viernes, 14 de mayo de 2021

La vacuna es un derecho, no un privilegio. Es una necesidad y no un objeto para especular

(Texto utilizado en la intervención realizada en el Colegio de Médicos de Orense, el pasado 12 de mayo 2021)

 

La vacuna es un derecho, no un privilegio. Es una necesidad y no un objeto para especular. Los monopolios concedidos a unas pocas empresas con las patentes y otras exclusividades, forman una barrera al aumentar los precios de las vacunas y limitar la producción. Esta barrera retrasa la administración de vacunas a toda la población mundial. 

 

Mientras en la UE se han vacunado 20% y en EEUU un 41% de las personas, en África todavía no llegan al 1%. El obispo de Ciudad del Cabo califica esta situación de apartheid vacunal.

 

Las perspectivas no son mejores, porque los países ricos, que somos un 13% de la población mundial, hemos reservado el 76% de las vacunas (Unicef). 

 

La vacuna, como otras medidas terapéuticas, tiene una “ventana de oportunidad”. Por eso queremos vacunarnos en Europa y EEUU antes de que acabe septiembre ¿No sería justo que en esa fecha estuvieran vacunados también el resto de los habitantes del planeta? ¿Por qué nosotros primero? Si no se vacuna a toda la población, el virus sigue mutando, puede producir nuevas variantes. Y, alguna de ellas puede ser más contagiosa, más letal y escapar a la inmunidad de las actuales vacunas, lo cual perpetuaría y agravaría el problema. Además, esta pandemia es un primer aviso. Vendrán más y tenemos que estar preparados.

¿Cuál es la razón para conceder patentes y monopolios?

Las patentes y exclusividades de medicamentos estaban prohibidas, como lo siguen estando para los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Porque, como dice nuestro código ético: los médicos deben compartir sus conocimientos en beneficio de los pacientes. Antes de que se generalizaran las patentes de medicamentos en 1995, las empresas investigaban y ganaban dinero, el doble que la media del sector industrial. Pero querían más.

El supuesto objetivo que defendían las empresas para conceder y mantener los monopolios de medicamentos era “incentivar la investigación”. El monopolio evitaba la competencia durante 20 años, permitía poner precios más altos, un sobre-precio, con el que las empresas originarias recuperarían los gastos de investigación. Pero, lo que ocurrió realmente es que, al tratarse de productos que tienen que ver con la salud, con la vida, y tener el poder del monopolio, las empresas se sintieron tentadas a subir más y más los precios, hasta el máximo que los pacientes o los sistemas de salud pudieran pagar, el llamado “precio por valor”, abusando de la posición dominante en el mercado que les da el monopolio.

Con un agravante, esta forma de “financiar” supuestamente la investigación, no generaba más innovación. El 70% de la innovación en los últimos años viene de investigación financiada directamente por fondos públicos, en universidades, hospitales o centros de investigación con financiación pública. 

En la pandemia de la COVID-19 este problema se ha planteado con crudeza.

 

Los gobiernos de EEUU y la UE pagaron el grueso de la investigación, (en la de BioNTech que desarrolla Pfizer, en la del instituto nacional de la salud americano que desarrolla Moderna, en la de la Universidad de Oxford que desarrolla AZ.). Después, pagaron la puesta en marcha de la producción y el desarrollo de los productos, adelantando dinero mediante compras anticipadas. Esto es muy positivo y ha permitido disponer de vacunas eficaces en menos de un año. Pero, sin embargo, dejaron la propiedad intelectual, las patentes, en manos de las empresas. El monopolio, como vimos, produce dos efectos: aumento de precios y falta de producción suficiente.

 

En cuanto a los precios, en los países ricos, que podemos, aceptamos precios 10 y 20 veces por encima de los costes. Hemos pagado más de 20.000 millones de euros por vacunas que costarían 2.000 millones de euros. Los pobres no pueden pagar esos precios y quedan atrás.

 

En cuanto al volumen de producción hasta finales de 2023 no estarán vacunados en muchos países de África, Asia y América Latina, si es que pueden…. Porque no se fabrican dosis suficientes y el precio sigue siendo alto, y va creciendo. Y porque hay que revacunar a los ricos, y la distribución de las vacunas no es equitativa.

 

Por ejemplo, la UE ha negociado un nuevo contrato de 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023, al parecer a 19,5 euros dosis. Pagaremos 35.100 millones por algo que cuesta 1.800. Un exceso de 33.300 millones, suficiente para pagar nuevas plataformas de investigación y nuevas plataformas de desarrollo y fabricación públicas, y financiar la compra y distribución de vacunas en países pobres.

 

Cuando Sudáfrica y la India plantearon en octubre pasado en la OMC la suspensión temporal de patentes frente a la COVID, la UE y EEUU se opusieron. Argumentaban que es suficiente con acuerdos entre empresas, subcontrataciones y licencias voluntarias… y en cuanto a los países pobres, aumentar las donaciones con las vacunas que nos sobren. Limosna, en vez de justicia.

 

Pero ese esquema no ha funcionado, como muestran los datos. En mayo de 2020 la OMS puso en marcha un mecanismo, COVID Technology Access Pool para que las empresas compartieran voluntariamente su know how y tecnología. ¿Cuántas han colaborado voluntariamente? Ninguna. Y el mecanismo COVAX para distribuir vacunas a los países de bajos ingresos apenas ha repartido un 5% de las vacunas administradas en todo el planeta.

 

Ante la evidencia de la insuficiente producción mundial con el modelo de patentes y licencias voluntarias, el pasado día 5 de mayo, la responsable de la Oficina de Comercio de EEUU declaró el apoyo de su gobierno a la suspensión temporal de patentes de las vacunas COVID. Biden ha entendido que, en situación de pandemia, las patentes son una barrera que limita la producción y el acceso a los medicamentos. Al día siguiente, la fundación Bill Gates apoyó también la suspensión temporal de patentes: “ninguna barrera, incluida la Propiedad Intelectual, puede bloquear el camino para un acceso equitativo a las vacunas”. Por su parte, el Presidente español, Pedro Sánchez, y otros gobiernos de la UE, han variado su posición, y han apoyado también la propuesta de India y Sudáfrica de suspender las patentes. Pero la Comisión Europea todavía se resiste.

 

Este es un problema mundial y requiere una solución global, liderada por los gobiernos y los organismos multi-laterales, OMS, UN. 

 

Para esta y para futuras pandemias, la capacidad de producción debe ser la necesaria de manera que se pueda vacunar a toda la humanidad en la "ventana de oportunidad" (pasar de 7.000 millones de dosis anuales a 21.000 millones de dosis). Para lograrlo, los países deben acordar una estrategia que incluya: 1) suspender las patentes y otras exclusividades en caso de pandemia, 2) identificar toda la capacidad productiva en el planeta y ampliarla, si es preciso, monitorizando producción y necesidad, 3) negociar la transferencia voluntaria / forzar la transferencia obligatoria de la tecnología y el conocimiento a las empresas acreditadas (COVID-Techanology Access Pool de la OMS, Technolgy Transfer Hub, de la OMS, Medicines Patent Pool), 4) aumentar la producción de las empresas acreditadas, mediante compras anticipadas (como se ha hecho ya en esta pandemia), a ser posible diversificando en distintos países de altos, medios y bajos ingresos y 5) fijar precio de coste, para garantizar una distribución equitativa. Así podríamos vacunar a todo el planeta en 6 meses, y, además, estar preparados para posibles variantes que escapen a la inmunidad, y estar preparados para futuras pandemias…

 

La pandemia nos ha puesto sobre la mesa la barrera que suponen las patentes para el acceso a los medicamentos y las vacunas. 

 

La financiación y la incentivación de la investigación tiene que tener otros mecanismos diferentes de las patentes, separado de los precios. Para los medicamentos las patentes no sirven, porque conducen al abuso inevitablemente. Hay alternativas como subvenciones, ayudas, premios, contratos de compras anticipadas, etc. Con transparencia, y con criterios de interés público. La UE debe consolidar un fondo potente para Investigación en Salud, para compartir el conocimiento científico. Además, debe desarrollar y consolidar una plataforma pública en red de ensayos clínicos y de desarrollo de medicamentos, en colaboración entre países y empresas, pero con el control y dirección pública, y cuyos resultados tengan licencias no exclusivas y se comercialicen a precio de coste plus.

 

Cada uno de nosotros, y nuestras organizaciones, como los Colegios Profesionales, podemos insistir a nuestros gobiernos que sigan avanzando en esta dirección. Debemos seguir presionando a la UE para que apoye la suspensión de patentes frente a tecnologías COVID, acelere la autorización de nuevas vacunas seguras y eficaces, y negocie precios de coste, evitando el despilfarro y permitiendo que las vacunas lleguen a todos, sin discriminación, en todo el mundo.

domingo, 25 de abril de 2021

Vacunas COVID: Pfizer podría sumar un beneficio de otros 33.300 millones € “extra” de los contribuyentes de la UE en 2022 y 2023.

(texto publicado en El Obrero, 24/4/2021)

Parecería una película sobre un escándalo económico y humanitario, pero por desgracia, es la vida real.

 

En plena pandemia, mientras han muerto más de 3 millones de personas, y mientras se siguen contagiando cada día más de medio millón, las grandes empresas farmacéuticas, aprovechando el monopolio de las patentes, cobran por las vacunas precios 15 veces por encima de los costes, obteniendo enormes beneficios, y limitan la producción a las fábricas que ellas deciden, en lugar de permitir que se fabriquen vacunas en todas las fábricas acreditadas en el mundo, con lo que se podría vacunar a todo el planeta en seis meses y con mucho menor gasto. El embudo de las patentes hace que, a día de hoy, se hayan vacunado un 34,2% de personas en EEUU y menos del 1% en la mayoría de los países de bajos ingresos (Bloomberg, 2021). Por su parte, los gobiernos de los países de la UE y de EEUU, no solo aceptan este trato abusivo, sino que frenan los intentos de los países de bajos ingresos para suspender las patentes. Es una injusticia inaceptable que a mi, como ciudadano de la Unión Europea, me avergüenza. 

 

¿Cuánto cuesta fabricar una vacuna mRNA frente a la COVID? 

 

Primer dato, el coste de elaboración: Por el análisis de Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres sabemos que el coste fabricación de una vacuna del tipo de la Pfizer es de 0,58 € por dosis (Kis, 2021). A ese coste se debe añadir el coste de envasado, distribución y beneficio industrial. Para estimar estos costes nos basamos en el trabajo de Andrew Hill y colaboradores, de las universidades de Liverpool y Harvard (Gotham 2019). Según ellos podemos calcular un coste de 0,35€ por dosis para rellenado, beneficio industrial y transporte. Agregándolo al coste de fabricación, sumaríamos 0,93 € por dosis.

 

Segundo dato, el coste de investigación: La investigación de las plataformas mRNA y su  aplicación para la vacuna frente a la COVID, han tenido financiación pública. BioNTech, la empresa alemana que desarrolló la vacuna, recibió 475 millones de euros del gobierno alemán y de la Unión Europea para sus investigaciones. Según los creadores de la empresa “La financiación de la UE, y también del Estado alemán, nos permitió generar un conocimiento científico profundo sobre el reconocimiento del cáncer por el sistema inmunitario. Las ayudas también han permitido financiar las primeras fases de investigación de nuestra vacuna de ARNm. Nos ayudó a mejorar nuestras vacunas y a generar datos preclínicos y clínicos sobre nuestro método concreto de vacuna de ARNm individualizada contra el cáncer. Los resultados obtenidos de estos proyectos nos ayudaron a encontrar inversores que creyeran en nuestra idea”. 

 

Tercer dato, el coste del desarrollo: Conocemos por un artículo publicado en JAMA en abril de 2018, que el coste medio de un ensayo clínico pivotal con grupo placebo, en 59 nuevos medicamentos aprobados por la FDA en 2015-2016 fue de 35,1 millones de dólares.  Y para el desarrollo de la vacuna, mediante el primer contrato de compra anticipada con la UE, la empresa Pfizer recibió 700 millones (por los primeros 200 millones de dosis). En EEUU ocurrió otro tanto. Supongamos que por I+D pudieran acreditar un gasto de 1.000 millones de euros más. Esta cantidad se debe distribuir entre todas las dosis que se esperan vender. Según los creadores de BioNTech, sólo en 2021 tienen previsto fabricar 2.000 millones, lo que supone un coste de I+D de 0,5€ por dosis. Según el CEO de Pfizer se necesitará una tercera dosis a los 12 meses y posteriormente la población podría tener que ser vacunada contra el coronavirus de manera anual. Así, con 20 años de patente y una estimación conservadora de 1.000 millones de dosis anuales, el coste de I+D por dosis sería de 0,05€. Es decir, el precio de la vacuna oscilaría entre los 0,98€ por dosis en el escenario de una cronificación de la COVID-19 y 1,05€ por dosis si sólo se precisasen dos revacunaciones. Redondeamos a 1 €.

 

 ¿Cuánto estamos pagando por la vacuna? 

 

Celeste López y Jaume Masdeu han dado a conocer en La Vanguardia el contrato de Pfizer con la Unión Europea, por 200 millones de dosis más 100 millones adicionales (López y Masdeu, 2021). Ahí se ve cómo por los primeros 100 millones de dosis se fija un precio de 17,5 €, y por los siguientes 100 millones, el precio es de 13,50, haciendo una media de 15,5 € por dosis. Ese precio se mantiene para los 100 millones de dosis adicionales. La Unión Europea ha firmado otro contrato para 2021, por otros 200 + 100 millones de dosis, que, suponemos, tendrían un precio similar. Como vemos son precios 15,5 veces por encima del precio justo. Deberíamos haber pagado 600 millones € y vamos a pagar 9.300 millones €, 8.700 millones de sobre-precio. Aunque el coste fuera tres veces más, y pagara 3 euros por dosis, como con AstraZeneca, seguiría habiendo un desfase de 7.500 millones €.

 

En el contrato también se comprueba que la UE ha cedido en otro aspecto importante. Si ocurre cualquier reclamación por efectos adversos, será la UE (el cliente), y no la empresa (el fabricante), el que pague las indemnizaciones. ¿Es eso justo?

 

Las grandes empresas farmacéuticas quieren más.

 

Aunque, como hemos visto, los precios de las vacunas son abusivos, al parecer Pfizer está negociando con la UE un aumento de precios para sus próximos pedidos. El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, informó que Pfizer proponía un precio de 19,5 euros para un pedido de 900 millones de dosis en 2022 y otros 900 millones en 2023 (ABC, 2021; European Commission, 2021). No solo no hay una disminución de precio, para acercarlo al precio de coste, sino que se añaden otros 4 euros más por dosis. Pfizer lograría 7.200 millones de euros más, sin ningún esfuerzo adicional. Pero si comparamos el gasto por la compra prevista, de 35.100 millones €, con el coste real, de 1.800 millones €, el exceso de gasto en que incurriría la UE con el dinero de los contribuyentes es de 33.300 millones €. Un verdadero escándalo.

 

¿Por qué la UE pide otros 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023? 

 

En un anterior artículo ya advertíamos la posibilidad de que tuviéramos que recibir dosis de refuerzo, o bien hacer frente a nuevas variantes. En este sentido, el CEO de Pfizer confirmó que, seguramente, se necesitaría una tercera dosis dentro de 6 y 12 meses, y a partir de ahí, habría una revacunación anual (Lovelace Jr, 2021). “Y, además -añadió- las variantes jugarán un papel determinante”, pudiendo requerir nuevas vacunas.

 

La Comisión Europea debe estar previendo estas circunstancias, y quiere encargar 2 dosis por habitante en 2022 y otras tantas en 2023. Lo terrible es que siga manteniendo los monopolios, limitando la producción a unas pocas empresas, y aceptando precios abusivos, que detraen recursos esenciales para otras necesidades, y que muchos países de bajos ingresos no podrán pagar, acumulando, además, las dosis disponibles para el mundo rico, lo que retrasará todavía más la llegada de vacunas países en desarrollo, perpetuando la injusticia.

 

 ¿Por qué la UE paga estos sobre-precios abusivos? 

 

La Comisión Europea dice que los sobre-precios de las patentes son para “incentivar” la investigación. Pero no es así. Si estudia los datos de los balances de las empresas verá que a investigación destinan un 16%-17% sobre ventas, en promedio, incluyendo la investigación que no ha funcionado y la investigación no innovadora. Si se añade a esa cantidad los costes de fabricación, otros gastos generales y un beneficio industrial similar a las empresas no farmacéuticas, el total asciende a un 65% sobre ventas. El resto, un 35% sobre ventas es beneficio abusivo por sobre-precios injustificados: alrededor de 400.000 millones € anuales en el mundo. 

 

Parte de esos beneficios injustificados se destinan a marketing, incluyendo acciones de lobby para influir sobre la UE, los gobiernos, los parlamentos, las agencias, los tomadores de decisión en las administraciones, etc., etc. Además, la UE y los gobiernos de los países miembros saben que los accionistas institucionales principales de algunas de estas empresas farmacéuticas son grandes empresas de gestión de inversiones, como BlackRock, Vanguard, State Street, etc., que tienen unos activos bajo gestión mayores que el PIB de la mayoría de los países y una capacidad de presión muy importante. Quizá por eso los gobiernos no se atreven a plantear la suspensión de patentes de las vacunas y de los medicamentos; no quieren disgustar a un poder tan fuerte como varios gobiernos juntos y más poderoso que cada gobierno solo.

 

La consecuencia es una enorme injusticia: la desigualdad en el acceso a los medicamentos en todo el mundo. 1 de cada 4 personas no pueden comprar el medicamento que necesitan: Y 10 millones de personas mueren cada año por no tener acceso al medicamento que le podría haber salvado la vida. Pensemos por un momento que fueran nuestros hijos, o nuestros padres…

 

Antes de que se empezaran a autorizar las primeras vacunas, el año pasado, el Papa Francisco dijo: “¡Sería triste si, para la vacuna frente a la COVID-19 se diera prioridad a los más ricos! ¡Sería triste si esta vacuna fuera a ser propiedad de esta nación o esta otra, en vez de universal y para todos!”. Pues así ha sucedido, querido Francisco, y es verdaderamente triste: en EEUU y en la EU, al ritmo de vacunación actual, estaremos vacunados todos antes de final de 2021. Mientras tanto, en muchos países de África, América Latina y Asia, no se podrá vacunar a toda su población hasta finales de 2022 o en 2023. Imaginemos que hubiera sido al revés ¿Qué diríamos los europeos? ¿Lo aceptaríamos?

 

Los tiempos están cambiando, que cantaba Bob Dylan. 

 

El pasado 14 de abril 175 personalidades, antiguos Jefes de Estado y primeros ministros, así como premios Nobel, dirigieron una carta al presidente de los EEUU pidiendo que apoyara la suspensión de las patentes de vacunas COVID, la transferencia de tecnología y conocimiento y la fabricación a gran escala, para poder llegar a toda la población mundial en el menor tiempo posible (Agre, 2021). De la misma manera, el 21 de abril, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez señaló: “Por otro lado, quisiera hacer alusión a un tema que está cobrando especial relevancia y es el de la eliminación de las patentes de las vacunas. Y quiero decir que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. Y en este sentido, España está dispuesta a impulsar esta discusión, especialmente entre nuestros socios europeos, también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para analizar las opciones que nos permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible en la lucha contra la COVID-19”. Es la primera vez que el Gobierno de España se manifiesta así.

 

Ahora bien, si se pone el tema de las patentes sobre la mesa y se discute seriamente, las empresas y sus lobbies tratarán de bloquear cualquier modificación de la situación actual, porque se juegan medio billón de euros anuales. Haría falta un clamor ciudadano que diera fuerza a los gobiernos, que les animara, que les hiciera imposible mirar para otro lado y no ver la injusticia que están cometiendo, que no tolerara que se quedaran en fórmulas retóricas. Por eso hace falta que millones de personas, en todo el mundo, exijan la suspensión de las patentes de las vacunas y un acceso justo a todos los medicamentos. 

 

Una de estas acciones ha tomado la forma de la Iniciativa Ciudadana Europea “Derecho al tratamiento”, para que “nadie se lucre con la pandemia”. Cientos de asociaciones y organizaciones sociales, como sindicatos, o asociaciones vecinales, grupos estudiantiles y profesionales, apoyan esta iniciativa para pedir al Parlamento Europeo que cambie las reglas de juego, evite el bloqueo de las patentes, y logre un acceso justo a los medicamentos en Europa y en el Mundo. Tú puedes sumarte a este clamor y puedes pedir a tus amigos que se sumen también. Cumplimentar la firma en la base de datos de la Unión Europea cuesta solo cinco minutos, pero su valor es enorme: https://noprofitonpandemic.eu/es/

Ánimo y suerte.

 

 

ABC (2021). El primer ministro búlgaro desvela la subida de precios de Pfizer: de los 12 euros iniciales a los 19,5. ABC, 20 abril 2021.

https://www.abc.es/sociedad/abci-primer-ministro-bulgaro-desvela-subida-precios-pfizer-12-euros-iniciales-195-202104201222_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com

Agre, Peter et al (2021). Open letter: Former Heads of State and Nobel Laureates Call on President Biden to Waive Intellectual Property Rules for COVID Vaccines. People’s Vaccine Alliance.

https://peoplesvaccinealliance.medium.com/open-letter-former-heads-of-state-and-nobel-laureates-call-on-president-biden-to-waive-e0589edd5704

Bloomberg (2021). Vaccine Tracker.

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

European Commission (2021). Timeline of EU action

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en

Gotham D, Barber M, Hill A (2019) Estimation of cost-based prices for injectable medicines in the WHO essential medicines list. BMJ Open, 2019; 9:e027780

https://bmjopen.bmj.com/content/9/9/e027780

Kis Z et al. (2021) Resources, Production Scales and Time Required for Producing RNA Vaccines for the Global Pandemic Demand. Vaccines 2021, 9, 3.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/3

López, Celeste y Masdeu, Jaume (2021). La Vanguardia 21 abril 2021

https://www.lavanguardia.com/vida/20210421/6986696/pfizer-vacunas-compra-ue-contrato-comision-europea-documento.html

Lovelace Jr, Berkeley (2021) Pfizer CEO says third COVID vaccine dose likely needed within 12 months. CNBC, 15 abril 2021.

https://www.cnbc.com/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html

Sánchez, Pedro (2021). Intervención del presidente en la Reunión Plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Andorra la Vella, miércoles 21 de abril de 2021

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2021/prsp21042021.aspx

 

lunes, 12 de abril de 2021

Los Gobiernos de España y de la UE deberían apoyar la suspensión de monopolios frente a la COVID en la Organización Mundial del Comercio: por ética y por eficacia.

La estrategia de la Unión Europea en relación con las vacunas frente a la COVID ha tenido algunos aspectos positivos, como la apuesta por la investigación, la compra conjunta, el apoyo al desarrollo de vacunas anticipando fondos con las compras anticipadas, y la distribución equitativa entre los 27 Estados Miembros, según población. Pero, en cambio, la estrategia ha fallado en su visión global, y en su enfoque ético.

 Al tratarse de una pandemia, que afecta a toda la humanidad, la Unión Europea debía haber apostado por una respuesta global, que protegiera a todos, y no solo a los ciudadanos de la UE. Como dice el Director General de la OMS: no superaremos la pandemia en ningún sitio, hasta que no la superemos en todos los sitios. Pero, además, desde un punto de vista ético, ¿cómo defender que el 13% de la población (UE, EEUU y otros cinco países ricos) hayamos reservado el 85% de las vacunas? (1) ¿Acaso hay seres humanos de primera y de segunda? ¿Somos de distintas especies? ¿No decimos que la salud es un derecho humano? Sin embargo, la UE ha cedido a las presiones de las grandes multinacionales, concediéndoles monopolios de explotación, y poniendo los intereses de sus ejecutivos y sus accionistas por delante de la salud de las personas y del interés general.

 

La vacuna, como otros medicamentos, tiene una “ventana de oportunidad” para ser eficaz. Según los epidemiólogos, en menos de un año el SARS-CoV-2 presentará variantes, con combinaciones de distintas mutaciones, que podrían escapar a la inmunidad generada por las actuales vacunas (2). Al ritmo actual de vacunación, y si las empresas cumplen sus contratos, la UE, EEUU y los países ricos habrán vacunado a toda su población antes de que acabe 2021. Pero la mayoría de países de América Latina y de Asia tardarán varios meses más, y la mayor parte de los países de África no completarían su vacunación, si lo consiguen, hasta mediados o finales de 2023. La ventana de oportunidad se habrá superado. El virus presentará nuevas variantes y tendremos que empezar otra vez: nuevas vacunas, nuevos confinamientos, la economía mundial a medio gas, pobreza, inseguridad... De hecho, la UE quiere reservar ya 1.800 millones de dosis de vacunas para 2022 y 2023 (3).

 

Esta situación excepcional, que nos ha tenido confinados, con mascarillas, sin poder llevar una vida normal en el último año, que ha causado casi 3 millones de muertes, y un reguero de dolor y de pobreza, requería una respuesta extraordinaria. Pero los gobiernos han respondido con el “business as usual”. Imaginemos que, hace un año, en abril de 2020, los gobiernos de la UE, de EEUU y de todo el mundo, se hubieran reunido para pensar: ¿cómo vamos a vacunar a toda la humanidad en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?, en vez de ¿cómo voy a vacunar a mi país en 6 meses desde que se aprueben las vacunas?

 

Entonces, los gobiernos no hubieran dejado en manos de las empresas y de sus intereses comerciales dónde y cuánto producir (subcontratando o concediendo licencias voluntarias a las empresas que ellas decidían), y a qué precio (diez veces por encima de los costes, en promedio). Por el contrario, habrían acordado: identificar todas las fábricas capaces de producir vacunas en el mundo; suspender los monopolios de todas las tecnologías frente a la COVID (cuya investigación, además, se ha hecho mayoritariamente con fondos públicos) (4); acordar, o exigir, a las empresas titulares de las patentes que transfirieran la tecnología y conocimiento para la fabricación de las vacunas a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS; realizar contratos de compra anticipada con las empresas para impulsar la fabricación de 60 millones de dosis diarias (suficientes para vacunar al 70% de la población mundial, con dos dosis, en seis meses); y fijar precio de coste, en torno a un euro por dosis, para que sea accesible a todos en todo el mundo. De esta forma, a finales de 2021 estaríamos terminando de vacunar a toda la humanidad.

 

Se ha demostrado en este año que las empresas no han cedido voluntariamente sus licencias para que se pueda vacunar a todo el mundo en seis meses. Se ha demostrado que fijan precios abusivos (y es muy probable que los suban todavía más). Se ha comprobado que, a día de hoy (11 de abril de 2021) mientras en EEUU se ha vacunado un 29% de la población, en Egipto, Namibia, Mauritania, Mali y muchos otros países, han vacunado al 0,1% de la población, o menos (5). Y hemos tenido que pagar diez veces más de lo que cuestan las vacunas, aún habiendo pagado previamente la I+D. Esta es la realidad. 

 

Se ha demostrado también que la cooperación, aquí, no es la respuesta. Ni de la UE, ni de España. El mecanismo COVAX, que recibe nuestras donaciones y compra vacunas para distribuir a los pobres, no es suficiente. Ni éticamente (ya que la vacuna es un derecho de la persona que la recibe y no un favor graciable de quien la ofrece), ni desde el punto de vista de la eficacia (de los 781 millones de dosis de vacunas administradas en el mundo, a día de hoy, COVAX solamente ha distribuido 38 millones de dosis, menos del 5%). 

 

Hay quien dirá que ahora ya no es útil suspender las patentes y los monopolios de las tecnologías frente a la COVID. Pero sí lo es. Cuanto antes mejor. Porque la pandemia sigue su curso. Cada día se siguen contagiando más de medio millón de personas. Cada día siguen muriendo 10.000 personas. Y, además, es previsible que vengan nuevas variantes, y nuevas pandemias. Por eso es preciso que nuestros gobiernos adopten una estrategia diferente. No deben dejar al arbitrio de los intereses comerciales de las empresas el volumen de fabricación, la distribución, y el precio de las vacunas. Los gobiernos deben asegurar que todos, en todo el mundo, tengan acceso a las vacunas y tratamientos que precisen, ahora y en el futuro. Es su responsabilidad. Y se puede lograr, con menos dinero del que vamos a gastar. La próxima oportunidad para apostar, de verdad, por la universalidad del acceso a las vacunas, la tienen en la reunión del Consejo ADPIC el 30 de abril, y los días 5 y 6 de mayo en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, apoyando la propuesta de India y Sudáfrica. Es preciso un cambio de rumbo. Esta es la razón por la que miles de ciudadanas y ciudadanos europeos estamos promoviendo una Iniciativa Ciudadana Europea para que se garantice el derecho de todas las personas al acceso justo a las vacunas y los tratamientos. https://noprofitonpandemic.eu/es/

 


(1) https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

(2) https://www.oxfam.org/es/node/16104

(3) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-pfizer-idUSKBN2BW1VV

(4) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255103v1

(5) https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

viernes, 2 de abril de 2021

Tratado frente a la pandemia, sí, pero no solo

(artículo publicado en El Obrero, 2 de abril 2021)

El pasado día 30 de marzo se publicó en la prensa una declaración de 25 Presidentes y Primeros Ministros, junto al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, comprometiéndose a “una acción conjunta para una arquitectura sanitaria internacional más sólida”, y afirmando que “las naciones deben trabajar unidas para establecer un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante pandemias”. Entre los firmantes están Pedro Sánchez, Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson y el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El escrito acierta, en parte, en el diagnóstico y en las propuestas, pero, a mi juicio, se queda corto, pudiendo quedarse en otro ejercicio retórico, de distracción, o de descargo de conciencia. Me explicaré.

Por una parte, respecto a la situación actual, se dice que la pandemia de la COVID-19 es el mayor desafío de la comunidad mundial desde la década de 1940, tras la devastación de las dos guerras mundiales, y se señala que, frente a la pandemia “nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté”. En esto estoy de acuerdo. Pero, luego, añaden los mandatarios que se comprometen “a garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas… frente a esta pandemia y otras futuras”, y subrayan que “la inmunización es un bien público mundial y tendremos que ser capaces de desarrollar, fabricar y desplegar vacunas lo más rápidamente posible”. Resulta evidente que estas buenas palabras, que podríamos suscribir, no se corresponden con las decisiones tomadas por la Unión Europea (UE) y por sus Estados Miembros (EEMM) en el año que dura la pandemia. Por el contrario, en ese tiempo, la UE ha reservado más de 2.000 millones de dosis de vacunas para sus 450 millones de habitantes, mientras la mayoría de los países pobres no han podido abastecerse. A día de hoy se había vacunado el 8% de la población de la UE, mientras en Egipto, Mauritania, Gabón o Namibia se había vacunado menos del 0,1%. Esto no es equidad, se mire como se mire. Es una catástrofe moral, en palabras del Dr Tedros. En EEUU se habrán vacunado a más del 70% de la población este verano y en la UE antes de final de año. Pero, en muchos países de África, Asia y América Latina, hasta final de 2022 ó 2023, millones de personas con los mismos derechos humanos que nosotros, no se habrán vacunado. Si los habitantes de los países ricos tuvieran que recibir una dosis de refuerzo en 2022, o si aparece una variante que se escape a la inmunidad generada por las actuales vacunas, entonces los países pobres deberán seguir esperando.

 

En su declaración, los mandatarios indican que su respuesta para lograr “un acceso igualitario” a las vacunas y otras tecnologías frente a la COVID era el “Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator”. Esta iniciativa, en la que participan la OMS y otras entidades, ha delegado en el “mecanismo COVAX” la responsabilidad de acelerar la fabricación, desarrollo y distribución de vacunas. COVAX es una iniciativa público-privada gestionada por la Alianza para las vacunas GAVI, que a su vez está impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Los gobiernos deberían saber que una vacunación equitativa no se conseguirá nunca con un enfoque de “cooperación” con los pobres, de donaciones, de acciones caritativas, de limosna: dar lo que nos sobra. Se conseguirá con un enfoque de derechos humanos, de justicia: recibir lo que nos pertenece. El mecanismo COVAX está apoyado por la federación de industrias farmacéuticas, porque no cuestiona el principal escollo real para la fabricación y acceso a los medicamentos a un precio justo, que son las patentes y los monopolios, y que es su principal fuente de beneficios abusivos. Por eso es imposible que, con este enfoque, la UE y sus EEMM logren la equidad en el acceso a las vacunas en el mundo. 

 

Se debe hacer mucho más, como se reconoce en la misma declaración. Para empezar, pueden y deben apoyar la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en la Organización Mundial del Comercio en octubre de 2020 para suspender las patentes de vacunas y otras tecnologías frente a la COVID, mientras durara la pandemia. Propuesta que ya respaldan más de 100 países, incluido el Vaticano, y que está bloqueada por la UE y sus EEMM. Junto a esa decisión, la UE, EEUU y la OMS debían presionar a las empresas farmacéuticas a que cedieran el conocimiento y tecnologías necesarias para desarrollar las vacunas, teniendo en cuenta que la mayor parte de esos conocimientos se han desarrollado con inversión pública directa. Dicha cesión se haría a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS. La OMS identificaría todas las fábricas del mundo que puedan producir vacunas y transferiría la tecnología necesaria. En 6 meses se podría estar empezando a fabricar 3 veces más de dosis de vacunas (20.000 millones de dosis anuales, frente a los 6.000 millones de dosis que se fabricarán este año, al ritmo actual). Dichas vacunas serían a precio de coste, con lo que, a mediados de 2022 estaría vacunada toda la población, con menos de la mitad del dinero que nos vamos a gastar para vacunar solo a los países ricos, y se podría hacer frente a dosis de refuerzo o a nuevas variantes y nuevas pandemias.

 

Porque, como reconocen los firmantes de la declaración, está muy claro que “habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud, y ningún gobierno … podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza. La cuestión no es si las habrá, sino cuándo”.  En este sentido, el Tratado que se propone, arraigado en la Constitución de la OMS, y sustentado en el Reglamento Sanitario Internacional, es muy interesante. Solo una respuesta multilateral tendrá capacidad de hacer frente a ésta y a futuras emergencias de salud. Sin embargo, esta propuesta exige un análisis más complejo.

 

Para que la OMS pueda desarrollar ese papel tiene que reforzarse. Eso supone aumentar el presupuesto, de los menos de 3.000 millones de dólares anuales actuales, a más de 5.000 millones, y, al mismo tiempo, prohibir la financiación privada del organismo, consolidando una financiación pública que garantice la independencia de la institución. En este momento, entre la Fundación Bill y Mellinda Gates, GAVI y otras entidades privadas, una sola persona particular puede influir en el 25% del presupuesto de la OMS. Así mismo, en la gestión de los programas de la OMS y de la UE, se debe huir de la llamada “colaboración público-privada” los “partnership”, y otras fórmulas similares surgidas al calor del neoliberalismo que demoniza la gestión pública e idealiza la gestión privada y que, inevitablemente, pone los intereses privados por delante del interés general. El mismo neoliberalismo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, como en la Sareb, “el banco malo” creado en 2012, que en 2020 ha engrosado el déficit público en otros 10.000 millones de euros que tendremos que pagar los contribuyentes. El mismo neoliberalismo que ha diseñado los contratos de la UE con las empresas farmacéuticas para las vacunas COVID. Ahí vemos que la UE y otros países habiendo financiado el 90% de la investigación y el desarrollo de las vacunas, ceden la propiedad de las patentes y el derecho de monopolio a las empresas. Así, son éstas las que deciden cuánto y dónde fabrican (embudo a la fabricación mundial), a quién se las dan primero, y a qué precio. Los precios fijados son abusivos, en promedio diez veces por encima de su coste, pero, además, en caso de que haya reclamaciones por efectos adversos, los gobiernos (es decir, los contribuyentes) deberán pagar las indemnizaciones.

 

Por eso, no basta diseñar un Tratado de pandemias. Debemos ampliar el enfoque hacia el futuro. Se debe lograr un nuevo equilibrio entre el poder de las multinacionales y los grandes fondos de inversión, y el poder de los gobiernos democráticos. Hoy, ese balance está claramente dominado por la plutocracia del dinero cuyo objetivo es ganar más; es como un cáncer que, con la fuerza destructiva de la codicia es capaz de acabar con la humanidad. Si no se cambia ese equilibrio, los organismos multilaterales, como la OMS, no podrán estar al servicio de las personas, sino de las grandes empresas. En la primera mitad del siglo XX, con la presión del movimiento obrero en Europa, y con los gobiernos del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt en EEUU, se logró un nuevo equilibrio, que se traducía, por ejemplo, en un sistema fiscal más justo y progresivo, donde el tipo marginal de las rentas más altas se llegó a situar por encima del 70 y el 80%. Un modelo en el que, otro ejemplo, se aprobó en EEUU la separación de los bancos de depósito y de inversión de riesgo, con la ley Glass-Steagall, reduciendo el tamaño y el poder de las entidades financieras. Después de la segunda guerra mundial se crearon la ONU, y la OMS, y se fundó la UE, impulsando el multilateralismo democrático y la defensa de los derechos humanos. Pero en los años 80 del pasado siglo comenzó la revolución de los ricos, la financiarización de la economía, y los think-tanks que impusieron poco a poco el discurso neoliberal. Como signo, en 1999 se derogó la ley Glass-Steagall durante el segundo gobierno del presidente demócrata Bill Clinton. El mismo gobierno que se opuso a que Mandela quisiera aprobar un genérico para la medicación frente al SIDA en Sudáfrica. Después, en 2008, cuando estalló la crisis financiera, como los bancos eran “tan grandes que no se les podía dejar caer”, los rescatamos con dinero del contribuyente. Y, mientras, los mil-millonarios siguen aumentando su riqueza.

 

Es precisa una refundación de la OMS, pero es precisa también una refundación de la Organización de las Naciones Unidas. Las pandemias, los problemas de seguridad, la crisis del cambio climático, y la necesidad de una economía que respete el medio ambiente y logre una distribución más justa de la riqueza, reduciendo drásticamente la desigualdad, solamente se podrán lograr con un poder político multilateral, democrático, que pueda doblar el brazo a los mil-millonarios y a las grandes corporaciones. Solo así se podrá colaborar, de verdad, con el sector privado realmente productivo. Mientras tanto se tratará de parasitación, de aprovechar los recursos y decisiones públicas para beneficio privado. Un Tratado para hacer frente a pandemias puede ser un paso en la dirección de construir este multilateralismo democrático que reclama Federico Mayor Zaragoza. Pero no será suficiente si no se enmarca en una ambición real de los gobiernos por refundar y fortalecer un mecanismo público de gobierno en las Naciones Unidas, con capacidad de acordar normas justas (en materia fiscal, financiera, sanitaria, medioambiental, en las tecnologías de información y comunicaciones, etc.), y con la fuerza para hacerlas cumplir. 

martes, 30 de marzo de 2021

Todos merecemos protección frente a la COVID-19. Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure para el acceso a las vacunas y medicamentos https://noprofitonpandemic.eu/es/

Es necesario y justo garantizar el acceso y asequibilidad de las vacunas y medicamentos a todas las personas.

 (Charla presentada en el encuentro virtual con la Unión Democrática de Pensionistas de Madrid y de Castilla-La Mancha el 17 de marzo 2021).

 Estamos ante una encrucijada moral y de supervivencia: si no nos salvamos todos, no se salvará nadie. Esta tarde vengo a pediros apoyo para una Iniciativa Ciudadana Europea que quiere impulsar el acceso de todas las personas a las vacunas y tratamientos frente a la COVID: “Que nadie se lucre con la pandemia”. La iniciativa propone suspender los monopolios de las empresas farmacéuticas mientras dure la pandemia, para que las vacunas y los tratamientos lleguen a todas las personas, a tiempo, y con un precio justo.

 ¿Por qué le interesa este tema a la UDP y a sus asociados? Porque la pandemia ha afectado a nuestras vidas desde hace un año y sigue contagiando a 3.000 o 4.000 personas todos los días, y sigue habiendo familiares nuestros en la UCI y sigue matando…

Y también porque corresponde a vuestra Visión del mundo y de las cosas. En vuestra página web dice:

 La UDP quiere “construir una sociedad en que la solidaridad sea un objetivo primordial”. Y este tema de acceso a vacunas para todos tiene que ver mucho con la solidaridad y la justicia.

La UDP promueve “que todas las personas puedan disfrutar de jubilación sin preocupaciones materiales, asegurándoles atención a sus necesidades económicas, sanitarias, sociales, culturales, etc.” Y este tema de las vacunas, las patentes y los precios abusivos de las vacunas y los medicamentos tiene que ver muy directamente con la sostenibilidad de un sistema sanitario público viable y de calidad.

 Las vacunas, como los medicamentos que salvan vidas, deben ser un derecho, un bien público, no un bien privado para el lucro de unos pocos. Jonas Salk, descubridor de la vacuna de la polio, cuando le preguntaron ¿de quién era la patente de la vacuna? Dijo: de la gente, ¿se puede patentar el sol?

 

 ESTAMOS EN UNA ENCRUCIJADA Y EL CAMINO QUE TOMEMOS DEPENDE DE NOSOTROS: precios abusivos y acceso restringido, o acceso abierto y precios justos.

 Cuando se cumple un año de la pandemia vemos un triste panorama:

119 millones de personas contagiadas, 2.700.000 muertos, 

Confinamientos de países enteros, en todo el planeta, 

Parón de la economía, con millones de puestos de trabajo destruidos en el mundo, más probreza… 

Un problema que ha afectado más a los menos favorecidos, a los más débiles, también a los más mayores. La mortalidad en las residencias ha sido un efecto, en muchos casos, de discriminación por edad, edadismo, y de la falta de una dotación suficiente en la sanidad pública que es preciso corregir.

 Estamos ante un problema global, una experiencia excepcional. Requiere respuestas globales y excepcionales.

 Podemos tratar de resolver este problema todos juntos, o podemos optar por el sálvese quien pueda. Podemos optar por la justicia y la solidaridad, dar a cada uno lo que es suyo, o podemos beneficiar a una minoría con enormes ganancias, y para la mitad del planeta darles la limosna, dar las migajas que nos sobran, ponerlos al final de la cola.

 Nos jugamos la dignidad como seres humanos, nuestra conciencia ética, porque podemos salvar a millones de personas o mirar para otro lado y dejarles morir.

Y, más aún, si no reaccionamos, nos jugamos también nuestra vida, nuestra supervivencia: el futuro de la humanidad…

 

El acceso a las vacunas.

 Uno de los posibles medios para frenar y vencer a la pandemia son las vacunas. Gracias a una enorme inversión pública, de más de 20.000 millones de euros, se han descubierto y se están fabricando y administrando 14 vacunas diferentes, que parecen eficaces y seguras.

 El problema es que, aunque la investigación y desarrollo de las vacunas se ha hecho con dinero público, los gobiernos de la Unión Europea y de EEUU han dado el monopolio de fabricación y venta a unas pocas empresas farmacéuticas privadas, con las patentes de medicamento. Al tener el monopolio, son las empresas las que deciden dos cosas fundamentales: el precio, y la cantidad que van a fabricar.

 Las empresas y sus altos ejecutivos quieren obtener el máximo beneficio posible, es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero los gobiernos deberían poner por delante el interés general. Y no está siendo así. Las empresas tienen mucha fuerza para presionar a los parlamentarios y los gobernantes, animándoles a seguir manteniendo los monopolios de las patentes, para que puedan seguir ganando mucho dinero. Cada uno de los altos ejecutivos de estas empresas han ganado en 2020 entre 10 y 100 millones de euros para sus bolsillos. Y quieren más. Y por eso, si un gobierno pretende retirar la patente, se oponen.

 Al poner precios altos a las vacunas, la ciudadanía, todas y todos nosotros, tenemos que pagar más de lo que sería justo. Algunos países no lo tienen, y se quedan sin vacuna. Otros lo tenemos, pero tenemos que gastar mucho más de lo que sería justo; un dinero que necesitamos para otras necesidades sociales.

 Por ejemplo, una vacuna que cuesta un euro la estamos pagando a 10 euros. Si en España, en promedio pagamos 10 veces más de lo que cuesta y compramos 100 millones de dosis, estaremos pagando 1.000 millones de euros por algo que cuesta 100 millones. Gastaremos 900 millones de euros de más. Es mucho dinero. Lo que gana un pensionista en un año, multiplicado por 54.000. La pensión de un año de 54.000 personas. No podemos tirar ese dinero, solo para que se enriquezcan unos pocos a quienes los gobiernos han dado el monopolio. 

 En una pandemia, donde está en juego la vida de todos, los monopolios de las patentes de vacunas y medicamentos deben estar prohibidos.

 Esto es lo que pide la Iniciativa Ciudadana Europea que hoy vamos a comentar y para la que os pedimos apoyo. No es una ocurrencia nuestra. Esto es lo que defiende el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, lo que pide el Director General de la OMS, Dr Tedros, o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y muchos otros… Esto es lo que han pedido más de 100 gobiernos de países de ingresos bajos y medios, porque no pueden pagar las vacunas a esos precios. Pero los gobiernos de los países ricos, EEUU, Unión Europea y otros, se oponen.

 Los monopolios de vacunas provocan, además, otro problema, la escasez, la falta de suministro. Lo vemos también aquí, en España, cómo se retrasan y se suspenden las vacunaciones. En Israel ya han puesto 100 dosis por cada 100 personas, en Reino Unido 36, en EEUU 29, en Europa solamente 10, tres veces menos que en EEUU. ¿Por qué? Nosotros tenemos una buena red de atención primaria para administrar las vacunas, pero no hay bastantes, y las empresas las envían primero a quien paga más. Cuando la Unión Europea vio que parte de las vacunas que habían comprado se enviaban a otros países que pagaban más, decidieron bloquear las exportaciones, como han hecho en Italia con un envío destinado a Australia. Pero esa no es la solución. Nos podrían bloquear a nosotros las materias primas necesarias para producir las vacunas. La solución es quitar los monopolios y que se puedan fabricar vacunas en cualquier fábrica del mundo acreditada.

 Porque, si en Europa hemos puesto 10 dosis por cada 100 personas a mediados de marzo, en África hay muchos países en los que no han puesto una sola dosis y en promedio han puesto 0,05 por cada 100 personas. La desigualdad en el acceso a las vacunas es terrible. En España y Europa, si las empresas cumplen sus contratos, podremos estar vacunados a final de 2021. Pero en muchos países de África, América Latina y Asia, no se habrán vacunado hasta final de 2022 o 2023. Y habrán muerto decenas de miles de personas que podían haberse salvado. Cada día que pasa con el bloqueo de las patentes, morirán miles de personas. El obispo de Ciudad del Cabo califica esta situación de genocidio. Y no exagera. El Dr Tedros la califica de catástrofe moral. Y tiene razón. José Antonio Martín Pallín, que fue magistrado del Tribunal Supremo, la define como crimen contra la humanidad.

Pero, además, es un suicidio.

 Si no se vacuna a todos en todo el mundo, surgirán variantes. Mientras el virus circule, seguirá mutando. Y se mantendrá la pandemia y el bloqueo de la economía. 

Las vacunas, como otros tratamientos tienen lo que se llama “ventana de oportunidad”, si se pasa demasiado tiempo sin lograr la vacunación completa de la población, no vale, porque genera mecanismos de escape, porque pierde protección inmunitaria. Es lo mismo que cuando atendemos una persona con parada cardíaca, hay una ventana de oportunidad para hacer la Reanimación Cardiopulmonar. O en un cáncer, cuando se dice: llegamos tarde, porque ya había producido metástasis y ya no era operable, o en un enfermo de diabetes, que necesita la insulina en un momento dado… una ventana de oportunidad. Para las vacunas son unos 6 meses. Debemos producir y administrar las vacunas a toda la población mundial para frenar la pandemia. En EEUU tardarán 6 meses, en España un año, en el mundo más de 2 años. Llegaremos tarde.

 La Camara de Comercio Internacional calcula unas pérdidas de otros 9 billones de dólares en los próximos dos años si no se frena la pandemia en todo el mundo. Además, puede que alguna variante sea más letal y más contagiosa, y entonces, con este sistema de monopolios, no podremos reaccionar a tiempo: mientras se discute sobre dónde y quién fabrica, no pararíamos el virus y nos arrasaría. Y, desde luego, tenemos que estar preparados para futuras pandemias, que pueden ser más agresivas. Si respondemos de la misma forma, con los monopolios, estamos perdidos.

 Hay alternativas. Suprimir las patentes y compartir el conocimiento. Sin monopolios, y obligando a todas las universidades y empresas a compartir la tecnología y el know how, la fórmula y el conocimiento, podríamos multiplicar por tres o cuatro la fabricación de vacunas. Si ahora tenemos una capacidad de 4.000 millones de dosis anuales y las empresas van a aumentar a 7.000 millones de dosis anuales a final de año, si se liberaran las patentes y se hiciera transferencia de tecnología, podrían ponerse a fabricar otras 200 plantas, con una capacidad de 20.000 millones de dosis anuales. En menos de un año se podría vacunar a todo el planeta.

 Y si el precio es el de coste, en vez de un precio abusivo, podríamos vacunar a todos y gastaríamos 4 veces menos de lo que vamos a gastar los países ricos para vacunar a nuestras poblaciones a precios abusivos. Pagaremos 58.000 Millones € por 5.800 millones de dosis en 2021. El sobreprecio es de 52.000 Millones €. Suficiente para pagar otros 12.000 Millones de dosis vacunar a todo el mundo y ahorrar 40.000 millones €.

 Hay alternativas, que permitirían vacunar a todo el mundo, con menos gasto. Y para que los gobiernos quieran aplicarlas tienen que sentir la presión de la gente, que contrapese la presión que hacen las grandes empresas farmacéuticas. 

 Los gobiernos de la UE dicen que las patentes son necesarias como incentivo para que las empresas, con esas ganancias, investiguen, pero la gran mayoría, más del 90% de la investigación de vacunas se ha pagado con fondos públicos. Y, más allá de la pandemia, el dinero que se da a las empresas con los sobreprecios por monopolios es 4 veces más de lo que gastan en investigación: en Europa se les dan 100.000 millones de euros anuales para investigación y gastan solamente 25.000 millones, el resto va a beneficios abusivos. Y de lo que gastan, la mayor parte son investigaciones no innovadoras, para aumentar los precios con pequeñas modificaciones. Las innovaciones las hacen las universidades y pequeñas empresas con dinero público.

 Los gobiernos de la Unión Europea dicen que la solución es que las empresas tengan el monopolio, porque son las que saben fabricar. Pero, a su vez, estas empresas sí que subcontratan a otras plantas para que fabriquen las vacunas. Aunque solo a las que ellas quieren; las demás lo tienen prohibido. Es decir, los gobiernos podrían obligar a que el conocimiento y la tecnología para hacer las vacunas se cediera no solamente a esas plantas que eligen las empresas, sino a todas las disponibles, para que vendieran a precio de coste. 

 Los gobiernos dicen que las empresas con el monopolio pueden ceder voluntariamente la licencia de fabricación a otras, pero no lo hacen. La OMS puso en marcha un repositorio, un mecanismo para reunir todas las tecnologías y conocimiento para fabricar vacunas y tratamientos, el COVID Technology Access Pool, o C-TAP, pero ninguna empresa ha llevado ahí sus tecnologías para la COVID. Ninguna.

 Los gobiernos dicen que, en todo caso, sin suspender las patentes con carácter general, un país podría suspender específicamente una patente, con lo que se conoce como licencia obligatoria. Pero cuando un país intenta hacerlo, la industria farmacéutica se opone, lo lleva a juicio y promueve presiones comerciales a través de los gobiernos de EEUU y de la UE.

Está en nuestra mano cambiar, está en nuestra voz, para convencer a los gobiernos. Nuestro silencio es cómplice. Por eso promovemos la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure” “Que no se lucren con la pandemia”. Habrá otras propuestas que también son válidas y que hemos de apoyar. Pero esta es una más, y es útil, y va en la buena dirección. 


¿QUÉ ES UNA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA?

  https://noprofitonpandemic.eu/es/

Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la UE puede pedir a la Comisión Europa que proponga un texto legislativo en alguno de sus ámbitos de actuación. El plazo de recogida de firmas es un año.

 Una amplia coalición europea formada por sindicatos de trabajadores de la salud, ONGs, grupos de activistas, asociaciones estudiantiles, asociaciones de profesionales sanitarios y expertos en salud iniciamos desde el 30 de noviembre una Iniciativa Ciudadana Europea. 

 ¿QUÉ PRETENDE ESTA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA? QUE NADIE SE LUCRE CON LA PANDEMIA. DERECHO A LA CURACIÓN Y LOS TRATAMIENTOS

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus art 114, 118 y 168, pedimos liberar a las vacunas y medicamentos de las patentes. Frente a la pandemia, no podemos permitirnos que la población mundial quede desprotegida por los monopolios que crean las barreras económicas y la falta de suministro suficiente. 

 Esta iniciativa vinculante añade otra voz a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, expertos en salud pública y líderes mundiales de que las vacunas y los tratamientos recientemente desarrollados podrían estar disponibles sólo para una pequeña parte de la población debido a las barreras financieras y logísticas.

 ¿Cuales son nuestras demandas?

  • Velar para que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier futura vacuna o tratamiento para la COVID-19.
  • Velar para que la legislación de la UE sobre los datos y la exclusividad comercial no limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros.
  • Introducir obligaciones legales para que los beneficiarios de los fondos de la UE compartan los conocimientos en materia de tecnología sanitaria, la propiedad intelectual y/o los datos relacionados con la tecnología sanitaria de COVID-19 en un fondo común de tecnología o patentes.
  • Introducir obligaciones legales en materia de transparencia de las contribuciones públicas, los costos de producción y las cláusulas de accesibilidad, y asequibilidad combinadas con licencias no exclusivas para los beneficiarios de los fondos de la UE.   

 

ANTES DE LA PANDEMIA YA TENÍAMOS EL MISMO PROBLEMA

 El problema de falta de acceso a medicamentos no es solamente en la pandemia.

 En el mundo, 2.000 millones de personas, una de cada 4, no puede comprar el medicamento que necesita, y 10 millones de personas fallecen cada año por esta causa…

 En España, 1,5 millones de personas, muchos de ellos pensionistas, no pueden comprar el medicamento que le han recetado en la sanidad pública, por los copagos o por medicamentos desfinanciados, con 100% de copago.

 Los precios tan altos de los nuevos medicamentos provocan retrasos en su autorización y financiación pública, y racionamientos. Por otro lado, algunas empresas provocan el desabastecimiento de medicamentos menos caros, que ya no tienen patente, y sacan otros nuevos, sin mayor beneficio terapéutico, pero mucho más caros.

 Los beneficios abusivos de la industria farmacéutica, por los sobre-precios que obtienen gracias a los monopolios de las patentes, les dan mucho poder, y parte de ese dinero, más de 30.000 millones de euros en la UE, lo dedican a marketing, para fomentar el consumo de medicamentos caros. Esto condiciona una sobreprescripción, y polimedicación, con numerosos efectos adversos, sobretodo en personas mayores.

 Los altos precios y el consumo innecesario tienen como consecuencia un exceso de gasto farmacéutico: De suponer un 15% sobre el gasto sanitario público total, ahora es casi un 30%. Este dinero se detrae del resto del presupuesto, necesario para personal, equipamiento, infraestructura, que se va deteriorando.

 Con parte de esos beneficios excesivos las empresas farmacéuticas presionan a los gobiernos para que las cosas sigan igual. En 1994 lograron que se generalizara la aplicación de las patentes de medicamentos, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, los ADPIC. 

 Muchos médicos y profesionales sanitarios se oponían a las patentes de medicamentos, entendiendo que los conocimientos en medicina se deben compartir sin barreras para beneficio de los pacientes. Son bienes públicos. Advertían que las patentes supondrían una barrera al acceso a los medicamentos para millones de personas, porque los monopolios provocarían el aumento de precios. Así fue y así está siendo desde entonces. Falta de acceso, exceso de gasto público y enormes beneficios para las empresas, 8 veces más sobre volumen de ventas que la media del sector industrial, en comparación homogénea.

 La justificación para darles este monopolio sobre el medicamento era que así ganarían más y podrían invertir más en investigación. Mejores medicamentos para los pacientes. Esto se ha demostrado falso. 3 cuartas partes del dinero que les damos a través de sobreprecios para investigar lo desvían a beneficios abusivos, y solo una cuarta parte va a investigación. Esa cuarta parte no va a medicamentos innovadores, sino a medicamentos “yo también”, con ninguna o con pequeñas mejoras y precios 10, 100 o 1000 veces más altos que medicamentos equivalentes. El 75% de la innovación real, como en el caso de las vacunas, la han pagado fondos públicos directos.

 ¿Por qué los gobiernos no paran este abuso? Porque no saben, no pueden o no quieren. Porque no saben, equipos que llegan a un gobierno y tienen muchos asuntos, no son expertos en la materia, conocen lo que dice la industria, lo que hacen los demás, lo que se viene haciendo en España, y siguen la rutina… Porque no pueden: conocen que la industria está abusando de los precios, que está obteniendo enormes beneficios, tratan de cambiar algo, pero la industria presiona en contra, plantea pleitos en los tribunales, recurre a los organismos internacionales, amenaza con retirar sus plantas del país, organiza campañas en contra en medios de comunicación, plantea represalias comerciales en otros sectores de la economía… y el gobierno decide frenar sus intentos de cambio. Porque no quieren: se alinean con los intereses de la industria, son parte de su mismo entramado, puertas, gratificaciones por diferentes servicios, pago de campañas electorales, como en EEUU, etc. 

 No es fácil el cambio. Pero es posible.

 En el tema de vacunas hemos visto algunos avances importantes durante la pandemia: fondo global para financiación pública de la investigación; investigación abierta y cooperativa (solidarity); ayuda a la fabricación (compras anticipadas), aunque no se hayan exigido licencias abiertas y transferencia de tecnología; algo más de transparencia, con la publicación de algunos contratos, aunque sean contratos tachados; en algún caso precios de coste, aunque en general precios abusivos…; compra conjunta y distribución en proporción a la población en países de la UE… enfoque que debería ser de ámbito mundial; amenaza de usar el art 122 del TFUE para imponer licencias obligatorias; … Son avances, son cosas positivas. Pero con la Big Pharma hemos topado, amigo Sancho. Ha faltado la decisión de suprimir las patentes y apoyar la propuesta de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC), para aumentar la fabricación al máximo y poner precios de coste, llegando a tiempo a vacunar a todo el mundo. Sin embargo, las reuniones de la OMC siguen en abril y el problema de los monopolios no se ha resuelto, hay que seguir luchando.

 

NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN…. Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)

 Todos merecemos protección frente a la COVID-19

Es necesario garantizar el acceso y asequibilidad de las vacunas y medicamentos a todas las personas. ¿acaso es imposible?

 Mi amigo el cura Aurelio, de Talavera de la Reina, advierte de dos pecados muy comunes:

            Pecado de pensar y decir “no es posible cambiar nada”

            Pecado de pensar y decir “que lo cambien otros, los políticos, los que mandan”

            No debemos mirar hacia otro lado, tenemos que asumir nuestra responsabilidad…

            Tenemos que hacer que cambie, y podemos hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros….

 

Vacunas para todos en todo el mundo. Si no termina la pandemia en todo el mundo no termina en ningún lugar del mundo, porque ya vimos cómo llegó en apenas unas semanas desde Wuhan. El mundo es global, la movilidad de las personas y los bienes hace que los contagios sean muy fáciles y muy rápidos. Las pandemias vendrán cada vez con más frecuencia, y pueden ser peores, mucho peores. La respuesta de los países tiene que ser global e inmediata.

 Si todas las organizaciones ciudadanas y sociales, como UDP MADRID, UDP CLM, UDP ESPAÑA, …; CON UGT, CON CCOO, CON CERMI, con los Estudiantes, con sociedades de salud pública, con asociaciones de vecinos, piden a sus afiliados que firmen la ICE, los gobiernos tendrán que reaccionar… Así que mucho ánimo y sumaros a la ICE por vacunas para todos en todo el mundo.

 

¿CÓMO PUEDES AYUDAR? 

  • FIRMA ONLINE la iniciativa desde web: Right2Cure
  • ÚNETE como organización, asociación, o colectivo al Comité de la Iniciativa #Right2Cure en España escribiendo al mail de contacto: right2cure.spain@gmail.com

 


 

jueves, 11 de marzo de 2021

El remdesivir, las vacunas y la COVID-19.

En pleno debate de las vacunas he recibido la respuesta del Portal de Transparencia sobre la compra de remdesivir por el gobierno de España. 

Recordemos que el remdesivir es un medicamento que se usó para otras infecciones, no es nuevo. La investigación que sirvió para la autorización de uso del remdesivir para la COVID-19 la pagó el gobierno de EEUU. Esa investigación dijo que el medicamento no disminuía la mortalidad, pero sí podía disminuir algo los días de hospitalización en los pacientes más graves. Al mismo tiempo, la OMS hizo una investigación para ver la eficacia de este tratamiento para la COVID y no encontró ningún beneficio. Sin embargo, la Agencia del Medicamento de EEUU aprobó este tratamiento para la COVID, y también la Agencia Europea del Medicamento. Trump lo presentó en rueda de prensa en la Casa Blanca como el primer medicamento eficaz para la COVID en todo el mundo.

Andrew Hill y cols., de la Universidad de Liverpool, en un estudio publicado en el Journal of Virus Erradication el pasado 9 de abril 2020, estima la media de coste por dosis, en el caso del Remdesivir, en 0,93 $, que en euros supone 0,83 €. Un tratamiento necesita 6 viales, 4,98€. Con un beneficio podría fijarse un precio de 6 €. Según la contestación que he recibido del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad (escrito de 5/3/2021 de la Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), el precio que hemos pagado en España ha sido de 345 € por vial, y 2.070 € por tratamiento, en el marco del acuerdo de compra conjunta de la Unión Europea FWC Nº SANTE/2020/C3/048. 


Hemos comprado 75.000 viales, y hemos gastado 28.875.000 €, cuando deberíamos haber pagado solo 75.000 €. Es como pagar un kilo de arroz a 345 €. Un tremendo abuso.

 

El Reino de España ha comprado a este precio abusivo. Al mismo tiempo, el gobierno de Hungría, a finales de 2020, aprobó la aplicación de una licencia obligatoria (suspensión de la patente y autorización para la fabricación de un genérico). Pero la asociación de industrias farmacéuticas norteamericanas y la cámara de comercio de EEUU, han escrito al Gobierno de EEUU denunciando esta decisión en el Informe Especial 301, que sirve para aplicar presión comercial a los gobiernos, para que cambien sus políticas. https://www.keionline.org/35558 . ¿Por qué no plantea el gobierno de España licencia obligatoria? ¿No debería apoyar a Hungría en la UE y sumar fuerzas para exigir precios a coste? ¿No debería promover la aplicación de licencias obligatorias por todos los países europeos?

 

Igual que la industria farmacéutica presiona, nosotros podemos presionar. Lo mismo en la cuestión de las vacunas. Es urgente suspender las patentes de todas las tecnologías (vacunas, tratamientos, diagnósticos) COVID mientras dure la pandemia. Se debe exigir transferencia de know how y tecnología para desarrollar los productos. Permitir fabricación en todas las plantas disponibles (multiplicando por 3 la capacidad de fabricación de vacunas, para poder vacunar a todo el mundo en un año). Exigir precio de coste de fabricación, y no precios abusivos 5, 10 y 20 veces por encima de los costes, con beneficios abusivos de miles de millones de euros. Si alguna empresa ha realizado gastos de investigación que se puedan acreditar, se le deben compensar desde el fondo COVID de la Unión Europea. Es lo que piden el Secretario General de Naciones Unidas y el Director General de la OMS, solicitando apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio para la suspensión de las patentes y el apoyo a la COVID-Technology Access Pool (C-TAP).

 

¿Qué podemos hacer? Está en nuestra mano cambiar, está en nuestra voz. Nuestro silencio es cómplice. Por eso promovemos la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure” “Que no se lucren con la pandemia”. Habrá otras propuestas que también son válidas y que hemos de apoyar. Pero esta es una más, es útil, y va en la buena dirección. 


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