Una buena noticia: La Esperanza de Vida al Nacer en el Mundo siguió creciendo.

En un extenso artículo publicado por la revista Lancet el pasado 17 de octubre (1) se analiza la Esperanza de Vida al Nacer (EVN) y la Esperanza de Vida en Buena Salud (EVBS) de 204 países y territorios del mundo, tomando los datos del Estudio Carga Global de Enfermedad, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington. El estudio se refiere al año 2019 y anteriores, por lo tanto, no tiene a la vista el impacto negativo que a lo largo de 2020 habrá producido la pandemia de la COVID-19. Pero sí permite analizar la evolución durante lo últimos años.

 

Según los autores, la Esperanza de Vida al Nacer ha aumentado en el mundo de 67,2 años en el año 2000 a 73,5 años en 2019, 6,3 años más. Así mismo, la Esperanza de Vida en Buena Salud ha aumentado de 58,6 años en 2000 a 63,5 años en 2019, 4,9 años más. La EVBS ha aumentado en 202 de los 204 países del mundo. Es una magnífica noticia. Millones de personas en el mundo han podido prevenir o superar enfermedades y disfrutar unos años más de la vida, con menos sufrimiento.

 

Si ampliamos el periodo estudiado, vemos que la EVN en 1950 era de 51,1 años, frente a los 73,5 de 2019, 22,4 años más. El avance logrado por la humanidad ha sido impresionante. Sobretodo debido a la disminución de la mortalidad infantil. Así, en 1950 murieron 19,9 millones de niños menores de 5 años. En 2000 eran 9,6 millones. Y en 2019 fallecieron 5 millones. Siguen siendo muchísimos. Pero la reducción, debida a la mejora de las condiciones económicas de salud, es muy notable. 

 

En efecto, el estudio señala que, aunque los servicios sanitarios tienen un importante papel en el cuidado y mejora de la salud, se observa una clara relación entre las condiciones socio-económicas y la salud. Es preciso seguir mejorando la atención sanitaria, pero es fundamental mejorar las condiciones de vida, alimentación, vivienda, trabajo, y educación de las personas y las poblaciones.

 

Si miramos a España sigue presentando buenos resultados en 2019, siendo el 5º país del mundo, y el primero de la Unión Europea con mayor esperanza de vida en buena salud. El mismo quinto puesto ocupa, junto a Italia, respecto a la esperanza de vida al nacer más alta.

 

Países con mejor EVN del mundo	Esperanza de Vida al Nacer	Esperanza Vida en Buena Salud
Singapur	84,9	73,9
Japón	84,8	73,3
Islandia	84,1	71,9
Suiza	84,0	71,7
España	83,1	71,3
Italia	83,1	71,0

 

En comparación, EEUU presenta una EVN de 78,9 años (4,2 años menos que España) y una EVBS de 65,2 años (6,1 años menos que España). A pesar de tener una economía más potente y una renta per cápita mucho más alta, las desigualdades sociales y la falta de un sistema sanitario universal se traducen un impacto negativo para la salud. Buen recordatorio para seguir defendiendo nuestra sanidad pública frente a quienes quieren importar el modelo de seguros privados norteamericano.

 

En conclusión, aunque en el mundo y en nuestro país, siguen habiendo tasas de pobreza y desigualdad insoportables, aunque muchos pueblos siguen sufriendo el azote de la guerra, durante los últimos 20 años la humanidad ha seguido avanzando, poco a poco, paso a paso. Esta evolución de la esperanza de vida nos debe animar a seguir trabajando. A seguir luchando por la igualdad de todas las personas, por la mejora las condiciones laborales y retributivas, por un sistema fiscal justo y progresivo que permita desarrollar políticas sociales eficaces, y por un acceso universal a una sanidad pública de calidad. En tiempos de pandemia, animémonos a seguir construyendo esperanza.

 

(1)

Wang H et al. Global age-sex-specific, mortality, health life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Diseases Study 2019. The Lancet 2020, 396; 10248: 1160-1203.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30977-6/fulltext

Los gobiernos de los países ricos frenan la propuesta de India y Sudáfrica para suspender las patentes de vacunas y tecnologías frente a la COVID-19.

El viernes 16 de octubre, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Sudáfrica y la India plantearon una propuesta que pedía a los países de la OMC que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), para permitir a todos los países la fabricación de productos genéricos en volumen suficiente, a precios asequibles y a tiempo.

 En su intervención, el representante de Sudáfrica denunció que el lenguaje de solidaridad y bienes públicos, utilizado por varios líderes de diferentes países no se había traducido en decisiones concretas para compartir los derechos de propiedad intelectual y transferir tecnologías frente a la COVID. “Business as usual” ha sido la respuesta común hasta ahora. Es importante, dijo, que se pongan barreras en la lucha contra la pandemia. “Una respuesta efectiva requiere el acceso rápido a productos médicos, incluyendo test diagnósticos, mascarillas, otros equipos de protección, ventiladores, vacunas y medicamentos. La escasez de estos productos en muchos países ha puesto en riesgo la vida o la salud de trabajadores sanitarios y de servicios esenciales y ha provocado muertes evitables. También prolonga la pandemia. Y mientras más dure, mayor será el impacto económico negativo”. 

 

Las patentes suponen una barrera al acceso a estos productos, por los altos precios y por el cuello de botella a la producción a gran escala.

 

El representante de la India insistió: “Queremos recordar a los miembros de la OMC que, en una pandemia, donde todos los países están afectados, necesitamos una solución global. Nuestra propuesta aporta esa solución. Es hora de que todos los países asumamos una responsabilidad colectiva y pongamos la vida de las personas por delante de todo lo demás. La Historia no nos juzgará con benevolencia si no actuamos inmediatamente para salvar la pérdida de vidas humanas y salud, y permitimos que la disfunción global prevalezca sobre la cooperación global. Esperamos que los países miembros de la OMC apoyen nuestra propuesta para asegurar que las vacunas y los tratamientos son realmente bienes públicos globales”.

 

La propuesta de la India y Sudáfrica fue suscrita por Kenia y Esuatini, y recibió el apoyo de Tanzania y el Grupo Africano, Chad y el grupo de países menos desarrollados, y también de Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Argentina, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Egipto, Túnez, Mali, Mauritania, Mozambique e Indonesia. Otros países mostraron su posición favorable a la propuesta, pero necesitaban algunas aclaraciones o bien consultar a sus gobiernos. Así se manifestaron China, Turquía, Nigeria, Senegal, Filipinas, Tailandia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y El Salvador.

 

Sin embargo, los gobiernos de los países de la Unión Europea, EEUU, Suiza, Noruega, Australia, Canadá, Japón, y Reino Unido, a los que se sumó Brasil, se opusieron a la propuesta.

 

Estos países argumentaron que ya era suficiente con las “flexibilidades” de los ADPIC. Pero el representante de Sudáfrica contestó que no era así. Este mismo año, la UE y los EEUU han presionado a países como India, Indonesia, Turquía, Ecuador, Colombia, Egipto, Malasia, o El Salvador, por las legislaciones que pretendían utilizar las licencias obligatorias (flexibilidad de los ADPIC).

 

La UE y los otros países ricos insistieron en que la solución era que las empresas titulares de la patente dieran “licencias voluntarias” para que otras empresas pudieran fabricar genéricos. Pero, después de nueve meses de pandemia, se demuestra claramente que no es así. Un ejemplo, señaló el portavoz de Sudáfrica, es el remdesivir. “A pesar de recibir financiación pública significativa de al menos 70,5 millones de dólares, Gilead ha firmado acuerdos bilaterales secretos con unas pocas compañías de genéricos de su elección, excluyendo a la mitad de la población mundial de los territorios cubiertos. La mayor parte de las reservas de remdesivir se han adjudicado a países ricos. Como resultado, muchos países en desarrollo no han recibido este medicamento. Los precios, además, son prohibitivamente altos”. Estos acuerdos voluntarios no valen para hacer frente a la pandemia, porque las empresas titulares de la patente deciden a qué población, a través de qué empresa, con qué cantidad de producción y a qué precio. “Si somos serios para enfrentar este problema, la producción no puede estar concentrada en las manos de unos pocos fabricantes”.

 

El portavoz de Sudáfrica subrayó también que, durante estos meses, ninguna compañía farmacéutica había cedido voluntariamente sus derechos de propiedad intelectual a la OMS a través de la iniciativa C-TAP de las tecnologías relacionadas con la COVID.

 

La iniciativa COVAX, que la industria ha promocionado, como la manera adecuada de hacer llegar los medicamentos a países pobres, es muy insuficiente. “Los países ricos que representan un 13% de la población mundial han acaparado ya el 51% de las dosis de futuras vacunas para la COVID”. ¿Dónde queda la promesa de acceso universal? “El modelo COVAX refuerza la profunda desigualdad y no ofrece una solución confiable”. 

 

Un tercer argumento expuesto por los países ricos es que la suspensión de las patentes para las tecnologías COVID impediría la innovación. “Nunca ha habido un caso tan débil para otorgar monopolios” por este motivo, contestó con firmeza el representante de Sudáfrica. Los Gobiernos han financiado la investigación en medicamentos y vacunas, diciendo que serían un bien público, pero sin ligar las subvenciones al compromiso de las empresas para que fuera así. La investigación está siendo un esfuerzo de diferentes universidades, institutos, agencias, en todo el mundo. No es el resultado de una empresa farmacéutica. Las personas participantes en ensayos clínicos en todo el mundo lo hacen por su conciencia y sentido de contribuir a encontrar una cura para todos.  Además, la industria está financiando el desarrollo y producción de vacunas con “compras anticipadas” de la UE, EEUU y otros países, y, por otra parte, ha pedido a los gobiernos que se hagan cargo de posibles indemnizaciones por efectos adversos. “La colaboración entre centros de investigación no es por la Propiedad Intelectual, como han señalado algunos, sino lo contrario. Son los científicos de todo el mundo los que han facilitado la colaboración, no la propiedad intelectual. Es la financiación pública la que ha facilitado esas colaboraciones, no la propiedad intelectual”, insistió el portavoz de Sudáfrica.

 

“La COVID-19 revela la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos en el mundo, y una de las principales causas es que la Propiedad Intelectual sostiene los intereses dominantes de la industria a costa de vidas humanas”, concluyó el portavoz sudafricano.

 

El debate duró más de tres horas, pero, a la vista de la oposición del grupo de países ricos, los proponentes del acuerdo, India y Sudáfrica propusieron a la Presidenta de la reunión que este asunto quedara abierto para discusión y convocando un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC.

Vale la pena señalar que 379 Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el planeta habían dirigido una carta a los participantes en esta reunión pidiendo que apoyaran la propuesta.

https://accesojustomedicamento.org/carta-a-la-organizacion-mundial-de-comercio/

 Como ciudadano de la Unión Europea pienso que esta es una oportunidad perdida para la humanidad, para la dignidad de los pueblos, para buscar juntos una solución a la pandemia que nos afecta a todos. Siento vergüenza al estar representado por una Unión Europea que pone los derechos de las personas por detrás de los intereses de las multinacionales, a las que concede patentes y monopolios; que compra anticipadamente un medicamento que no sirve a precios abusivos; que financia a las empresas farmacéuticas sin asegurar condiciones de uso como bien público; y que frena iniciativas como la de India y Sudáfrica que pretendía dar una respuesta eficaz, eficiente y solidaria a la pandemia. Y me pregunto ¿qué papel ha jugado el gobierno de España en este debate y en la posición de la UE?

Salud Mental y Derechos humanos: no solo es cuestión de dinero… aunque también.

En el XXXVII Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental, mi ponencia sobre los derechos humanos se centraba en los recursos necesarios para hacerlos viables (1). Los movimientos sociales, las transformaciones económicas de entre-guerras en Europa y la respuesta a la crisis de 1929 en EEUU, impulsaron un cambio en la distribución de recursos, implantando sistemas fiscales más justos y progresivos, que recaudaron a los más ricos y permitieron desarrollar políticas públicas (sanidad, educación, pensiones, seguro de paro, servicios sociales, etc.). La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue expresión de este cambio de visión. Años después, en la crisis de 2008 ocurrió lo contrario. La revolución de los ricos, que había empezado a finales del siglo XX, fue dando la vuelta a la situación. Los ricos dejaron de pagar impuestos, forzando cambios en las leyes financieras y aprovechando mecanismos de evasión y fraude fiscal sofisticados. Y en la salida de la crisis de 2008 forzaron los rescates bancarios a cargo de los contribuyentes, con lo que los gobiernos tuvieron que recortar los servicios públicos, incluida la sanidad y los servicios de salud mental. Los derechos humanos “tienen que comer”, necesitan una financiación, y si se recorta, se recortan derechos.. 

 

Sin embargo, otras participantes en el Congreso me llamaron la atención acerca de que no es solo cuestión de dinero. Con el dinero disponible en cada momento hay otros aspectos importantes, como la visión de las familias y la sociedad, las leyes y su aplicación, la formación de los profesionales, la organización y orientación de los servicios, etc., que influyen en la aplicación de los derechos humanos. Esto es cierto.

 

Por una parte, la visión y actitud de la sociedad, los profesionales, las familias y las personas afectadas. ¿Cuál es la visión que tienen acerca de la salud mental? ¿Es una visión basada en los derechos humanos de la persona? ¿Considera a la persona capaz, o incapaz? ¿Es una visión de persona violenta, excluida, alienada, o de persona con un problema y con capacidad de recuperación? Una visión estigmatizante de las personas con problemas de salud mental condiciona el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Las etiquetas son cadenas invisibles que atan a las personas afectadas. Esa visión se traducirá en comportamientos en el ámbito social (medios de comunicación, familia, trabajo) y en el ámbito terapéutico. Por ejemplo, será más difícil encontrar trabajo. Y así, será muy complicado lograr autonomía económica. De rebote, las relaciones de pareja y otras relaciones sociales se verán limitadas. La autoestima y la recuperación serán más difíciles. Y esta dificultad de recuperación reforzará el estigma.

 

En segundo lugar, la visión de los legisladores y los jueces. Esa visión se traducirá en leyes y en una determinada aplicación de las mismas: limitación de libertad, ingreso involuntario, contención involuntaria, tratamiento involuntario, esterilización forzosa, o legislación favorable a la persona como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y otras. La legislación condicionará la actitud terapéutica y los derechos de los pacientes. 

 

En tercer lugar, la formación de los profesionales, que condiciona y orienta su práctica. La formación continuada está, muchas veces, financiada por la industria farmacéutica, imponiendo el enfoque farmacológico-biológico de los trastornos mentales. No es casualidad que el 42% del gasto en salud mental sea en medicamentos. Para que la formación no dependa de la industria farmacéutica se debe cambiar el modelo por el que se fijan los precios (precios abusivos), de manera que el sector público recupere parte del gasto farmacéutico inútil y pueda destinarlos a formación independiente. El dinero es el mismo, pero se podría y se debería usar de otra manera.

 

En cuarto lugar, los programas y dispositivos de atención. La posibilidad de superar el estigma tiene que ver con la posibilidad de prevenir los problemas de salud mental y de lograr que su evolución sea favorable. Para ello es importante disponer de programas de prevención, educación en las escuelas, etc. Es precisa la detección temprana de los problemas y la intervención ágil, con apoyo en domicilio, con apoyo a las familias, con asistentes personales (expertos en primera persona), con actividades que favorezcan la recuperación. Entonces se comprueba que la persona afectada se recupera y se incorpora a sus actividades personales y profesionales con autonomía plena. Y el estigma se va superando en la sociedad. Pero se necesitan recursos, se necesita suficiente número de profesionales bien formados, que dispongan de medios apropiados y tiempo para desempeñar correctamente su labor. Recordemos que en España disponemos de menos de la mitad de profesionales dedicados a la salud mental (enfermería, psicología clínica, psiquiatría, trabajo social, etc.) que en los países europeos avanzados. Y no olvidemos que, en otros países más pobres, la carencia de medios obliga a seguir manteniendo la hospitalización psiquiátrica tradicional y la contención como medio de tratamiento principal. Sin recursos no hay programas.

 

Los recursos suficientes permitirán abordar los programas de promoción de la salud mental, prevención de los problemas más importantes, detección precoz, intervención temprana, abordaje comunitario, con la consiguiente reducción de los ingresos involuntarios, de la contención involuntaria, y la reducción de la medicación inadecuada. Como decía una persona que había sido ingresada: lo mejor para que se respeten los derechos humanos de la persona en un ingreso en salud mental es hacer que no sea necesario el ingreso, prevenirlo.

 

Y ahora sí, aquí llegamos a la necesidad de una financiación justa. La financiación suficiente requiere aumentar lo ingresos públicos, mediante una fiscalidad justa y progresiva. 

 

Recapitulando, con una financiación dada, con la financiación de la que se dispone en cada momento, se pueden hacer las cosas de distinta manera, de la misma forma que un capitán puede dirigir el mismo barco mejor o peor que otro, o lo mismo que un director de orquesta puede hace sonar la orquesta con armonía o puede destrozar la música. Aquí también, un profesional sanitario, o un juez, con los mismos medios, pueden actuar de distinta manera. Pueden adoptar un enfoque comunitario o un enfoque hospitalocentrista; un enfoque que respeta los derechos humanos o un enfoque de persona incapaz y peligrosa. Etc. No es solo cuestión de dinero. 

 

Pero, al mismo tiempo, no cabe duda que para asumir enfoques en favor de los derechos humanos es preciso poder formar a los profesionales, familias y pacientes, de forma independiente, y es preciso disponer de recursos para la atención en el ámbito comunitario, así como para impulsar programas de sensibilización social. Las leyes, incluida la ley de presupuestos, las hacen los parlamentos, y los parlamentarios son elegidos mediante votos en los que influyen los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación se ven orientados por los anunciantes y los accionistas, que en general son grandes poderes económicos que buscan defender sus intereses, reducir el gasto público, favorecer sanidad privada, aumentar el gasto farmacéutico, etc.

 

En definitiva, la realización de los derechos humanos no es solo cuestión de dinero, pero también lo es. La vida es un equilibrio inestable entre distintas fuerzas en tensión. A veces hay fuerzas dominantes que tiran hacia su lado y que imponen su ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva. Otras veces, millones de personas anónimas, trabajadores, profesionales, familias, son capaces de unir su voz y sumar voluntades para defender un mundo más justo, donde todos podamos vivir una vida digna. Es un tira y afloja permanente, a lo largo de los años y de los siglos, con avances y retrocesos, en el que cada uno tenemos que aportar lo que podamos en cada momento.

 

El presente y el futuro lo hacemos nosotros. La defensa de los derechos humanos en salud mental depende de nosotras. Las personas afectadas, sus familias, las profesionales y los políticos que compartan una visión respetuosa con los derechos y superadora de etiquetas y estigmas. Tenemos que hacer un esfuerzo, en cada Congreso, en cada reunión, en el ámbito de trabajo, en las asociaciones, en los parlamentos, en los medios de comunicación, para sumar apoyos y lograr todos juntos una buena atención de las personas con problemas de salud mental, de calidad, y para todas, en todo el mundo. Hemos de hacerlo con los medios que tengamos en cada momento, aquí y ahora, y recabando los medios necesarios para seguir mejorando.

 

(1)- https://fernandolamata.blogspot.com/2020/10/a-mi-que-me-importa-tu-salud-mental.html

 

 

 

 

 

 

La Atención en Salud Mental requiere una inversión urgente

 Buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por invitarme a los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental.

 La Atención en Salud Mental requiere una inversión urgente. Alzamos hoy la voz para reivindicar que todas las personas que lo necesiten tengan acceso a unos servicios públicos de salud mental de calidad y adecuados a sus necesidades. Hoy, en España, esto todavía no es así. Debemos exigir que los gobiernos destinen más recursos y que utilicen los recursos disponibles de forma más eficiente.

 

Por eso es oportuno que hagamos un balance de avances y retrocesos, para fijar objetivos de futuro. 

 

La democracia y la Constitución de 1978 dieron un impulso al reconocimiento de los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental. En 1983 surgió FEAFES, la actual Confederación Salud Mental España. Ese mismo año se constituyó la Comisión para la reforma psiquiátrica, cuyo documento final se publicó en 1985. Un año después se aprobó la Ley General de Sanidad. Fueron pasos importantes. En el artículo 20 de la citada Ley se recoge la plena integración de la atención a la salud mental en el sistema sanitario general, y se define un modelo de salud mental comunitaria.

 

Poco a poco se crearon centros y equipos de salud mental, así como unidades de psiquiatría en hospitales generales, y se desarrollaron, en colaboración con el movimiento asociativo, centros de rehabilitación, programas de empleo, viviendas tuteladas y otros servicios. De esta forma, muchas personas con problemas importantes de salud mental, pudieron recuperarse y viven hoy con autonomía. 

Al mismo tiempo, como resultado de la reforma, se fueron cerrando camas en hospitales psiquiátricos tradicionales: de 43.000 camas en 1978 a 12.000 en 2011, una reducción del 72% en 30 años. Sin embargo, desde 2011 ese número de camas no se ha reducido. En los últimos 10 años la reforma se frenó.

 

¿Qué estaba pasando? Pasó que, cuando todavía estábamos a mitad de camino en dotación de recursos para desarrollar plenamente los servicios de salud mental comunitaria, en 2008 explotó la burbuja financiera de EEUU iniciando una crisis económica que arrasó el planeta. Las hipotecas basura y los productos financieros tóxicos permitieron ganar enormes sumas de dinero a los ejecutivos de los bancos y los fondos de inversión y arruinaron a millones de familias. Es la nueva economía financiera global. La revolución de los ricos, que había empezado a finales de los años 80, impulsada por el neoliberalismo. La consecuencia fue un freno a la economía real de todos los países, provocando la caída de sus ingresos fiscales. Entonces, en lugar de reformar el sector financiero y controlar los movimientos de capitales, fortaleciendo el sistema fiscal internacional y eliminando los paraísos fiscales, lo que vimos es el refuerzo de los culpables de la catástrofe. Los gobiernos decidieron rescatar a los bancos con el dinero de los contribuyentes, y, al mismo tiempo, acordaron no aumentar la deuda pública. ¿Solución?: recortar el gasto social, y dentro de él, los servicios de salud mental.

 

Así, entre 2009 y 2018 el Gasto Sanitario Público, ajustado por edad en euros constantes, se redujo en un 20%. En salud mental, la reducción fue todavía mayor. 

 

Además, en 2009 la financiación sanitaria era todavía insuficiente, y no había alcanzado la media de la Unión Europea. Hoy, para poder alcanzar ese gasto deberíamos destinar un 8,3% del PIB, que supondría 100.000 millones de euros anuales, un 29% más que el gasto actual.

 

¿Y en salud mental? La inversión actual en servicios de salud mental en España puede estimarse en 4.000 M€, solo un 5,16% del gasto sanitario público total. Además, un 42% de ese gasto se destina a medicamentos y un 17% a hospitales psiquiátricos, que son gastos muy ineficientes. Mientras tanto, en Reino Unido, Alemania, Francia o Suecia el gasto en servicios de salud mental es el 10% del gasto sanitario total. Este debe ser nuestro objetivo: el 10% del gasto sanitario público total.

 

En resumen, después de importantes avances que se impulsaron gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios, de las familias y de las personas con problemas de salud mental, en los últimos diez años estamos viviendo un retroceso. No solo por los recortes y la reducción de recursos, sino también por un cambio de orientación, hacia un enfoque biológico, farmacológico, hospitalocentrista, que es ineficiente y limita la autonomía de la persona y su recuperación integral.

 

¿Por qué reclamamos mayor inversión en Salud Mental? ¿Es acaso un capricho? ¿Una ocurrencia de gente bienintencionada? Desde luego que no.

 

Decimos que es justo invertir en salud mental, porque la carga de enfermedad por salud mental supone entre el 10,5% y el 25% de la carga de enfermedad por todas las causas y solamente se le dedica un 5,16% del gasto sanitario público. Menos de la mitad. 

 

Decimos que es necesario invertir en salud mental, porque, según la Encuesta Nacional de Salud, un 10,8% de la población presentaba problemas de salud mental en el último año y solamente la mitad, un 5,4%, habían accedido a la atención  sanitaria que precisaban. 

 

Es razonable invertir en salud mental porque el tiempo de espera para consulta en el SNS, en promedio, es de casi 3 meses. Y un 35% esperan más de 6 meses. Si en cualquier problema de salud estas esperas producen incertidumbre y dolor, en Salud Mental, además pueden suponer el abandono, o un agravamiento que hace mucho más difícil la recuperación.

 

Es preciso invertir en salud mental, porque, por falta de acceso a servicios de salud mental comunitarios y a programas de prevención, la tasa de ingresos hospitalarios ha aumentado un 31% en los últimos 10 años. 

 

Pensamos que es más eficiente invertir en salud mental, porque los estudios muestran que, por cada euro invertido, se recuperan cuatro o cinco en bienestar social y productividad económica.

 

Es urgente invertir en salud mental porque la esperanza de vida al nacer de las personas con problemas de salud mental es 10 a 20 años menos que la media de la población, debido a su dificultad de acceso a los servicios sanitarios para prevenir o tratar otros problemas de salud.

 

Nos interesa invertir en salud mental, porque tú o yo, o una persona de nuestra familia padece o va a padecer a lo largo de nuestra vida un problema de salud mental y entonces, quizá, lleguemos tarde.

 

Y afirmamos que es una exigencia moral invertir en salud mental, porque sabemos que cada día 10 personas deciden quitarse la vida en nuestro país. Cada día. Y en muchos casos, esos suicidios, se podían haber prevenido o evitado disponiendo de los medios adecuados. 

 

¿No les parecen razones suficientes, razones de peso? 

 

Amigas y amigos, la pandemia de la COVID-19 declarada en marzo de este año está suponiendo un nuevo golpe a la humanidad, un tremendo desafío. Más de un millón de muertos, más de 35 millones de personas contagiadas, y un enorme impacto negativo a la economía española e internacional. En esta nueva crisis las personas con problemas de salud mental sufren sus consecuencias de manera más dura: incertidumbre, aislamiento, depresión y ansiedad, nuevos recortes de programas sociales y más retrasos en la atención... No podemos permitir que la pandemia sea una coartada para reducir los derechos humanos y debilitar más la sanidad pública. Por el contrario, debería ser una oportunidad para reforzar los servicios sanitarios públicos, y reforzar la solidaridad, porque solo juntos podremos superar este desafío.

 

Debemos recuperar y consolidar el SNS y, en ese proceso, es necesario reivindicar que se priorice de forma muy exigente el desarrollo de los servicios de salud mental. Eso significa incrementar el gasto sanitario público en salud mental hasta 8.000-10.000 M€ anuales. Se podrá decir: es mucho, es una utopía. Pero ¿no es acaso lo justo? ¿no vemos que invertimos la mitad que lo que corresponde por carga de enfermedad?, ¿no vemos que la mitad de la gente que lo necesita no puede acceder a los servicios? ¿no vemos que en los países avanzados de la UE gastan el doble en salud mental? 

 

Pero no solo reclamamos más recursos. Reclamamos que se orienten mejor. Reivindicamos programas de prevención, porque más vale prevenir que curar. Reivindicamos el modelo de atención comunitaria, porque es más eficiente. Queremos recibir la formación y apoyo necesarios para gestionar nuestros procesos de salud y enfermedad con autonomía. Es preciso mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, y con los servicios sociales. Garantizar la equidad entre Comunidades Autónomas. Dotar equipos de salud mental y de tratamiento asertivo comunitario completos por cada 40.000 habitantes. Incorporar el enfoque de género. Cerrar definitivamente los hospitales psiquiátricos tradicionales, y erradicar las prácticas de contención involuntaria, aquí y en todo el mundo. Garantizar alojamientos en viviendas o residencias con la dotación adecuada, evitando la re-institucionalización. Dotar servicios y programas comunitarios para rehabilitación, entrenamiento laboral, y apoyo en el empleo. Reducir el gasto en medicamentos un 50%, mediante reducción de los precios abusivos  y de prescripciones inadecuadas. Reducir la tasa de ingresos hospitalarios. Y desarrollar programas específicos para las personas recluidas en prisiones, así como para las personas sin techo con problemas de salud mental y elaborar un informe anual para evitar que la vulneración de los derechos humanos de estas personas sea “invisible”. 

 

Nos dirán: todo eso está muy bien, pero, ¿de dónde podemos obtener los recursos para desarrollar estos programas? 

 

La única forma de poder garantizar los derechos humanos, y especialmente los derechos sociales, como la atención sanitaria, son los impuestos justos y progresivos. Es decir, aportar todos en función de nuestra renta, de nuestros ingresos y nuestra riqueza. Lo demás es engañarnos. Sin impuestos justos no hay derechos sociales.

 

Si comparamos los ingresos públicos anuales de los países de la Unión Europea y de España en 2019, vemos que los países de la Unión Europea recaudaron en promedio el 46,2% del PIB, algunos hasta el 52%. En España solamente recaudamos el 39,1%. Si lo hiciéramos tan bien como la media de los países de la UE, recaudaríamos 7,1 puntos más sobre el PIB, es decir: 89.000 M€. Este es el boquete fiscal. Cuatro veces más de lo que necesitamos para completar los presupuestos de la sanidad pública.

 

Pero, además, se debería reducir parte del gasto en la deuda pública injusta. La deuda pública española se duplicó desde 2010, por culpa de los rescates bancarios. Y cada año gastamos 100.000 millones de euros para pagar esta deuda. ¿No os parece que debería pactarse una reducción significativa de esta carga inmoral? Al menos deberíamos intentarlo.

 

Amigas y amigos, en los últimos 10 años hemos vivido un deterioro de los servicios públicos, gota a gota, milímetro a milímetro. Y vamos aguantando creyendo que debe ser así, que no hay otro remedio. Casi-casi volviendo a pedir limosna a los gobiernos y a las grandes corporaciones. La pandemia es otro golpe importante, inesperado. Las grandes fortunas han reaccionado defendiendo sus posiciones, y su riqueza ha aumentado un 27% desde el mes de mayo. Por ejemplo, en las vacunas para la COVID, han logrado forzar a los gobiernos para que concedan patentes, y hagan compras anticipadas, en lugar de una vacuna universal, de todos, sin patente y a precio de coste. Pero nosotros sabemos que sí puede ser de otra manera. Nosotros hemos vivido en primera persona un cambio de la psiquiatría manicomial a la salud mental comunitaria. Es verdad que no está completamente desarrollada, y que en algunos sitios está bastante maltrecha, pero sabemos que es posible. Sabemos también que los recursos están, pero que se los llevan otros, más fuertes. 

Tenemos pues que sumar fuerzas, tenemos que agruparnos, cargarnos de razón, e insistir una y otra vez en que es posible una buena atención a la salud mental, y que existen los recursos para ello. 

 

De hecho, gracias a vuestro esfuerzo, en estos años de crisis, aunque con retrocesos, hemos vivido también muchos avances importantes, experiencias que nos animan a seguir adelante. Uno de los aspectos que más valoro es la evolución y el trabajo de la Confederación Salud Mental España y de todas las federaciones autonómicas y asociaciones provinciales. Y para mi tiene especial importancia el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, surgido en 2009. Conocer a estos expertos, personas que han superado su problema de salud mental, y que tienen fuerza para llevar una vida autónoma y liderar un proyecto de cambio en el movimiento asociativo, haber conocido a personas como Luis, Vicente, Basilio, Elena, José Luis y tantas y tantos otros luchando por cambiar las cosas, es la mejor razón para que sienta que podemos, y que vamos a ganar este reto. Porque ellas y ellos tienen dos certezas: primera, la condición humana se adquiere cuando se dignifica la salud mental, nunca antes, y segunda, nuestro mayor enemigo es la inacción.

 

El cantor Horacio Guaraní escribió estos versos:

 

Si se calla el cantor calla la vida,
porque la vida, la vida misma es todo un canto
Si se calla el cantor, muere de espanto
la esperanza, la luz y la alegría

...

 

Qué ha de ser de la vida si el que canta
no levanta su voz en las tribunas
por el que sufre, 

por el que no hay ninguna razón 

que lo condene a andar sin manta

 

...

 

Yo estoy seguro de que la Confederación Salud Mental España seguirá levantando su voz, firme y serena, como lo hizo José María Monge, como lo hace Nel, como lo hacéis todas y todos vosotros defendiendo los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Así que ánimo, a seguir adelante y feliz Día Mundial de la Salud Mental.

¿A mi qué me importa tu salud mental?

Antes de contestar a esta pregunta, quiero agradecer a los organizadores de esta trigésimo séptima edición del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, y de la 3ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental, su amable invitación a participar en el mismo.

 

El Congreso se desarrolla a través de Internet, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia está causando mucho sufrimiento, millones de afectados, un millón de personas fallecidas, y una crisis económica que se traduce en paro y precariedad. Pero también nos ha mostrado que estamos juntos en este pequeño barco que es el planeta. Que lo que ocurre en un mercado de alimentos de China nos afecta, literalmente, a todo el mundo, tres meses después. Y que para resolver este y otros problemas de salud, tenemos que remar todos juntos. 

 

Ya lo señalaba el Informe de la Confederación Salud Mental España, sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2019, decía: “todo los que les ocurre a las personas de nuestro entorno nos concierne y nos hace responsables”. (1)

 

Podemos pensar que no es así. Que los problemas de los demás no son mis problemas. Y menos aún, los de aquellas personas que tienen problemas de salud mental. 

 

¿O sí lo son? Pienso que sí. Repasemos algunos hechos.

 

La historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad, con sus avances y retrocesos.

 

Después de las 2 guerras mundiales, las naciones fueron capaces de acordar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La humanidad fue construyendo, en la segunda mitad del siglo XX, un modelo de sociedad que lograba un razonable equilibrio entre libertades y obligaciones, entre beneficio individual y derechos sociales. Había grandes desigualdades, pero se iban corrigiendo a través de mejoras salariales y políticas públicas, como la sanidad y la educación, financiadas con una fiscalidad progresiva y razonablemente justa. La tendencia era hacia una mayor equidad. También en España.

 

Pero los derechos humanos no son irreversibles.

 

En su magnífico librito “Castellio contra Calvino”, Stefan Zweig nos recuerda que “nunca un derecho se ha ganado para siempre”. 

 

A partir de los años 80 del siglo pasado, los intereses económicos de unos pocos fueron ganando fuerza, imponiendo el cambio de leyes fiscales, deslocalizando la producción, creando una economía virtual multinacional que escapaba a los controles de cada país. La crisis financiera y económica de 2008 fue la manifestación de la enorme codicia de los grandes especuladores. Después de aquella crisis, en lugar de corregir este desequilibrio, los gobiernos nacionales se vieron incapaces, no se pusieron de acuerdo para crear una gobernanza mundial y siguieron permitiendo que la desigualdad creciera, con el deterioro consiguiente de los servicios públicos. 

 

En el citado Informe de la Confederación, se denuncian graves vulneraciones de los derechos humanos. Situaciones de acoso, de maltrato, de esterilizaciones forzosas, de niños y niñas sin cuidados adecuados, de suicidios que podían haberse prevenido y evitado, de aumento de adicciones, de excesiva utilización de mecanismos de contención involuntaria, coerción, aislamiento y violencia. Estas vulneraciones se deben, en buena medida, a la falta de recursos para hacer efectivos los derechos de estas personas.

 

Así lo constatan también Rocío Juliá-Sanchis, Carlos Aguilera-Serrano, Francisco Megías-Lizancos y José Ramón Martínez-Riera, en su trabajo Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. Informe SESPAS 2020. (2)

 

Los autores señalan que las políticas puestas en marcha en la crisis financiera se han caracterizado “por la descapitalización de los servicios públicos, la transferencia a centros privados y el incremento de los servicios concertados, la desinversión comunitaria, y un presupuesto hospitalocentrista”.

 

También plantean que, a pesar de muchos progresos logrados en diferentes servicios de salud mental, se deberían reducir prácticas como la institucionalización, la medicalización excesiva, o la realización de medidas coercitivas.

 

Y añaden “la vulneración de los derechos humanos anteriormente expuesta es una realidad por falta de recursos comunitarios como los equipos asertivos comunitarios o los equipos de asistencia aguda domiciliaria”.

 

En la misma línea, para prevenir y corregir esta vulneración de los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, la Confederación reivindica la necesidad de dotar de medios suficientes y de recuperar y desarrollar un modelo de atención comunitaria. Se necesitan, dice, planes individuales de atención; equipos de intervención familiar; apoyo domiciliario; equipos multidisciplinares; asistentes personales; empleo y vivienda con apoyo…

 

Pero todos estos dispositivos, equipos y planes no se pueden llevar a cabo sin recursos. Se estima que la necesidad de recursos adicionales en la sanidad pública en general es de un 30% sobre el presupuesto anual actual; pues bien, en salud mental se precisa un 100% más sobre el presupuesto actual para poder disponer de suficientes profesionales, con tiempo suficiente, con una formación continuada independiente de la industria farmacéutica, y con medios e instalaciones adecuadas para hacer bien su trabajo. Y para conseguir esos recursos se necesita una fiscalidad progresiva, justa y eficaz.  

 

Los recursos están, pero se los llevan unos pocos. El 1% más pudiente de la población española tienen unos ingresos que superan todo lo que gana el 50% más pobre de la población.

 

En España, en Europa y en el Mundo, desde finales de los años 80 del siglo pasado, se ha fraguado lo que yo llamo la “revolución de los ricos”. Esta ofensiva neoliberal financió y financia grupos de opinión, “think tanks”, “institutos”, de los que salían y salen informes atacando al sector público, a la sanidad pública, a la educación pública, defendiendo que se debían reducir los impuestos a los más pudientes para que pudieran generar más riqueza. Así, desde finales de los años 80, el tipo marginal de los impuestos directos para las rentas más altas bajó de más del 70% a menos del 30%. Pero, además, con la “globalización”, con los paraísos fiscales, forzando una legislación favorable a sus intereses, a base de desgravaciones, bonificaciones, y exenciones fiscales, y con la incapacidad de los gobiernos nacionales para gravar los movimientos de capitales, los más ricos han logrado que su aportación real a las arcas públicas sea el 0%. Los ricos hoy no pagan impuestos. Y esta distribución injusta de la riqueza afecta directamente a los derechos humanos, también a los de las personas con problemas de salud mental.

 

Esta Conferencia también es Mundial. Y es muy importante que seamos conscientes de que, si aspiramos a lograr una sociedad equilibrada, en la que los más ricos y las grandes corporaciones aporten lo que deben de la misma forma que lo hacen los trabajadores y las clases medias, es precisa una gobernanza mundial que acuerde las grandes políticas: 

 

el reconocimiento de los derechos, las políticas públicas para garantizarlos, y la fiscalidad justa para financiar esas políticas.

 

Las políticas públicas se pueden cambiar. España, y los diferentes países, tienen recursos para poder atender los derechos humanos de todas las personas. Pero para ello tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. La desigualdad inmoderada se traduce en menos recursos públicos y peor atención a las personas más débiles. Si tenemos conciencia de esa injusticia, y tenemos voluntad, tarde o temprano cambiaremos las cosas.

 

La pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación, al mismo tiempo que ponía al descubierto la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos y la vulneración de los derechos humanos. La infección por este coronavirus afecta a todo tipo de personas, jóvenes y mayores, pobres y ricos. Pero afecta más a los más pobres y a los más mayores. Los barrios de menos renta, con viviendas más pequeñas, cuyos residentes suelen trabajar en lugares más insalubres o con peores condiciones y con peores contratos, han sido los más afectados. Las personas mayores que viven en residencias han sufrido una mortalidad excesiva, porque las condiciones de protección de los trabajadores y las posibilidades de aislamiento de los residentes no eran las adecuadas, y porque el sistema sanitario, debilitado y saturado, se vio obligado a racionar la atención, rechazando el ingreso de muchos mayores enfermos en los hospitales. También el impacto ha sido mayor en personas con problemas de salud mental. 

 

El aislamiento, la falta de recursos sanitarios, la suspensión de psicoterapias o la supresión de programas sociales han afectado duramente a las personas con algún trastorno mental, provocando retrocesos en su recuperación.

 

No debemos permitir que la pandemia sea otra excusa para recortar los derechos humanos, y menos todavía los de las personas con problemas de salud mental. 

 

Nos debemos rebelar sabiendo que hoy uno de cada cuatro euros de dinero público, dinero de todos, que equivale a todo el gasto sanitario y social anual, se destina a pagar una deuda bancaria injusta, mientras los ejecutivos financieros siguen engordando sus cuentas millonarias. No debemos consentir el fraude fiscal de los más ricos que cada año nos roba más de 70.000 millones de euros, más que todo el gasto sanitario público. La pandemia ha sido aprovechada por unos pocos, las grandes corporaciones financieras, las grandes compañías farmacéuticas, las de telecomunicaciones y logística y otras, para aumentar sus beneficios a costa de los demás. Esos abusos vulneran nuestros derechos. 

 

Pero el cambio es posible y es necesario. Depende de nosotros. Depende de ti. Y te importa mucho. Como señalaba Stefan Zweig, “Con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia”.

 

Para que se respeten los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y los de todas las personas, es preciso un cambio de políticas. Y ese cambio debe salir de una convicción personal. 

 

Amigas y amigos, si no estamos convencidos de la radical igualdad de todos los seres humanos y de la necesidad de garantizar los derechos de todos, especialmente de los que tengan más dificultades, no impulsaremos políticas públicas que garanticen esos derechos. Y si no hay gobiernos que impulsen esas políticas, los intereses económicos de unos pocos nos seguirán arrollando, seguirán erosionando nuestros derechos, nuestra sanidad, tu sanidad, nuestras pensiones, tu pensión, nuestras residencias sociales, nuestra educación, como una apisonadora brutal, insensible.

 

¿Y a mi qué me importa?... Te importa mucho, me importa mucho, nos importa mucho.

 

Es tu vida, es mi vida. Es nuestra posibilidad de realización, de ser libres, de ser felices. Por eso, cada uno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacer todo lo posible para que se garanticen de forma efectiva los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra participación en asociaciones y en organizaciones profesionales, con nuestra opinión y nuestra participación política. Dando cada día un pequeño paso.

 

Como decía el Dalai Lama:

Tú eres más feliz cuando te centras en los demás. Llevando alegría a otros es como puedes encontrar tu alegría interior.

 

Y Desmond Tutu, dialogando con el Dalai Lama, concluía:

No puedes sobrevivir por ti mismo. No puedes florecer, realizarte plenamente como persona sin las demás personas. Necesitas a otras personas para ser humano.

 

Por eso me importa tu salud mental.

 

A veces pensamos que el cambio necesario no será posible. Recuerdo entonces el poemita de Nicomedes Santa Cruz, cuando decía:

 

Yo tengo fe en el futuro,

porque el hombre de mañana

disfrutará vida sana 

forjada en presente oscuro,

marchará con pie seguro

por la fraternidad,

su arma será la verdad

su compromiso el deber

su regocijo el saber

su triunfo, la libertad.

 

Muchas gracias por su atención. ¡Y mucha suerte!

 

 

(1)   https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/

(2)   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457906/