Una buena salud mental: ¿Cómo? y ¿con qué?

(artículo publicado en elDiario.es 5/1/2022)

Cualquiera de nosotros ha vivido, en sí mismo, en un familiar o en un amigo querido, un problema severo de salud mental. Al decir severo quiero decir que nos ha producido sufrimiento indecible y nos ha dificultado el desarrollo de nuestra vida, en el ámbito familiar, escolar, laboral o social. A veces nos ha dejado tirados, sin fuerza para seguir adelante, sintiendo incomprensión y desesperanza: una depresión que vino sin saber cómo; una obsesión que no nos deja vivir; percepciones alteradas que nos hacen oír voces en nuestra mente y nos confunden haciéndonos dudar de la realidad; trastornos de la alimentación que ponen en riesgo nuestra vida… 

Los problemas de salud mental suponen el 15% de la “carga de enfermedad” total de la población (años de vida vividos con discapacidad). Las causas y los procesos que generan estos trastornos son muy complejos. A veces, uno mismo puede tratar de salir adelante por sí mismo. Pero muchas otras es necesaria ayuda profesional. Hasta mediados del siglo XX se pensaba que estos problemas eran incomprensibles e irresolubles. Hoy sabemos que, con los apoyos apropiados, la inmensa mayoría de las personas con problemas severos de salud mental pueden lograr una recuperación completa. Por eso es inaceptable que, en un país con el desarrollo económico de España, miles de personas no puedan contar con esos apoyos. Por ejemplo, no es admisible que, cuando se pide cita con un especialista en salud mental, la espera supere el mes o los dos meses. En ese tiempo el problema se agrava, aumenta el estigma y se hace más difícil de superar. 

¿Qué condiciones y apoyos considero adecuados para disfrutar de una buena salud mental? Poder vivir en un entorno saludable, en una familia acogedora; poder estudiar y, más tarde, lograr un empleo y llevar una vida independiente, con mi familia, amigos y vecinos, aceptándome como soy, disfrutando de las pequeñas cosas, compartiendo y contribuyendo al desarrollo de la comunidad, queriendo y sintiéndome querido. 

Que, si aparecen problemas de salud mental (depresión, voces, ansiedad, etc.), poder expresar mi dificultad y pedir ayuda a la familia y amigos; que en los servicios de Atención Primaria puedan escucharme, valorar mi problema, orientarme; que, si necesito servicios de salud mental, haya un acceso rápido (menos de una semana) a un equipo de salud mental multidisciplinar, asertivo, con enfoque comunitario, que disponga de tiempo para valorar mi situación y, si procede, diseñar conmigo un plan individualizado de atención. Que estos apoyos incluyan psicoterapia, acompañamiento con asistente personal o persona con experiencia propia, apoyo a la familia y atención domiciliaria, acceso telefónico ágil, etc. En caso necesario, medicación. 

Si fuera preciso, tener acceso a otros programas o unidades sociales (centro de día, hospital de día, vivienda de respiro, apoyo para vivienda habitual, orientación y apoyo laboral y educativo, hospitalización, etc.). Que, en todo momento, se respetasen mis derechos humanos, mi participación en las decisiones, mis preferencias y consentimiento previo, buscando una recuperación activa en la comunidad, aprendiendo a gestionar mis molestias, con autonomía, sintiéndome parte de la sociedad y de la vida, con esperanza y con sentido. 

Es decir, una atención centrada en la persona, respetando los derechos humanos y con un enfoque de recuperación, como propone la OMS en su Guía en Servicios de Salud Mental comunitarios y como se planteaba ya en España en el documento para la Reforma Psiquiátrica de 1985, en la Ley General de Sanidad de 1986, y en los planes de salud mental de aquellas comunidades autónomas que impulsaron este enfoque de atención hasta la crisis financiera de 2009. Entonces, los recortes en servicios públicos y en sanidad afectaron gravemente a los recursos para la salud mental. Y, paralelamente, la falta de medios facilitó una regresión en el enfoque de la atención: del enfoque integrado en la comunidad se pasó al enfoque centrado en el hospital; de los apoyos psicológicos y sociales, al enfoque farmacológico y a la contención mecánica. 

En efecto, en España se destina a salud mental solamente un 5% del gasto sanitario total, unos 4.000 millones de euros anuales, (cuando, como veíamos, la carga de enfermedad es el 15% del total). Y, de ese gasto, el 44% se destina a hospitales, el 42% a medicación y solo un 14% a servicios comunitarios. La disponibilidad de profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.) es menos de la mitad de la media europea. Los recursos sociales (apoyos para empleo, vivienda, integración social), que se recortaron en la crisis financiera, no se han recuperado y son muy insuficientes. 

Como consecuencia de esta falta de recursos y esta regresión en el enfoque, la calidad de los servicios de salud mental en España se ha deteriorado, siendo muy inferior a la de otros países europeos, como muestra el Mental Health Index. La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo Interterritorial del SNS, trata de volver al enfoque comunitario, centrado en la persona y basado en los derechos humanos. La Estrategia va en la buena dirección respecto al “cómo”, sin embargo, se echan en falta dos cuestiones importantes: la definición de objetivos mensurables y, sobre todo, la cuantificación y previsión de los recursos adicionales para los próximos cuatro años para poder recuperar y consolidar unos buenos servicios de salud mental: se prevén 30 millones de euros anuales frente a los más de 4.000 millones precisos. 

Aquí está el principal escollo. Sabemos “cómo” se deberían hacer las cosas, pero nos falta el “con qué”. Los recursos. Como vimos, del gasto sanitario público total, destinamos solo un 5% a salud mental, mientras Alemania destina el 11%, Suecia el 10%, Reino Unido el 9,5% y Holanda el 8,8%. Si destináramos el 10% del gasto sanitario público a salud mental dispondríamos de otros 4.000 millones anuales. Por otro lado, ese aumento de recursos se debería orientar no a hospitales o a medicamentos, sino a la salud mental comunitaria, que pasaría a suponer un 70% del total de gasto en salud mental. Se preguntarán: pero ¿de qué otras partidas de sanidad se reduce el gasto? Pues, por ejemplo, reduciendo los precios abusivos de los medicamentos se ahorrarían 8.000 millones anuales, como mostramos en nuestro documento para la Fundación Alternativas.

Además, en España disponemos de menos gasto sanitario público en relación con nuestra renta que en la Euroárea-15, un 6,5% del PIB frente a un 8,3%. Esa diferencia supone casi 20.000 millones de euros menos, de los cuales el 10% debería ir a salud mental. ¿Podemos permitirnos ese gasto? Si los ingresos fiscales fueran similares a los de otros países europeos, en proporción a nuestra renta, desde luego que sí. En efecto, la diferencia de ingresos fiscales con la Euroárea era de 7 puntos en 2019, equivalente a 87.500 millones de euros, más que suficiente para financiar las necesidades de dotación en salud mental y sanidad en general. No se trata de cobrar más impuestos a las rentas medias y bajas, sino de cobrar impuestos justos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones y evitar el fraude fiscal.

En los últimos dos años, la pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente sobre la salud mental y ha tensionado más todavía a los profesionales de unos servicios sanitarios infradotados. Así, vimos que en 2020 aumentó el número de suicidios un 7,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar 3.941 fallecidos. Cada estadística son personas y familias que sufren. Dolor innecesario y muertes que, en muchos casos, podían haberse evitado. Con los recursos adecuados orientados a la salud mental comunitaria, la atención podría ser excelente, en tiempo y en calidad, apoyando la recuperación completa de las personas. Pero, por falta de atención adecuada, muchas personas con problemas de salud mental ven limitada su autonomía, su posibilidad de trabajar y de formar una familia independiente, o se convierten en “sin techo” que viven en la indigencia. Hoy sabemos “cómo” recuperar una buena salud mental. Pero necesitamos cuadrar el “con qué”. Los gobiernos y la ciudadanía saben que es posible. Solo falta voluntad política y un fuerte respaldo social.

 

Ese era yo

 Tirado, en medio de la acera,

la cara estampada contra el suelo,

inconsciente, 

mientras a tu lado pasaba la gente

con miradas furtivas,

abrigándose bien porque apretaba el frío.

 

Vagabundo, deshecho de la vida,

embotada tu mente de alcohol

con los huesos helados y la tripa vacía.

 

En cada uno de esos estoy yo, dijo Jesús.

En ese vagabundo estoy yo,

en el migrante, la prostituta, el condenado…

Ese era yo. 

Y, ciertamente,

podíamos haber sido cualquiera de nosotros:

una mala carambola de la vida,

una enfermedad, un despido improcedente,

alguna decisión equivocada, y de repente

estamos en el hoyo, marginados, 

perdidos.

 

Por eso, siempre, 

tenemos que echarnos una mano,

cada cual en lo que sepa 

y a quien lo necesite,

impulsando políticas sociales, 

medidas justas y gestos solidarios

que ayuden 

a levantar del suelo al descartado.

 

Y es que, aunque no lo conozcas,

es tu hermano. Tu propio hermano.

 

¡Que no le falte nunca una palabra amiga 

y un abrazo fraterno 

para aliviar la herida en su costado!

 

 

FELIZ NAVIDAD

Diciembre 2021

 

Fernando Lamata

El Informe Maloney: “Los precios de los medicamentos son insostenibles, injustificables y abusivos”

El 10 de diciembre se publicó el Informe del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de los EEUU, presidido por Carolyne B. Maloney. El informe, titulado “Investigación en los precios de los medicamentos” es el resultado de tres años de trabajo, revisando más de 1,5 millones de páginas de documentos internos de las compañías farmacéuticas, realizando comparecencias de directivos de dichas empresas y analizando toda la información relevante (1).

Las conclusiones de la investigación son rotundas: las compañías farmacéuticas han subido los precios de los medicamentos continuamente durante décadas manipulando el sistema de patentes y otras leyes para retrasar la competencia de genéricos a precios más bajos. Como consecuencia, los precios son insostenibles, injustificables y abusivos.

 

El informe demuestra que el argumento de que los altos precios son necesarios para financiar la investigación es falso. Los costes de I+D no justifican estos precios. El gasto en investigación es una parte pequeña de sus beneficios. Entre 2016 y 2020 las 14 empresas líderes gastaron más dinero en recompra de acciones y dividendos que en investigación: un total de 577.000 millones de dólares. Por otra parte, buena parte de los medicamentos con los que han obtenido ganancias elevadísimas se han investigado con financiación pública, con dinero de los contribuyentes, directamente. Además, de los gastos que las empresas farmacéuticas contabilizan como investigación, una parte significativa no va a lo que se considera investigación innovadora, sino a mantener sus monopolios, extender la duración de los mismos, reforzar las estrategias de marketing de las empresas y suprimir la competencia.

 

El comité concluye que es precisa una reforma estructural del sistema.

En la rueda de prensa de presentación del Informe, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró: “El resultado de la investigación del Comité es claro: las familias americanas están sufriendo precios escandalosos en los medicamentos, mientras Big Pharma amasa beneficios record”. En efecto, el Informe señala que, entre 2016 y 2020 los ejecutivos de las 10 compañías investigadas recibieron, colectivamente, 800 millones $.

Ahora, con el impulso del Presidente Biden, el Congreso (Cámara de Representante y Senado) debatirán una ley (la Build Back Better Act) en la que, entre otras disposiciones, se habilitaría a Medicare (el seguro sanitario público para personas mayores) a que negocie los precios de los medicamentos con las compañías. Hasta ahora las compañías fijan los precios que quieren y Medicare, como los seguros de salud privados y los pacientes, tienen que aceptar ese precio. En el primer borrador de la ley se quería negociar, como punto de partida, el precio de 250 medicamentos. La presión de los lobbies de la industria farmacéutica habría logrado que, de momento, solamente se negociara el precio de 10. No es de extrañar la capacidad de influencia de la industria del medicamento, con más de 850 profesionales dedicados a esa tarea en el Congreso norteamericano (1,5 por cada congresista), y los más de 180 millones de dólares anuales en acciones de lobby en el Congreso.

 

A pesar de todo es un primer paso importante. Permitirá, por ejemplo, limitar el precio de la insulina a un máximo de 35$ al mes. Conviene recordar que, en EEUU, muchas personas mueren cada año por no poder pagarse el tratamiento con insulina, como la hija de Antoinette Worsham, diabética, que había muerto al tener que racionar la insulina que necesitaba porque, simplemente, su madre no podía pagarla. También serán incluidos otros medicamentos para el tratamiento del cáncer. Además, se fija un máximo de 2.000 $ al año lo que pagarían en medicinas las personas cubiertas por Medicare. 

Este Informe vuelve a poner de manifiesto el efecto nocivo de las patentes y monopolios en medicamentos. La misma conclusión podemos sacar de la lectura del Informe de la campaña No es Sano: Los altos precios de los medicamentos en España: análisis de los fármacos aprobados durante la pandemia (2). En este sector, inevitablemente, las compañías abusan del monopolio pidiendo precios excesivos a los pacientes y los servicios de salud, muy por encima de los costes de I+D y de fabricación. Los enormes beneficios que logran con estos precios abusivos engrosan las cuentas de los directivos y de los principales accionistas, en detrimento del conjunto de la sociedad. Parte de ese dinero se utiliza para marketing y lobby, bloqueando cualquier transformación significativa del sistema. Por eso, los gobiernos deberían tomar nota y hacer caso de otro Informe publicado en 2016: el Informe del Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre acceso a los medicamentos y la innovación (3). En aquel Informe se recomendaba al Secretario General de Naciones Unidas que iniciara un proceso para la negociación de una Convención vinculante sobre Investigación y Desarrollo de medicamentos, que desvinculara los costes de I+D de los precios finales, para promover así el acceso a una buena salud para todos. Esta es la clave. 

La pandemia de la COVID-19 es una prueba más de que tenemos que cambiar el modelo. Hemos pagado la investigación de las vacunas con dinero público. Se han pagado los ensayos clínicos y el desarrollo de los productos con compras anticipadas. Pero se ha cedido a las empresas el monopolio, para que decidan cuánto producen, a quién venden y a qué precio. El resultado ha sido un precio abusivo y una producción limitada. Quienes han podido (países de rentas altas) han pagado y se han vacunado. Quienes no han podido, se han quedado a la cola, en una brutal desigualdad frente a la pandemia que debería avergonzarnos. Pero, además, este modelo se nos vuelve en contra ya que, al no vacunar a millones de personas en países de bajos ingresos, el virus sigue circulando, sigue mutando, y llegó la ómicron, y sigue manteniendo en vilo a los sistemas de salud y a los países. Sin patentes y monopolios, con la mitad del dinero que hemos gastado los países ricos, se podría haber vacunado en 6 meses a toda la población del planeta. Desde julio hasta ahora ha muerto más de un millón de personas innecesariamente. Mucho sufrimiento, mucho dolor, pérdidas económicas, incertidumbre y miedo. No hay derecho. No es justo. Los gobiernos de la Unión Europea deben reaccionar y liderar un cambio de rumbo. Deben impulsar en Naciones Unidas una Convención para el acceso a los medicamentos que prohíba las patentes y los monopolios en las vacunas y tratamientos. Cuanto antes mejor.

(1)

https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/DRUG%20PRICING%20REPORT%20WITH%20APPENDIX%20v3.pdf

(2)

http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2021/12/Informe_AltosPreciosMedicamentosEspaña.pdf

(3)

https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6ebf5e231b2f02cd3d4/1473890031320/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf

 

El acaparamiento de dosis de los países ricos y el bloqueo a la suspensión de patentes y a la transferencia de tecnología consigue enormes ganancias para algunas empresas farmacéuticas pero prolonga la pandemia, el sufrimiento y el riesgo para el conjunto de la sociedad.

 [Comparecencia en el Congreso de los Diputados. Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. 29 noviembre 2021]

 

Presidente, Señorías, agradezco su invitación a participar en esta Comisión. En mi intervención me referiré a los primeros pasos de la estrategia de vacunación que son el apoyo a la investigación y desarrollo de las nuevas vacunas, y el procedimiento de compra anticipada. 

 

En mi opinión, el proceso de desarrollo y adquisición, que es clave para la estrategia de vacunas, ha logrado unos resultados agridulces. Por un lado, positivos, porque hemos podido vacunar con la pauta completa al 80% de la población española y al 70% de la población de la UE. Por otro lado, resultados negativos, porque los países de rentas bajas solo han podido vacunar a menos del 5% de sus poblaciones. Podríamos pensar que ese no es nuestro problema, que no es la responsabilidad del Parlamento español, ni la de nuestro gobierno, ni la de la Comisión Europea. Pero sí es nuestro problema. 

 

La estrategia de vacunas europea, y por tanto la española, fija su objetivo en la vacunación de los Estados Miembros y sus poblaciones, cuando en una pandemia el problema es global. Ese enfoque localista se traduce en el acaparamiento de dosis: según la Presidenta de la Comisión se han garantizado 4.600 millones de dosis, diez para cada europeo. No pasaría nada, si se fabricaran suficientes dosis para todos en todo el mundo. Pero no es así. Como veremos, los acuerdos de compra anticipada ceden a las empresas farmacéuticas los derechos de propiedad intelectual, lo que implica que pueden fijar precios altos y limitar la producción según sus objetivos comerciales, y, así, nuestros contratos son causa indirecta de que en los países de rentas bajas no tengan acceso a las vacunas. 

 

Y es también nuestro problema, porque en una pandemia nadie está a salvo mientras todos no estemos a salvo. Mientras no vacunemos a la misma proporción de la población en todo el mundo equitativamente, el virus seguirá circulando, creando nuevas variantes, como la ómicron identificada en Sudáfrica, donde solamente habían podido vacunar hasta ahora al 21% de su población por falta de vacunas, y, como consecuencia, seguirá aumentando el sufrimiento y la muerte de miles de personas. También aquí.

 

No es fácil, pero es preciso un cambio de rumbo. Con otra estrategia, en la que se hubieran evitado los monopolios de vacunas, suspendiendo las patentes y transfiriendo la tecnología, se podía haber vacunado ya con una pauta completa a toda la población del planeta, utilizando solo la mitad del dinero que hemos gastado hasta ahora para vacunarnos en los países ricos.

 

Permítanme analizar con algún detalle estas cuestiones.

 

¿Cómo hemos impulsado la investigación y el desarrollo de vacunas?

 

El primer paso de la estrategia de vacunas frente a la COVID era lograr descubrir y desarrollar esas vacunas. Para ello, todos los países de la UE, directamente y a través de la Comisión Europea, han invertido en apoyo de la investigación, tanto en centros públicos, como en empresas privadas. La Unión Europea lo ha hecho mediante tres mecanismos. Primero, más de 2.700 millones de euros a través de proyectos y plataformas de investigación como “Horizonte 2020”, el fondo de Respuesta Global, y otros fondos. Segundo, una cantidad estimada en más de 3.000 millones de euros a través de los pagos adelantados previstos en los Acuerdos de Adquisición Anticipada. Y tercero, a través de los sobreprecios pactados en dichos acuerdos por encima de los costes de producción. Podemos estimar que la UE, y por tanto también España, ha financiado la Investigación de vacunas COVID con unos 17.700 millones de euros. Además, la inversión en I+D hecha por los gobiernos europeos individualmente, así como por los de EEUU y otros países ricos, más que duplica esa cantidad. Por ello, podemos afirmar que toda la investigación y desarrollo de las vacunas se ha pagado, de forma directa o indirecta, con dinero público.

 

Esta enorme inversión, y el trabajo de centenares de investigadores, ha permitido que la humanidad disponga de vacunas eficaces y seguras en menos de un año. El problema es que no han podido llegar y no están llegando a los brazos de quienes las necesitan en todo el mundo.

 

Me referiré a continuación a los Acuerdos de Adquisición Anticipada.

 

En junio de 2020 la Comisión Europea propuso a los Estados Miembros la posibilidad de negociar la compra conjunta y anticipada de vacunas COVID. Se trataba de apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas, adelantando dinero a las empresas y garantizando un volumen de compra en caso de lograr resultados favorables. De esta forma, los Estados Miembros quitaban el riesgo que las empresas debían haber asumido con inversiones para la investigación, los ensayos clínicos, la ampliación de instalaciones, la compra de materias primas, envases, etc., y ese riesgo lo asumían los países, es decir, los contribuyentes, haciéndose cargo de esos gastos. Era un paso importante, porque suponía, además de acelerar el descubrimiento y fabricación de las vacunas, que éstas se distribuirían de forma equitativa entre los países de la UE, en función de su población. 

 

España se sumó formalmente al acuerdo con la Comisión Europea para las compras anticipadas el 20 de julio de 2020. Ahí se recogían orientaciones en dos temas clave, que luego, como veremos, no se tendrían en cuenta. Por un lado, se dice que el precio deberá reflejar una estimación de los costes, debidamente auditados, así como descontar otras aportaciones de fondos públicos. Parece razonable que el precio sea cercano al coste de producción, ya que el riesgo de inversión en investigación y desarrollo, se financia con subvenciones públicas y con estos acuerdos. El otro tema clave es que la Comisión deberá promover que la vacuna contra la COVID-19 sea un bien público mundial. Por lo tanto, “incluirá el acceso de países de renta media y baja a estas vacunas en cantidades suficientes y a un precio módico”. Y, además: “La Comisión intentará fomentar determinados aspectos … en relación con el reparto de la propiedad intelectual e industrial, especialmente cuando esta se haya desarrollado con financiación pública”.

 

Pues bien, los negociadores y expertos de la Comisión analizaron las vacunas candidatas, valoraron las posibilidades de éxito, y suscribieron los correspondientes acuerdos de compra anticipada con las que consideraron más favorables. Posteriormente, cuando estas vacunas iban siendo autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, los diferentes países firmaron sus órdenes de compra con arreglo a las condiciones pactadas previamente por el Equipo negociador de la Comisión.

 

Analizaremos ahora tres aspectos relevantes del contenido de los Acuerdos.

 

En primer lugar, la transparencia.

 

Hemos de hacer notar que, para analizar estos acuerdos y sus resultados tenemos un problema, la falta de transparencia. Seguramente coincidimos en que la transparencia es un principio básico de los contratos públicos, porque se trata de dinero de los contribuyentes. La transparencia permite el control por parte de la ciudadanía y del Parlamento, y es un elemento necesario para comprobar el cumplimiento del interés público. Aquí eso no es posible. Los contratos que se han publicado están tachados. Algunos datos clave no son públicos. ¿Es así como debe funcionar una democracia en un tema tan importante como este? No parece razonable. Por eso, de cara al futuro, la transparencia en todas las actuaciones de la estrategia de vacunas nacional o europea debe ser una exigencia.

 

En segundo lugar, analizaremos cómo se recogen los derechos de propiedad intelectual.

 

Este, a mi juicio, es el aspecto más importante. Como hemos visto, la financiación pública de la I+D, por proyectos, compra anticipada, y precios, es de más del 100 por 100. En justicia, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID debían ser de titularidad pública, es decir, de la gente, como lo fueron los de la vacuna de la polio y otras vacunas. De esa forma, la Comisión y sus EEMM podrían haber cedido licencias no exclusivas a la OMS, transfiriendo la tecnología y el know how a través de la Covid-Technology Acces Pool, la C-TAP, para poder fabricar las vacunas en todo el mundo, favoreciendo la producción local, y vendiéndolas a precio de coste, de manera que fueran asequibles a todos los países simultáneamente y de forma equitativa. Pero los negociadores de la Comisión Europea permitieron que las empresas retuvieran los derechos de propiedad intelectual, y con ellos, la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a quién se vende y a qué precio. En efecto, en todos los acuerdos con las compañías, se especifica que los derechos de propiedad intelectual, los datos y el know how que se generen en la investigación, desarrollo y fabricación, serán propiedad única de la empresa farmacéutica. 

Es un grave error y una gran injusticia, teniendo en cuenta la cantidad de dinero público invertido y la situación de pandemia que requería una solución a nivel mundial. 

 

Señorías, a mi manera de ver, la Unión Europea, y los países miembros, hemos perdido una oportunidad de oro para establecer en los acuerdos de compra anticipada la no exclusividad de las vacunas. El resultado ha sido una falta de equidad inmoral en su distribución mundial, como ha denunciado el Director General de la OMS, y está suponiendo además un gasto público innecesariamente elevado y la prolongación de la pandemia.

 

Algunos portavoces de la Comisión Europea insisten en que la cesión de las patentes y los derechos de propiedad intelectual a las empresas suponen incentivos necesarios para el desarrollo de las vacunas. Es un mantra que se repite en sintonía estrecha con los directivos de las grandes empresas farmacéuticas y que, simplemente, no es verdad. Los datos dicen lo contrario. La investigación en vacunas y medicamentos la paga el dinero público, directamente con proyectos y subvenciones, e indirectamente, con los sobreprecios que permiten los monopolios de las patentes. Los contribuyentes pagamos no una, sino cuatro veces todo el gasto en investigación que dicen que hacen las empresas en todos los medicamentos. 

 

Por otro lado, los monopolios en medicamentos y vacunas, además de mermar los recursos de los contribuyentes, matan, porque impiden el acceso a los medicamentos a millones de personas. Así, una investigación reciente de Eurosurveillance dice que España ha salvado la vida de 90.000 personas mayores de 60 años gracias a las vacunas COVID. Puede ser verdad. Pero, también es verdad que desde el 1 de julio hasta hoy han muerto por COVID 1.250.000 personas por falta de acceso a esas vacunas.

 

Analizaremos en tercer lugar qué Precios se han acordado.

 

Aquí, tengo que decir que no lo sabemos. Los precios de venta están tachados en los acuerdos que se han hecho públicos. En el acuerdo con AstraZeneca se dice que los precios serán los de coste, sin pérdida ni ganancia para la empresa. Así deberían haber sido todos los acuerdos. Pero solamente se cumple en el caso de AstraZeneca, y parcialmente. En efecto, la compañía se reserva el derecho a subir los precios cuando termine la pandemia, y se reserva el derecho a decidir cuándo ha terminado. De hecho, el Director de la compañía, Pascal Soriot, el pasado 12 de noviembre, anunció que consideraba que ya había terminado la pandemia y por lo tanto, empezarían a poner precios más caros.

 

En los otros contratos, los precios no se fijan en relación con los costes. Algunos se conocen a través de filtraciones, o de organismos como UNICEF. Según UNICEF los precios de la vacuna de BioNTech-Pfizer para la Unión Europea serían de 13 a 21 euros por dosis, en función de los contratos, y el precio de la vacuna de Moderna de 22,7 euros por dosis. Ambos muy por encima de los costes. En efecto, los costes de fabricación de las vacunas de Pfizer y Moderna se han calculado por Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres, en menos de 1 y 2 euros respectivamente. 

 

En el caso de Johnson & Johnson, el precio que publica Unicef para la UE es de 7,58 euros por dosis, a pesar de que en el acuerdo se hablara de un “marco global sin beneficio”. 

 

Con los precios estimados, los países de la UE hemos pagado bastante más de lo que deberíamos haber pagado. En la página web del Ministerio de Sanidad se dice que a 25 de noviembre España había adquirido 141,94 millones de dosis, detallando las cantidades por empresa. 

Podemos estimar que habríamos pagado en torno a 1.895 millones de euros, por esas vacunas cuyo coste sería de 283 millones. 6,7 veces más de lo que cuestan. Es como si nos pidieran 6.700 euros por un portátil de 1.000 euros. Si en cualquier situación esto es un abuso, en una pandemia, y para un bien necesario como la vacuna, todavía más. 

 

Como es lógico, al permitir precios altos, las empresas tienden a vender a aquellos que pagan más, dejando a los países de rentas bajas a la cola. Es lo que ha ocurrido.

 

Por supuesto, alguien sale ganando con este trato. Es importante notar que unas pocas empresas farmacéuticas y sus directivos obtendrán globalmente en 2021, con la venta de vacunas COVID, más de 60.000 millones de euros de beneficio abusivo, por encima de los costes. Y esto, aparte de las importantes ganancias en bolsa, por revalorización de sus acciones, ligadas a su participación en los proyectos de vacunas financiados con dinero público.

 

Además de estos aspectos, hay otros temas interesantes en los acuerdos, en los que no me detendré, como la responsabilidad en caso de daños y perjuicios, que es asumida por los Estados Miembros, o las condiciones de suministro de las dosis y los plazos de entrega, en los que se acuerda algo tan ambiguo como que las empresas “harán los mejores esfuerzos razonables”, o la posibilidad de ceder dosis a otros países, que deberá ser autorizada por las compañías, o también la no obligatoriedad de devolver las cantidades adelantadas si la vacuna no obtuviera aprobación y la no obligatoriedad de entregar parte de los beneficios, si estos se producen.

 

Permítanme que termine mi intervención con algunas conclusiones y recomendaciones

 

En mi opinión, y por las razones expuestas, deberíamos cambiar el enfoque de la estrategia para el desarrollo y adquisición de vacunas.

 

Querer resolver “solo” nuestro problema de vacunación, como si no estuviéramos en pandemia y hacerlo, además, con una “solución” que bloquea la solución a los demás países, es un error. El “apartheid vacunal” en una pandemia es brutalmente injusto, y además es suicida. ¿No nos damos cuenta que no valdría de nada administrar tres o cuatro dosis en Madrid y Cataluña y no tener acceso a ninguna dosis en Aragón o en Castilla-La Mancha; o tener dosis de sobra en Alemania y Francia y no tener acceso a la vacuna en España o Italia?: en una pandemia que afecta a todo el planeta la solución tiene que ser global.

 

De cara al futuro, la extraordinaria inversión en Investigación realizada en este caso seguirá siendo necesaria, como también lo serán los Acuerdos de Adquisición Anticipada, formando parte esencial de la estrategia de vacunas. Ahora bien, tanto las subvenciones a proyectos de I+D, como estos acuerdos, sean con instituciones públicas o privadas, deben tener condiciones muy claras estableciendo que los derechos de propiedad intelectual, los datos, el know how generado, etc., son de titularidad pública y se pondrán a disposición de la OMS de forma inmediata.

 

Por eso es importante que, sin más dilación, España y la Unión Europea apoyen la petición de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual relacionados con la COVID mientras dure la pandemia. La Comisión Europea, hasta ahora, bloquea esta propuesta alineándose con los intereses de la industria farmacéutica en vez de con los intereses de la sociedad. 

 

El gobierno de España, en cambio, ya manifestó su opinión favorable a la suspensión de patentes, y por eso la Ministra de Industria, Comercio y Turismo debería hacer oír su voz defendiendo esta iniciativa en el Consejo de la Unión Europea y en la Conferencia Ministerial de la OMC.

 

El Gobierno de España también puede y debe actuar en la OMS, de la que forma parte. En la Sesión Especial de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, que comienza hoy en Ginebra, se aprobará, seguramente, la negociación de un Tratado de Pandemias, cuyo resultado, según los borradores, se presentará a la Asamblea Mundial de 2024. España debería plantear que se acorten los plazos de la negociación, y defender que el Tratado incluya la suspensión automática de patentes y monopolios de cualquier tecnología útil para hacer frente a las pandemias; que se garantice la transferencia de datos, tecnologías y conocimiento; que se identifiquen y refuercen las capacidades de fabricación globales; y que se garantice una distribución equitativa en todo el mundo, a precio de coste. Estas líneas están en consonancia con lo propuesto por Pedro Sánchez en su iniciativa vacunas para todos presentada el 7 de mayo en el Consejo Europeo. 

 

La pandemia ha causado ya más de 5 millones de muertes, enormes pérdidas económicas y un lamentable aumento de la desigualdad. Y sigue contagiando cada día a cientos de miles de personas. Pero hemos de estar seguros que vendrán nuevas variantes de este virus, como la ómicron, y vendrán nuevas pandemias que podrían tener una agresividad mayor. Pues bien, el tipo de respuesta que hemos dado hasta ahora no servirá. Es insuficiente. La buena noticia es que disponemos de todos los elementos y recursos económicos y jurídicos necesarios para afrontar eficazmente una pandemia, si somos capaces de utilizarlos de forma integrada y sinérgica en una estrategia mundial. 

La estrategia del sálvese quien pueda no es válida en una pandemia. Si el gran poeta Pablo Neruda viera hoy cómo desde la Unión Europea acumulamos 10 dosis por persona mientras otros no se han vacunado todavía, y cómo bloqueamos una y otra vez la posibilidad de que todos los pueblos del planeta accedan a las vacunas, nos recordaría los versos de su poema el Barco, que termina diciendo:

 

Si es una broma triste, decídanse, señores, 

a terminarla pronto,

a hablar en serio ahora.

Después el mar es duro,

y llueve sangre.

 

Señorías, la humanidad tiene capacidad suficiente para hacer frente a los retos de crisis sanitarias como la actual. Pero hace falta un enfoque global. Y hace falta voluntad política para aplicar ese enfoque. Este Parlamento puede contribuir a crear esa voluntad política en nuestro país y alzar la voz en Europa para un cambio de rumbo necesario, hacia un enfoque global, eficaz y justo, porque, señorías, querámoslo o no, navegamos todas y todos en el mismo barco. 

 

Muchas gracias.

 

 

 

Referencias

 

Porcentaje de población vacunada. ECDC.

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

 

Bloomberg Covid Tracker

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

 

Hasta la fecha la CE ha garantizado hasta 4.600 millones de dosis

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es

 

Gastos en investigación de vacunas, Unión Europea

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cc-vaccine-development_factsheet.pdf

 

Estrategia vacunas Unión Europea

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_es

 

Pascal Soriot, AZ empieza a firmar contratos covid por encima de costes

https://www.theguardian.com/business/2021/nov/12/astrazeneca-sells-22bn-of-covid-vaccine-in-first-nine-months

 

Zoltan Kis, costes de fabricación vacunas mRNA

https://www.google.com/search?q=minimum+costs+production+vaccines+mrna&oq=minimum+costs+production+vaccines+mrna&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.11258j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

Vaccines for all initiative

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Spain-Non-paper-Vaccines-For-All-Initiative.pdf

 

Advanced purchase agreements for COVID 19 vaccines. Pascal Boulet e al.

https://left.eu/content/uploads/2021/07/Advanced-purchase-agreements-1.pdf

 

Acuerdo entre la Comisión Europea y los EEMM para la compra de vacunas COVID 19

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9132

 

El Dr Tedros pide moratoria dosis recuerdo

https://apnews.com/article/business-health-coronavirus-pandemic-united-nations-world-health-organization-6384ff91c399679824311ac26e3c768a

COVID-19: Las patentes y monopolios de las vacunas matan.

[Ponencia en el VI Congreso de Aspectos Éticos de la Invesgación, Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III. 23 / 11 /2021]

 

El Acceso a las vacunas como producto de la investigación. La cuestión de las patentes. 

 

El Presidente de la Asociación española de vacunología, nos dice que “una vacuna en un frigorífico no salva absolutamente nada. Lo que salva vidas son las políticas sanitarias que hacen posible que esa vacuna, que es absolutamente necesaria, llegue al brazo de quien la necesita”.

 

Pues bien, a lo largo de estos meses, las vacunas COVID no están llegando a millones de brazos que las necesitan. Mientras que en la Unión Europea hemos vacunado ya con dos dosis al 70% de la población, en países de bajos ingresos se ha vacunado con pauta completa a menos del 4% de la población. Es decir, la vacuna no ha llegado a los brazos de quienes la necesitan. Y, mientras tanto, en los países ricos ya estamos poniendo la tercera dosis. 

 

La causa principal de la falta de acceso es el precio abusivo y las limitaciones a la fabricación, por culpa de la barrera que crean los monopolios de las patentes y otras exclusividades (secretos comerciales, exclusividad de datos, exclusividad de comercialización, etc.). Por esto, al hablar de investigación y ética en relación con las vacunas, conviene analizar qué efecto tienen los monopolios en el sector salud. Veamos.

 

Las patentes y otras exclusividades crean un monopolio, impidiendo la competencia y la fabricación de genéricos durante 20 años, de tal manera que el titular del monopolio puede poner un precio por encima de los costes. Es como un impuesto indirecto sobre el consumo de fármacos, cuyo importe determina la empresa, y que recauda directamente la misma empresa. El dinero “extra” recaudado a los pacientes y a los servicios de salud con los sobre-precios sería un “incentivo” para que las empresas lo invirtieran en investigación. Parecería razonable. 

 

Sin embargo, las patentes de medicamentos y vacunas no se autorizaron en los países europeos hasta el último tercio del siglo XX (en España hasta 1992) y no se generalizaron a todo el mundo hasta 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el ADPIC. ¿Por qué no se autorizaban? Porque en el sector de la salud la barrera de las patentes crea un efecto perverso, un efecto mortal. Las patentes y monopolios en medicamentos y vacunas matan.

 

En otros productos que no sean necesarios para la vida, si el sobre precio que se fija con el monopolio es abusivo, los potenciales clientes no lo compran. Pero, en temas de salud se trata de la vida o la muerte de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Por eso, inevitablemente, el ánimo de lucro empresarial llevará a fijar el precio más alto que podamos pagar. Es la bolsa o la vida...y, si podemos pagar, pagamos lo que sea, nos endeudamos, como pacientes, o como servicios de salud. Ahora bien, muchas personas y muchos países no pueden pagar esos sobre-precios, y más de 10 millones de personas mueren cada año en el mundo por no poder acceder a los medicamentos que necesitan, como está pasando ahora con las vacunas COVID. De ahí que las patentes no sean una buena manera de financiar la investigación en salud. Los descubrimientos relacionados con la salud deben ponerse a disposición de todos los pacientes, sin discriminación y cuanto antes. 

 

Conviene recordar, para los que afirman que sin patentes no hay investigación, que, cuando no había patentes de medicamentos, sí había investigación. En efecto, antes de generalizar las patentes de medicamentos y vacunas había más innovación que ahora. Y las empresas ganaban dinero. Así, entre 1950 y 1994, las ganancias de las empresas farmacéuticas, en relación con sus ventas, fueron, de forma estable, el doble de la media de las otras industrias. 

 

Pero los lobbies de las grandes empresas farmacéuticas querían ganar más y para eso necesitaban los monopolios. Finalmente, en diciembre de 1994, lograron que se generalizara el uso de patentes de medicamentos en todo el mundo, con el famoso acuerdo ADPIC.

 

Como consecuencia, desde entonces, los precios de los medicamentos se dispararon progresivamente, de lo que serían hoy 50 o 100 euros por tratamiento anual, a 1.000, 10.000, 100.000 o 2 millones de euros por tratamiento, por unos productos cuyo coste, incluidos los gastos de investigación, es mil veces menor. Este modelo está produciendo un sobregasto a los servicios de salud y a los pacientes, que, en algunos casos, los lleva a la ruina y que, en todo caso, se detrae de otras necesidades importantes, como personal sanitario o equipamiento. Paralelamente, las ganancias de las empresas farmacéuticas desde 1995 se dispararon también.

 

Es importante advertir que los monopolios usados para financiar la investigación no solamente lesionan los principios éticos por la falta de acceso a los medicamentos; 

-afectan también a estos principios éticos porque la elección de prioridades de investigación se hace según el interés comercial del patrocinador y no según necesidades de salud; 

-afectan porque la influencia del patrocinador produce sesgos de diseño, de interpretación de los datos y de publicación; 

-afectan generando retrasos en investigaciones por no poder compartir conocimiento; 

o en el proceso de autorización (control de la eficacia y los riesgos) que puede desvirtuarse por la presión de los patrocinadores; 

-y, finalmente, afectan por sesgos en la prescripción de los medicamentos, con la producción de efectos adversos y muertes evitables. 

 

Pero volvamos con el argumento de los incentivos ¿Cuánto sería un incentivo razonable para estimular la investigación? ¿Que la empresa recuperara un 30% de lo que gastó en la investigación, por ejemplo? Con los monopolios pagamos mucho más. Con los sobre-precios del monopolio no pagamos el 30, ni el 100 sino el 400% de todo el gasto que dicen las empresas que hacen en I+D (el de gastos en I+D útil, el de gastos en I+D incremental, el de gastos en I+D que fracasa, los gastos de intermediarios como empresas de gestión de ensayos clínicos, etc., etc.). Eso no es un incentivo, es un robo legal, un abuso injustificable.

 

En efecto, según los datos de la patronal farmacéutica, EFPIA, en la Unión Europea-27, las ventas en 2019 ascendieron a 170.530 millones de euros. A precio de genérico hubiéramos pagado 70.500 millones de euros. El sobre precio que pagamos por los monopolios, supuestamente destinado a investigación, es de 100.000 millones de euros. Pero las empresas solo destinaron 25.000 M€ a I+D. Es decir, con los sobreprecios pagamos cuatro veces el gasto total de las empresas en investigación.

 

Eso explica que las 10 empresas farmacéuticas más grandes tengan un porcentaje de ganancias sobre sus ventas, una vez pagados los gastos de fabricación e investigación, 6 veces mayor que las 10 empresas no farmacéuticas más grandes del mundo. O que, desde 2009 a 2018, con el exceso de beneficios, las 18 empresas farmacéuticas más grandes pudieran destinar a recompra de acciones más dinero que a I+D, multiplicando las ganancias de accionistas y ejecutivos y restando recursos a la innovación.

 

Es un modelo que ha degenerado y causa que millones de personas no tengan acceso a las vacunas COVID y a otros medicamentos que necesitan. Por eso es urgente cambiarlo. Así lo entendió el Panel de Alto Nivel sobre acceso a medicamentos convocado por la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016, pidiendo a los gobiernos un cambio de modelo para financiar la I+D. La necesidad de ese cambio se ha confirmado una vez más en la pandemia de la COVID-19.

 

Ahora bien, ¿Es posible otro modelo de financiar la investigación? La respuesta es: Sí. En buena medida ya se está haciendo. Y es que, en realidad, habría más investigación innovadora sin patentes.

 

En la UE-27, la financiación pública directa (subvención a proyectos, pago de centros de investigación como los del IS CIII, universidades, premios, etc.), asciende a 20.000 M€ anuales. Supone el 45% de la inversión total en I+D en la UE. Esta inversión pública genera el 70% de investigación innovadora.

 

A su vez, en la UE 27, las empresas gastan 25.000 M€ en I+D. Pero ya vimos que los contribuyentes y los pacientes, con el sobre-precio de las patentes, pagamos 100.000 millones de euros para investigación, cuatro veces esa cantidad. Sería mucho más rentable para la sociedad suspender las patentes y los monopolios, y que los gobiernos destinaran esos 25.000 millones del sobregasto actual a gasto público directo en I+D, y el resto a otras políticas sanitarias y sociales.

 

¿Por qué no se hace? Porque este modelo sí es muy rentable para estas empresas, que, con sus enormes ganancias, destinan una parte importante del beneficio abusivo a marketing para que el modelo no cambie. Destinan mucho más a marketing que a I+D. En la UE27 más de 35.000 M€ anuales para patrocinios, control del discurso, presión sobre parlamentarios y gobiernos, sobre profesionales sanitarios y sociedades científicas, sobre medios de comunicación, asociaciones de pacientes, etc., etc., para bloquear cualquier cambio de modelo, y para impulsar nuevas medidas que aumenten sus ganancias, como el pago por valor. Por eso es muy difícil cambiar de modelo. Pero debemos intentarlo. 

 

La vacunación frente a la COVID-19 nos muestra otro ejemplo claro del efecto de las patentes y oligopolios en los medicamentos. 

 

La mayor parte de la investigación de las vacunas se ha financiado con dinero público directamente: más de 6.000 millones de euros en proyectos y subvenciones, y más de otros 50.000 millones de euros en compras anticipadas, destinados a completar los ensayos clínicos, y facilitar la ampliación de instalaciones para la fabricación acelerada de vacunas.

 

Sin embargo, a pesar de esa enorme inversión pública, los gobiernos han permitido que las empresas mantengan los monopolios de las patentes, y que controlen cuánto se produce, a quién se vende y a qué precio. Por culpa de ese control se han fabricado la mitad de dosis necesarias, creando una escasez artificial, se han vendido sobretodo a los países ricos, y, con la excepción de AstraZeneca que ha aceptado, hasta ahora, un precio cercano al coste, se han exigido precios quince veces por encima de los costes de fabricación, obteniendo así enormes beneficios: más de 60.000 millones de euros de ganancia abusiva en 2021.

 

Si los gobiernos hubieran exigido licencias no exclusivas, así como la transferencia de la tecnología y el know how, se hubiera podido duplicar la producción, de una media de 30 millones de dosis diarias, a una media de 60 millones, y comercializar a precio de coste. De esta manera, con 22.000 millones de euros, que son menos de la mitad del dinero gastado hasta ahora por los países ricos, podríamos haber vacunado ya al 70% de toda la población mundial.

 

Esta es la razón por la que hace un año, los gobiernos de India y Sudáfrica pidieran a la Organización Mundial del Comercio la suspensión de las patentes de las tecnologías COVID y la transferencia de la tecnología, para su fabricación en todo el mundo. Más de 150 países, incluido el Vaticano, junto con decenas de premios Nobel y centenares de científicos, y también el propio DG de la OMS, se sumaron a esta petición. Pero la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y otro puñado de países ricos se siguen oponiendo. Y mientras, millones de personas siguen sin poder vacunarse, y el virus sigue circulando, matando, y generando nuevas variantes. Por eso el Director General de la OMS, Dr Tedros, denunciaba en enero de este año que estábamos a punto de una catástrofe moral de la humanidad. Los hechos le han dado la razón.

 

¿Cómo podemos superar esta catástrofe moral?

 

Lo primero que podemos hacer es dedicar un tiempo a reflexionar sobre esta cuestión. Si concluimos que estamos ante una injusticia, podemos apoyar algunas iniciativas, como la Iniciativa Ciudadana Europea, “Right2Cure-no profit on pandemics”, la iniciativa The people´s vaccine, u otras.

 

A través de ellas, podemos pedir a nuestros gobiernos que influyan en la UE para que deje de bloquear la suspensión de patentes para las tecnologías COVID mientras dure esta pandemia. La próxima reunión de la Conferencia de Ministros de la Organización Mundial del Comercio será los días 30 de Nov. a 3 de Dic.

 

Al mismo tiempo, podemos pedir a nuestros gobiernos que apoyen un Tratado de Pandemias que debería incluir, entre otras medidas, la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos, vacunas y tecnologías relacionados con la pandemia; la creación de un fondo global para financiar la investigación abierta y cooperativa y la compra anticipada de vacunas; la creación de un mecanismo multilateral, no dependiente de la industria, para la distribución equitativa de vacunas; el desarrollo de la C-TAP de la OMS para la transferencia de tecnologías y el know how; la identificación de todas las instalaciones capaces de fabricar vacunas y su acreditación, así como el impulso a la fabricación local o regional; y la comercialización de estos productos a precio de coste. 

Los gobiernos pueden impulsar este Tratado en la sesión de la Asamblea Mundial de la Salud convocada para debatir esta cuestión entre el 29 de nov. y el 1 de dic. 

Por último, a medio plazo, los gobiernos deberían promover una estrategia de cambio en el modelo de financiación de la I+D biomédica desligándolo de los precios y los monopolios, mediante un nuevo Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos y vacunas, en línea con lo propuesto en su día por la OMS y por el Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas, que vuelva a prohibir las patentes en estos productos. 

 

Solo de esta forma se podría lograr que, en esta y en futuras pandemias, las vacunas lleguen a los brazos de las personas que las necesitan, en todo el mundo, y a precios asequibles. 

 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/2.FernandoLamata.pdf

Angell, Marcia. The truth about the Drug Companies. How they deceive us, and what to do about it. Random House, 2005.

https://www.knowledgeportalia.org/covid19-r-d-funding

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00326-8.pdf

https://www.efpia.eu/media/602709/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2021.pdf,

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1.full.pdf

 

https://noprofitonpandemic.eu/es/

 

https://peoplesvaccine.org

 

Estupenda noticia: España firma el primer acuerdo de cesión de tecnología COVID con la C-TAP de la OMS (23-11-2021).

Esta mañana, el CSIC ha firmado el acuerdo por el que cede a la COVID-Technology Access Pool (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tecnología para fabricar un test de diagnóstico para identificar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es un test de fácil manejo, que permite saber si la persona ha sido infectada por el virus o si ha sido vacunada.

 

Este acuerdo reúne unas características muy importantes:

-Está orientado al interés público (acceso de todas las personas)

-Es transparente

-Concede licencia no exclusiva, con lo que evita monopolios

-Es global, permite fabricar a empresas en todo el mundo

-Facilita la transferencia de know how y tecnología, para acelerar la fabricación

-Permite la fabricación en países menos desarrollados

-No cobra royalties a países de medianos y bajos ingresos.

-Permitirá que el test se produzca a precios asequibles, cercanos al coste de fabricación, en todo el mundo, y así se asegurará en los acuerdos con los fabricantes.

 

El acuerdo se firma con la C-TAP de la OMS, y también con la Medicines Patent Pool, organismo de Naciones Unidas, que será la encargada de gestionar la transmisión de conocimiento a las empresas interesadas en todo el mundo.

 

El CSIC cumple así su compromiso ético, de tratar de acercar las tecnologías desarrolladas con fondos públicos a todas las personas que las necesiten. La Presidenta del CSIC anunció además que trabajarán para ceder otras tecnologías en el futuro.

 

Este modelo de actuación debería servir de paradigma. Es un ejemplo de lo que deberían hacer las empresas y los gobiernos. Si los institutos públicos de investigación de los países de la UE hicieran lo mismo, se aceleraría la producción de tecnologías COVID en todo el mundo y a precios asequibles, y se podría superar esta pandemia, y abordar con mayor eficacia y justicia futuras crisis de salud.

 

Esta licencia voluntaria del CSIC a la C-TAP es un paso muy positivo. Y va en línea con las líneas marcadas por el Presidente Pedro Sánchez en su documento “Vacunas para todos”, de mayo 2021, en el que defendía la necesidad de acelerar el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos COVID, en primer lugar, mediante la suspensión temporal de las patentes y la transferencia de know how y tecnologías, y, entre tanto, con la concesión de licencias voluntarias. Esto es lo que ha hecho el gobierno de España.

 

La firma de esta mañana es una muy buena noticia. Es un claro ejemplo que muestra que es posible actuar de otra manera, aplicando el dinero público y la voluntad política en beneficio del conjunto de la sociedad. Como ha dicho la Ministra de Ciencia, Diana Morant: la ciencia pública al servicio de las personas.

 

 Texto del editorial sobre vacunas COVID en la revista de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento

https://accesojustomedicamento.org/vacunas-covid-19-exito-o-fracaso-exito-y-fracaso-al-mismo-tiempo/

Vacunas COVID-19. ¿Éxito o fracaso? Éxito y fracaso al mismo tiempo

27 octubre, 2021

AUTORES:

Fernando Lamata Cotanda, presidente del Comité editorial de la revista AJM.

Serapio Severiano Peña, editor del número monográfico.

EDITORIAL. Revista Nº 6 de Octubre 2021

En la edición de los Premios Princesa de Asturias de 2021 se ha galardonado con el Premio de Investigación Científica y Técnica a siete científicos, de diversos países, que lograron desarrollar con rapidez varias vacunas contra el SARS-CoV-2. Estas personas representan el esfuerzo de miles de investigadores que, a lo largo de los años, han ido creando conocimiento, tanto en la secuenciación del genoma, como en el diseño de plataformas para crear diferentes tipos de vacunas. El hecho admirable de haber podido disponer de vacunas en menos de un año desde que se declaró la pandemia, tiene que ver con esa infraestructura previa para la investigación, con las instalaciones y personal cualificado de los laboratorios y empresas y, sobre todo en este caso, con las inversiones públicas mil millonarias realizadas por los gobiernos. Según estimaciones de Global Health Center, hasta julio de 2021 la inversión pública directa en investigación para la COVID-19 ascendió a cerca de 6.000 millones de dólares y, a través de compras anticipadas de los productos para acelerar su desarrollo y fabricación, a más de 50.000 millones de dólares. Disponer de las vacunas en tan poco tiempo es, sin duda, un enorme éxito de la humanidad.

Ahora bien, una vez disponibles las diferentes vacunas, el reto para detener la pandemia era hacerlas accesibles a todo el mundo. Según los datos de vacunación frente a la COVID-19 proporcionados por “Our World in Data” , a 12 de octubre de 2021, “el 47,5% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se habían administrado en todo el mundo un total 6.540 millones de dosis, y diariamente se administran 22,45 millones. Sin embargo, solamente el 2,5% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis”. Mientras tanto, en la Unión Europea hemos podido vacunar con dos dosis al 65% de la población. Esta desigualdad en el acceso es injustificable. Según el Dr. Tedros, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una catástrofe moral para la humanidad, un gran fracaso.

Durante la pandemia toda la humanidad ha vivido simultáneamente el mismo problema. Todos hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de una respuesta global. La solidaridad mostrada por profesionales sanitarios, trabajadoras de servicios esenciales, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas, personas de toda condición, en todo el mundo, ha sido r e c o n f o r t a n t e ; l o m i s m o q u e e l comportamiento de la ciudadanía. Así mismo, las políticas públicas, que permiten financiar con el esfuerzo de todos unos sistemas públicos de salud, han posibilitado poder administrar las vacunas en tiempo récord, allí donde estaban disponibles. Dentro de nuestros países, todas y todos hemos apoyado una vacunación con dinero público para todas las personas, y hemos acatado el turno que nos correspondía, independientemente de nuestro nivel de renta. Hemos visto también que la Unión Europea (UE) ha mostrado la solidaridad de su ciudadanía con personas de otros países de la UE, al comprar conjuntamente las vacunas y distribuirlas en función de población de cada país de la Unión, estableciendo prioridades para vacunar primero a las personas con mayor riesgo. Todo esto es muy positivo. Sin embargo, los gobiernos europeos no han sido capaces, junto con los de otros países del mundo, de hacer lo mismo a escala global.

En efecto, para que a finales de septiembre se hubiera podido vacunar en todo el mundo al mismo porcentaje de población que en la UE (65%), se deberían haber fabricado y administrado más de 50 millones de dosis diarias, y se deberían haber vendido a precio de coste, con un beneficio industrial moderado. Para ello, los gobiernos de EEUU y de la UE, que han financiado con dinero público el 90% de los costes de investigación y desarrollo de las nuevas vacunas, deberían haber exigido a las empresas a las que subvencionaban que las vacunas estuvieran libres de monopolio, con licencias no exclusivas, y con el compromiso de, 1º, transferir la tecnología y el conocimiento al repositorio “COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)” de la OMSy, a través suyo, a las empresas acreditadas para la fabricación de vacunas en todo el mundo, y, 2º, comercializar a precio de coste. Pero estos gobiernos no se han atrevido y han dejado en las manos de las grandes empresas farmacéuticas titulares de patentes la decisión de cuánto se produce, a quién se subcontrata para fabricar, a quién se vende y a qué precio.

En todo caso, independientemente de las cantidades fabricadas, el principio ético de considerar la salud y el acceso a la vacuna un derecho humano debería haber llevado a los gobiernos a distribuir las vacunas producidas y disponibles en cada momento a todos los países del mundo por igual, de la misma manera que hemos hecho entre los países de la UE, o entre los estados de EEUU. En lugar de hacerlo, se creó la iniciativa públicoprivada COVAX, condicionada por los intereses de las empresas titulares de las patentes. Así, las empresas cerraron contratos con los países ricos a precios abusivos, dejando a los demás, y a COVAX, a la cola. A día 12 de octubre de 2021 COVAX había distribuido solamente 349 millones de dosis, un 5,3% del total de dosis de vacunas administradas en el mundo. Eso sí, al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas y sus ejecutivos han logrado ganancias millonarias (más de 40.000 millones de euros de beneficios abusivos), vendiendo las vacunas a un promedio de 10 veces más de lo que cuestan. Es decir, las empresas titulares de patentes, buscando la máxima ganancia, han dejado sin acceso a los más pobres y los gobiernos que podrían evitarlo no lo han hecho, haciéndose cómplices de miles de muertes evitables.

Resumiendo, en esta pandemia, con el esfuerzo de todos a través de los impuestos que pagamos, y con el trabajo de los investigadores y los profesionales de la salud pública, hemos podido conocer el virus causante de la enfermedad en pocos días, sus principales características epidemiológicas en unas semanas, y disponer de varias vacunas eficaces contra el virus en pocos meses. Sin embargo, este logro impresionante se ha acompañado de una falta de voluntad de los gobiernos de los países más poderosos (EEUU, UE, China, Rusia) para lograr que la vacuna se produjera y comercializara sin la barrera de los monopolios, lo que ha provocado una falta de acceso en muchos países, en medio de una situación peligrosa de pandemia. No es un problema de solidaridad entre los pueblos, sino de incapacidad de los gobiernos nacionales para imponer sus critrios a grandes corporaciones multinacionales. Por eso es necesario reforzar con urgencia la gobernanza mundial y situarla por encima de los intereses de unos pocos.

En este mismo sentido, resulta evidente que la OMS, el organismo multilateral creado en 1948 para proteger la salud de la humanidad, necesita acometer un cambio importante en sus capacidades, herramientas y métodos para enfrentarse a una situación de pandemia. No es razonable estar ante un riesgo pandémico sin tener o utilizar las herramientas adecuadas. La OMS debe recuperar una financiación pública, de los gobiernos, y acabar con la dependencia de financiadores privados. Debe también recuperar las funciones que se la han ido secuestrando y trasladando a organismos público-privados paralelos, para fortalecer su capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo, las normas mundiales de comercio y de propiedad intelectual deben cambiar, para no obstaculizar el acceso equitativo a los instrumentos esenciales de salud. En situación de pandemia, se deben prohibir los monopolios de vacunas y medicamentos, suspendiendo de forma inmediata cualquier tipo de exclusividad, garantizando a los titulares de patentes la remuneración de los costes en que hubieran incurrido, pero evitando los abusos de posición dominante. Entre tanto, a corto plazo, la UE debería apoyar la suspensión de patentes de tecnologías COVID y la transferencia de tecnología en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No olvidemos que, cada día, siguen diagnosticándose en el mundo más de 400.000 personas con la COVID-19.

La Revista AJM ha querido colaborar en la reflexión sobre las vacunas en tiempo de pandemia, aportando una revisión de diferentes aspectos relacionados con las vacunas frente a la COVID-19. Así, Vicente Larraga describe los diferentes tipos de vacunas, las diferentes técnicas y plataformas utilizadas en su investigación y desarrollo, los condicionantes a lo largo del proceso, y el problema de llegar a toda la población. Esteban Rodríguez Sánchez muestra la complejidad y viabilidad de llevar adelante la fabricación de las vacunas, con la necesidad de materias primas, infraestructura y personal altamente cualificado, además de la exigencia de un comportamiento ético. Amós García Rojas reflexiona sobre la importancia de las políticas sanitarias “que hacen posible que esa vacuna, que es absolutamente necesaria, llegue al brazo de quien la necesita” y reclama respuestas globales frente a un problema global. Por su parte, Irene Bernal defiende la consideración de las vacunas como bien público para garantizar la equidad, y denuncia que los monopolios se apropien la innovación, especulando en tiempo de pandemia, y generando barreras que impiden el acceso a millones de personas. A su vez, Raquel González subraya la necesidad de aumentar la capacidad de producción de vacunas y de garantizar una distribución equitativa en todo el mundo, a precios asequibles. Finalmente, Soledad Cabezón señala el tremendo impacto económico y para la salud de la pandemia, y reclama un papel reforzado de la OMS y la aplicación de flexibilidades en la OMC. Todos los autores coinciden en que, junto a la importancia de seguir apoyando la investigación, es un imperativo ético garantizar el acceso a todas las personas.

Este número cuenta también con información complementaria preparada por Pablo Martínez, Ángel María Martín, Ramón Gálvez y José Manuel Estrada. Esperamos que estos puntos de vista tan cualificados, sus reflexiones y la información que aportan sean estimulantes y nos animen a impulsar los cambios necesarios para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo, y a los importantes retos de salud que debe afrontar la humanidad en el presente y en el futuro.