martes, 9 de junio de 2020

Intereses de los pacientes e intereses comerciales en la búsqueda de vacunas y tratamientos para el SARS-CoV-2

Los pacientes, profesionales, hospitales, revistas científicas, ejecutivos de grandes corporaciones, agencias estatales, y gobiernos tienen, lógicamente, distintos intereses. Sus puntos de vista y sus prioridades son distintas. Conviene no olvidarlo.

La pandemia del SARS-CoV-2 nos muestra cómo los profesionales sanitarios y los investigadores intentan encontrar una forma eficaz y segura de tratamiento para los pacientes. Ellas y ellos los ven sufrir a pie de cama, intentan aliviar su dolor, frenar el avance de la enfermedad y evitar la muerte del paciente. Los investigadores buscan una vacuna o un tratamiento eficaz, pensando en los pacientes. Así ha sido desde siglos. Así fue en otras epidemias, como en el caso de la Polio. Sin embargo, hoy en día, mientras exista una legislación que permite las patentes para medicamentos y los monopolios para la comercialización de los fármacos, vemos que actúan otros intereses. Por ejemplo, el interés de tener un monopolio para obtener importantes beneficios empresariales y lograr enriquecimiento personal. Así mismo, lograr un medicamento eficaz en un país es también un arma estratégica, un arma política, de prestigio, de influencia. Y aquí entran en juego otros intereses de algunos gobiernos.

Cuando vamos a prescribir un medicamento, a igual Eficacia y Seguridad, se debe tener en cuenta la mayor o menor Eficiencia (precio), porque los recursos serán siempre limitados y hemos de hacer más con menos para beneficiar a más pacientes y al conjunto de la sociedad. Parece razonable desde el punto de vista de los pacientes. Pero este puede no ser siempre el interés de algunas empresas, que tratan de ganar más, o de algunos gobiernos.

En la COVID-19 se están probando diferentes tratamientos. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, (28 mayo) “no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2”. Entre “los tratamientos que se han venido utilizando en algunas de las estrategias terapéuticas puesta en marcha”, se encuentran Remdesivir y Cloroquina/Hidroxicloroquina.

Los precios de estos medicamentos pueden ser muy diferentes: la hidroxicloroquina, un medicamento que se viene usando hace muchos años, alrededor de 10-20 € / tratamiento. El remdesivir no tiene fijado el precio para el SARS-CoV-2. El Insitute for Clinical Economic Review (ICER) ha estimado 390 $ / tratamiento si hay reducción de estancia hospitalaria, y 4.500 $ / tratamiento si reduce mortalidad. Sin embargo, el coste de fabricación es de 5 € / tratamiento-6 dosis- (Andrew Hill en el Journal of Virus Erradication) y muchos defienden que el precio tendría que ser el de coste de fabricación más un beneficio comercial razonable: entre 6 € / tratamiento. El precio dependerá de que los gobiernos permitan que haya o no monopolio.

La eficacia y la seguridad de los medicamentos se observa en la práctica clínica. Pero, para sacar conclusiones generalizables, se realizan estudios de investigación. Estos trabajos, revisados y publicados en revistas científicas solventes, influyen en la elección de los medicamentos por parte de los profesionales, y también, por parte de las Agencias nacionales e internacionales. De ahí la importancia de la actitud ética y rigurosa a la hora de realizar estudios (diseño, interpretación de datos), como a la hora de su publicación, evitando conflictos de interés.

En estos días hemos vivido un caso paradigmático de cómo se mueven los diferentes intereses con los medicamentos citados. Veamos:

El Dr Mandeep R. Mehra es William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine and profesor of medicine at Harvard Medical School. Y trabaja en el área del corazón del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

En la revista Redacción Médica de 3 Abril 2020 leemos que Gilead, titular de la patente de remdesivir, y la SEIMC, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, organizaron una sesión científica Actualización sobre el SARS-CoV2, por teleconferencia, seguida por más de 8.000 profesionales sanitarios. Entre los profesores invitados: Mandeep R. Mehra. 


Investigación sobre remdesivir

El 29 de Abril se publica en The Lancet un artículo de Yeming Wang y cols., titulado “Remdesivir in adults with sever COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial”, financiado por la Academia de Ciencias Médicas de China. Los autores concluyen que “remdesivir no se asocia con beneficios clínicos estadísticamente significativos”.

Como si fuera una respuesta, el mismo día, 29 de Abril, Gilead anunció los resultados positivos de un ensayo clínico de remdesivir en pacientes con COVID-19, dirigido por el NIAID y patrocinado por el Gobierno de EEUU. Es inusual que fuera esta empresa, que no patrocina el estudio, y no el director del estudio quien avanzara esta información.

También llama la atención que el mismo día, antes de publicarse el artículo científico, el Dr Anhony Fauci, asesor del Presidente Trump y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeccionsas de EEUU (NIAID) dijera desde la Casa Blanca, junto al Presidente,  que remdesivir ha probado ser prometedora en pacientes con COVID-19. Según él, los resultados del ensayo coordinados por el NIAID y con participación de varios hospitales, muestran que se acortan las hospitalizaciones de 15 a 11 días y la tasa de letalidad de 11 a 8%. Aunque este segundo resultado no es significativo estadísticamente, el Dr Fauci afirma: “Lo que se ha probado es que un medicamento que puede bloquear este virus. Este puede ser el estándar de tratamiento”.

En la información de Nasdaq vemos que las acciones de Gilead subieron su valor 6% del 28 al 29 de abril (los principales accionistas son fondos de inversión).

El 1 de mayo 2020 la FDA emitió una autorización para utilización de remdesivir para tratar adultos y niños con COVID-19 severa. Esta autorización se comunica en una comparecencia del mismo Presidente Trump, en el despacho oval, junto con Daniel O’Day, Director Ejecutivo de Gilead, y el responsable de la FDA.

Conviene señalar, incidentalmente, que ocho de los Expertos del Panel del NIH (Institutos Nacionales de Salud de EEUU) para recomendar los tratamientos para la COVID-19 tienen ingresos económicos de Gilead. ¿No es esto conflicto de interés?

Por otro lado, el Brigham and Women’s Hospital de Boston, donde Radeep Mehra es jefe de cardiovascular, participa en dos estudios sobre remdesivir y COVID-19. 

El artículo científico sobre los resultados positivos del remdesivir, de John H Beigel et al., se publica en NEJM el 22 de mayo de 2020. Además, la revista publica un Editorial titulado: Remdesivir, un importante primer paso, por R Dolin y MS Hirsh.

Conviene subrayar que los investigadores del NIAID para el ensayo clínico de remdesivir cambiaron el objetivo de resultado primario (“endpoint” o “primary outcome”) durante el curso del ensayo. Se cambió “difference in clinical status” (como el del ensayo de Yeming Wuang publicado el 29 abril), que pasó a objetivo de resultado secundario (“secondary outcome”), y se colocó “time to recovery” como objetivo de resultado primario. Según el texto, este cambio fue propuesto por los estadísticos. Pero el "efecto" es que con los resultados obtenidos podían afirmar que se había logrado el objetivo, que "funcionaba" y, con el anterior "endpoint" de mejora clínica (disminución de mortalidad) no.

¿No debería una actitud ética obligar a los autores a resaltar este cambio en la publicación, no solo en el análisis estadístico, sino en el Resumen y en la Discusión, explicando las causas del cambio? 

Vemos, en cambio, declaraciones de investigadores como el Dr Daniel Kuritzkes, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Brigham and Women’s, y coordinador del ensayo de Gilead en su centro, que afirma: “Pienso que los datos son muy prometedores. Está claro que, en personas con enfermedad moderada, ha podido reducir la duración de la hospitalización”.


Investigación sobre hidroxicloroquina.
            
El mismo día de la publicación del artículo sobre las ventajas de remdesivir en NEJM, se publica un artículo científico sobre hidroxicloroquina en El Lancet: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet, 22 Mayo 2020. El primer autor es el Dr Mehra.

Es un estudio observacional. Analiza datos de un supuesto Registro internacional de datos de la empresa Surgisphere (Surgical Outcomes Collaborative), cuyo director el Dr Sapan Desai, también firma el artículo. El artículo presenta la siguiente Conclusión:
El uso de cloroquina e hidroxicloroquina como tratamiento para COVID-19 está asociado con disminución de la supervivencia en el hospital y aumento de arritmias ventriculares.

La financiación del artículo es de la William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine at Brigham and Women’s Hospital. No ha sido posible acceder a las fuentes de financiación de esa Cátedra.

Una nota en la página web del Brigham and Women’s Hospital donde trabaja el Dr Mehra, recoge unas declaraciones del Dr: “No importa cómo examine los datos, el uso de estos medicamentos no ayuda. Si acaso, tienen más probabilidad de morir. Vemos que se cuadruplican las arritmias ventriculares significativas en pacientes con COVID-19 tratados con hidroxicloroquina o cloroquina”

En otra publicación (tctMD/the heart beat, May 26 2020) dice Mehra:
“Hay evidencia clara de … 30% a 45% de aumento del riesgo de mortalidad después de ajustes” “Sin sombra de duda, un paciente hospitalizado con COVID-19 no debería ser tratado con estos medicamentos”.

Por otro lado, en una entrevista a France Soir el 23 de mayo, el Dr Mehra dice:
“Por una parte, Remdesivir ha mostrado que no hay riesgo de mortalidad y que logra una reducción del tiempo de recuperación. De otra parte, para la hidroxicloroquina es lo contrario: no se ha demostrado nunca una ventaja similar, la mayor parte de estudios son de pequeño tamaño o no conclusivos. Además, en nuestro estudio, se muestra que tiene efectos nocivos. No sería ético comparar un medicamento con efectos nocivos demostrados con un medicamento con, al menos, un cierto espacio para la esperanza”.

Es decir: los hallazgos del Dr Mehra desacreditan el uso de hidroxiclorquina, mientras que en sus declaraciones destaca los supuestos buenos resultados de remdesivir.

Ante la rotundidad del artículo de la revista Lancet, la OMS frena el ensayo clínico que está desarrollando con hidroxicloroquina, con fecha 27 de mayo 2020. Dice en su página web: “El viernes 22 de mayo 2020 la revista The Lancet publicó un estudio …. Los autores señalan que se ha estimado que la tasa de mortalidad era más elevada… el Grupo Ejecutivo del ensayo “Solidaridad” ha decidido interrumpir temporalmente las pruebas…”

El Reino Unido también frenó el reclutamiento de pacientes para su ensayo. Francia suspendió tratamientos con hidroxicloroquina… El impacto de estas publicaciones es evidente entre las Agencias sanitarias, los gobiernos, y los profesionales sanitarios.

Pero la cosa se complica: el estudio de Mehra y Desai parece ser un fiasco. En efecto, el 28 de Mayo 2020, se publica una carta al director de The Lancet de Dr James Watson y 180 profesionales de todo el mundo criticando el artículo de Mehra. Presentan argumentos contundentes: Ajustes inadecuados por severidad de la enfermedad, efectos secundarios, dosis. No adherencia a estándares en la comunidad estadística: no han revelado sus códigos o datos. No hay revisión ética. No mención de países o de hospitales participantes. Los datos de Australia muestran más fallecidos que los que comunica el gobierno. Otros datos, como los de África, son inconsistentes. Las dosis usadas son mayores de las recomendadas. El tratamiento estadístico poco fiable. No consentimiento explícito de pacientes.
                        
Dos días después, Peter Ellis revela algunos datos sobre la empresa que ha facilitado y gestiona el registro internacional de historias clínicas: Surgisphere (ver artículo de Peter Ellis en Free Range Statistics, 30 may2020). Dicen que analiza el tratamiento de 96.032 pacientes de 671 hospitales en 6 continentes. Según esta empresa, su programa QuartzClinical se integra en las bases de datos de historias clínicas digitalizadas de los hospitales. Según la empresa, tiene autorización para introducir los datos de los pacientes en sus estudios (sin compartir datos a nivel de paciente o el nombre de los hospitales). Aún así, no aclaran si los pacientes cuyos datos han sido incluidos han aceptado explícitamente (consentimiento informado) dar los datos de las historias clínicas a empresas como ésta para realizar este estudio.

Por otro lado, nos dicen que la empresa Surgisphere consta de 5 empleados a 11 empleados, según las fuentes de la propia empresa. Resulta inverosímil que pueda realizar el trabajo de integrar su programa en los sistemas de historias clínicas electrónicas de 671 hospitales, que pueden tener diferentes softwares, supervisar calidad de los datos de hospitales en África, EEUU, Europa, etc., gestionar aspectos legales, etc. Para Peter Ellis la conclusión es que los datos del estudio están “fabricados”. 

Pero, además, suponiendo que los datos estén en los registros electrónicos, ¿han comprobado el Dr Mehra y colaboradores que los métodos y calidad de recogida de los datos clínicos es homogéneo en todos los hospitales incluidos en el estudio, para que puedan ser comparados? Los autores dicen que “se ha utilizado un manual para el proceso de la entrada de datos que asegura la calidad y validación”. ¿A qué se refieren? A la vista de las inconsistencias de los datos esta afirmación resulta increíble. Como increíble es que no lo valoraran los referees y los editores de la revista a la hora de aceptar el texto basado en este registro.

Para aumentar el desconcierto nos encontramos con que NEJM había publicado otro artículo del Dr Mehra y el Dr Desai el pasado día 1 de mayo de 2020, titulado “Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19”, donde analizan los efectos de determinada medicación cardíaca (inhibidores de la encima convertidora de angiotensina, o bloqueadores del receptor de angiotensina) en pacientes hospitalizados con la COVID-19, usando el mismo registro internacional de historias clínicas de Surgisphere, y afirmando que no hay una asociación entre el uso de esa medicación y aumento de mortalidad.

El 3 de junio, The Guardian publica una investigación sobre Surgisphere, mostrando la poca consistencia de esta empresa. Da un ejemplo: que su editora científica es una escritora de ciencia ficción. En la base de datos de esta empresa se basan los artículos de estas dos revistas… 

Resulta entonces que dos de las revistas más prestigiosas en medicina, The Lancet y NEJM, publican sin adecuado control dos artículos de Mehra con datos no verificables y razonablemente sospechosos por inconsistentes, sobre un tema clave como la COVID-19, y en plena pandemia… ¿Quiénes fueron los referees de los artículos, y el o los editores? ¿Qué informes hicieron?

Las dos revistas publican una advertencia (“expresion of concern”), el 3 de junio, declarando que los artículos de Mehra / Surgisphere pueden tener errores y que los autores van a revisar los datos.

A su vez, el 3 de junio, en la rueda de prensa del DG de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia que, una vez revisados datos de seguridad, el Comité Ejecutivo del Estudio Solidaridad autoriza a reiniciar el ensayo clínico con hidroxicloroquina.

Al día siguiente, el 4 de junio el Dr Mehra solicita a The Lancet la retirada de su artículo, al no haber podido comprobar la veracidad de los datos utilizados: comunica que le pidió las bases de datos a su co-autor, Dr Desai, pero que éste le contestó que no podía dárselos por cuestiones de confidencialidad.

Dice el Dr Mehra en su retractación: “Nosotros siempre aspiramos a realizar nuestra investigación de acuerdo con las guías con mayor exigencia ética y profesional. Nunca podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como investigadores para asegurar escrupulosamente que nos basamos en fuentes de datos que cumplen nuestros altos estándares”. ¿Cómo aplicó esos estándares a la hora de aceptar las bases de datos de Surgisphere como fuente de sus análisis y conclusiones, con un impacto importante sobre los pacientes, profesionales, agencias y gobiernos?

Pero la vida sigue. Mientras tanto, en Australia, el 4 de junio la taskforce sobre evidencia clínica en Covid-19 decide que remdesivir es el primer tratamiento recomendado oficialmente. Y en la página de la AEMPS (consultada el 8 de junio) seguía figurando la referencia al artículo de Mehra en The Lancet sobre la hydroxicloroquina (aunque al pinchar en el enlace del artículo aparece “Retracted”).

En este breve relato de algunos hechos vemos que los actores en juego en el sector sanitario son muchos. Y no tienen los mismos intereses. Los gobiernos tienen sus prioridades. Los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas y de las gestoras de fondos de inversión, tienen las suyas. Los pacientes, y los médicos que les atienden, tienen otras. ¿Cuáles deberían prevalecer?

En mi opinión los medicamentos deben ser un bien público y el acceso a los mismos un derecho humano. Todo ser humano tiene derecho a poder acceder a una vacuna o a un tratamiento eficaz y seguro. Por eso deben abolirse las patentes, las exclusividades y otro tipo de mecanismos que otorgan monopolios a algunas empresas. No es aceptable que los ejecutivos de estas empresas ganen importantes cantidades solo por anunciar que están avanzando en una prometedora vacuna o en un tratamiento posiblemente eficaz, por la expectativa de unos beneficios basados en un monopolio que conceden los gobiernos. No es razonable que los ejecutivos de empresas farmacéuticas o de gestoras de fondos de inversión ganen decenas de millones mientras miles de personas o sistemas públicos de salud no tienen acceso a un tratamiento eficaz o, si consiguen acceder, es a costa de endeudarse y desatender otras necesidades vitales. El ánimo de lucro de los gestores de grandes empresas farmacéuticas y fondos de inversión, apoyándose en los monopolios, genera tal fuerza que los intereses de estas personas, y los de aquellas personas o instituciones a quienes patrocinan de una o de otra manera, se ponen por delante de los intereses de los pacientes. Esta situación debe cambiar. Los gobiernos deben evitar los monopolios en los medicamentos, suprimiendo las patentes o utilizando Licencias Obligatorias (suspensión del efecto de la patente). Los gobiernos deben asegurar que no se producen conflictos de interés en la información y toma de decisiones sobre medicamentos. Y la pandemia debería ser una oportunidad para ello.

miércoles, 15 de abril de 2020

Cada alta que vuelve a casa es una alegría

Como de una guerra. Como si vinieran de la trinchera o del hospital de campaña, cuando consigo hablar con mis amigos que vuelven dados de alta desde los hospitales escucho su voz débil, esperanzada porque regresan a casa, desde la habitación del hospital al paraíso. En casa, aunque toque estar confinados. Con su gente querida, sus libros, sus sartenes, sus ventanas. “Este virus es jodido” te dicen con su vocecita agotada, “hay que pararlo”. Y veo su mirada lúcida y siento su corazón muy cerca. Y nos damos un abrazo y ánimo y cuídate mucho, en una tarde gris, lluviosa y fría. También Fernando Simón ha dado positivo. Pero la curva de nuevos contagios parece que amaina un poco, como dándole la razón en que la cuarentena está haciendo su efecto y que pronto, quizá en pocas semanas, las UCIS dejarán de estar abarrotadas y los profesionales sanitarios empezarán a respirar. Todavía queda mucho trabajo, mucho sufrimiento. Pero cada alta que vuelve a casa es una alegría, y parece querer anunciarnos que vamos a ganar esta guerra.

Entretanto, cada uno de nosotros tiene que hacer su papel, apoyando la labor que realizan miles de profesionales en los servicios esenciales, tratando de descongestionar los hospitales evitando contagios, quedándonos en casa. No resulta nada fácil, pero es lo menos que podemos hacer para ayudar en esta difícil batalla. Cada día que evitamos contagios quitamos presión. Es como achicar el barco. 

Especialmente dura está siendo la cuarentena en los momentos de duelo. Es muy dolorosa la muerte de las personas queridas en estos días de aislamiento. Y siento no poder dar un abrazo de consuelo cuando oigo llorar a mi amiga por el teléfono, porque se fue su madre, su hermano. En este drama que sobrecoge el alma, al dolor de la partida se suma la impotencia de no poder despedirles con la familia reunida, con los amigos. Y solo cabe pensar que esta obligada cuarentena está haciendo posible que muchos otros vivan, que los sanitarios y los que trabajan en primera línea puedan seguir dando la batalla. Por eso es preciso no olvidar a quienes se han ido, porque en su soledad también han sido heroínas y héroes anónimos de esta pandemia.


sábado, 21 de marzo de 2020

Lejos pero cerca

Cada uno en su casa
y sintiéndonos muy cerca.
Compartiendo una aventura incierta
en este inesperado viaje solitario 
por las desconocidas aguas de la pandemia.
Y, al mismo tiempo, un viaje compartido
con millones de personas en sus casas.
Lejos pero cerca.

Un viaje en que también nos acompañan
miles de personas cuidando a los enfermos
en los hospitales y los centros de salud,
miles de policías y soldados ayudando
a que las cosas funcionen,
dependientas de supermercado enmascaradas,
conductores de metro y de autobús casi vacíos,
limpiadoras, farmacéuticas y camioneros,
periodistas e investigadores trabajando a destajo,
gentes anónimas que nos cuidan en el viaje 
para lograr, entre todos, llegar a puerto seguro
y a los que aplaudimos cada noche
desde nuestras ventanas-camarote
y desde el corazón.

Todo viaje enseña muchas cosas.
En este de seguro aprenderemos
otra forma de vivir, de hablarnos
lejos pero cerca
de descubrir lo frágiles que somos
lo mucho que dependemos los unos de los otros
lo relativo de lo que parecía impostergable
y la necesidad de compartir.

Nada parece hoy seguro. 
Las ciudades desiertas
las risas de los niños ausentes de los jardines
las universidades sin estudiantes
en un paisaje como de guerra, desolado. 
Y, sin embargo, te siento muy cerca, aunque estés lejos,
y eso me da fuerza, me anima,
siento que vamos en el mismo barco
y sé que juntos saldremos adelante.


Fernando Lamata, 21 de marzo 2020

miércoles, 18 de marzo de 2020

La crisis del coronavirus y los medicamentos

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de una buena sanidad pública que cuente con los medios necesarios. Entre esos medios, necesarios para tratar a los pacientes, se encuentran los medicamentos. Por eso, los medicamentos deben ser un bien público, accesible a todas las personas que lo necesiten.

En nuestro país podemos disponer de las medicinas que precisamos porque tenemos un sistema público que nos garantiza el acceso. Este es un gran logro social que debemos defender. Pero, hay dos causas que pueden dificultar o impedir el acceso a los medicamentos: 

-La primera causa es la falta de investigación en prioridades de salud, como en vacunas y antibióticos, porque no sean rentables para las compañías farmacéuticas. Conviene saber que en Europa mueren más de 30.000 personas cada año por falta de antibióticos eficaces. 

-La otra causa es que los precios de los medicamentos se han disparado: el año pasado se aprobaron medicinas a más de 300.000 euros por tratamiento. Y siguen subiendo. A estos precios no los podremos pagar. Y el gasto excesivo que hacemos por los altos precios detrae recursos de profesionales y de otros medios de diagnóstico y tratamiento muy necesarios para la atención sanitaria.

La causa de estos precios tan altos, y la causa de que no se investigue en vacunas o medicamentos contra procesos infecciosos, son las patentes, los monopolios que los gobiernos conceden a las empresas con la justificación de financiar la investigación. 

Ahora, con motivo de esta crisis, las empresas farmacéuticas están trabajando para descubrir una vacuna, pero no comparten la información con otras empresas y otros grupos de investigación públicos y privados, porque quieren tener la exclusiva, la patente, para poder fijar precios altos y lograr que suban sus acciones. Pero al no compartir la investigación, se retrasa el descubrimiento de las vacunas. Y si los precios fijados fueran altos, muchas personas y países no los podrían pagar.

 Es muy importante que, si se logra una vacuna para el Covid-19, se venda a precio de coste de producción y se eviten precios abusivos. Si el descubrimiento llegara desde una empresa privada, se debería crear un fondo internacional para pagar lo que le hubiera costado la investigación y poner la vacuna a disposición de todo el mundo a precio de genérico.

Fijémonos en que el sistema de patentes y monopolios hace que en España paguemos un sobre-precio en medicamentos de 8.000 millones de euros al año, además de los costes de fabricación y de investigación. Por eso, ante la crisis provocada por el coronavirus, es muy razonable la propuesta del Presidente de Extremadura, el Dr Fernández Vara, pidiendo que se reduzcan los precios de los medicamentos y que con el ahorro obtenido se financie la contratación de personal y medios de diagnóstico y tratamiento necesarios. 

Así mismo, se podría reforzar una plataforma pública de investigación, en coordinación con otras plataformas públicas europeas, para avanzar rápidamente en el desarrollo de vacunas, antivirales y antibióticos, y ofrecer medicamentos a precios asequibles al sistema sanitario público, en esta crisis y en otros problemas de salud actuales y futuros.

Con el esfuerzo de todos vamos a superar la crisis del coronavirus, pero el problema de la falta de investigación en prioridades de salud y de los altos precios de los nuevos medicamentos seguirá ahí. Por eso, tenemos que seguir reclamando más investigación pública, más transparencia y cooperación, y unos precios justos de los medicamentos, que tienen que ser reconocidos como un bien público y no como un objeto de especulación. Nos va la vida en ello.

lunes, 17 de febrero de 2020

Los servicios de farmacia hospitalarios en Holanda reaccionan frente al abuso de precios en medicamentos. Su gobierno les apoya. Un ejemplo a seguir.

El CDCA (Chenodeoxycholic acid) es un medicamento útil para los pacientes con xantomatosis cerebrotendinosa, una enfermedad rara producida por una anomalía en la síntesis de ácidos biliares. Los pacientes presentan colestasis neonatal, cataratas en la infancia, xantomas del tendón en jóvenes y disfunción neurológica en adultos.

El ácido quenodeoxicólico se venía utilizando desde hace más de 40 años para problemas de la vesícula biliar. La compañía Estedi lo comercializaba en España como Quenobilan 250MG 48 cápsulas, con un precio de laboratorio que permitía el tratamiento anual con cuatro cápsulas diarias de 250 mg a menos de 300 euros (año 2012) (1). Más tarde, este medicamento se utilizó fuera de ficha técnica para la xantomatosis cerebrotendinosa (XCT), con buenos resultados.  

Pero desde que la Agencia Europea del Medicamento autorizó CDCA como medicamento huérfano para la XCT a la empresa Leadiant Biosciences en 2017, concediéndole un monopolio de 10 años (exclusividad de mercado), los precios subieron a más de 150.000 euros por tratamiento anual. Esto es, más de 500 veces su coste. La Organización de Consumidores y Usuarios de España denunció en su momento esta subida (2).

El tema ha vuelto ahora a la actualidad, porque en Holanda los seguros se negaron a pagar estos precios abusivos, y los 60 pacientes que estaban allí en tratamiento se quedaron sin medicación. El servicio de farmacia del Hospital donde se estaban tratando, el Universitary Medical Center en Amsterdam, decidió seguir tratando a los pacientes preparando el medicamento en la farmacia hospitalaria (preparación magistral, comprando el principio activo). Leadiant recurrió y la inspección sanitaria ordenó al hospital que frenara la preparación del producto, por posibles impurezas en el principio activo utilizado, aunque reconoció que la preparación magistral de medicamentos era legal (3 y 4).

El hospital analizó el problema de las impurezas y buscó una nueva empresa que suministrara el principio activo con las condiciones exigidas. A partir de ahí, a mediados de enero, ha vuelto a producir el medicamento para sus pacientes (5).

El Ministro de sanidad Bruno Bruins apoya la preparación hospitalaria de algunos  medicamentos para pacientes concretos, mientras sigue negociando con Leadiant precios más razonables, y sigue exigiendo transparencia en los costes de investigación y de fabricación. El Ministro también ha pedido a Bruselas que reduzca los años de exclusividad de mercado (monopolio). Entretanto han modificado la ley para reforzar la fabricación hospitalaria.

Estas gestiones no son del agrado de las empresas farmacéuticas, que piden el apoyo del gobierno de EEUU. El 30 de enero de este año, la Embajada de EEUU en Holanda ha manifestado que está preocupada con las políticas que está planeando llevar a cabo el gobierno de ese país en relación con las patentes y monopolios de medicamentos (6). En concreto, preocupa la expansión de licencias obligatorias (equivalente a la suspensión de la patente en caso de abuso) y la preparación de medicamentos en hospitales. El argumento de la Embajada estadounidense es que los planes del Ministro holandés pueden afectar negativamente a la innovación. 

Es preciso repetir una y otra vez que las patentes de medicamentos, los monopolios, no han ayudado a la investigación desde que se generalizaron en 1994, lo que sí han hecho es disparar los beneficios de las empresas a costa de los pacientes y los sistemas de salud. Las propuestas holandesas están bien orientadas. Pero la capacidad de presión de la industria es muy fuerte.

Lo que está cada vez más claro es que si sigue esta tendencia en los precios vamos a una catástrofe. Como nos decía un paciente: es como si viajáramos en el Titanic, sin darnos cuenta de que nos han hecho un boquete en el casco, mientras sigue sonando la música de la orquesta. Es urgente tapar el boquete y cambiar de rumbo.

1.
2.
3.
Sheldon T. Dutch hospital’s manufacture of drug for rare condition was legal, says inspectorate. BMJ 2018;363:k5127
4.
5.
6.

domingo, 9 de febrero de 2020

Los monopolios en medicamentos (patentes, certificados de protección suplementaria y otras exclusividades) perjudican gravemente la salud.

Interesante artículo en el Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, enero de 2020, que analiza los efectos negativos de los Certificados de Protección Suplementaria (Supplementary protection certificates and their impact on access to medicines in Europe: case studies of sofosbuvir, trastuzumab and imatinib) (1).

El artículo muestra como en los medicamentos sofosbuvir, imatinib y trastuzumab, las compañías productoras recuperaron los gastos de investigación en menos de 3 años desde el inicio de su venta. Pero tuvieron, o tendrán, 10 años más de monopolio, permitiendo ganancias excesivas a costa del dinero de los pacientes y de los sistemas públicos de salud.

Los autores concluyen que la ampliación de los monopolios retrasa la competición y mantiene los precios elevados que deben pagar pacientes y servicios de salud, de forma injustificada. Esta situación se puede traducir en sufrimiento, retrasando el acceso a medicamentos necesarios a miles de ciudadanos en la Unión Europea, y aumento al mismo tiempo del gasto sanitario ineficiente e innecesario. En efecto, el aumento de gasto en medicamentos por precios abusivos, en un contexto de presupuestos limitados, supone disminuir el gasto en otras partidas, erosionar los sistemas de salud, aumentar las listas de espera, y deteriorar la calidad de los servicios. Así, podemos afirmar que el monopolio de medicamentos perjudica seriamente la salud.

La Unión Europea (UE) estableció el mecanismo de Certificados de Protección Suplementaria (CPS) en 1992 por la presión de las compañías farmacéuticas para aumentar sus ganancias. La misma presión llevó a que la UE apoyara la generalización de las patentes de medicamentos en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994. El CPS concede hasta 5 años más de monopolio una vez caducada la patente (hasta un máximo de 15 años de monopolio desde la autorización de comercialización). 

Desde 2010 a 2016 86% de los nuevos medicamentos tienen CPS al menos en un país de la UE.

Pero ¿por qué los gobiernos conceden monopolios a las empresas farmacéuticas en forma de patentes, CPS y otras exclusividades? La justificación oficial es que es para financiar la investigación. Con el monopolio las empresas no tienen competencia y pueden poner precios más altos durante varios años, y ese sobre-precio, ese impuesto sobre el medicamento, financia “teóricamente” la investigación. Para conceder estos ingresos adicionales a las empresas, este “incentivo”, la UE y los gobiernos deberían comprobar si los precios que exigen las empresas son suficientes o son exagerados para recuperar la inversión en I+D. En todo caso, una vez recuperada la inversión, el monopolio se debería retirar. Pero la UE no hace esta comprobación. Y tampoco tiene en cuenta que la mitad de los gastos de investigación actuales son de financiación pública directa y que la investigación con financiación pública y sin ánimo de lucro genera el 75% de la innovación.

En este artículo, los autores muestran cómo en los tres casos estudiados, sofosbuvir, imatinib y trastuzumab, “los ingresos por ventas sobrepasaron la inversión de I+D de las compañías en estos productos antes de tres años desde la comercialización y más de 10 años antes de la finalización de la patente". Conviene señalar que, en el caso de sofosbuvir, si en vez de tener en cuenta la compra especulativa de Pharmaset, se considera el gasto real en I+D que se publicó en el informe Wyden-Grassley del Senado de los EEUU, dicho gasto se hubiera recuperado con creces en los primeros 6 meses de ventas.

La Unión Europea debería suprimir de forma inmediata los Certificados de Protección Suplementaria y otras “exclusividades” (monopolio) que van más allá de los acuerdos de los Aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en los que se generalizó el uso de patentes de medicamentos. Y, a medio plazo, debería apoyar la modificación del acuerdo ADPIC para prohibir el uso de patentes y otras exclusividades de medicamento, estableciendo un mecanismo alternativo para financiar la I+D de medicamentos, en línea con las recomendaciones del Panel de Expertos de la Secretaría General de Naciones Unidas, en su informe de 2016. De esta forma se dispondría de más recursos para destinar a la investigación innovadora en medicamentos, así como en políticas de prevención, promoción de la salud, cuidados, y otras intervenciones sanitarias no medicamentosas, teniendo en cuenta criterios de salud pública y no intereses comerciales. Parte del ahorro logrado se podría destinar a otras políticas sanitarias y sociales prioritarias.

1.






miércoles, 5 de febrero de 2020

Cardiólogos denuncian que un medicamento (Mexiletine) sube el precio a 200 veces el coste

Mexiletine es otro ejemplo de precio abusivo de medicamento, amparado en la legislación sobre monopolios de medicamentos de la Unión Europea. Es preciso cambiar el modelo.

Un grupo de prestigiosos cardiólogos y farmacólogos de varios países (entre ellos Josep Brugada, del Hospital Clínico de Barcelona), encabezados por Pieter Postema, de Amsterdam, han publicado un magnífico, e inquietante artículo en el European Heart Journal titulado Continued misuse of orphan drug legislation: a life-threatening risk for mexiletine (1), en el que muestran cómo una empresa farmacéutica abusa de la legislación de medicamentos huérfanos para subir el precio a 200 veces su coste, dificultando gravemente el acceso al medicamento e imponiendo una carga injusta a la sociedad.

El mexiletine es un antiarrítmico que se utiliza en cardiología desde hace 50 años para tratar arritmias ventriculares.

Desde hace 30 años, los neurólogos utilizan medicamentos anti-arrítmicos para tratar enfermedades neurológicas, especialmente mexiletine para pacientes con miotonías no distróficas.

En el año 2000 la UE aprueba una legislación de enfermedades raras para incentivar la investigación, y para ello, en vez de dar apoyo directo, se le ocurre dar un monopolio de 10 años (exclusividad de comercialización) a los medicamentos que se utilicen para tratar enfermedades raras, prohibiendo la competencia, para que puedan poner un sobre-precio que deberán pagar los pacientes y los sistemas de salud. 

Lo tremendo del caso es que algunas empresas toman medicamentos antiguos, que ya se están utilizando durante años, y los “patentan” como medicamentos huérfanos. No han invertido nada en investigación. En algún caso un ensayo para confirmar que lo que ya se viene haciendo 30 años se puede seguir haciendo. Pero obtienen un monopolio, y pueden subir los precios. Este es el caso de la empresa Lupin Europe GmbH, que obtuvo de la Agencia Europea del Medicamento la autorización de comercialización como medicamento huérfano de un medicamento llamado Namuscla, con mexiletine, pasando de un precio por tratamiento de desde 400 euros anuales, a un precio de 65.000 euros por año. La empresa se apropia así de un conocimiento médico que estaba en el dominio público y obtiene un beneficio abusivo.

Al mismo tiempo, se deja de fabricar / distribuir el genérico, con lo que los pacientes cardiológicos se quedan sin una medicación útil. Es un problema ético y de salud pública.

Las consecuencias de esta actuación, amparada por la legislación europea sobre monopolios de medicamentos, son muy negativas. Los autores señalan:
-La falta de capacidad de los sistemas de salud para pagar precios excesivos de medicamentos con exclusividad de mercado (monopolio) regulado o efectivo.
-La necesidad de recortar otros cuidados de salud por los precios excesivos de los medicamentos con monopolio.
-El “reverdecimiento” de patentes, para prolongar el monopolio.
-Lograr nuevas exclusividades como medicamento huérfano para nuevas indicaciones.
-Abuso de precios para medicamentos fuera de patente para indicaciones como medicamento huérfano.
-Dejar de producir y retirar medicamentos a precios asequibles.

Frente a este abuso, los autores proponen posibles soluciones:
1.Excluir las indicaciones ya conocidas, y el uso conocido de medicamentos antiguos, de la designación como medicamento huérfano.
2.Introducir un “test” para definir la línea entre un beneficio suficiente y un beneficio excesivo (y en este caso retirar la exclusividad).
3.Introducir sanciones por las autoridades de la competencia contra las compañías que abusan la posición dominante que concede la exclusividad con precios excesivos.
4.Garantizar la importación o la producción de medicamentos genéricos a precios asequibles. 

Ponen el ejemplo de Corea del Sur el gobierno ha creado un Centro de Medicamentos Huérfanos, y fabrica este medicamento a un precio cerca de 200 veces más bajo que Namuscla, en torno a 400 euros / tratamiento, año.

Hemos de lograr soluciones a corto, pero también para toda la vida y para todas las personas con enfermedades raras. Estos precios abusivos son insostenibles.
Es importante presionar para que la Unión Europea cambie la legislación sobre medicamentos huérfanos, lo mismo que sobre los Certificados de Protección Suplementaria, o las exclusividades de datos y comercialización. Se ha demostrado que conceder cualquier tipo de monopolios sobre medicamentos como incentivo para que las empresas investiguen es un error grave, con graves consecuencias para los pacientes y los sistemas de salud. 

Hay alternativas. Debemos separar la financiación de la Investigación de los precios, para evitar los abusos que se están produciendo. La Investigación se debe financiar, como ya se está haciendo en un 50% del gasto actual, a través de centros públicos, becas, y premios de investigación. El dinero que la sociedad destina a través de los monopolios y los sobre-precios a investigación se debe canalizar hacia institutos públicos y no-comerciales. Con este enfoque, además de pagar la investigación se ahorrarían más de 70.000 millones de euros anuales en la UE, que podrían destinarse en parte a otras prioridades de investigación en salud, prevención y cuidados, así como a otras necesidades sanitarias y sociales. También es preciso insistir en la transparencia sobre lo que gasta una empresa en investigar y en fabricar un medicamento, para ver si los precios que está fijando son abusivos y tomar las medidas oportunas.

En esta línea, un grupo de organizaciones sociales hemos propuesto una Iniciativa Legislativa Popular, para lograr medicamentos a un precio justo (2).

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