CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Según The Guardian (27/6/2012) algunos altos cargos de la Isla de Jersey podrían plantear la separación del Reino Unido si el Gobierno británico limitara en exceso su condición de paraíso fiscal.

La respuesta de Jersey a la amenaza de control es razonable, ya que su naturaleza de paraíso fiscal es la fuente de su prosperidad. Pero el Gobierno británico está preocupado porque algunos contribuyentes utilizan la Isla para evadir el pago de impuestos.

Este problema es común a otros países, y también a España. Y nos afecta. Como ciudadano europeo exijo que se erradiquen todos los paraísos fiscales en países de la Unión Europea. Su existencia debería ser causa de sanción, o de expulsión.

La cuestión de fondo es qué esfuerzo fiscal debe hacer cada ciudadano. Esa carga fiscal debe ser proporcional a su renta y su riqueza. Debe pagar más el que más tiene. Y de esa forma podemos financiar servicios públicos que benefician a todos. Si no es así rompemos las reglas del juego.

Las leyes actuales permiten a personas y empresas con rentas altas pagar mucha menos proporción de lo que pagan personas con salarios modestos. Esta situación es una injusticia. Además, muchas personas con grandes fortunas y algunas entidades, van más allá, incumpliendo las leyes y evadiendo impuestos.

Los paraísos fiscales contribuyen activamente a esta sangría de recursos que son de todos a favor de unos pocos. Es un robo de las personas de más renta a las personas de menos renta, de unos pocos a la mayoría de la sociedad.

Los gobiernos de la Unión Europea tienen que actuar ya, y con firmeza, para erradicar todos los paraísos fiscales en países de la Unión y para luchar contra cualquier paraíso fiscal en otros lugares del planeta.

La amnistía fiscal es un mal ejemplo, porque va en dirección contraria. La justicia fiscal es necesaria para fortalecer una cultura del esfuerzo y de la responsabilidad.

Los paraísos fiscales son un cáncer que desmoraliza a las personas honradas y de buena voluntad. Es una inmoralidad que existan, y debería ser ilegal que haya empresas españolas operando en esos lugares. El Gobierno y el Parlamento deberían ser contundentes en una nueva estrategia fiscal que incorpore la lucha contra los paraísos fiscales.

DES-FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS: INJUSTA E INEFICIENTE

El gobierno Rajoy ha decidido retirar la financiación pública a más de 400 medicamentos porque dice que no tienen utilidad terapéutica.

Si no tienen utilidad terapéutica (eficacia, según la evidencia científica) lo que debería hacer es retirar su Autorización, para que los pacientes no tomen productos químicos que no pueden ser considerados medicamentos como si fueran tales. Así se ha hecho en otras ocasiones y se deberá seguir haciendo cuando proceda.

Si tienen utilidad terapéutica, pero hay otros medicamentos con igual efecto terapéutico que son más baratos, lo razonable es que la sanidad pública financie el más barato y retire la Financiación pública a los más caros. Esta es la orientación que adoptó el anterior gobierno hace varios meses, y se debe insistir en ella.

Sin embargo, lo que no es aceptable es que un medicamento que cumple criterios para ser autorizado como tal (eficacia, seguridad, etc.) y que no tiene otro medicamento con igual efecto cubierto por la sanidad pública, deje de ser financiado, ya que ese gasto lo harán los pacientes a los que su médico le aconseje dicha medicación. Esta sería una medida injusta porque es un doble impuesto a los pacientes, y porque grava más relativamente a los de menor renta y a los más enfermos. Algunos no podrán pagar.

Tampoco es razonable que si un medicamento tiene una alternativa que está financiada por la sanidad pública, pero es más cara, se quite la financiación pública a la más barata. Esta sería una medida ineficiente.

Lamentablemente la medida anunciada por el Ministerio parece asumir la premisa de que la atención sanitaria es un asunto “particular”. Significa que cada uno se pague parte de la atención que necesita (en este caso 440 millones de euros, luego los copagos, etc.). Significa más financiación de los pacientes y menos de aquellos que no pagan sus impuestos (recordemos: 70.000 millones de euros anuales de impuestos que deberían haberse pagado y se han defraudado; igual a todo el gasto sanitario público). 

Es un paso más en la pérdida de la universalización del derecho a la atención sanitaria. Y esto, se venda como se venda, es injusto y es ineficiente.

¿LUCHA DE CLASES O SENTIDO COMÚN?

A lo largo de los siglos la humanidad ha alcanzado grandes metas como la abolición de la esclavitud, la generalización de sistemas democráticos en casi todas las naciones, o la producción de alimentos suficientes para poder dar de comer a todas las personas que habitan el planeta.

La lucha de clases (los desposeídos contra los poderosos) ha sido un motor para lograr estos cambios, y lo sigue siendo en los cinco continentes. Es la lucha contra la desigualdad y contra la injusticia. Por otro lado, a través de la historia las civilizaciones humanas han aprendido que podemos lograr más bienestar para todos si somos capaces de cooperar, aplicando el sentido común, con acuerdos duraderos y justos. Sin embargo, para lograr que se aplique el sentido  común tiene que haber una fuerza política y social que represente a la mayoría de las personas. Es decir, para que el sentido común sustituya a la lucha de clases, la mayoría debe tener la fuerza suficiente para que una minoría poderosa no pueda imponer su sentido particular de las cosas y se avenga a colaborar en el proyecto común de todos, respetando las diferencias y garantizando la igualdad. Para que, por ejemplo, además de producir alimentos suficientes aceptemos repartirlos de forma equitativa y no mueran cada día miles de niños por hambre, como ocurre hoy.

La humanidad puede seguir avanzando. Podemos construir un mundo en paz, sin hambre y sin fronteras, donde todos los pueblos cooperen activamente para el bienestar común. Esto requiere de la voluntad de cada una y cada uno. Una decisión ética que nace de la convicción de que todos los seres humanos somos iguales de raíz y debemos disfrutar los mismos derechos, independientemente de nuestro lugar de nacimiento, el color de la piel, el sexo o las creencias personales. Solo desde la convicción de que todos somos hermanos miembros de  una gran familia humana, es posible soñar en la Utopía.

Mientras tanto tendremos que seguir luchando. Por sentido común.

HISTORIA DE UN RESCATE ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?

Piensa mi hija que el Rescate aprobado por el Eurogrupo la tarde del sábado pasado (9/6/2012) supone más dinero para los bancos, con más costes y con menos derechos para los ciudadanos. Hasta llegar a esa conclusión planteaba las siguientes hipótesis: ¿Y si fuera cierto que…?

-Desde los años 80 del siglo XX, los gobiernos quitan controles y limitaciones a los Bancos y entidades financieras, permiten la compra/ventas en una dimensión y con una velocidad ingobernables, también de productos tóxicos, y se crea una enorme burbuja financiera. Los ejecutivos de estas entidades cobran más cuantas más compra/ventas hacen, ingresando sueldos de cientos de miles de euros al año. En 2008 quiebra Lehman Brothers y luego caen numerosas entidades en EEUU y Europa, que son nacionalizadas o reciben cuantiosas ayudas de los contribuyentes. Ejecutivos de estas entidades siguen en la misma función, o en puestos importantes de los gobiernos.

-Los gobiernos permiten, y no frenan, la burbuja inmobiliaria (ley del suelo 1998; la construcción llega a suponer el 12% del PIB, 3 veces más que en la UE; se construyen 500.000 viviendas/año a precios que suben más de un 10% anual). No se cambia el modelo productivo.

-El gobierno de España, confiado en el aumento de la actividad económica y los ingresos públicos (derivados de las burbujas inmobiliaria y financiera) reduce la presión fiscal sobre las rentas del capital, y reduce o suprime diferentes impuestos (IRPF, IVA, patrimonio, sucesiones, etc.). Además, aplica amnistías fiscales. Además, no mejora eficazmente la lucha contra el fraude fiscal (que ya asciende a 7% del PIB). Y además, los gobiernos occidentales (tampoco España) siguen sin atacar con decisión los paraísos fiscales.

-El gobierno de España promueve (23/8/2011) la reforma de la Constitución (art 135.4) para dar prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda.

Si al mismo tiempo,

-Los bancos españoles pidieron mucho dinero prestado a bancos alemanes, ingleses, franceses… (deuda de más de 1 billón de euros) y ahora tienen problemas para devolver los “vencimientos”, porque la actividad económica ha caído, y porque parte de los préstamos que dieron a empresas y particulares no se están devolviendo. Y el valor de los bienes que garantizaban los préstamos es menor que el valor del préstamo (viviendas sobrevaloradas por sus propios tasadores).

-Muchos particulares que pidieron un préstamo para comprar una vivienda han perdido su empleo o capacidad de pago y no pueden devolver los créditos.

-Muchas empresas promotoras de vivienda han quebrado y no pueden devolver los créditos.

-Muchas empresas productivas han quebrado. Se han destruido más de 2,5 millones de puestos de trabajo creados entre 2000 y 2007. Los ingresos públicos han bajado drásticamente entre 2007 y 2009 (más del 20%). Los pagos de las Administraciones a empresas y particulares se retrasan.

-Los contribuyentes españoles han dado ayudas a los bancos a través del Gobierno de España y de Europa desde el año 2009 por diversos mecanismos (capital, garantías, etc.).

-Los contribuyentes europeos (también españoles) han dado ayudas a los bancos a través del BCE, prestando más de 1 billón de euros al 1% a tres años. Bancos españoles han captado más de 133.000 millones por esta vía. Con este dinero pagan los intereses de sus deudas, y compran deuda del Estado al 4, 5 y 6%, con un margen de beneficio importante.

-Los contribuyentes pagan sus impuestos y las cotizaciones sociales, y con ello reciben una serie de servicios públicos, pensión, sanidad, baja laboral, educación, servicios sociales, etc, que se recortan a partir de 2010.

-Si ahora, con el Rescate,

-Los contribuyentes europeos (también españoles) a través de la Comisión Europea, van a prestar 100.000 millones a España, al 3%´4%. Para lograr ese dinero emitirán dinero o más deuda que pagarán después a los Bancos que se queden con ella. A su vez, España deberá pagar los intereses a la UE.

-España dará ese dinero a los Bancos españoles. Suponemos que estos Bancos deberán pagar ese dinero al 8-9%. Nos tememos que si no lo hicieran, porque sigan estando mal, España (los contribuyentes) deberá pagar a Europa. El coste para los contribuyentes será de más de 15.000 millones€ (equivalente al total de la deuda sanitaria).

-Los Bancos españoles podrán pagar así los vencimientos de sus deudas con los Bancos alemanes, ingleses, franceses, que estarán más tranquilos, podrán comprar deuda del Estado a un 5-6% y quizá (¡por fin!) hagan préstamos a empresas productivas (¿a qué interés?).

-Los contribuyentes deberán seguir devolviendo los préstamos a los bancos, o se quedan sin casa y siguen debiendo su préstamo.

-No se habrá estimulado decididamente un nuevo modelo productivo, con más innovación, internacionalización, eficiencia, nuevas tecnologías, calidad, valor añadido.

-No se habrá recuperado la regulación de los mercados financieros que seguirán tomando decisiones en una centésima de segundo en función de la expectativa de beneficio con la compra/venta de un valor y no de los sacrificios de los contribuyentes y la economía productiva. Los ejecutivos de las entidades financieras seguirán cobrando cien veces más que un trabajador normal al año. El origen del problema no se habrá corregido. La prima de riesgo hará lo que quiera. Y después atacarán a Italia.

Si estas hipótesis fueran ciertas, dice mi hija, entonces el Rescate sería una transferencia de otros 15.000 millones€  de los trabajadores y clases medias a las entidades financieras y supondrían más recortes en educación, pensiones, servicios sociales, inversión productiva, investigación, salarios. Más recortes o más agujero para la sanidad. Está claro quién gana y quién pierde. Ojalá se equivoque.

PREOCUPA LA SANIDAD, Y HAY MOTIVO

El Barómetro del CIS de mayo/2012 señala que la Sanidad es un problema  principal para el 10,6% de los españoles. Es la proporción más alta de preocupación por este tema en los últimos veinte años. Hace solo un año era de un 4,1%, pero doce meses después la preocupación se ha disparado.

No es extraño, teniendo en cuenta la política de recortes que se está aplicando en varios Servicios Regionales de Salud y las medidas que ha anunciado el Gobierno de España, con la introducción de copagos en las recetas de los pensionistas, en las ambulancias y en otros servicios y productos sanitarios.

El gasto sanitario público en España se situaba en un 7% del PIB, cifra muy ajustada para nuestro nivel de renta. Se debía y podía plantear un aumento moderado de la financiación, determinando su carácter finalista, para consolidar el Sistema Nacional de Salud. En lugar de ello se plantean y llevan a cabo recortes del gasto sanitario público de más de 10.000 millones de euros anuales, con despidos de personal, cierre de plantas de hospitales, reducción de actividad y de inversiones. Estos recortes están repercutiendo ya en los retrasos en la atención (listas de espera para diagnóstico y tratamiento), en la calidad de la misma (masificación, disminución del tiempo dedicado a cada paciente, deterioro de medios e infraestructuras) y en la cobertura (exclusión de algunos colectivos anteriormente protegidos). También afectarán a la formación, a la investigación y a la mejora continuada de los servicios que se habían logrado en España.

Hay razones para estar preocupados.

Y hay alternativas. Es preciso insistir en la necesidad de corregir el fraude fiscal. Si todas las actividades económicas y sobretodo las grandes empresas pagaran los impuestos que marca la ley, se recaudarían 70.000 millones de euros más al año, el equivalente a todo el gasto sanitario público. No hay derecho a que se recorte la sanidad y no se redoblen los esfuerzos para luchar contra la economía sumergida y perseguir el fraude fiscal; es preciso, además, aumentar la fiscalidad a las grandes empresas y las grandes fortunas para que hagan un esfuerzo contributivo proporcionado al del resto de la sociedad. No es admisible que se financien ayudas millonarias a los bancos con problemas y no se pueda mejorar la financiación sanitaria.

La calidad de nuestra sanidad ha sido fuente de cohesión social, de empleo y de innovación. Ayer, cuando se celebraba el día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, conocíamos que España sigue siendo (todavía) referente mundial en este campo. No es casualidad. Es fruto del trabajo de mucha gente durante muchos años,  expresión de la solidaridad de los españoles y de la confianza de la ciudadanía en su Sistema Sanitario Público. Los recortes terminarán quebrando esa confianza, deteriorando la calidad de los servicios públicos y fomentando una sanidad de pago para quien pueda costeársela.

La preocupación social por la sanidad tiene que expresarse en un rotundo rechazo a estas políticas. 

AMNISTÍA FISCAL O LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal cuando lo que debería intensificar es la lucha contra el fraude, promoviendo además una reforma fiscal que permita obtener unos ingresos públicos equivalentes a la media de la Unión Europea, para poder financiar los servicios públicos y las políticas de incentivación de la actividad económica.

Los Técnicos de Hacienda asociados en GESTHA advierten que esta medida es muy negativa en plena campaña de la renta 2011, e insisten en que la lucha contra el fraude y otras medidas aplicables de inmediato permitirían recaudar cada año 63.300 millones € más, reduciendo drásticamene el déficit público.

En este momento lo que está pasando en España es un verdadero asalto a las rentas del trabajo. Por un lado a las rentas salariales, bajando los sueldos, aumentando la jornada y empeorando las condiciones de trabajo. Por otro lado, reduciendo la protección social, que es salario social indirecto.

El capital está ganando la partida: quiere pagar menos por la producción, reduciendo los costes salariales, y paga menos impuestos, que eran también salario social. En el reparto de la PlusValía,  del valor añadido, las rentas del capital están obteniendo más proporción cada vez, y los trabajadores menos. Por eso mientras muchos productos de consumo han bajado las ventas, los productos de alta gama se venden más cada día.

Es necesario sigamos insistiendo en lo que es una verdadera emergencia nacional:

-aumentar los ingresos fiscales de las rentas del capital, y

-erradicar el fraude fiscal.

Siempre que se hable de recortes, tendríamos que exigir que no se tome ninguna medida sin que antes se resuelvan estas cuestiones. Si los ricos pagaran impuestos en igual proporción que los trabajadores, no haría falta recortar prestaciones sociales. 

Una y otra vez el Gobierno insiste en la necesidad de reducir el Déficit recortando el Gasto Público. Hay que recortar, se dice, porque gastamos más de lo que ingresamos, generando un déficit y una deuda insoportable.  Lo que no se dice es que el déficit se debe a que los ingresos públicos son muy bajos:  35,1% del PIB, más de 90.000 millones € anuales de diferencia respecto a la media de los países de la UE. En Francia los ingresos ascendieron a 50,7% (15,6 puntos más); en Alemania a 44,7%; en Italia a 46,1%; en Reino Unido a 40,8% (Fuente: Eurostat 2012).

Si España hubiera tenido unos ingresos similares a la UE-27, con el mismo gasto público realizado en nuestro país, habría tenido un superávit de 0,5 puntos en 2011, lo cual hubiera sido bastante razonable. No digamos si el volumen de ingresos sobre el PIB hubiera sido como el de Francia, entonces hubiéramos tenido un superávit de 7,1 puntos, alrededor de 71.000 millones de euros.

No es justo seguir aplicando recortes a la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. Por supuesto que tenemos que mejorar en estos campos. Se deben corregir defectos de funcionamiento. Se debe mejorar el desempeño en todos los servicios públicos. Pero no debemos aceptar la pérdida de derechos sociales o laborales con el argumento de la consolidación fiscal. El equilibrio fiscal se consigue haciendo que  los ricos, las grandes empresas, los grandes capitales, paguen sus impuestos con un esfuerzo proporcional al que hacemos la mayor parte de los contribuyentes. La amnistía fiscal es muy mal ejemplo; es una medida regresiva e injusta que beneficia a los poderosos y perjudica a la gente honrada y normal.

NADA QUE PERDER, TODO QUE PERDER

  

Muchas veces me he preguntado por qué era tan difícil desarrollar un sistema sanitario universal en EEUU y por qué, en cambio, había sido posible en Europa. Ahora que los ataques del nuevo capitalismo financiero ponen en cuestión el modelo social europeo; ahora que mientras a la sanidad pública se le recortan más de 10.000 millones € poniendo en riesgo su futuro,  se le dan a Bankia otros 19.000, vuelve a cobrar actualidad esta pregunta.

La hipótesis que presenté hace dos años en una Jornada sobre la Reforma Sanitaria de Obama organizada por la FADSP apuntaba dos factores relacionados entre sí: por un lado, desde que hace cien años EEUU había comenzado a ser potencia dominante no había conocido una derrota total, seguía siendo el Imperio, y por eso no era consciente de que “podía perderse todo”. Y, por otro lado, desde que empezó a forjarse como Nación, la mayoría de los norteamericanos estaban convencidos de que una persona siempre podía salir adelante con su propio esfuerzo, gracias al ejercicio de su libertad. Eran invencibles y Dios estaba de su lado (In God We Trust).

En Europa muchos años de historia habían fraguado otra psicología colectiva. Después de siglos de feudalismo, el desarrollo del capitalismo industrial  impuso a los trabajadores unas condiciones de vida muy duras; la mortalidad infantil superaba los 150 por 1000 nacidos vivos (más que hoy en los países más pobres del planeta), se pasaba hambre física  y no había ninguna protección social. Los trabajadores y los campesinos no tenían “nada que perder”. Eran conscientes de que un hombre solo no podría defenderse y necesitaba asociarse con otros trabajadores. El movimiento obrero fue adquiriendo fuerza y la revolución soviética hizo patente la amenaza para el orden establecido. Las luchas obreras y el miedo al comunismo fueron creando condiciones para que los capitalistas cedieran parte de su riqueza, de su poder, en toda Europa.

El otro factor predisponerte fue la conciencia de que éramos vulnerables, de que “podíamos perderlo todo”. Los países europeos habían sufrido muchas derrotas a manos de invasores. Lo tenían todo, y todo lo perdieron.  Habían mordido el polvo.  Los europeos saben que los imperios de hoy caerán mañana, porque tienen las ruinas de esos imperios, de sus impresionantes templos y sus inexpugnables castillos, hundidas bajo tierra en todas sus ciudades. La guerra impone una evidencia de vulnerabilidad y crea en el ánimo del grupo una predisposición, la necesidad de colaborar juntos para salir a delante, porque pueden perderlo todo. Quizá por eso fue posible crear los sistemas obligatorios, públicos, de protección social.

En EEUU no se han dado estos dos factores. EEUU todavía no ha tenido un fracaso histórico, y no ha visto de cerca la amenaza de la revolución comunista. El elemento dominante en la psicología de este gran país es la libertad, que implica un rechazo al intervencionismo del Estado. En los debates sanitarios que se han llevado a cabo en EEUU,  siempre que los demócratas han intentado aumentar la cobertura sanitaria, financiada con impuestos o con cotizaciones sociales obligatorias, los republicanos han enarbolado la bandera de la libertad. “¿Cómo van a obligarnos a contratar un seguro sanitario? ¿Nos obligarán a beber una determinada marca de cerveza, a vestir con un mismo tipo de pantalón, etc.? ¿Por qué tienen que pagar otros por mi médico? Es mi problema. Yo debo trabajar duro y ahorrar para poder pagar mi factura médica. Tengo que ser capaz de tener empleo en una empresa que tenga un buen seguro médico. Es mi problema”. Y lo ven así millones de norteamericanos, porque en sus genes está la historia del éxito en los últimos doscientos años, su historia como país, que empieza ampliando sus fronteras poco a poco, aumentando los Estados de la Unión, creciendo en poder económico, ofreciendo trabajo a miles de inmigrantes de todo el mundo, siendo los mejores. Por eso la atención sanitaria pública se ha ido implantando primero solo a los más pobres (Medicaid) y a los mayores (Medicare). Es un país joven, y triunfador. No tiene la necesidad psicológica de crear un sistema sanitario para todos, pagado por todos.

Ahora, la crisis económica iniciada en 2007 está sirviendo de coartada para intentar socavar el modelo sanitario europeo. Y el apoyo social no es tan fuerte, porque las condiciones que se dieron al construir este modelo no existen. Paradójicamente, el éxito de Europa, construyendo una convivencia pacífica, con sistemas de protección social y garantía del ejercicio de las libertades, la hace ahora más vulnerable, porque no tenemos conciencia de su necesidad.  Pensábamos que estos logros estaban garantizados para siempre y bajamos la guardia. Pero las concesiones que había hecho el capitalismo, su regulación, su sometimiento a un sistema fiscal, no eran irreversibles, y fueron debilitándose a partir de 1980, mientras tomaba fuerza un nuevo capitalismo financiero global.

El nuevo capitalismo financiero, atento a estos cambios, ha visto un hueco en los sistemas de protección social, donde puede generar un negocio fabuloso como en EEUU, y por eso promueve un discurso machacón y manipulador: “los sistemas sanitarios públicos no pueden sostenerse, hay que disminuir la financiación pública (la que pagamos todos con impuestos) y que cada uno se pague su enfermedad (bien sea en el momento del uso, con copagos, o bien sea con seguros privados). Hay que introducir la gestión privada en lo que quede de sanidad pública porque ahorraremos dinero”, etc.

Para que este discurso generado desde el poder económico no se transforme en la ideología dominante, tenemos que ser capaces de elaborar otro discurso, que sea respaldado desde el poder de la ciudadanía organizada. Ese discurso debe tener dos nuevos elementos: de una parte la defensa de los valores que hemos sido capaces de poner en pie en Europa con el esfuerzo de todos, que son la paz, la justicia y la libertad. La libertad, para ser real, necesita también de la justicia. Y solo con las dos hermanadas es viable la paz. Y el valor de la justicia exige que todas las personas tengamos derecho a la atención sanitaria adecuada independientemente de nuestra condición económica o social.

De otra parte, el argumento de la eficiencia. Reiterar una y otra vez que toda la evidencia muestra que un sistema sanitario de cobertura universal, como el europeo, es más eficiente, menos caro para el conjunto de la sociedad, con mejores resultados en salud y más sostenible que un modelo como el de EEUU. En Europa el derecho a una atención sanitaria pública de calidad es para el 100% de las personas, en EEUU no llega al 50%. La sanidad europea cuesta un 10% del PIB, la de EEUU un 18% del PIB. La esperanza de vida al nacer es tres años mayor en Europa. Es preciso, además, escuchar a la OMS,  cuando recuerda en su informe de 2012 que cien millones de personas se arruinan cada año en el mundo por tener que  hacer frente, con su patrimonio personal, a los gastos de asistencia sanitaria. 

Estos dos elementos deben forjar una conciencia colectiva fuerte, que llene las plazas y movilice las redes sociales, los sindicatos y los Parlamentos, para exigir y respaldar a los gobiernos que defiendan una sanidad pública universal,  con una calidad de servicios adecuada al nivel de renta del país. Quizás ahora no sintamos la amenaza de una guerra militar que pueda destruirlo todo, pero en Europa se está desarrollando una verdadera guerra económica entre el capitalismo financiero internacional y el conjunto de la sociedad. En esa guerra ya estamos perdiendo mucho (sanidad, educación, prestaciones sociales, empleos, derechos laborales y salarios) y, si la ciudadanía no se enfrenta con inteligencia a un adversario poderoso y voraz, tenemos todo que perder.