CONTRA LOS RECORTES DE DERECHOS, UNA NUEVA ESTRATEGIA SOCIAL

En los últimos 30 años, junto a la economía de mercado industrial, que se ha desarrollado con enorme potencia en China, India, Brasil y otros países “emergentes”, en EEUU y Europa ha tomado el poder la economía de mercado especulativa, el nuevo capitalismo financiero global.

En los países “emergentes” la creación de riqueza ha permitito que muchos trabajadores y sus familias hayan ido saliendo de la pobreza y estén mejorando sus condiciones de vida. En esos países se plantean ahora luchas para mejorar salarios, rebajar jornada laboral y crear sistemas de protección social, como hicimos en Europa en la primera mitad del siglo XX.

En España y en Europa, en cambio, donde se habían logrado importantes conquistas sociales que mejoraron la vida de la mayoría de la población en la segunda mitad del siglo XX, la crisis de 2007 ha puesto de manifiesto la debilidad de los trabajadores y de la clase media frente al nuevo capitalismo que está poniendo en riesgo los avances de los últimos 30 años. La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de España en 2012 es un retroceso de enormes proporciones, como lo es la política de recortes en sanidad, servicios sociales y educación.

El sistema económico capitalista, con propiedad privada de los medios de producción (ánimo de lucro) y asignación de recursos y precios a través del mercado, había demostrado su capacidad para crear riqueza, para producir bienes y servicios en cantidad y calidad creciente. Pero contenía en su origen una injusticia radical: la apropiación de la plus-valía, de los beneficios obtenidos con la producción, por el capital, dejando a los trabajadores como un “factor de producción” que se compraba a precio de mercado. Frente a esta concepción, el socialismo defendió la consideración del trabajo como parte esencial del proceso productivo y merecedor de la asignación de una parte proporcionada de la plus-valía. Esta consideración se fue consagrando en las Constituciones (“economía social de mercado”), y en las leyes. Se respetaba la propiedad privada y la libertad de empresa. Pero se sometía la economía y la propiedad al interés general, se respetaban los derechos laborales, salarios proporcionados al esfuerzo, y “salario indirecto” a través de derechos sociales, sanidad, educación, servicios sociales, seguridad social, etc.

El  nuevo capitalismo financiero introduce en el sistema dos cambios fundamentales: por una parte, se ha desligado de la producción de bienes y servicios (compra y vende dinero y “títulos”); por otra parte se ha hecho supranacional, global, desligándose de las leyes nacionales. Estos cambios afectan a las relaciones de producción, y a la fuerza que tenían los trabajadores a través de la acción sindical y de la acción política. La estrategia de la social democracia europea planteó sus batallas en las fábricas (reclamando más salario o menos horario de trabajo), y en los Parlamentos (aprobando leyes sociales e impuestos para financiarlas). Ahora, el dueño de la fábrica ya no es el que manda, mandan los bancos y los fondos de inversión; y el parlamento nacional no controla con sus leyes la acción del capital internacional.

Al mismo tiempo, a lo largo del siglo XX la estructura de la sociedad (en España y en Europa) ha cambiado. Hoy, en España, los pensionistas (9 millones) y los parados (5,5 millones), suman tantos como los 14,8 millones de asalariados. Además hay 2 millones de trabajadores autónomos. Por otro lado, de los 14,8 millones de asalariados, la mayoría no trabajan en el campo o en las fábricas. La mayoría trabajan en oficinas y en comercios, en el sector de servicios, en pequeñas empresas.

Estos cambios deben obligar a los movimientos sociales a un enfoque diferente. Hemos de redefinir la estrategia social para el cambio.

En todo caso, y en primer lugar, tenemos que recordar a dónde vamos para no perder el rumbo. Se deben reafirmar los principios y los valores que defendemos: la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a un empleo y un salario justo, los derechos sociales (sanidad, educación, seguridad social, servicios sociales), el ejercicio de la libertad, la búsqueda permanente de la paz, la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. En definitiva, el bienestar de la mayoría de las personas.

Debemos luchar por los derechos de los trabajadores, pero también por los derechos de los parados, de los pensionistas, de los estudiantes, de los autónomos, de los consumidores y amas de casa. Debemos luchar por los intereses de la mayoría de la sociedad, poniendo siempre por delante a los más humildes, los excluidos, los pobres.

El liderazgo de ese cambio (la vanguardia) no será solo un partido político o un sindicato, aunque deban jugar un papel importante. Tienen que ser grandes plataformas de cambio social.

¿Y cuál es la estrategia? La que responda a los dos cambios del sistema capitalista.

La acción parlamentaria (legislación, políticas públicas) tiene que ser local, pero al mismo tiempo regional, nacional, europea y mundial. Debemos luchar por los derechos de la mayoría de la sociedad en cada una de las Regiones españolas y en España. Pero para avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la mayoría de la sociedad, nuestro ámbito de actuación debe ser Europeo y Mundial. Sin una política europea, no podremos defender los derechos de los trabajadores en España y en los países europeos. Sin una política Mundial, las crisis económicas, las guerras y la sobre-explotación del planeta, seguirán amenazando la vida de millones.

La movilización social, tiene que tener como brazo principal las organizaciones sindicales y los partidos políticos. Pero tiene que ir más allá. Movimientos juveniles, de pensionistas, de consumidores, de amas de casa, de intelectuales, de parados, de autónomos y pequeños empresarios, ecologistas, etcétera, etcétera, construyendo grandes plataformas sociales. Y deben utilizarse nuevos medios de movilización que, además de las manifestaciones y las huelgas, utilicen otros procedimientos, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación e intervención social, que puedan desarrollar acciones de presión eficaces frente al nuevo poder del capitalismo financiero deslocalizado e invisible.

La estrategia para el cambio social en el siglo XXI tiene que redefinirse para poder seguir logrando avances en la justicia, la libertad y la paz para todos los seres humanos del planeta.

(En Panfleto contra la codicia desarrollo un análisis más completo)

Hay algo que se mueve

Hay algo que se mueve/ que está tomando forma/ sin siquiera tener clara/ la salida./ Desde el cabreo,/ cansados ya de insultos,/ dispuestos a luchar/ por lo que es nuestro./ Sabemos que no es fácil/ pero que es esta la única manera/ de no acabar hundidos/ en el pozo./ La gente ha levantado la voz/ y dice basta!/ España no está muerta/ Hay esperanza!

Es urgente embridar el Sistema Financiero

Cada vez más evidente que si no se aborda una reforma del capitalismo financiero no podrá superarse la crisis económica actual, porque ahí esta la causa del problema.

La desregulación de los mercados financieros impulsada en la época de Reagan y Thatcher, provocó una enorme burbuja financiera e inmobiliaria (crisis de las hipotecas basura) que ha dañado gravemente la economía española y europea. Pues bien, cinco años después, la causa de la crisis sigue sin resolverse (ver nota en este blog Parábola de los productos tóxicos). Los bancos siguen operando sin control suficiente.

El Senado de los EEUU acaba de examinar la actuación del mayor banco europeo, el HSBC y afirma que falló en la prevención de operaciones de blanqueo de dinero, relacionadas con tráfico de drogas y  con el terrorismo.

El nuevo director del Banco lamenta que haya sido así y afirma que no volverá a suceder. Pero el Senado también critica a la autoridad reguladora, y esto es más grave todavía, ya que había detectado estas operaciones, de enorme volumen de dinero, y no había adoptado medidas de corrección eficaces. Es decir, falla el control interno, y falla el control del supervisor.

Hace pocos días se sancionaba al Barclays en el Reino Unido por manipular los tipos de interés y se forzaba la dimisión de sus directivos.

En España, en plena crisis, se han comercializado productos financieros poco transparentes que han dañado a miles de ahorradores (“preferentes” y otros productos con “letra pequeña”). El nuevo director del Banco de España afirma que durante la anterior gestión no se controlaron de forma adecuada los efectos de la burbuja inmobiliaria. Las ayudas a los bancos españoles en préstamos de bajo interés (al 1%) superan los 100.000 M€ y recientemente se ha aprobado otro paquete de ayudas dotado con  hasta 100.000 M€.

En EEUU el JPMorgan, uno de los mayores bancos del mundo, volvía a ser reconvenido por seguir comercializando productos financieros de alto riesgo y haber producido pérdidas por valor de más de 2.000 millones. Pero, a pesar de ello, el director de ese banco seguía rechazando, ante el Comité del Senado,  una mayor regulación de esas operaciones.

Es decir, el sistema financiero sigue sin control adecuado por parte de los gobiernos, sigue sin querer ser controlado, y tiene un enorme poder.

Puede “atacar” la deuda de un país, haciendo que suban los tipos de interés que debe pagar ese país, y poniéndole contra las cuerdas. Ahora es España, como antes fueron Portugal o Grecia. Puede ser Italia, Francia o Alemania. Puede hundir empresas y destruir millones de empleos, porque su lógica es ganar el mayor dinero posible en sus operaciones, pero no tiene responsabilidad sobre sus efectos en la economía real. Volver a equilibrar el sistema financiero y la economía real es tarea de los gobiernos, de la política. Es responsabilidad de la política poner al sistema financiero al servicio de la economía productiva y de la sociedad.

Por eso es urgente la regulación financiera en la UE o, al menos, en la zona Euro: impuesto a las transacciones financieras; supresión de paraísos fiscales en países de la UE y prohibición de operar a las Entidades financieras y empresas de la UE en paraísos fiscales; separación de banca comercial y de inversión; prohibición de operaciones a corto contra la deuda pública; prohibición de productos financieros de alto riesgo; creación de eurobonos (lo que implica política fiscal y política económica común en la UE); limitar endeudamiento de entidades financieras; limitar salarios de ejecutivos financieros; etc.

Como dirían en Argentina, o embridamos el sistema financiero seriamente y pronto o, “si no, se nos comen los albatros”.

Dinero, sacrificios y democracia

“Poderoso caballero es Don Dinero” desde Quevedo hasta hoy. Ahora el dinero ya no es lo que era, y sin embargo tiene mucho más poder.

El dinero representaba el valor de uso de las cosas, y facilitaba el intercambio ya que no era necesario el trueque de una cosa por otra, sino de su valor en dinero. Mejoraba el acceso a los bienes y servicios y facilitaba la vida de la gente. El problema es cuando el dinero ya no representa el valor de las cosas, sino de una “expectativa de beneficio”. Ahora el banco emisor ya no tiene que tener “respaldo” de bienes que “valgan” el valor de la moneda emitida (patrón oro). Cuando se “revalorizan” o “devalúan” artificialmente los “valores” de las  “empresas” en los mercados de Bolsa ya no se contempla su valor real (su patrimonio, su producción), sino las expectativas de beneficio al comprar o vender el “título” que representa esa propiedad. Esas expectativas tienen que ver con la “confianza” en recuperar esa inversión con una ganancia cuando le vendamos a un tercero, y se manejan, se aumentan o se rebajan, con informaciones en los medios de comunicación, de “expertos” y de “agencias de calificación”, que son otras empresas, con intereses cruzados entre sí, al ser también inversores.

Este modelo de capitalismo financiero no es sostenible. Cualquier sacrificio que haga un país, la ciudadanía de un país, los jubilados, los trabajadores, la gente normal para salir de la crisis, será inútil. No garantiza nada. No se traduce en un resultado de “mejores expectativas” porque los especuladores buscan beneficio sin tener en cuenta el “valor real” de las cosas. No se miden los “esfuerzos” (la pérdida de salarios); tampoco se mide la perspectiva de crecimiento de la economía a largo plazo. Se mide qué efectos tendrán en los medios de comunicación y en los fondos de inversión y en los agentes de bolsa (brokers) las medidas, y qué efectos tendrán otras medidas u otros comunicados de otros “expertos” sobre otras naciones y otras empresas, y en qué medida ganarán más vendiendo o comprando en un momento dado. El capitalismo financiero no tiene que ver con la economía real (el valor de uso actual o futuro) sino con la “confianza” generada o destruida artificialmente sobre el valor de intercambio en cada momento. No es un capitalismo “de fábrica”. Es un capitalismo “de casino”.

El dinero ya no es la sangre de la economía, sino que es el parásito que le chupa la sangre a la economía. El capitalismo financiero, el dinero, es la causa de la crisis. Por eso es imprescindible que los Parlamentos democráticamente elegidos, el poder de los pueblos soberanos, hagan leyes que vuelvan a regular con firmeza y eficacia el poder del dinero en manos de unos pocos. De lo contrario la democracia será de papel.

Decía José Larralde: "el que paga, que lo mande, es justo y sin discusión, pero nunca dé ocasión a que le chupen la sangre". 

Pues eso.

ALTERNATIVA A LOS RECORTES: QUE PAGUEN LOS QUE DEBEN

En el Consejo de Ministros del viernes 13 de julio se aprobaron nuevos recortes en servicios públicos, prestación de desempleo, ley de dependencia y otros, por valor de 27.000 M€. Además, se subían los impuestos a todos los ciudadanos por valor de 26.134 M€ (IVA, IRPF, impuestos especiales). En cambio, a las rentas del capital solamente se les suben las cargas en 2.506,6 M€ (7.485 M€ de impuestos de sociedades, menos 4.978,4 M€ de cuotas patronales). ¿No es injusto que las rentas de los trabajadores se recorten en más de 53.000 millones, en salarios y prestaciones, y las rentas del capital en 2.500?

Tenemos que insistir una vez más en que el actual sistema fiscal español está lastrado por la baja aportación de las rentas del capital en relación con lo que ocurre en otros países europeos, por dos factores principales. El primero es que en España el fraude fiscal asciende a 70.000 M€, y se concentra en las grandes empresas; si la economía sumergida se redujera a la mitad (proporción similar a la UE), tendríamos 35.000 M€ más de ingresos. El segundo es la baja recaudación del impuesto de sociedades debido a un mal diseño de este tributo (exenciones, bonificaciones, etc.); la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA propone su modificación para aumentar la recaudación en 13.943 M€. La misma asociación plantea también un impuesto sobre la riqueza con una capacidad recaudatoria de 3.399 M€; restricciones al sistema de módulos, SICAV, y ganancias patrimoniales especulativas, con una aportación de 1.490 M€; y un impuesto a transacciones financieras (impulsando su implantación en la UE) con una capacidad de recaudación de 4.500 M€ (http://gestha.es/?seccion=actualidad&num=259). En otras palabras, las rentas del capital podrían y deberían aportar más de 60.000 M€ adicionales cada año que no están aportando ahora. Con esa aportación no serían precisos los recortes sociales y laborales. Esta es la “consolidación fiscal” que necesita España, para homologarse con las cuentas de la Unión Europea, en vez de desmantelar los servicios públicos. Y, desde luego, es inaceptable la amnistía fiscal a los defraudadadores. Como he señalado en el post "Impuestos y servicios públicos", en España no hay un exceso de gasto público, sino un déficit de ingresos, que se puede y se debe corregir.

A la hora de pedir sacrificios se deben pedir primero a los que más tienen y no están aportando lo que debieran. Se está utilizando la crisis para expropiar derechos sociales. ¿Qué pasaría si todos nos negáramos a pagar los impuestos que nos corresponden?. ¿Por qué se es inflexible con los trabajadores y las clases medias y se es indulgente con los poderosos? ¿Por qué no se expropia a los grandes patrimonios y grandes empresas que no pagan lo que deben, y en lugar de ello se les indulta y amnistía?

Solo a partir de ahí se podrían discutir los sacrificios que ahora se están imponiendo a los trabajadores, a los desempleados, a los jubilados… Antes no. Antes es tremendamente injusto. Es inaceptable.

¿No quieres caldo? ¡Dos tazas!

Cuando se dice que las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen que hacer sacrificios, porque los ciudadanos hacen sacrificios, se está queriendo confrontar a los ciudadanos (a quienes se les están recortando salarios, derechos laborales y empleos) con las “Administraciones”, como si aplicar recortes a las CCAA fuera recortar a un ente abstracto o, en todo caso, a los denostados “políticos”. Pero resulta que recortar a las CCAA es recortar dos veces a los ciudadanos: por un lado recortar salarios y empleos a los trabajadores de esas instituciones: maestros, enfermeros, trabajadores sociales, médicos, administrativos, celadores, … que son trabajadores como todos los demás; y por otro lado es recortar las prestaciones que llevan a cabo las CCAA, es decir, menos centros de salud, menos escuelas, menos ayudas a las personas con discapacidad, menos residencias, menos guarderías, menos ayudas a las personas en situación de dependencia, menos programas de apoyo a los mayores, menos cooperación, menos servicios públicos, más co-pagos y re-pagos que significan, en suma, gruesos recortes de derechos, y enormes sacrificios para todas las personas.

Cuando se está recortando a las CCAA no se está compensando el sacrificio de los ciudadanos. Lo que se está haciendo es sacrificar dos veces a los ciudadanos: por un lado, bajándoles el salario y aumentando la jornada laboral; por otro lado, reduciéndoles el salario social que representan la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, etc. No es de recibo esta “neolengua” que llama a las cosas de una manera queriendo decir otra. Al pan pan, y al vino vino.

Ernest Lluch: El socialismo es...

Guardo la copia de una nota manuscrita de Ernest Lluch donde define el socialismo. Recuerdo a Lluch con mucho cariño. Cuando fue Ministro de Sanidad y Consumo colaboré con él desde la Dirección Provincial del Insalud de Cantabria y luego de Madrid. Luego, en su etapa de Rector de la UIMP, charlamos muchas veces y recordamos la importancia de la Ley General de Sanidad que él impulsó. El objetivo principal de la Ley era establecer la universalización de la atención sanitaria pública, transformar la "cartilla del seguro" y la "cartilla de beneficencia" en el derecho de una atención igual para todos, según su necesidad. Hubo que vencer las resistencias de la CEOE y de Alianza Popular, hoy PP, pero se consiguió. Ahora que se ataca ese principio y ese derecho; ahora que con la coartada de la crisis económica, causada por la especulación financiera e inmobiliaria, se está desmantelando pieza a pieza la sanidad pública; hoy que un jubilado al salir de la farmacia dice llorando que no puede pagar sus medicinas; hoy que lo que eran derechos de todos se quieren transformar en limosnas para los pobres, he querido “coger fuerzas” con las palabras de Ernest para tener claro que debemos seguir luchando.  

“El socialismo es llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles a las personas que viven en sociedad. Para lograrlo no basta con políticas públicas, sino que también es preciso que la moral y la ética de las personas cambien paralelamente. Hemos de cambiar las cosas pero también hemos de cambiar a las personas. Pienso que hemos de hacer nuestros los valores del cristianismo primitivo y del cristianismo humanista. Tenemos que incorporar los valores  de la camaradería de los trabajadores en el trabajo y en su organización autónoma. Nos ha de vertebrar la ética del trabajo y de la faena bien hecha. Tenemos que luchar colectivamente para que los flagelos y las causas de desigualdad desaparezcan: el miedo a la enfermedad sin asistencia, a la vejez sin recursos, el no peder estudiar cuando se tienen condiciones y ganas. Queremos también que la formación de las personas nos permita disfrutar del ocio de una manera creativa y enriquecedora. Tenemos que hacer esto levantando nuestra mirada más allá de nosotros mismos, mirando a todo el planeta que queremos conservar y donde la inmensa mayoría vivan en condiciones dignas y en una libertad que es un fin en sí misma.

                                                Ernest Lluch i Martin

                                                dos de enero de 1999"

                    (La traducción y el subrayado son míos. Comparto plenamente lo que dice).

Iniciativas de Financiación Privada (PFI)

El National Health Service (NHS) era considerado, antes de Thatcher, uno de los cinco mejores sistemas sanitarios del mundo…

A partir del gobierno de la Dama de Hierro se comenzó un proceso de privatización de la gestión que ha continuado hasta hoy. El NHS ya no es considerado uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. El deterioro ha sido importante. Una de las herramientas de gestión utilizadas en aquél país ha sido la Iniciativa de Financiación Privada, private finance initiative (PFI). Hace pocos meses el Gobierno tuvo que prestar a siete PFI más de 1.500 millones de libras para evitar su cierre. Diversos observadores critican la falta de calidad de los servicios, cierre de camas, disminución de personal cualificado, y retrasos en la atención en los centros gestionados como PFI. The Guardian recogía un informe el 5 de julio (http://gu.com/p/38zzn)  mostrando cómo los contribuyentes ingleses deberán pagar 300.000 millones de libras para los PFI, mucho más de lo que hubieran debido pagar con inversión y gestión pública directa (pagando el interés bancario de cada momento). Dave Prentis afirmaba: "estamos encima de la bomba de tiempo de la deuda de los PFI". 

En España, lamentablemente,  podría empezar a ocurrir lo mismo, ya que los gobiernos de varias CCAA están implantando ese modelo, u otras formas de colaboración público privada (public private partnership o PPP) para la construcción y gestión de hospitales y centros sanitarios. Repiten una y otra vez que lo hacen porque son más eficientes; sin embargo la evidencia científica no dice eso (ver revisión llevada a cabo por las Universidades de California, Harvard, Cambridge y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en http://ow.ly/c2dzL , citada en los blogs de Sergio Minué y Joan Carles March).

Y hablando de eficiencia: según el Sistema de Cuentas de Salud de España, en 2009 el gasto en Seguros Sanitarios Privados fue de 5.372 M€, de los cuales 1.529 M€ (un 28,46%) fueron gastos de “administración general”; el gasto sanitario público fue de 73.800 M€, de los cuales 1.973 M€ (un 2,53.%) fueron gastos de administarción general; ¿Cuál parece más eficiente?. Quizá esta diferencia explique por qué el sistema sanitario basado en seguros privados de los EEUU es mucho más caro que el SNS español, teniendo peores resultados en salud; es un mal negocio para los contribuyentes, pero un buen negocio para las aseguradoras. A igual calidad, los servicios sanitarios privados son más caros, porque suman su margen de beneficio industrial; a igual precio, los servicios sanitarios privados obtienen su beneficio “ajustando” por calidad. Volvamos al principio:

El Sistema Nacional de Salud (SNS) era considerado, antes de Rajoy, uno de los cinco mejores sistemas sanitarios del mundo...