Retos en la disponibilidad de medicamentos

Alec Smith, un joven norteamericano que padecía diabetes, falleció en 2017 por no poder pagar los 1.300$ al mes que costaba su tratamiento con insulina (1). Tenía 26 años. Uno de cada seis estadounidenses que usan insulina tienen que racionar sus dosis por el elevado precio del medicamento. La disponibilidad de un medicamento no requiere solo que esté fabricado sino, también, que se pueda comprar.

El reto de los altos precios de los medicamentos, y la falta de acceso, motivó la puesta en marcha de un estudio del Comité de supervisión y reforma de la Cámara de Representantes de EEUU (2). El Comité encontró que las empresas farmacéuticas “abusan del sistema de patentes y exclusividad de mercado para suprimir la competencia”, extendiendo el periodo de monopolio. El Comité concluyó que los aumentos de precios de los medicamentos no estaban justificados por los costes de investigación y fabricación. Las ganancias (dedicadas a dividendos, recompra de acciones, etc.) superaban con mucho los gastos en I+D.

Según la OMS, cada año mueren alrededor de diez millones de personas en el mundo por falta de acceso a los medicamentos necesarios, y hay problemas de disponibilidad de medicamentos para dos de cada seis personas en el mundo. Para que el medicamento llegue al paciente que lo necesita hacen falta varios pasos, entre otros: la investigación y el desarrollo del medicamento; la fabricación en cantidad suficiente y su distribución; la fijación de un precio para vender el medicamento a los sistemas públicos de salud y a los pacientes; la prescripción del profesional sanitario, después de valorar el diagnóstico y ponderar el beneficio / riesgo del medicamento. En todos estos pasos puede haber cuellos de botella u obstáculos.

El informe del Panel de Alto Nivel sobre acceso a los medicamentos (3), realizado a instancias de la Secretaría General de Naciones Unidas, ponía de manifiesto el problema global de disponibilidad y acceso a medicamentos, y la necesidad de abordar soluciones. Una propuesta clave, señalaba el informe, es separar la financiación de la I+D de los precios de los medicamentos, es decir, construir un sistema distinto al de las patentes y monopolios para financiar la I+D, mediante un Convenio Internacional sobre acceso a medicamentos.

Por su parte, el Parlamento Europeo presentó un estudio en diciembre de 2021, identificando los fallos del actual sistema y proponiendo soluciones (4). Entre los fallos señalaba: 1. La desconexión entre las elecciones de I+D de las corporaciones farmacéuticas y las prioridades de salud pública. 2. El bloqueo de la transferencia de conocimiento y tecnologías por culpa de los monopolios de las patentes. 3. La falta de retorno de la inversión pública en I+D, de los beneficios excesivos obtenidos después por la industria bajo la protección de los monopolios. 4. Los precios abusivos de los nuevos medicamentos forzados por los monopolios, ocasionando problemas de acceso. La etiología de fondo de la falta de disponibilidad de medicamentos está en los monopolios. Monopolios legales, que tienen un efecto mortal, basados en las leyes y acuerdos sobre patentes y exclusividades de los medicamentos.

Entre las propuestas de este informe, la más ambiciosa es la creación de una Infraestructura Europea de Medicamentos, de financiación y propiedad pública (IEM). La IEM debería investigar y desarrollar medicamentos seguros y eficaces, fijando sus prioridades según las necesidades de salud. Los resultados serían de propiedad pública. La IEM trabajaría en colaboración con otros centros de investigación nacionales y europeos. La IEM también llevaría a cabo ensayos clínicos sobre medicamentos ya autorizados para evaluar su seguridad y efectividad, y monitorizaría el suministro de materias primas y principios activos para prevenir y resolver cuellos de botella. La financiación anual de la IEM supondría menos del 10% del exceso de ganancias que los países de la UE pagan cada año a la industria por los precios abusivos de los medicamentos.

El ejemplo de la pandemia de la COVID-19 ha vuelto a mostrar cómo los monopolios y oligopolios en medicamentos impiden la disponibilidad del medicamento para millones de personas. El desarrollo de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido posible por los más de 20 años de investigación básica con financiación pública, a los que se añadieron alrededor de 30.000 millones de euros en 2020 y 2021, en ayudas de investigación y compras anticipadas (que financiaban la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas) (5; 6). Sin embargo, los gobiernos cedieron los Derechos de Propiedad Intelectual a las empresas, con lo que éstas ejercieron el poder de monopolio: determinaron cuántas vacunas producían, a quién las vendían y a qué precio. El volumen de producción fue limitado y se negaron a transferir el conocimiento y la tecnología (financiada con dinero público) a otras empresas para aumentar la producción y poder vacunar a todo el mundo al mismo tiempo. El precio de venta fue de 15-20 veces por encima de los costes, lo que supuso una barrera al acceso (7; 8). Así, la vacuna no estuvo disponible para millones de personas en países de bajos ingresos (a día de hoy un 70% de dicha población no ha recibido ninguna dosis de vacuna). Algunos estudios estiman que, si la vacuna hubiera estado disponible en todo el mundo al mismo tiempo y en la misma proporción que en los países de altos ingresos, se habría evitado la muerte de 1,3 millones de personas (9). Al mismo tiempo, como era esperable, la ganancia de las empresas por la venta de vacunas y tratamientos para la COVID-19 ha sido abusiva. Cuatro empresas obtuvieron un beneficio sobre ventas de más de ¡90.000 millones de euros! en 2020-2021 (10).

Para lograr la disponibilidad de medicamentos seguros y eficaces, para todas las personas que los necesiten, es preciso que los gobiernos nacionales y la Unión Europea avancen en otro modelo. La propuesta del informe STOA del Parlamento Europeo para crear una Infraestructura Europea de Medicamentos sería un paso en la buena dirección. Al mismo tiempo, los gobiernos deberían impulsar en Naciones Unidas un Convenio Internacional para el acceso a los medicamentos, que prohibiera las patentes en medicamentos y desligara la financiación de la I+D de los monopolios y los precios abusivos. Los fondos creados en EEUU y en la UE para financiar I+D de vacunas para la COVID-19 muestra que es posible crear un Fondo Global para una investigación abierta y cooperativa, cuyos resultados deberían ser un bien público, con licencias no exclusivas, para desarrollar medicamentos accesibles para todos, a precio de coste.

NOTA: artículo publicado el 5 de mayo en fundación quaes

REFERENCIAS

1.Skeeters K et al. Minnesota Fights Back Against Rising Insulin Costs. Pharmacy Times, Feb 21, 2022.

https://www.pharmacytimes.com/view/minnesota-fights-back-against-rising-insulin-costs

2.Committee on Oversight and Accountability. Democrats. Chairwoman Maloney Releases Comprehensive Staff Report Culminating the Committee’s Sweeping Drug Pricing Investigation. Press Release. 10 December 2021.

https://oversightdemocrats.house.gov/news/press-releases/chairwoman-maloney-releases-comprehensive-staff-report-culminating-the-committee

3.United Nations. Secretary-General’s High Level Panel on Access to Medicines. Final Report. September 2016

http://www.unsgaccessmeds.org/final-report

4.European Parliament. Panel for the Future of Science and Technology (STOA). European pharmaceutical research and development: Could public infrastructure overcome market failures? Coordinator: Massimo Florio. December 2021. https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697197

5.European Parliament. Mapping of long-term public and private investments in the development of COVID-19 vaccines. Policy Department for Economic, Scientific, and Quality of Life Politics. Autor Massimo Florio y colaboradores. March 2023. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740072/IPOL_STU(2023)740072_EN.pdf

6.Lalani H, et al. US public investment in development of mRNA COVID-19 vaccines: retrospective cohort study. BMJ. March 2023

https://www.bmj.com/content/380/bmj-2022-073747

7.Kis Z et al. Pandemic-response adenoviral vector and RNA vaccine manufacturing. Nature npj Vaccines, March 2022.

https://www.nature.com/articles/s41541-022-00447-3

8.Light DW, Lexchin J. The costs of coronavirus vaccines and their pricing. JR Soc Med, November 2021.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01410768211053006

9.Moore S et al. Retrospectively modeling the effects of increased global vaccine sharing on the COVID-19 pandemic. Nature Medicine, October 2022.

https://www.nature.com/articles/s41591-022-02064-y

10.SOMO. Pharma´s Pandemic Profits. Pharma profits from COVID-19 vaccines. Esther de Haan, Albert ten Kate. Feb 2023. https://www.somo.nl/pharmas-pandemic-profits/

El derecho de acceso al medicamento

(Artículo publicado en la revista TEMAS, n 340, Abril 2023, págs 35-37)

La Constitución Española (artículos 15 y 43), las leyes (General de sanidad; de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; de Garantías y uso racional del medicamento) y los Convenios Internacionales ratificados por España (Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales), dejan claro que la prestación farmacéutica es un derecho. En nuestro país, la mayor parte de las personas, y en la mayor parte de los casos, pueden acceder a los medicamentos que necesitan en el marco del Sistema Nacional de Salud. Pero no siempre es así. Según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, elaborado por el CIS, en el año 2022 un 3,3% de la población dejó de tomar algún medicamento que le habían recetado en la sanidad pública, “porque no pudo permitírselo por motivos económicos”. No son pocos. La causa son los copagos y la retirada de la financiación pública para determinados medicamentos. En efecto, con datos del Sistema de Cuentas de Salud, los pacientes pagamos de nuestro bolsillo el 30% del gasto farmacéutico ambulatorio total; y algunos no pueden. Pero no solo hay falta de acceso por los copagos. El modelo farmacéutico actual tiene otros problemas; señalaré algunos: Hay pacientes que mueren por no disponer de antibióticos eficaces, y esto es así porque las prioridades de investigación de nuevos medicamentos las deciden las empresas, según sus intereses comerciales y no según necesidades de salud. Cuando se introduce un nuevo medicamento, las autoridades sanitarias intentan conseguir un precio ajustado; pero la empresa, gracias al control del monopolio, retrasa la introducción en el mercado hasta lograr el precio previsto, muy por encima de los costes; esos retrasos pueden costar vidas. El monopolio en medicamentos permite la concentración de la fabricación en unas pocas plantas para controlar la oferta, evitando la fabricación de genéricos; esa limitación de la oferta retrasó el acceso a vacunas eficaces en la COVID-19 causando nueve millones de muertes evitables en el mundo. En algunos medicamentos, para los que las Autoridades se han visto obligadas a fijar precios muy altos, se establece un racionamiento, limitando las indicaciones; en ocasiones, ese racionamiento cuesta vidas, como pasó con los antivirales para la Hepatitis C. Cada vez es más frecuente que se declaren desabastecimientos de fármacos en España y en Europa (por ejemplo, antibióticos); suelen ser medicamentos muy eficaces y de bajo coste; y es que algunas empresas quieren introducir sus nuevos productos a precios mucho más altos, aunque no tengan más eficacia, y retiran los anteriores; los desabastecimientos también cuestan vidas. 

Vemos, pues, que el modelo farmacéutico actual no garantiza el derecho de acceso al medicamento. Es más, dicho modelo pone en riesgo la calidad y la estabilidad del propio Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es la causa?: Los precios excesivos de los nuevos medicamentos (varias veces por encima de los costes de fabricación y de investigación), que permiten unas ganancias abusivas a las empresas farmacéuticas, lo que condiciona la distorsión en el acceso a dichos medicamentos. Esos precios excesivos son demandados por las empresas farmacéuticas gracias a que disponen del monopolio de la comercialización (patentes y otras exclusividades). Dichos monopolios, a su vez, han sido concedidos por las Autoridades Públicas, con la supuesta justificación de cubrir los gastos de investigación y desarrollo. Pero, desde que se generalizó el uso de patentes de medicamentos en 1995 (con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC), se ha evidenciado que las empresas exigen precios muy por encima de lo que sería necesario para cubrir los gastos de investigación y obtener un beneficio razonable. En efecto, el exceso de beneficios supone más de cuatro veces todos los gastos de I+D declarados por las empresas. Y ese beneficio se utiliza, en parte, en gastos de marketing (gastan más en marketing que en I+D) para perpetuar un modelo que favorece, de manera exagerada, a los ejecutivos y accionistas de estas empresas.

 

Por otro lado, al dar tanto poder a la industria a través de los ingresos abusivos, es ésta la que paga la formación continuada de los profesionales sanitarios. Así, dicha formación se orienta según los intereses comerciales de las empresas y no según las necesidades de salud y los criterios científicos. De esta forma, la investigación, las publicaciones científicas, la elaboración de guías clínicas y la formación, están sesgadas por el patrocinio de la industria, realizado con las ganancias abusivas que pagamos los ciudadanos y la sociedad. Al dirigir la prescripción de medicamentos, a través de las guías clínicas y la formación, según los intereses comerciales, se puede producir una prescripción inadecuada, o una sobre-prescripción, con efectos adversos que serían evitables; esta prescripción inadecuada también cuesta vidas (sobretodo en personas mayores). Y cuesta mucho dinero. Con datos del Ministerio de Hacienda vemos que el gasto farmacéutico público en España superará los 22.000 millones € en 2022. Un 5,22% más que en 2021. El exceso de gasto por sobreprecios y por prescripción inadecuada ascendería a más de 10.000 millones € anuales, que deberían invertirse en otras necesidades de salud (atención primaria, salud pública, salud mental, etc.). Es decir, los monopolios de medicamentos actúan como un cáncer para el sistema sanitario público que puede poner en serio riesgo su viabilidad.

 

Conviene señalar también que, si por mantener este modelo de precios abusivos, se puede vulnerar en nuestro país el derecho constitucional a la salud y a los medicamentos, con ese modelo estamos condicionando que ese derecho se vulnere sistemáticamente en todo el mundo; mucho más en países con menores ingresos, con menor capacidad económica. En efecto, por culpa de este modelo de monopolios y precios abusivos mueren cada año en el mundo diez millones de personas que no pueden tomar las medicinas que necesitan. Esa es también nuestra responsabilidad. 

 

Para el gobierno de un país no es fácil, pero sí es posible y es necesario promover cambios en su política farmacéutica orientados a favorecer el acceso a medicamentos a un precio justo. Y es posible también para un país promover cambios en el ámbito internacional en esa dirección. Ese nuevo modelo de política farmacéutica pasa por un Convenio Internacional, en línea de lo que propuso el Panel de Alto Nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas en su informe de 2016 sobre acceso a los medicamentos. En dicho acuerdo se separaría la financiación de la investigación de medicamentos de los precios finales (delinkage), evitando así los monopolios que crean las patentes y otras exclusividades. Parece imposible; sin embargo, los elementos que componen el modelo alternativo han sido ensayados en la respuesta a la pandemia de la COVID-19. La financiación de la investigación se haría con un fondo global con aportaciones de los países (similar a los creados para financiar las vacunas COVID-19). Las prioridades de investigación se fijarían en función de necesidades de salud (como se hizo con las compras anticipadas en la COVID-19). La investigación sería abierta y cooperativa (como el ensayo Solidarity de la OMS para la COVID-19). Las licencias de los productos serían no exclusivas, exigiendo la transferencia de conocimiento y tecnología para facilitar la producción en plantas acreditadas en todo el mundo (como hizo España a través del CSIC con un test diagnóstico para la COVID-19); parte estas plantas de producción serían de titularidad pública para garantizar suministros estratégicos. El precio de los medicamentos sería proporcional al coste de fabricación más un beneficio industrial moderado (como se logró en la vacuna de AstraZeneca, o en la de la Universidad de Houston, Texas, para la COVID-19).

 

Mientras se promueve un Convenio Internacional, los Gobiernos central y autonómicos pueden adoptar medidas en el ámbito de sus competencias: Deberían negociar con las empresas precios más cercanos a los costes de fabricación e investigación, haciendo públicos dichos costes y precios. Así mismo se deberían reclamar los derechos de propiedad intelectual de productos resultantes de investigación patrocinada por el sector público. El gobierno podría aumentar la aportación sobre volumen de ventas, para financiar la investigación y la formación continuada, del 1,5-2% al 15-20%; de esta forma se podría reducir la influencia de la industria sobre los profesionales y se evitaría el sesgo en la investigación y en la prescripción. Se debería prohibir que cualquier persona que recibe patrocinios de la industria participe en comisiones asesoras o puestos de gestión que informan o deciden la aprobación y fijación de precios de medicamentos. Es necesario potenciar la elaboración hospitalaria de medicamentos y poner las bases para una industria farmacéutica nacional de carácter estratégico. Y se debería extremar la transparencia de toda la información relativa al sector farmacéutico, entre otras medidas. Un Gobierno de carácter progresista, podría y debería impulsar dichos cambios estructurales, en ámbito nacional e internacional, para garantizar el derecho constitucional a los medicamentos, contribuir a la estabilidad del Sistema Nacional de Salud y prepararse para hacer frente a futuras crisis de salud en España y en el mundo.

 

 

El deterioro del SNS y de la Atención Primaria sigue gota a gota. Es urgente reaccionar.

 El pasado 25 de enero publiqué en EL PAÍS un artículo titulado “El Sistema Nacional de Salud necesita refundarse” (1). Señalaba que, desde la crisis financiera de 2008-2009 y las políticas de recorte de servicios públicos llevadas a cabo en aquellos años, la sanidad pública había comenzado un proceso de deterioro que todavía no se ha revertido. Además de la insuficiencia financiera advertía de los problemas de coordinación y cohesión del sistema, así como la necesidad de reforzar la Atención Primaria, la Salud Pública, la Salud Mental, impulsar una nueva política farmacéutica y revertir las privatizaciones de la gestión sanitaria.

 El Barómetro Sanitario de marzo 2023 vuelve a mostrar ese proceso de deterioro. Si en 2010 las personas que pensaban que la sanidad pública funcionaba bien o muy bien eran un 73,9%, ahora son apenas el 52,6%, y bajando. Son cifras similares a las que se obtenían en 1984, antes de la Reforma de la Atención Primaria, y de la Ley General de Sanidad. Antes de la Reforma, ya había una buena atención hospitalaria, pero la Atención Primaria era muy deficiente (medicina de “cupo”). La puesta en marcha de los Equipos de Atención Primaria y la Medicina Familiar y Comunitaria, supuso un cambio significativo que impulsó la calidad del servicio sanitario y la mejora de los indicadores de salud.

 

La Atención Primaria supone una respuesta ágil, en 24-48 horas, para la demanda no urgente. El Barómetro Sanitario de marzo 2023 muestra que solamente se atendió en el día a un 9,2% de la demanda, y la demora en el resto de pacientes había ido aumentando hasta 9,29 días. En 2010 se atendió en el día de la demanda a un 41,6%, y para el resto de pacientes la espera media fue de 3,58 días. Este aumento en la demora pone de manifiesto la falta de recursos y la sobrecarga en la atención. 

 

La espera para atención especializada también ha aumentado. Según el Barómetro Sanitario las personas que esperan más de tres meses para una consulta de especialista pasaron de un 23,1% en 2020 a un 38,9% en 2023.

 

Estas demoras provocan que muchos pacientes acudan a Urgencias hospitalarias. Se rompe la continuidad asistencial y se pierde la confianza en el SNS. El deterioro de la sanidad pública se traduce también en un aumento de las pólizas sanitarias privadas. Por otro lado, muchos profesionales muestran su descontento y otros muchos abandonan la Atención Primaria desilusionados por la falta de apoyo, de estabilidad, de consideración, de medios...

 

Es urgente la refundación del sistema. Y es importante comenzar por un impulso decidido a la Atención Primaria. El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de Gasto Sanitario Público. En Atención Primaria destinó 12.720 millones de euros, un 14,5% del total. El objetivo es que la Atención Primaria disponga de un 25% de los recursos del sistema, lo que supondría 9.265 millones de euros más. Al mismo tiempo, el gasto farmacéutico en 2022, según el Ministerio de Hacienda, sumó 22.026 millones de euros, y sigue creciendo. La mitad de ese gasto es excesivo por sobre-precios y sobre-medicación. Solo el aumento de gasto farmacéutico de este año, 1.029,9 millones, sería suficiente para crear 10.000 puestos de trabajo en Atención Primaria. Es preciso que el Gobierno de España y las CCAA aborden en profundidad esta cuestión. Es necesario un cambio de rumbo.

(1).https://elpais.com/opinion/2023-01-25/el-sistema-nacional-de-salud-necesita-una-refundacion.html

Honderos

 En los últimos años he colaborado en la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, y he participado en la publicación de diversos trabajos (libros, artículos, informes, entrevistas) sobre el problema de los altos precios de los nuevos medicamentos, los monopolios que permiten imponer dichos precios y las consecuencias negativas para el sistema sanitario (sesgos en la investigación, y en la formación de profesionales sanitarios; sangría de fondos públicos que podrían ir a otras finalidades como el aumento de plantillas, la mejora de condiciones de trabajo, la prevención, los cuidados y los tratamientos no farmacológicos; sobremedicación y efectos adversos; retraso en el acceso a medicamentos para muchos; desabastecimientos; etc. La COVID-19 ha sido otro ejemplo más de un sistema desequilibrado. 

Cada año mueren en el mundo 10 millones de personas por no poder acceder al medicamento que necesitan. A precios justos, todas esas personas podrían acceder a los medicamentos y sobraría dinero para destinarlo a otros fines sanitarios y sociales. 

Hace unos meses pedí el apoyo de muchos amigos para llevar adelante un nuevo proyecto, una novela, una ficción sobre el tema de los medicamentos que sirviera para informar y mantener este debate. Recibido el apoyo, la editorial Libros.com se puso manos a la obra y ahora el libro ve la luz. Ya está disponible. Es otra herramienta más para reflexionar sobre estas cuestiones tan importantes. Espero que sea útil.

https://libros.com/comprar/honderos/

En la pandemia cuatro empresas farmacéuticas ganaron 90.000 millones de dólares.

Los investigadores Esther de Haan y Albert ten Kate, del Centro de Investigación en Corporaciones Multinacionales (SOMO), publicaron hoy un trabajo en el que muestran que cuatro grandes empresas tuvieron unos beneficios sobre ventas de 90.000 millones de dólares con las ventas de vacunas y medicamentos para la COVID-19 entre 2020 y 2021.

https://www.somo.nl/big-pharma-raked-in-usd-90-billion-in-profits-with-covid-19-vaccines/

Pfizer, 35.000 millones $, Moderna 20.000 millones $, BionThech 20.000 millones $ y Sinovac 15.000 millones $.

Podíamos alegrarnos de que las empresas ganen dinero. Pero no es posible compartir su alegría si vemos que esos beneficios son abusivos, provienen de dinero público, y han tenido como consecuencia la muerte prematura de millones de personas.

Los beneficios sobre ventas superan el 57% (la media industrial en beneficio sobre ventas es 5%). En algunas de estas empresas el beneficio sobre ventas superó el 76%.

El trabajo muestra cómo desde 1955 a 1995 (cuando se generalizaron las patentes y monopolios de medicamentos con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Relacionados con el Comercio, ADPIC), las empresas farmacéuticas ya tenían un beneficio sobre ventas del 10%, frente al 5% de la media de otras industrias. El doble. Pero desde 1995 esa tasa se multiplicó hasta un 30% de beneficios sobre ventas. Aquí se han superado esas "marcas".

Conviene recordar, como señalan los autores, que los gobiernos dieron mucho dinero público para proyectos de investigación (más de 5.800 millones $), y que gran parte de la investigación previa que sirvió para desarrollar las vacunas se había hecho en centros públicos y con financiación pública: pero los gobiernos no exigieron que los resultados fueran de propiedad pública, o no impusieron condiciones de precio,  o no reclamaron licencia no exclusiva para que se pudieran fabricar en todas las empresas acreditadas, etc.

También recuerdan los autores que el desarrollo de las últimas fases de la investigación y la gestión de autorizaciones se financió con dinero público a través de compras anticipadas por valor de más de 86.000 millones $. Pero tampoco los gobiernos exigieron condiciones de precio y de transferencia de tecnologías para facilitar la producción a gran escala y precio asequible. 

Los precios fijados fueron de 10-20 veces por encima de los costes de fabricación y la producción se concentró en unas pocas plantas, retrasando el acceso a las vacunas para millones de personas. Esos precios permitieron estos beneficios abusivos. Los precios se fijan porque la empresa tiene las patentes. Ese derecho se lo dan los gobiernos, con el argumento de financiar la investigación: sin embargo, aquí la investigación se ha hecho con dinero público. Sin duda las empresas se mueven por el ánimo de lucro. Pero los gobiernos deberían controlar esa pulsión en vez de acrecentarla, ya que deben velar por el interés general, y no solo el de unos pocos.

Y es que, el resultado, fue un retraso en la vacunación universal y la prolongación de la pandemia, con millones de casos que podrían haberse evitado. Todavía hoy, solamente han recibido una dosis de vacuna el 27% de la población de países de bajos ingresos.

Si las vacunas se hubieran administrado en los países de bajos ingresos al mismo ritmo que en los países ricos, se habrían podido evitar 9 millones de muertes prematuras.

https://fernandolamata.blogspot.com/2022/07/el-coste-de-la-codicia-9-millones-de.html

Por eso no es justo que los altos ejecutivos y los accionistas de estas empresas farmacéuticas obtengan esos beneficios abusivos mientras mueren personas inocentes que podrían haberse salvado, y mientras otros miles padecen secuelas físicas, psíquicas, económicas y sociales.

Los gobiernos tienen que reaccionar. Estos días van a discutir el borrador del Tratado de Pandemias en la OMS. Sería muy importante que el tratado imponga la obligación de establecer suspensión de monopolios de cualquier tecnología relacionada con la pandemia, transferencia de tecnología y know how, fijación de precios ligados al coste de fabricación, etc. Veremos.

¡Arriba los corazones!

Vuelvo a casa caminando desde la estación.

Hay luces navideñas en algunas calles, en algunos balcones;

menos que otros años, por el precio de la luz.

 

Voy con la bufanda al cuello y el paraguas abierto.

Las hojas amarillas y ocres de los árboles

dibujan un tapiz resbaladizo en las aceras.

 

Chispea. Cielo gris. Frío de invierno. El aire trae el olor

del humo de las chimeneas. Un olor grato

que me recuerda la casa de mi madre en el pueblo.

 

“¡Mira papá, un coche amarillo!” dice un niño

con su voz de niño; y me viene a la memoria mi padre

y el niño que yo fui, y mis hermanos, diciendo

 

“¡Mira papá lo que hago!” Y veo a mis hijos

cuando ellos eran niños, con esa sonrisa inocente

que te desarmaba y sus ojos asombrados.

 

Y me veo hoy a mi ya viejo, ya sin prisa,

caminando despacio para no resbalarme,

sabiendo que Pepa me estará esperando.

 

Y veo a madres, hijos, nietas, abuelos,

generación tras generación, con sus anhelos y sus miedos,

tratando de sumar cada cual su granito de arena,

 

soñando que juntos podemos hacer un mundo mejor, 

dándonos cuenta que todos formamos parte 

de una misma familia: somos hermanos.

 

Y recuerdo a mi madre, esa mujer extraordinaria 

que nos animaba de niños, “¡arriba los corazones!”, 

al despertarnos para ir al colegio bien temprano.

 

¡Arriba los corazones!, nos diría hoy, ¡ánimo!,

 

despertaros a las ganas de vivir un nuevo día, 

y abrid un huequito de amor a la esperanza

juntando con fuerza vuestras manos.

 

¡Feliz Navidad!

 

Fernando Lamata, diciembre 2022

En los últimos 12 meses 2 millones de personas no pudieron acceder al medicamento recetado en la sanidad pública.

En la última oleada del Barómetro Sanitario, realizada por el CIS para el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2022 (1), vemos que, en los últimos 12 meses, un 4,2% de la población dejó de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública, porque no se lo pudo permitir por motivos económicos (pregunta 12). Este porcentaje, referido a la población española (47.615.053, INE, julio 2022), supondría que cerca de 2 millones de personas no pudieron acceder al medicamento que necesitaban por no poder pagarlo.

Dicen que la proporción de gasto farmacéutico que pagamos a través de los copagos es relativamente baja. Pero, aún así, no deja de ser una barrera al acceso en el momento de necesitar ese servicio, y, para miles de personas, es una barrera insuperable. La sanidad pública se debe financiar con impuestos justos, a través de un sistema progresivo en el que cada cual paguemos según nuestro nivel de renta y nuestro patrimonio. En el momento de necesitar un medicamento, éste debe ser gratuito para todas las personas. Si proclamamos que la sanidad es un derecho humano, entonces no hay derecho a que 2 millones de personas no puedan comprar el medicamento necesario.

 

Es preciso analizar en detalle esta situación y corregirla. Debemos tender a reducir y eliminar los copagos en sanidad, ya que discriminan a las personas más enfermos, a las más mayores, y a la que tienen menos posibilidades económicas. No es justo.

 

Al mismo tiempo sabemos que estamos pagando un precio abusivo por muchos medicamentos: 10.000, 100.000, 1.000.000 de euros por medicamentos que cuestan 10, 100, 1.000 veces menos. El exceso que pagamos en España por sobre-precios abusivos es de más de 8.000 millones de euros anuales. Ese dinero que damos a algunas empresas farmacéuticas, sin justificación, debería servir para que las personas que necesitan un medicamento no tuvieran que pagar copagos, además de lo que ya pagaron a través de los impuestos. Ese dinero debería ir también a contratar más profesionales sanitarios, garantizar estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, e invertir en prevención y en promoción de la salud. De esa forma se podría reducir el uso de medicamentos y frenar la sangría que supone para el sistema sanitario. En 2022 el gasto farmacéutico está creciendo un 5,17% (datos del Ministerio de Hacienda hasta septiembre) (2); esto supondría unos 1.000 millones de euros más anuales, alcanzando este año los 22.000 millones de euros. Con esos 1.000 millones se podrían haber contratado más de 15.000 profesionales de medicina, enfermería y otros, para recuperar la calidad de la atención sanitaria y evitar la medicamentalización innecesaria.

 

1.

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/TerceraOleada/es3385mar_terc_oleada_2022.pdf

2.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmacéutico-y-Sanitario.aspx