/

(5). Hill A. What is the real price of medicines? 

https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf

(6). Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/

(7). Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 junio 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx