COVID-19: Las patentes y monopolios de las vacunas matan.

[Ponencia en el VI Congreso de Aspectos Éticos de la Invesgación, Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III. 23 / 11 /2021]

 

El Acceso a las vacunas como producto de la investigación. La cuestión de las patentes. 

 

El Presidente de la Asociación española de vacunología, nos dice que “una vacuna en un frigorífico no salva absolutamente nada. Lo que salva vidas son las políticas sanitarias que hacen posible que esa vacuna, que es absolutamente necesaria, llegue al brazo de quien la necesita”.

 

Pues bien, a lo largo de estos meses, las vacunas COVID no están llegando a millones de brazos que las necesitan. Mientras que en la Unión Europea hemos vacunado ya con dos dosis al 70% de la población, en países de bajos ingresos se ha vacunado con pauta completa a menos del 4% de la población. Es decir, la vacuna no ha llegado a los brazos de quienes la necesitan. Y, mientras tanto, en los países ricos ya estamos poniendo la tercera dosis. 

 

La causa principal de la falta de acceso es el precio abusivo y las limitaciones a la fabricación, por culpa de la barrera que crean los monopolios de las patentes y otras exclusividades (secretos comerciales, exclusividad de datos, exclusividad de comercialización, etc.). Por esto, al hablar de investigación y ética en relación con las vacunas, conviene analizar qué efecto tienen los monopolios en el sector salud. Veamos.

 

Las patentes y otras exclusividades crean un monopolio, impidiendo la competencia y la fabricación de genéricos durante 20 años, de tal manera que el titular del monopolio puede poner un precio por encima de los costes. Es como un impuesto indirecto sobre el consumo de fármacos, cuyo importe determina la empresa, y que recauda directamente la misma empresa. El dinero “extra” recaudado a los pacientes y a los servicios de salud con los sobre-precios sería un “incentivo” para que las empresas lo invirtieran en investigación. Parecería razonable. 

 

Sin embargo, las patentes de medicamentos y vacunas no se autorizaron en los países europeos hasta el último tercio del siglo XX (en España hasta 1992) y no se generalizaron a todo el mundo hasta 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el ADPIC. ¿Por qué no se autorizaban? Porque en el sector de la salud la barrera de las patentes crea un efecto perverso, un efecto mortal. Las patentes y monopolios en medicamentos y vacunas matan.

 

En otros productos que no sean necesarios para la vida, si el sobre precio que se fija con el monopolio es abusivo, los potenciales clientes no lo compran. Pero, en temas de salud se trata de la vida o la muerte de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Por eso, inevitablemente, el ánimo de lucro empresarial llevará a fijar el precio más alto que podamos pagar. Es la bolsa o la vida...y, si podemos pagar, pagamos lo que sea, nos endeudamos, como pacientes, o como servicios de salud. Ahora bien, muchas personas y muchos países no pueden pagar esos sobre-precios, y más de 10 millones de personas mueren cada año en el mundo por no poder acceder a los medicamentos que necesitan, como está pasando ahora con las vacunas COVID. De ahí que las patentes no sean una buena manera de financiar la investigación en salud. Los descubrimientos relacionados con la salud deben ponerse a disposición de todos los pacientes, sin discriminación y cuanto antes. 

 

Conviene recordar, para los que afirman que sin patentes no hay investigación, que, cuando no había patentes de medicamentos, sí había investigación. En efecto, antes de generalizar las patentes de medicamentos y vacunas había más innovación que ahora. Y las empresas ganaban dinero. Así, entre 1950 y 1994, las ganancias de las empresas farmacéuticas, en relación con sus ventas, fueron, de forma estable, el doble de la media de las otras industrias. 

 

Pero los lobbies de las grandes empresas farmacéuticas querían ganar más y para eso necesitaban los monopolios. Finalmente, en diciembre de 1994, lograron que se generalizara el uso de patentes de medicamentos en todo el mundo, con el famoso acuerdo ADPIC.

 

Como consecuencia, desde entonces, los precios de los medicamentos se dispararon progresivamente, de lo que serían hoy 50 o 100 euros por tratamiento anual, a 1.000, 10.000, 100.000 o 2 millones de euros por tratamiento, por unos productos cuyo coste, incluidos los gastos de investigación, es mil veces menor. Este modelo está produciendo un sobregasto a los servicios de salud y a los pacientes, que, en algunos casos, los lleva a la ruina y que, en todo caso, se detrae de otras necesidades importantes, como personal sanitario o equipamiento. Paralelamente, las ganancias de las empresas farmacéuticas desde 1995 se dispararon también.

 

Es importante advertir que los monopolios usados para financiar la investigación no solamente lesionan los principios éticos por la falta de acceso a los medicamentos; 

-afectan también a estos principios éticos porque la elección de prioridades de investigación se hace según el interés comercial del patrocinador y no según necesidades de salud; 

-afectan porque la influencia del patrocinador produce sesgos de diseño, de interpretación de los datos y de publicación; 

-afectan generando retrasos en investigaciones por no poder compartir conocimiento; 

o en el proceso de autorización (control de la eficacia y los riesgos) que puede desvirtuarse por la presión de los patrocinadores; 

-y, finalmente, afectan por sesgos en la prescripción de los medicamentos, con la producción de efectos adversos y muertes evitables. 

 

Pero volvamos con el argumento de los incentivos ¿Cuánto sería un incentivo razonable para estimular la investigación? ¿Que la empresa recuperara un 30% de lo que gastó en la investigación, por ejemplo? Con los monopolios pagamos mucho más. Con los sobre-precios del monopolio no pagamos el 30, ni el 100 sino el 400% de todo el gasto que dicen las empresas que hacen en I+D (el de gastos en I+D útil, el de gastos en I+D incremental, el de gastos en I+D que fracasa, los gastos de intermediarios como empresas de gestión de ensayos clínicos, etc., etc.). Eso no es un incentivo, es un robo legal, un abuso injustificable.

 

En efecto, según los datos de la patronal farmacéutica, EFPIA, en la Unión Europea-27, las ventas en 2019 ascendieron a 170.530 millones de euros. A precio de genérico hubiéramos pagado 70.500 millones de euros. El sobre precio que pagamos por los monopolios, supuestamente destinado a investigación, es de 100.000 millones de euros. Pero las empresas solo destinaron 25.000 M€ a I+D. Es decir, con los sobreprecios pagamos cuatro veces el gasto total de las empresas en investigación.

 

Eso explica que las 10 empresas farmacéuticas más grandes tengan un porcentaje de ganancias sobre sus ventas, una vez pagados los gastos de fabricación e investigación, 6 veces mayor que las 10 empresas no farmacéuticas más grandes del mundo. O que, desde 2009 a 2018, con el exceso de beneficios, las 18 empresas farmacéuticas más grandes pudieran destinar a recompra de acciones más dinero que a I+D, multiplicando las ganancias de accionistas y ejecutivos y restando recursos a la innovación.

 

Es un modelo que ha degenerado y causa que millones de personas no tengan acceso a las vacunas COVID y a otros medicamentos que necesitan. Por eso es urgente cambiarlo. Así lo entendió el Panel de Alto Nivel sobre acceso a medicamentos convocado por la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016, pidiendo a los gobiernos un cambio de modelo para financiar la I+D. La necesidad de ese cambio se ha confirmado una vez más en la pandemia de la COVID-19.

 

Ahora bien, ¿Es posible otro modelo de financiar la investigación? La respuesta es: Sí. En buena medida ya se está haciendo. Y es que, en realidad, habría más investigación innovadora sin patentes.

 

En la UE-27, la financiación pública directa (subvención a proyectos, pago de centros de investigación como los del IS CIII, universidades, premios, etc.), asciende a 20.000 M€ anuales. Supone el 45% de la inversión total en I+D en la UE. Esta inversión pública genera el 70% de investigación innovadora.

 

A su vez, en la UE 27, las empresas gastan 25.000 M€ en I+D. Pero ya vimos que los contribuyentes y los pacientes, con el sobre-precio de las patentes, pagamos 100.000 millones de euros para investigación, cuatro veces esa cantidad. Sería mucho más rentable para la sociedad suspender las patentes y los monopolios, y que los gobiernos destinaran esos 25.000 millones del sobregasto actual a gasto público directo en I+D, y el resto a otras políticas sanitarias y sociales.

 

¿Por qué no se hace? Porque este modelo sí es muy rentable para estas empresas, que, con sus enormes ganancias, destinan una parte importante del beneficio abusivo a marketing para que el modelo no cambie. Destinan mucho más a marketing que a I+D. En la UE27 más de 35.000 M€ anuales para patrocinios, control del discurso, presión sobre parlamentarios y gobiernos, sobre profesionales sanitarios y sociedades científicas, sobre medios de comunicación, asociaciones de pacientes, etc., etc., para bloquear cualquier cambio de modelo, y para impulsar nuevas medidas que aumenten sus ganancias, como el pago por valor. Por eso es muy difícil cambiar de modelo. Pero debemos intentarlo. 

 

La vacunación frente a la COVID-19 nos muestra otro ejemplo claro del efecto de las patentes y oligopolios en los medicamentos. 

 

La mayor parte de la investigación de las vacunas se ha financiado con dinero público directamente: más de 6.000 millones de euros en proyectos y subvenciones, y más de otros 50.000 millones de euros en compras anticipadas, destinados a completar los ensayos clínicos, y facilitar la ampliación de instalaciones para la fabricación acelerada de vacunas.

 

Sin embargo, a pesar de esa enorme inversión pública, los gobiernos han permitido que las empresas mantengan los monopolios de las patentes, y que controlen cuánto se produce, a quién se vende y a qué precio. Por culpa de ese control se han fabricado la mitad de dosis necesarias, creando una escasez artificial, se han vendido sobretodo a los países ricos, y, con la excepción de AstraZeneca que ha aceptado, hasta ahora, un precio cercano al coste, se han exigido precios quince veces por encima de los costes de fabricación, obteniendo así enormes beneficios: más de 60.000 millones de euros de ganancia abusiva en 2021.

 

Si los gobiernos hubieran exigido licencias no exclusivas, así como la transferencia de la tecnología y el know how, se hubiera podido duplicar la producción, de una media de 30 millones de dosis diarias, a una media de 60 millones, y comercializar a precio de coste. De esta manera, con 22.000 millones de euros, que son menos de la mitad del dinero gastado hasta ahora por los países ricos, podríamos haber vacunado ya al 70% de toda la población mundial.

 

Esta es la razón por la que hace un año, los gobiernos de India y Sudáfrica pidieran a la Organización Mundial del Comercio la suspensión de las patentes de las tecnologías COVID y la transferencia de la tecnología, para su fabricación en todo el mundo. Más de 150 países, incluido el Vaticano, junto con decenas de premios Nobel y centenares de científicos, y también el propio DG de la OMS, se sumaron a esta petición. Pero la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y otro puñado de países ricos se siguen oponiendo. Y mientras, millones de personas siguen sin poder vacunarse, y el virus sigue circulando, matando, y generando nuevas variantes. Por eso el Director General de la OMS, Dr Tedros, denunciaba en enero de este año que estábamos a punto de una catástrofe moral de la humanidad. Los hechos le han dado la razón.

 

¿Cómo podemos superar esta catástrofe moral?

 

Lo primero que podemos hacer es dedicar un tiempo a reflexionar sobre esta cuestión. Si concluimos que estamos ante una injusticia, podemos apoyar algunas iniciativas, como la Iniciativa Ciudadana Europea, “Right2Cure-no profit on pandemics”, la iniciativa The people´s vaccine, u otras.

 

A través de ellas, podemos pedir a nuestros gobiernos que influyan en la UE para que deje de bloquear la suspensión de patentes para las tecnologías COVID mientras dure esta pandemia. La próxima reunión de la Conferencia de Ministros de la Organización Mundial del Comercio será los días 30 de Nov. a 3 de Dic.

 

Al mismo tiempo, podemos pedir a nuestros gobiernos que apoyen un Tratado de Pandemias que debería incluir, entre otras medidas, la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos, vacunas y tecnologías relacionados con la pandemia; la creación de un fondo global para financiar la investigación abierta y cooperativa y la compra anticipada de vacunas; la creación de un mecanismo multilateral, no dependiente de la industria, para la distribución equitativa de vacunas; el desarrollo de la C-TAP de la OMS para la transferencia de tecnologías y el know how; la identificación de todas las instalaciones capaces de fabricar vacunas y su acreditación, así como el impulso a la fabricación local o regional; y la comercialización de estos productos a precio de coste. 

Los gobiernos pueden impulsar este Tratado en la sesión de la Asamblea Mundial de la Salud convocada para debatir esta cuestión entre el 29 de nov. y el 1 de dic. 

Por último, a medio plazo, los gobiernos deberían promover una estrategia de cambio en el modelo de financiación de la I+D biomédica desligándolo de los precios y los monopolios, mediante un nuevo Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos y vacunas, en línea con lo propuesto en su día por la OMS y por el Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas, que vuelva a prohibir las patentes en estos productos. 

 

Solo de esta forma se podría lograr que, en esta y en futuras pandemias, las vacunas lleguen a los brazos de las personas que las necesitan, en todo el mundo, y a precios asequibles. 

 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/2.FernandoLamata.pdf

Angell, Marcia. The truth about the Drug Companies. How they deceive us, and what to do about it. Random House, 2005.

https://www.knowledgeportalia.org/covid19-r-d-funding

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00326-8.pdf

https://www.efpia.eu/media/602709/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2021.pdf,

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1.full.pdf

 

https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

https://peoplesvaccine.org

 

Estupenda noticia: España firma el primer acuerdo de cesión de tecnología COVID con la C-TAP de la OMS (23-11-2021).

Esta mañana, el CSIC ha firmado el acuerdo por el que cede a la COVID-Technology Access Pool (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tecnología para fabricar un test de diagnóstico para identificar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es un test de fácil manejo, que permite saber si la persona ha sido infectada por el virus o si ha sido vacunada.

 

Este acuerdo reúne unas características muy importantes:

-Está orientado al interés público (acceso de todas las personas)

-Es transparente

-Concede licencia no exclusiva, con lo que evita monopolios

-Es global, permite fabricar a empresas en todo el mundo

-Facilita la transferencia de know how y tecnología, para acelerar la fabricación

-Permite la fabricación en países menos desarrollados

-No cobra royalties a países de medianos y bajos ingresos.

-Permitirá que el test se produzca a precios asequibles, cercanos al coste de fabricación, en todo el mundo, y así se asegurará en los acuerdos con los fabricantes.

 

El acuerdo se firma con la C-TAP de la OMS, y también con la Medicines Patent Pool, organismo de Naciones Unidas, que será la encargada de gestionar la transmisión de conocimiento a las empresas interesadas en todo el mundo.

 

El CSIC cumple así su compromiso ético, de tratar de acercar las tecnologías desarrolladas con fondos públicos a todas las personas que las necesiten. La Presidenta del CSIC anunció además que trabajarán para ceder otras tecnologías en el futuro.

 

Este modelo de actuación debería servir de paradigma. Es un ejemplo de lo que deberían hacer las empresas y los gobiernos. Si los institutos públicos de investigación de los países de la UE hicieran lo mismo, se aceleraría la producción de tecnologías COVID en todo el mundo y a precios asequibles, y se podría superar esta pandemia, y abordar con mayor eficacia y justicia futuras crisis de salud.

 

Esta licencia voluntaria del CSIC a la C-TAP es un paso muy positivo. Y va en línea con las líneas marcadas por el Presidente Pedro Sánchez en su documento “Vacunas para todos”, de mayo 2021, en el que defendía la necesidad de acelerar el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos COVID, en primer lugar, mediante la suspensión temporal de las patentes y la transferencia de know how y tecnologías, y, entre tanto, con la concesión de licencias voluntarias. Esto es lo que ha hecho el gobierno de España.

 

La firma de esta mañana es una muy buena noticia. Es un claro ejemplo que muestra que es posible actuar de otra manera, aplicando el dinero público y la voluntad política en beneficio del conjunto de la sociedad. Como ha dicho la Ministra de Ciencia, Diana Morant: la ciencia pública al servicio de las personas.

 

 Texto del editorial sobre vacunas COVID en la revista de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento

https://accesojustomedicamento.org/vacunas-covid-19-exito-o-fracaso-exito-y-fracaso-al-mismo-tiempo/

Vacunas COVID-19. ¿Éxito o fracaso? Éxito y fracaso al mismo tiempo

27 octubre, 2021

AUTORES:

Fernando Lamata Cotanda, presidente del Comité editorial de la revista AJM.

Serapio Severiano Peña, editor del número monográfico.

EDITORIAL. Revista Nº 6 de Octubre 2021

En la edición de los Premios Princesa de Asturias de 2021 se ha galardonado con el Premio de Investigación Científica y Técnica a siete científicos, de diversos países, que lograron desarrollar con rapidez varias vacunas contra el SARS-CoV-2. Estas personas representan el esfuerzo de miles de investigadores que, a lo largo de los años, han ido creando conocimiento, tanto en la secuenciación del genoma, como en el diseño de plataformas para crear diferentes tipos de vacunas. El hecho admirable de haber podido disponer de vacunas en menos de un año desde que se declaró la pandemia, tiene que ver con esa infraestructura previa para la investigación, con las instalaciones y personal cualificado de los laboratorios y empresas y, sobre todo en este caso, con las inversiones públicas mil millonarias realizadas por los gobiernos. Según estimaciones de Global Health Center, hasta julio de 2021 la inversión pública directa en investigación para la COVID-19 ascendió a cerca de 6.000 millones de dólares y, a través de compras anticipadas de los productos para acelerar su desarrollo y fabricación, a más de 50.000 millones de dólares. Disponer de las vacunas en tan poco tiempo es, sin duda, un enorme éxito de la humanidad.

Ahora bien, una vez disponibles las diferentes vacunas, el reto para detener la pandemia era hacerlas accesibles a todo el mundo. Según los datos de vacunación frente a la COVID-19 proporcionados por “Our World in Data” , a 12 de octubre de 2021, “el 47,5% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se habían administrado en todo el mundo un total 6.540 millones de dosis, y diariamente se administran 22,45 millones. Sin embargo, solamente el 2,5% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis”. Mientras tanto, en la Unión Europea hemos podido vacunar con dos dosis al 65% de la población. Esta desigualdad en el acceso es injustificable. Según el Dr. Tedros, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una catástrofe moral para la humanidad, un gran fracaso.

Durante la pandemia toda la humanidad ha vivido simultáneamente el mismo problema. Todos hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de una respuesta global. La solidaridad mostrada por profesionales sanitarios, trabajadoras de servicios esenciales, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas, personas de toda condición, en todo el mundo, ha sido r e c o n f o r t a n t e ; l o m i s m o q u e e l comportamiento de la ciudadanía. Así mismo, las políticas públicas, que permiten financiar con el esfuerzo de todos unos sistemas públicos de salud, han posibilitado poder administrar las vacunas en tiempo récord, allí donde estaban disponibles. Dentro de nuestros países, todas y todos hemos apoyado una vacunación con dinero público para todas las personas, y hemos acatado el turno que nos correspondía, independientemente de nuestro nivel de renta. Hemos visto también que la Unión Europea (UE) ha mostrado la solidaridad de su ciudadanía con personas de otros países de la UE, al comprar conjuntamente las vacunas y distribuirlas en función de población de cada país de la Unión, estableciendo prioridades para vacunar primero a las personas con mayor riesgo. Todo esto es muy positivo. Sin embargo, los gobiernos europeos no han sido capaces, junto con los de otros países del mundo, de hacer lo mismo a escala global.

En efecto, para que a finales de septiembre se hubiera podido vacunar en todo el mundo al mismo porcentaje de población que en la UE (65%), se deberían haber fabricado y administrado más de 50 millones de dosis diarias, y se deberían haber vendido a precio de coste, con un beneficio industrial moderado. Para ello, los gobiernos de EEUU y de la UE, que han financiado con dinero público el 90% de los costes de investigación y desarrollo de las nuevas vacunas, deberían haber exigido a las empresas a las que subvencionaban que las vacunas estuvieran libres de monopolio, con licencias no exclusivas, y con el compromiso de, 1º, transferir la tecnología y el conocimiento al repositorio “COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)” de la OMSy, a través suyo, a las empresas acreditadas para la fabricación de vacunas en todo el mundo, y, 2º, comercializar a precio de coste. Pero estos gobiernos no se han atrevido y han dejado en las manos de las grandes empresas farmacéuticas titulares de patentes la decisión de cuánto se produce, a quién se subcontrata para fabricar, a quién se vende y a qué precio.

En todo caso, independientemente de las cantidades fabricadas, el principio ético de considerar la salud y el acceso a la vacuna un derecho humano debería haber llevado a los gobiernos a distribuir las vacunas producidas y disponibles en cada momento a todos los países del mundo por igual, de la misma manera que hemos hecho entre los países de la UE, o entre los estados de EEUU. En lugar de hacerlo, se creó la iniciativa públicoprivada COVAX, condicionada por los intereses de las empresas titulares de las patentes. Así, las empresas cerraron contratos con los países ricos a precios abusivos, dejando a los demás, y a COVAX, a la cola. A día 12 de octubre de 2021 COVAX había distribuido solamente 349 millones de dosis, un 5,3% del total de dosis de vacunas administradas en el mundo. Eso sí, al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas y sus ejecutivos han logrado ganancias millonarias (más de 40.000 millones de euros de beneficios abusivos), vendiendo las vacunas a un promedio de 10 veces más de lo que cuestan. Es decir, las empresas titulares de patentes, buscando la máxima ganancia, han dejado sin acceso a los más pobres y los gobiernos que podrían evitarlo no lo han hecho, haciéndose cómplices de miles de muertes evitables.

Resumiendo, en esta pandemia, con el esfuerzo de todos a través de los impuestos que pagamos, y con el trabajo de los investigadores y los profesionales de la salud pública, hemos podido conocer el virus causante de la enfermedad en pocos días, sus principales características epidemiológicas en unas semanas, y disponer de varias vacunas eficaces contra el virus en pocos meses. Sin embargo, este logro impresionante se ha acompañado de una falta de voluntad de los gobiernos de los países más poderosos (EEUU, UE, China, Rusia) para lograr que la vacuna se produjera y comercializara sin la barrera de los monopolios, lo que ha provocado una falta de acceso en muchos países, en medio de una situación peligrosa de pandemia. No es un problema de solidaridad entre los pueblos, sino de incapacidad de los gobiernos nacionales para imponer sus critrios a grandes corporaciones multinacionales. Por eso es necesario reforzar con urgencia la gobernanza mundial y situarla por encima de los intereses de unos pocos.

En este mismo sentido, resulta evidente que la OMS, el organismo multilateral creado en 1948 para proteger la salud de la humanidad, necesita acometer un cambio importante en sus capacidades, herramientas y métodos para enfrentarse a una situación de pandemia. No es razonable estar ante un riesgo pandémico sin tener o utilizar las herramientas adecuadas. La OMS debe recuperar una financiación pública, de los gobiernos, y acabar con la dependencia de financiadores privados. Debe también recuperar las funciones que se la han ido secuestrando y trasladando a organismos público-privados paralelos, para fortalecer su capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo, las normas mundiales de comercio y de propiedad intelectual deben cambiar, para no obstaculizar el acceso equitativo a los instrumentos esenciales de salud. En situación de pandemia, se deben prohibir los monopolios de vacunas y medicamentos, suspendiendo de forma inmediata cualquier tipo de exclusividad, garantizando a los titulares de patentes la remuneración de los costes en que hubieran incurrido, pero evitando los abusos de posición dominante. Entre tanto, a corto plazo, la UE debería apoyar la suspensión de patentes de tecnologías COVID y la transferencia de tecnología en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No olvidemos que, cada día, siguen diagnosticándose en el mundo más de 400.000 personas con la COVID-19.

La Revista AJM ha querido colaborar en la reflexión sobre las vacunas en tiempo de pandemia, aportando una revisión de diferentes aspectos relacionados con las vacunas frente a la COVID-19. Así, Vicente Larraga describe los diferentes tipos de vacunas, las diferentes técnicas y plataformas utilizadas en su investigación y desarrollo, los condicionantes a lo largo del proceso, y el problema de llegar a toda la población. Esteban Rodríguez Sánchez muestra la complejidad y viabilidad de llevar adelante la fabricación de las vacunas, con la necesidad de materias primas, infraestructura y personal altamente cualificado, además de la exigencia de un comportamiento ético. Amós García Rojas reflexiona sobre la importancia de las políticas sanitarias “que hacen posible que esa vacuna, que es absolutamente necesaria, llegue al brazo de quien la necesita” y reclama respuestas globales frente a un problema global. Por su parte, Irene Bernal defiende la consideración de las vacunas como bien público para garantizar la equidad, y denuncia que los monopolios se apropien la innovación, especulando en tiempo de pandemia, y generando barreras que impiden el acceso a millones de personas. A su vez, Raquel González subraya la necesidad de aumentar la capacidad de producción de vacunas y de garantizar una distribución equitativa en todo el mundo, a precios asequibles. Finalmente, Soledad Cabezón señala el tremendo impacto económico y para la salud de la pandemia, y reclama un papel reforzado de la OMS y la aplicación de flexibilidades en la OMC. Todos los autores coinciden en que, junto a la importancia de seguir apoyando la investigación, es un imperativo ético garantizar el acceso a todas las personas.

Este número cuenta también con información complementaria preparada por Pablo Martínez, Ángel María Martín, Ramón Gálvez y José Manuel Estrada. Esperamos que estos puntos de vista tan cualificados, sus reflexiones y la información que aportan sean estimulantes y nos animen a impulsar los cambios necesarios para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo, y a los importantes retos de salud que debe afrontar la humanidad en el presente y en el futuro.

Alesha podía no haber muerto…

Alesha Kimi, una niña de 22 meses, falleció por COVID en un pueblo de Indonesia este mes de agosto. Podía haberse evitado. Como ella, morirán por COVID en el mundo en este mes de agosto, más de 250.000 personas. Podía haberse evitado si los países del mundo, reunidos en Naciones Unidas, hubieran decidido un abordaje global, justo y eficiente de la pandemia, en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, la respuesta a la pandemia ha sido nacionalista, cortoplacista, en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas y los grandes gestores de fondos de inversión. El resultado de este enfoque es que, en parte del mundo, el mundo rico, se ha vacunado ya a más del 50% de la población, y en otra parte del mundo, el mundo pobre, no se ha vacunado más que al 1-2% de la población. Esta situación facilita que el virus siga mutando, apareciendo nuevas variantes, que se siguen cobrando vidas de niñas inocentes como Alesha.

¿Por qué no hemos afrontado esta pandemia como lo que es, un problema global, y hemos respondido con perspectiva localista, “a diferentes velocidades”, según los niveles de renta del país? ¿Nos falta conciencia de especie, de que todos somos hermanos? ¿No nos damos cuenta que todos somos iguales de raíz, que todos los seres humanos tenemos derecho a la máxima salud posible y que todos merecemos el acceso a los servicios sanitarios y los medicamentos?

 

Estos días leía a Francisco Fernández Buey, filósofo comprometido, quien destacó la obra de Bartolomé de las Casas como la “más importante aportación del pensamiento hispánico del siglo XVI a la primera configuración de una conciencia de especie en el marco de la cultura europea”. Y cita al fraile: “Todas las naciones del mundo son hombres … todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatro interiores se mueven por los objetos de ellos; todos huelgan con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal”. El mismo sentimiento expresa Shakespeare años después en su precioso monólogo de Shylock. Es verdad que desde entonces hasta ahora la humanidad ha dado pasos muy importantes, entre otros, no menores, la abolición de la esclavitud. Aunque siga habiendo explotación de millones de trabajadores en condiciones infrahumanas, hay un rechazo mayoritario a esas situaciones, nos repugna a la conciencia. Los organismos internacionales, surgidos después de la segunda guerra mundial, como la Organización Mundial de la Salud, nos hacen sentir parte de un todo y nos animan a la cooperación. Pero estas estructuras políticas multilaterales no tienen, todavía, fuerza bastante para contrapesar la fuerza de otras entidades económicas multinacionales, que ya han consolidado un enorme poder. Es preciso avanzar en un sistema de gobernanza mundial que permita un nuevo equilibrio, decidiendo en beneficio de toda la humanidad.

 

“Los líderes políticos y corporativos deben hacer una elección -escribía el Director General de la OMS, Dr Tedros, en Time, el pasado 12 de agosto-. ¿Quieren el pequeño grupo de países y compañías que controla el suministro de vacunas correr el riesgo de la aparición de nuevas variantes, con innecesarias olas de muerte, pérdida de empleos e inseguridad en todas partes? ¿O quieren terminar la pandemia y promover una verdadera recuperación global?” La respuesta nos la vienen dando desde hace más de un año: quieren lo primero. ¿Por qué? En el mismo artículo el Dr Tedros da la respuesta: “Se va a ganar muy poco con un pequeño número de compañías haciendo grandes ganancias si el mundo continúa perdiendo billones de dólares, entrando y saliendo de severas restricciones para sus poblaciones”. Esta es la clave, Dr Tedros: ¿quién va a ganar muy poco? ¿el conjunto de la humanidad? Pero hay otros que van a ganar mucho. Y pueden más los objetivos de ganancia de los directivos de unas pocas empresas que el sufrimiento, o la pérdida de billones para el conjunto de la población. Estas empresas tienen mucha fuerza, y por eso pueden convencer a sus gobiernos de que, en el dilema que usted plantea, opten por decisiones que conducen a no terminar la pandemia. Es decir, les convencen de que la mejor manera “para todos” es privatizar el conocimiento científico, a través de patentes, y conceder monopolios de explotación de las vacunas, como “bienes privados”, porque así, según afirman, se incentivará la investigación, aunque lo que realmente ocurre es lo contrario. Los monopolios permiten fijar precios abusivos y limitan la capacidad de producción de vacunas mundial, por lo que no hay vacunas para todos, pero se maximizan las ganancias de los monopolistas. En este escenario, los países más ricos acaparan las vacunas, compitiendo a ver quién es el que tiene más proporción de población vacunada con dos dosis, y quién va a ser el que antes vacune antes con la tercera dosis. Conviene insistir: mientras estos países han vacunado a más del 50% de sus poblaciones, millones de personas en países de bajos ingresos todavía no han recibido la primera dosis. Miles de profesionales sanitarios, personal de riesgo, personas vulnerables y mayores están sin vacunar en esos países, cuando la UE ya ha reservado la 3ª, 4ª 5ª y 6ª dosis, a precios abusivos. No es inevitable. Es una opción.

 

El Dr Tedros plantea una solución urgente: aumentar las donaciones voluntarias a través de COVAX. Pero esto no ha funcionado. Hasta ahora se han administrado menos del 5% de dosis totales a través de COVAX, porque las empresas venden a los que pagan precios más altos, y los países con altos ingresos acaparan las dosis. También plantea una solución a medio plazo, la suspensión de patentes, la transferencia de tecnología al Fondo para acceder a tecnologías COVID de la OMS (C-TAP), y el aumento de la producción mundial. Pero el mismo Dr Tedros constata que, aunque la mayoría de países apoyan esta propuesta, un pequeño número, que ya han vacunado a la mayoría de sus poblaciones, se opone, sobre la base de que es más rápido usar licencias voluntarias. Podría ser más rápido, teóricamente, si las empresas quisieran, pero no han querido, por lo que, en los últimos 12 meses, no se ha cedido la tecnología a la C-TAP de la OMS y, a través de ella, a todas las empresas que podrían fabricar vacunas. Es un hecho. Esta fórmula de cesión voluntaria tampoco ha funcionado.

 

¿Cuál es la alternativa? Los países (incluida la Unión Europea y EEUU) podrían llegar a un acuerdo urgente para se haga la cesión obligatoria de tecnologías COVID, con las compensaciones que sean razonables (inversión realizada, auditada; beneficio industrial en la media del sector industrial), lo que permitiría duplicar la producción. Entretanto, la producción actual de vacunas se podría distribuir a los países con menores tasas de vacunación, a precio de coste de fabricación. Una distribución equitativa global, lo mismo que se ha podido hacer en el seno de la Unión Europea. Estas decisiones permitirían acabar con la pandemia. Pero no se tomarán, porque la Unión Europea seguirá bloqueándolas, presionada por los grupos de poder económico. Para cambiar el equilibrio de fuerzas hace falta tiempo. Hace falta hacer visibles estas injusticias, hace falta que la muerte de Alesha, y la muerte y el dolor de miles, no nos dejen indiferentes, y hace falta crear conciencia de que hay alternativas, de que es posible una respuesta ética y, además, eficiente. Son muchas iniciativas que vienen impulsando ese cambio, The People’s Vaccine, la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, Médicos sin Fronteras, Health Action International, Knowledge Ecology International, Salud por Derecho, No es Sano, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Plataforma de afectados por la Hepatitis C, medicusmundi, la propia OMS, la Secretaría General de Naciones Unidas y otras muchas.

 

El cambio es posible. Y depende de cada una de nosotras y nosotros. Paso a paso.

 

Dilemas morales en la COVID-19: Europa se desentiende de la petición de la OMS para una moratoria sobre la tercera dosis, y desoye la petición de más de 100 países para que apoye la suspensión de patentes

La OMS plantea un dilema moral a los países de altos ingresos, como los de la Unión Europea: les pide a los países ricos, que ya han vacunado a más del 50% de su población (incluyendo sanitarios, personal en riesgo y población más vulnerable) una moratoria en sus planes para la administración de una tercera dosis, al menos hasta el final de septiembre, para que se pueda vacunar, al menos, al 10% de la población de todos los países del planeta.

 Si, además de vacunarnos con las dos dosis que ya tenemos compradas, hacemos otra compra para una tercera o una cuarta dosis, en una situación de escasez de dosis global las empresas tenderán a vendernos a nosotros a precios más caros (10, 20 veces por encima de los costes de fabricación) en vez de vender a los países de bajos ingresos a precios más baratos, por lo que tendrán que seguir al final de la cola, como ya ha ocurrido.

https://www.politico.eu/article/who-calls-for-moratorium-on-booster-vaccines/

 

Según la OMS, los países ricos hemos puesto ya 100 dosis por cada 100 habitantes, “mientras, en países de bajos ingresos solamente se han podido administrar 1,5 dosis por cada 100 habitantes, debido a la falta de suministros”. ¿Es esto justo?

 

Hungría, Alemania, y Francia, ya han anunciado planes para administrar una tercera dosis. Los gobiernos nacionales quieren responder a su ciudadanía ofreciendo la mejor protección posible. Pero la Agencia Europea del Medicamento no recomienda (todavía) esa tercera dosis. Los estudios científicios no son precisos respecto a la pérdida de protección de las actuales vacunas. Y, sin embargo, las empresas cuentan con vender esa tercera dosis, y muchas más, a los países de altos ingresos. Y piensan hacerlo, además, subiendo los precios.

 

Si defiendo que las personas que viven en Castilla-La Mancha o en Madrid, tengan el mismo derecho a vacunarse que en Cataluña o en Galicia, porque todos somos españoles; si defiendo que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades de vacunarse que en Italia o en Holanda, y que no dependa de la renta de cada país, porque todos somos europeos… de la misma manera defiendo que todas las personas del planeta tengan las mismas oportunidades para vacunarse, porque todos somos seres humanos, con la misma dignidad y derechos. Por otro lado, conviene recordar que, si no nos salvamos todos no se salva nadie. Si no se termina la pandemia en todos los países no se termina en ninguno.

 

Sin embargo, la Unión Europea resuelve este dilema moral desoyendo la petición de la OMS y diciendo que es una cuestión de cada país. 

https://elpais.com/sociedad/2021-08-05/europa-desoye-la-peticion-de-la-oms-para-ayudar-a-los-paises-mas-pobres-retrasando-la-tercera-dosis-de-la-vacuna.html

 

La pandemia no es un asunto de un país. La fabricación de vacunas y su distribución no es asunto de un país ¿O acaso la UE no ha reservado ya 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023?https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2548

 

Si el número de vacunas estuviera limitado por mandato divino y no hubiera posibilidad de fabricar más vacunas, el dilema moral de ponernos nosotros la tercera, por si acaso nos protege, mientras otros no tienen ni siquiera la primera, podría ser difícil para el gobierno de la UE que tiene responsabilidad sobre su población, y tiene dinero para comprar. Pero el asunto es que el número de vacunas podía ser mucho mayor, y el precio podría ser mucho más accesible, 1€ en vez de 20€, y eso sí depende de la Unión Europea y de los gobiernos europeos. Aquí se nos plantea otro dilema, que han formulado la OMS y más de 100 países del planeta en la Organización Mundial del Comercio, liderados por India y Sudáfrica. ¿Deben los gobiernos del mundo (singularmente EEUU, China, UE) ponerse de acuerdo para: 1) que los resultados de la Investigación y los conocimientos (el know how) para fabricar todas las tecnologías frente a la COVID (vacunas, medicamentos, diagnósticos, etc.) sean compartidos en un depósito común coordinado por la OMS (Depósito de Tecnologías COVID de la OMS, C-TAP); 2) que se distribuyan esas tecnologías a todas las empresas acreditadas en el mundo para la fabricación de las mismas; 3) que se apoye a esas empresas mediante compras anticipadas para acelerar la producción de las vacunas y productos necesarios para todos; 4) que se garantice el precio de venta a precio de coste; 5) que se distribuya de forma equitativa (en función de necesidad, personas en riesgo, personas vulnerables, conjunto de la población) a toda la población mundial. O deben seguir: 1) cediendo a unas pocas empresas farmacéuticas el monopolio de fabricación de unos productos cuya investigación y desarrollo se ha pagado con fondos públicos; 2) dejando que decidan cuánto producen y a qué empresas subcontratan; 3) dejando que fijen los precios de venta, 1000% o 2000% por encima de los costes de fabricación; 4) permitiendo que decidan a quién venden sus productos, priorizando al mejor postor; 5) favoreciendo que obtengan beneficios globales abusivos de más de 50.000 millones de euros en 2021, por encima de los costes de fabricación e I+D.

 

Frente a este otro dilema moral, la Unión Europea se inclina por mantener los monopolios de las vacunas, bloqueando la propuesta de India y Sudáfrica, 

https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/102517/european-union-statements-general-council-meeting-27-28-july-2021_en

Como consecuencia de este bloqueo, se impide o retrasa el acceso a la vacuna a millones (por precios abusivos y producción limitada), manteniendo el virus en circulación y contemplando inermes la aparición de nuevas variantes, y la (supuesta) pérdida de capacidad defensiva de las vacunas, lo que “obliga” a tener que usar una tercera dosis, que pronto será una dosis anual, con la cronificación del problema y la amenaza permanente de nuevos brotes y nuevos confinamientos. La Comisión Europea argumenta que somos muy solidarios porque se han exportado más de 500 millones de dosis desde la Unión Europea. Lo que no dice es que las exportan las empresas monopolísticas, al elevado precio que ellas fijan y, principalmente, a países de rentas altas que son el mejor postor, no a los millones de personas de países de rentas bajas. Dice que la UE y sus Estados Miembros han donado a COVAX 3.200 millones de euros para apoyar una distribución equitativa. Pero ese mecanismo, orientado de acuerdo con los intereses de la industria farmacéutica, no cuestiona los monopolios y no funciona. Con ese dinero se podían haber comprado 3.000 millones de dosis a precio de coste. Pero hasta julio COVAX ha administrado solo 180 millones de dosis. Dice también la UE que la producción de dosis está aumentando, y es verdad. Pero lo que también es verdad es que en muchos países africanos solamente se ha vacunado al 1% de la población. Para haber vacunado a la misma proporción de población en todo el mundo deberíamos haber fabricado el doble de dosis. Así habríamos evitado miles de muertes y la aparición de nuevas variantes. Significa poder fabricar y administrar 12.000 millones de dosis en 6 meses. Y para ello no se puede esperar a que las empresas con monopolio decidan hacer acuerdos de licencia voluntaria y subcontratar, fijando precios abusivos.

 

La Unión Europea, siguiendo el discurso de las grandes empresas farmacéuticas, dice que suspender los monopolios no resuelve nada. Por supuesto que hay que hacer, además, la transferencia de tecnología. Los gobiernos tienen poder para exigir esa transferencia, más aún cuando la I+D se financió (y se seguirá financiando) con dinero público. Se puede y debe hacer, y cuanto antes se haga, mejor. Las empresas titulares del monopolio han subcontratado con otras empresas la fabricación de las vacunas, y la transferencia de tecnología se ha hecho de tal manera que entre 3 y 6 meses desde el acuerdo ya estaban fabricando. Esta pandemia va alargarse, pero vendrán otras más letales. Y no podemos empezar a discutir si es razonable mantener los monopolios frente a problemas globales de salud. Tiene que ponerse en marcha un mecanismo automático de supresión de patentes, transferencia de tecnología a C-TAP, fabricación con toda la capacidad mundial, distribución equitativa, etc. 

 

Los dilemas morales ante los que se ha enfrentado Europa, hasta el momento, se han saldado con un “sálvese quien pueda”, acaparamiento de vacunas a precios abusivos, beneficios exorbitantes para unas pocas empresas y sus altos directivos, y limosna, donando unas cuantas dosis a países pobres, para tranquilizar la conciencia. Este gobierno europeo no ha estado a la altura moral de lo que exigen los tiempos. Estas decisiones, además de quebrar el principio de justicia, de vulnerar el derecho de todos los seres humanos a la salud, van también en contra de los intereses de los europeos. Nos deja en manos de unas multinacionales cuyo objetivo, lógicamente, es obtener la máxima ganancia, y esa no es forma de combatir una pandemia, ya que la ineficiencia en la gestión tiene unos enormes costes económicos y sociales para toda la ciudadanía. Los gobiernos tienen que tomar el mando y decidir en beneficio de todos y no solo de unos pocos. Si queremos terminar cuanto antes con la pandemia de la COVID-19, y para hacer frente a futuras pandemias, la Unión Europea tiene que resolver sus dilemas morales en la dirección contraria a la que ha tomado hasta ahora. Ahora bien ¿Cómo animar al gobierno de la UE a que cambie de posición, frente a la presión de las grandes empresas y su enorme capacidad de influencia, financiada con los sobre-precios que les pagamos por los medicamentos? Solamente una conciencia social, una convicción mayoritaria de que las cosas pueden y deben ser de otra manera, lo conseguirá. Iniciativas como las adoptadas por People’s vaccine, Intermón Oxfam, la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure, Médicos sin Fronteras y otras, van ayudando a crear esa conciencia y nos animan a creer en otra Europa que recupere su dignidad moral frente al resto de la humanidad.

¿Podíamos haber evitado la muerte de 240.000 personas por la COVID-19 en julio?

Tenemos que cambiar el modelo de financiar la investigación y de fijar los precios de medicamentos. Es urgente acabar con los monopolios que suponen barreras al acceso, por precios abusivos y por el control de la producción según los intereses de las empresas y no de la sociedad.

La repetición de las cifras de personas contagiadas y fallecidas actúa como una forma de anestesia, en alguna medida hace que saturemos nuestra capacidad de atención y dejemos de sentir. En lo que llevamos de mes de julio se han contagiado otros doce millones de personas en el mundo, y han fallecido 240.000 personas por la COVID-19. Cada una de estas personas tiene su historia, su familia, tenía ilusiones y problemas, quería vivir. Podías ser tú, tu hermana. Si hubiera sido inevitable, solo cabe la resignación. Pero, en este caso, las muertes de estas 240.000 personas eran evitables.

 

En la reunión que se celebra hoy y mañana en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se volverá a plantear la propuesta de más de cien países, encabezados por India y Sudáfrica, para suspender las patentes de las vacunas y tecnologías COVID mientras dure la pandemia. Lamentablemente, la Unión Europea volverá a oponerse, y la propuesta se volverá a rechazar, como viene haciéndose desde hace un año. ¿Cuál es la diferencia?

 

Si la investigación financiada con dinero público hubiera sido abierta y cooperativa, y los gastos privados de investigación se hubieran remunerado con un fondo global, si se hubieran concedido licencias no exclusivas, suspendiendo los monopolios de las patentes, transfiriendo la tecnología a todas las empresas con capacidad de fabricar vacunas en el mundo, haciendo contratos de compra anticipada para acelerar la producción, fijando precios de venta según el coste de fabricación, garantizando una distribución equitativa según población, estableciendo prioridades según grupos de riesgo, y apoyando las redes de administración locales, se podrían haber fabricado y administrado 8.000 millones de dosis, con un gasto de 15.000 millones de euros, y haber controlado la pandemia a finales de junio, con un 50% de la población mundial vacunada.

 

En cambio, a pesar de la financiación pública de la investigación, la UE ha seguido apoyando los monopolios de las empresas farmacéuticas, cediéndoles las decisiones de cuánto y dónde fabricar, a quién vender y a qué precio. De esta forma se habían producido y administrado a final de junio 3.000 millones de dosis, con un gasto de 45.000 millones de euros. Se había vacunado el 50% de la población de EEUU, la UE, Reino Unido, y China. Pero muchos países de África habían vacunado a menos del 1% de la población, India al 15%, Pakistán al 6% o Indonesia al 10%. Y mientras el virus seguía mutando y la pandemia seguía y sigue matando en Latino América, en Asia, y también en Europa y EEUU.

 

¿A quién beneficia esta forma de actuar? Desde luego a las empresas farmacéuticas titulares de los monopolios. Pero perjudica al conjunto de la ciudadanía.

 

A pesar de las altas tasas de vacunación en España hemos sufrido una quinta ola, con miles de afectados, y con un impacto económico negativo. Como ejemplo, el 44% de camas de UCI ocupadas por pacientes COVID en Cataluña (26/7/21), o la advertencia de no viajar a España desde Alemania o EEUU, afectando al turismo. Y siguen las restricciones, y las mascarillas, y la sensación de inseguridad. Mientras no estemos todos vacunados no hay ningún lugar seguro. En una pandemia es evidente que los monopolios en medicamentos matan. Pero no solo en pandemia. Los monopolios de las patentes aumentan exageradamente los precios de medicamentos para el cáncer, enfermedades cardíacas, u otras, impidiendo el acceso a millones.

 

Es preciso que los países reflexionen y tomen conciencia de que en medicamentos y vacunas el conocimiento debe ser libre, abierto, accesible a todos. La investigación debe ser cooperativa, para que se aceleren los descubrimientos, financiada con un fondo global, como los que se han generado para la pandemia. La comercialización de los productos debe ser a precio de coste, sin la especulación de “la bolsa o la vida”, como medicamentos genéricos. Este cambio permitiría a las empresas de medicamentos seguir fabricando, como cualquier otra industria, y recibiendo una compensación con un beneficio razonable, en la media de las industrias no farmacéuticas. Al evitar los beneficios abusivos se rompería el círculo vicioso que permite financiar marketing agresivo, que corrompe el sistema, que presiona para que los gobiernos acepten fijar precios exagerados, que influye para que los profesionales prescriban los medicamentos más caros, y provoca una sobre-medicación con efectos adversos muy importantes.

 

La pandemia es un aviso, al que los gobiernos de la Unión Europea no están haciendo caso, prefiriendo una estrategia de sálvese quien pueda. Pero esa estrategia tiene las patas muy cortas. Mientras no se disponga de acceso a las vacunas y medicamentos al mismo tiempo en todo el mundo el virus seguirá mutando. Así, la UE, reconociendo esta situación, ya ha tenido que firmar contratos de vacunas COVID para 2022 y 2023, por 1.800 millones de dosis, a 19,5 euros /dosis, más de 35.000 millones de euros que podrían ahorrarse y destinarse a más investigación y apoyo al desarrollo de los sistemas de salud de Europa y de otros países. (¿3ª, 4ª, 5ª y 6ª dosis, mientras otros países no tienen la primera?).

 

Vendrán otras pandemias. Y puede que sean más agresivas, con más letalidad. Entonces, si no hemos cambiado la forma de gestionar la investigación y la toma de decisiones sobre cuánto y dónde se fabrica, cómo se distribuye y a qué precio, la pandemia nos barrería del mapa. A toda la humanidad. Hemos visto un anticipo. Estamos a tiempo de reaccionar. De cambiar las cosas. De volver a recuperar el conocimiento médico como un bien de todos. De lograr que el medicamento sea un bien público. De que la sociedad, a través de sus gobiernos, tome el control y recupere un equilibrio que se rompió en 1994 al aprobar el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los próximos días 13 y 14 de octubre se volverá a reunir el Consejo ADPIC en la OMC. Ojalá España anime a la Unión Europea a iniciar un nuevo rumbo.

 

 

 

El sistema de patentes y monopolios para vacunas y medicamentos supone beneficios millonarios para unos pocos a costa de la salud y los ahorros de millones

(notas sobre las que basé mi intervención en la mesa redonda organizada por FUINSA el 1 julio 2021).

 

Esta mesa redonda se propone abordar, desde diferentes puntos de vista, la potencial suspensión de las patentes en las vacunas COVID-19. El punto de vista que yo presentaré es el de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, y lo hago planteando las siguientes cuestiones: ¿Está siendo justo el acceso a las vacunas COVID-19? ¿Es justo que en muchos países de África esté vacunada menos del 1% de la población, o menos del 10% en muchos países de África y América Latina, y que en los países ricos nos hayamos vacunado ya más del 40% o del 50%? ¿Es justo que hayamos acaparado el 62% de las vacunas disponibles para el 14% de la población? ¿Es justo que estén enfermando y muriendo cada día en todo el mundo varios miles de personas, cuya muerte se podía haber evitado, si se hubiera completado a tiempo la vacunación? Pensamos que no es justo, que es una violación del derecho humano a la salud. Y, por otro lado, nos preguntamos, ¿no hay un riesgo para la salud de la humanidad en que se esté retrasando la vacunación, permitiendo la aparición de nuevas variantes, que podrían ser más agresivas?

 

EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE LO QUE BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y LOS PACIENTES Y LO QUE BENEFICIA A LOS ALTOS EJECUTIVOS Y LOS ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS.

 

Parecería razonable, que el derecho a la salud estuviera por encima del derecho a la Propiedad Intelectual y de los beneficios de las empresas, pero, en la práctica, como veremos, está pesando más la ley de patentes, está pesando más el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el acuerdo ADPIC, están pesando más los beneficios de unos pocos que el derecho humano a la salud.

 

Nosotros creemos que esto es profundamente injusto y se debe cambiar. Defendemos que las vacunas son patrimonio de la humanidad, y deben ser un bien público, global, no un bien privado. 

 

No lo pensamos solo nosotros. También han pedido que se suspendan las patentes de tecnologías frente a la COVID, mientras dure la pandemia, entre otros muchos, el Secretario General de Naciones Unidas, el Director General de la OMS, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Papa Francisco y el Vaticano, el Presidente Biden y el gobierno de EEUU, y también el Parlamento Europeo.

Han pedido la suspensión más de 100 premios nobel, y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Y han pedido la suspensión de las Secciones 1, 4, 5 y 7 de la parte Segunda del acuerdo ADPIC, más de 110 gobiernos, de los 164 que forman parte de la Organización Mundial del Comercio.

 

¿Por qué piden la suspensión? Porque la pandemia está mostrando de manera trágica los efectos de los monopolios en los medicamentos.

 

Las patentes y monopolios de las vacunas tienen dos consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad y los pacientes

-Limitan la producción de vacunas a lo que le interesa al titular de la patente (en el caso de las vacunas COVID se ha podido utilizar solamente el 50% de la capacidad mundial, retrasando injustificadamente la producción).

-Y aumentan los precios al máximo que pueda conseguir el titular en cada momento (en el caso de las vacunas COVID, en promedio, precios 15 veces por encima de los costes).

Estos dos efectos negativos de las patentes en medicamentos crean una barrera al acceso y una distribución no equitativa.

 

Pero, por otro lado, y esto es muy importante, las patentes tienen también una consecuencia muy positiva para las empresas titulares generando enormes ganancias para sus altos ejecutivos y sus accionistas. Para estas personas la pandemia es un gran negocio y, si la pandemia dura más, ganarán más. Hay aquí un evidente conflicto de intereses.

 

Los representantes de la industria dicen que la arquitectura actual de funcionamiento para la producción y distribución de vacunas es la correcta, que a final de año o primeros de 2022 se habrán fabricado suficientes vacunas para todo el planeta. Por supuesto no se comprometen a bajar los precios, que en situación de pandemia deberían ser simplemente los de coste. Tampoco se da importancia al hecho de que, al vacunar más tarde a la mitad del planeta, por falta de suficiente producción, pueden surgir nuevas variantes más agresivas. Su posición es “business as usual”.

 

Salim Abdool Karim, epidemiólogo sudafricano, dice que no solo por justicia, sino por interés, los países ricos debían promover que África tuviera más vacunas… El problema es ¿interés de quién? Interés de la población general sí, porque si no se termina la pandemia en todas partes, habrá nuevas variantes, nuevas necesidades de vacunación, … más gasto, más deterioro de la economía…

 

Pero interés de los altos ejecutivos de las empresas no. A ellos les interesa que la producción esté controlada por sus monopolios, con precios altos. Las vacunas a países ricos a precios altos son mucho más rentables que vacunas a precio de coste para todos. Y, si no se vacuna a todos en 6 meses, y aparecen nuevas variantes, podrán seguir vendiendo: por ejemplo, el contrato de Pfizer con la UE, para 2022 y 2023, por 1.800 millones dosis, al parecer a 19,5 euros / dosis, 35.000 millones de euros con beneficio de 33.000…

 

STRIVE MASIYIWA, UNIÓN AFRICANA: LO HAN ACAPARADO TODO

 

En noviembre 2020 la Unión Africana estableció un Grupo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas para África. Uno de sus responsables, Strive Masiyiwa, explicaba hace unos días el fracaso de esta misión. En diciembre se entrevistó con todos los fabricantes de vacunas. Les dijo que querían comprar vacunas y pagar al contado. Le dijeron que todo el stock estaba vendido hasta final de 2021. Los países ricos lo habían acaparado. Tendrían que esperar.

 

COVAX tampoco respondió como se esperaba. Dijo que podían mandar vacunas para un 20% de la población a lo largo de 2021. Plantearon que era injusto: “nosotros somos tan seres humanos como en Europa o EEUU y ellos van a vacunar a más del 70% de la población en septiembre. ¿Por qué hemos de esperar uno o dos años más?" Llegaron a acordar un 27%. Serían unos 750 millones de dosis en 2021. 

"A final de junio debían haber enviado más de 300 millones y apenas han enviado 50. Es una arquitectura global de la injusticia". Según la OMS, en estas últimas 4 semanas la incidencia y la mortalidad por la COVID ha aumentado en África entre el 30 y el 40%.

 

EL SUPUESTO “INCENTIVO” DE LAS PATENTES PARA INVESTIGAR HA DEGENERADO Y SE HA CONVERTIDO EN UNA MÁQUINA DE HACER DINERO, A COSTA DE LA SALUD DE MILES.

 

Cabe decir que esto no es un problema nuevo de las vacunas frente a la COVID.

 

La patente, el monopolio en medicamentos lleva a precios abusivos inevitablemente, lleva al abuso de posición dominante en el mercado, por que se trata de la salud y la vida. Se puede pedir todo lo que uno tiene: la bolsa o la vida. 

 

Por ejemplo, en la UE 27, con los sobre-precios de las patentes, aparte y por encima de los costes de fabricación y distribución, pagamos a la industria farmacéutica, supuestamente para investigación, 100.000 millones de euros anuales. Sin embargo, todo el gasto en Investigación que declaran (incluyendo resultados fallidos, ensayos comerciales, intermediarios, etc.) no llega a 25.000 millones de euros anuales. De manera que tres cuartas partes de lo que debería ir a investigación se desvía a beneficios abusivos, recompra de acciones y marketing. Las consecuencias de los monopolios en medicamentos, por los elevadísimos precios y la limitación de la producción, son el retraso al acceso a los medicamentos necesarios, y una presión insoportable sobre los bolsillos de los pacientes y los servicios de salud. 

 

LOS GOBIERNOS NACIONALES AISLADOS SON MÁS DÉBILES QUE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS, Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES, HASTA EL MOMENTO, HAN SIDO INEFICACES. ES PRECISA UNA NUEVA GOBERNANZA MUNDIAL QUE REINSTAURE EL EQUILIBRIO.

 

Entonces ¿por qué no se corrige este desequilibrio, esta injusticia?

Porque las empresas farmacéuticas, con los beneficios abusivos acumulados año tras año, han adquirido un enorme poder. En la UE 27 destinan a marketing más de 35.000 millones de euros anuales. Y esto da para mucha presión, promoviendo think tanks, influyendo sobre los legisladores, patrocinando la formación de profesionales, revistas científicas, agencias del medicamento, gabinetes jurídicos, medios de comunicación, puertas giratorias, etc…

 

Sus beneficios sobre ventas, que antes del acuerdo ADPIC, entre 1950 y 1994, ya eran elevados, el doble que la media de las industrias no farmacéuticas, empezaron a crecer desde entonces incontroladamente y son ya 6 veces más altos que los de las grandes empresas no industriales. Lógicamente, quieren mantener ese privilegio, aun a costa de impedir el acceso a los medicamentos a millones de personas. Porque el ánimo de lucro no se sacia nunca y debe ser la sociedad, a través de sus representantes, la que corrija esos desequilibrios en la distribución de esfuerzos y beneficios.

 

Está claro que el supuesto “incentivo” a la investigación es desproporcionado, a costa de precios abusivos, que limitan el acceso a millones de personas. Además, cada vez hay menos aportación real, significativa, a investigación innovadora, sino que se enfoca a intereses comerciales, y se convierte en freno a la innovación. Es un sistema que ha degenerado. Es urgente volver al sistema anterior, sin monopolios en medicamentos. Pero los gobiernos aislados no son capaces de avanzar en una solución. Es preciso un acuerdo global para un nuevo modelo, como viene demandando la OMS desde 2012 y como pidió el Panel de Expertos en acceso a medicamentos de la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016.

 

La I+D que hacen ahora las empresas se podría financiar con un 25% del ahorro respecto al actual modelo de patentes/monopolios: con premios, o con líneas de financiación contra justificación de gastos. Se podría pagar como máximo el 100% de los gastos acreditados de I+D. Pero NO a través de monopolios y sobreprecios. Las prioridades de investigación se fijarían según necesidades de salud pública, y la investigación sería abierta y cooperativa, evitando los sesgos del patrocinio comercial. En la UE-27, el resto del ahorro, más de 70.000 millones de euros anuales, se podría destinar otros programas de salud pública.

 

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA PUESTO SOBRE LA MESA EL PROBLEMA DE LOS MONOPOLIOS EN MEDICAMENTOS Y VACUNAS

 

La pandemia de la COVID-19 es otro ejemplo claro de la barrera de acceso generada por el abuso de los derechos de propiedad intelectual, que están limitando la producción y que suben los precios. Como hemos dicho, la producción es la mitad de la que se podría desplegar, y los precios son 15 veces más caros de lo que cuestan.

 

Pero, al mismo tiempo, y este es el nudo gordiano, en 2021 las empresas vendedoras de estas vacunas ganarán más de 50.000 millones de euros. Más de 40.000 millones serán beneficios abusivos por exceso de precio. Así mismo, sus altos ejecutivos han visto aumentar su fortuna personal en decenas o centenas de millones de dólares. 

 

No olvidemos las palabras del director de una gran empresa farmacéutica hace unos años, cuando defendía los precios abusivos de su medicamento contra el cáncer y se oponía a la fabricación del genérico: “nosotros no desarrollamos esta medicina para los Indios, la desarrollamos para pacientes occidentales que puedan pagar por ella”. 

Mucho me temo que, en los próximos meses, en lugar de bajar, los precios de las vacunas seguirán creciendo, "para los que puedan pagar por ellas".

No debemos dejar que este desequilibrio entre las necesidades sociales y los intereses de las grandes empresas farmacéuticas siga gobernando el sistema a través de los monopolios. La pandemia de la COVID-19 ya ha causado mucho daño, que hubiera sido evitable: más de 4 millones de personas fallecidas. Pero, si viene otra pandemia, que vendrá, con más letalidad y con una contagiosidad similar, y seguimos con el sistema de monopolios, la pandemia barrerá literalmente la humanidad mientras discutimos si se suspenden las patentes no no.

 

¿ES POSIBLE UNA ALTERNATIVA MEJOR PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN?

 

En situación de pandemia, por ética, por justicia, por el interés colectivo, la suspensión de monopolios debe ser automática. Se trata de compartir el conocimiento médico y farmacológico, de manera inmediata, para beneficio de toda la humanidad. Deben ser los gobiernos del mundo, las Naciones Unidas a través del organismo pertinente, y no las empresas, los que decidan cuánto y dónde se fabrica, a qué precio se vende, cómo y con qué criterios se distribuye.

 

Recordemos que el grueso de la inversión para investigar y desarrollar las vacunas COVID ha sido financiado con dinero público, subvenciones, proyectos y becas, a lo largo de los años, y en 2020 ayudas específicas y compras anticipadas a las empresas. En total, EEUU y la UE han dotado fondos para estas investigaciones con 30.000 millones de euros públicos.

 

A partir de ahí, en vez de dar la exclusividad, los gobiernos debían haber exigido licencias abiertas, no exclusivas. En lugar de que las empresas titulares de la exclusividad subcontrataran la fabricación con unas pocas empresas, se debía haber cedido la tecnología todas las empresas con capacidad de fabricar. No se hizo. Pero esta pandemia sigue matando, y vendrán nuevas pandemias. ¿Qué proponemos para mejorar la situación?:

 

Pedimos a Naciones Unidas y a todos los gobiernos del mundo que hablen en serio y no se levanten de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo para:

1-Suspender de inmediato las patentes y otros mecanismos de exclusividad. La próxima reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio es el 27 y 28 de julio. La Comisión Europea debería respaldar esta decisión y los gobiernos deberían abordar la modificación de sus legislaciones en esta materia.

2-Seguir apoyando la I+D con fondos públicos, pero exigiendo licencias no exclusivas. Si una empresa acredita haber hecho una inversión en I+D sin ayuda pública, se le remunerará dicho gasto con el fondo global.

3-Coordinar la Investigación, abierta y cooperativa, siguiendo el modelo del ensayo Solidarity de la OMS, para evitar duplicaciones y sesgos

4-Transferir la tecnología y el conocimiento a la C-TAP de la OMS, y desde ahí a todas las empresas acreditadas para fabricar vacunas.

5-Apoyar a las empresas con procedimientos de compras anticipadas para iniciar la fabricación y, por otro lado, desarrollar plataformas públicas capaces de producir vacunas y otros productos.

6-Fabricar en todas las empresas acreditadas, (lo que permitiría duplicar capacidad de fabricación, en los 5 continentes): 90 millones dosis / día, 32.000 millones dosis / año, con el objetivo de poder vacunar a toda la población mundial en 6 meses (no solo a países ricos), para esta y para futuras pandemias.

7-Exigir venta a precio de coste (entre diez y veinte veces menos del precio actual). El gasto para vacunar a toda la población mundial sería de 15.000 millones de euros, en lugar de los 50.000 millones que vamos a gastar para vacunar a menos de la mitad.

Y 8-Distribuir equitativamente todas las vacunas, como ha hecho la UE para sus países miembros. (Podría usarse el mecanismo COVAX, con un modelo de gobierno público similar al de la UE, y para el 100% de vacunas. Recordemos que, a día de hoy, COVAX ha distribuido menos del 3% del total de dosis administradas).

 

Todos los elementos de esta propuesta ya se han ensayado parcialmente, demostrando que otro enfoque es posible.

 

Amigas y amigos. Pablo Neruda, en su poema El Barco, denunciaba la injusticia que sufrían muchos pasajeros en nuestro barco planetario. “Todos llegábamos del mismo sitio. Todos veníamos de mujer y de hombre” pero resulta que parte del pasaje tenía todos los asientos ocupados, la comida, la ropa, y ahora serían las vacunas…  mientras que muchos otros no tienen comida ni abrigo, ni vacunas,…  y, por eso, nos dicen:

“Si es una broma triste, decídanse, señores, 

a terminarla pronto, 

a hablar en serio ahora. 

Después el mar es duro.

Y llueve sangre”. 

 

Muchas gracias